Bullying, farándula y violencia de género
Feb. 07 , 2012
La semana pasada fue bastante noticiosa –era que no!-, para todos aquellos devotos de programas de farándula y cotilleo, principalmente por la judicialización de las declaraciones cruzadas vertidas entre un animador y fotógrafo de televisión y comediante-imitador, respecto de los espectáculos de este último, donde imita a gran parte de políticos, animadores, deportistas y otros, haciendo hincapié en características personales de sus víctimas, donde ni siquiera el Presidente de la República se ha salvado.
Sin entrar a analizar las peleas propias de cada famosillo, importa entender las razones que pueden llevar a una persona que se siente afectada por el actuar de otro, a interponer una acción judicial por injurias graves. En efecto, luego de la interposición de la querella por presuntas injurias graves, presentada por el fotógrafo Jordi Castell en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el “respetable” ha opinado de lo humano y lo divino, muchas veces, sin conocimiento de las distintas aristas que el caso merece de analizar.
En primer lugar, el señor Kramer es libre de crear y reproducir las rutinas que le den la real gana. Así se lo consagra a él y a cualquier otro creador o persona, el artículo 19 número 12 de nuestra Constitución, que asegura a todas las personas “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio (…)”. Sin embargo, así como cualquier mortal, persona, ciudadano que tiene –literalmente- todo el derecho a expresarse libremente, cualquiera otro que se sienta afectado en su honra, puede recurrir ante los tribunales de justicia para que un juez decida si dicho derecho (la libertad de expresión) fue utilizado de manera arbitraria y abusiva.
Así, la limitación del constituyente a esta libertad de expresión la da el mismo numeral 12 de la Carta Fundamental, al señalar a continuación que “(…) sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley (…)”. Lo anterior, es el complemento lógico que la Constitución otorga a la protección a la honra, contenida en el numeral 4 del mismo artículo 19, al asegurar a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.
El señor Kramer tiene derecho a expresarse libremente. Pero el señor Castell tiene todo el derecho de querellarse por conductas que considera ofensivas, arbitrarias y además constitutivas de delito. Muchos pueden entrar a la discusión aduciendo la odiosa “teoría del empate”: Que ambos son parte del mundo del espectáculo, que Castell también habla y opina de la vida privada de la gente, y que mal que mal están en un negocio que vive de estos escándalos. Puede ser cierto o no. El tema radica en que el señor Castell tiene todo el derecho a querellarse.
Quien dirima será un juez de la República, y si considera que el señor Kramer afectó la honra y la dignidad del animador (concepto tan olvidado la dignidad, y consagrado en el primero de los artículos de la Constitución), deberá responder conforme a Derecho.
Una cosa es la parodia, y otra muy distinta la humillación no sólo a una persona, gracias a la burla constante, sino que a un grupo de personas, ya bastante humillado por el colectivo y el humor “popular”.
El segundo acto de este repertorio se dio con las declaraciones de la señora Larraín respecto a las causas de su ruptura seudo matrimonial con el señor Zamorano. Respecto a ellas no entraremos en este artículo, por cuanto no corresponde al objetivo del mismo, y además, pocas cosas pueden importarme menos que los ires y venires de un matrimonio que no se dio hace más de ocho años.
El problema radica en dos temas de connotación legal: El primero, relativo a la ética con la que muchas personas que trabajan en televisión se refieren a sus pares (que estamos claros, profitan al igual que ellos de esta industria que mueve millones y tiene a la masa entretenida); el segundo, poner en el tapete la importancia de la Violencia de Género como delitos masivos que afectan a cierta parte de la población.
Ojo. No estoy tomando las declaraciones de la señora Larraín como ciertas, sino que simplemente, analizo la importancia de tocar el tema –pero de forma seria y responsable-, sobretodo tomando en cuenta que se ha prestado para ambos lados de la balanza, utilizándolo, exponiéndolo a modo de circo romano, en beneficio de unos y otros.
Algunos restan credibilidad a las denuncias (de esta y otras señoras). En este caso, puntualmente por el tiempo de ocurrencia de los hechos y el silencio de la presunta víctima. A lo anterior, se suman aspectos propios del caso que hacen suponer menor legitimidad de la supuesta afectada, como prejuicios sociales, exposición desmedida de su vida privada mediante comercialización de la misma, entre otros. Lo anterior sería lamentablemente, al catalogar per sé de manera previa a una persona, como titular ilegítima, sólo por convencionalismos sociales. De tener la razón, sería una de una arbitrariedad enorme.
Sin embargo –y tampoco lo digo por el caso en comento-, la Violencia de género se ha utilizado desmedidamente muchas veces como un arma de negociación en temas de familias, por mujeres que en su vida han sido maltratadas, y que tratan de convertir la desgracia de muchas, en moneda de cambio para lograr sumas más abultadas en las negociaciones por alimentos, todo lo anterior, instrumentalizando hijos de por medio. Casos como esos (que he visto y que claramente son usados por personas que montan una Mise en scéne para presionar a la contraparte) ciertamente enlodan a aquellos en los cuales efectivamente nos encontramos frente a víctimas de violencia física o sicológica, que muchas veces dificulta la prueba, por no dejar huellas físicas en las víctimas.
Frente al caso expuesto en Televisión, usted decidirá: Ángel o Demonio? Sobre todo cuando hablamos de temas en extremo serios, como son la discriminación y la violencia de género.
Frente a los casos de la vida real, quedamos a la suerte del tribunal que nos corresponda.
El chiste, las gorditas y la honra
Dec. 14 , 2011
La semana pasada la Ministra del SERNAM, Carolina Schmidt, presentó una demanda en la Fiscalía Centro Norte en contra del usuario de Twitter Sebastián Álvarez Bernales, por “incitación al odio y amenazas”, por subir fotografías a su cuenta de Twitter de mujeres con sobrepeso que circulaban por la vía pública.
La historia es conocida, ya que el mencionado usuario no sólo publicaba fotografías sin el permiso de las mujeres retratadas, sino que además agregaba comentarios del todo discriminatorios como “gorda Emo”, o “(…) vive deprimida por ser gorda y sigue siendo incapaz de cerrar la boca”.
Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a una persona que no solamente denigra a otros en virtud de su peso y apariencia física en general, sino que además de hacerlas públicas, son dirigidas en contra de mujeres, que sin su consentimiento se transforman en carnadas de un circo romano que el propio Álvarez crea en su imaginario personal. De acuerdo a lo anterior, Álvarez puede tener la opinión que sea respecto al ideal de belleza al cual en lo personal él aspira. El punto, es que al hacer pública una opinión privada, se pueden vulnerar derechos de terceros, además, atentando en contra de la legislación vigente, lo que obviamente, merece el repudio del ordenamiento jurídico.
No sólo la Constitución en su artículo 19 número 4 asegura a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, entendiendo como al derecho a la honra, justamente como la “(…) posibilidad real de preservar la integridad y verdad sobre la persona y de no ser humillado o vejado por terceros.” El ordenamiento jurídico igualmente protege –específicamente-, al derecho a la propia imagen en el artículo 31 de la ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y ejercicio del Periodismo, comúnmente conocida como Ley de Prensa.
El artículo 31 de la señalada ley, establece que “el que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. (…)”.
Ciertamente, la actitud del twittero, raya en la vulneración no sólo de la ley, sino que de las normas básicas de convivencia. Hace un tiempo lo señalamos, y claramente, en estados donde la dignidad de las personas es un derecho intransable, la libertad de expresión tiene justamente en la dignidad y los derechos de otros, un límite que hoy por hoy en nuestro país, el o la afectada pueden garantizar por medio de la acción constitucional de protección.
Hace ya un par de semanas, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por el abogado de un periodista de “espectáculos” –si entendemos a la farándula como un espectáculo-, en contra de una sentencia definitiva pronunciada por el 10º Juzgado Civil de Santiago, que condena a dicho periodista al pago por concepto de indemnización por responsabilidad extracontractual, de siete millones de pesos a la familia del demandante, el fallecido animador Felipe Camiroaga.
Respecto a los dichos objeto del juicio, tanto por respeto como por economía procesal, no viene al caso reiterarlos, teniendo en cuenta además que se trata del chimento propio de dichos programas. Lo importante, es que la sentencia del Tribunal de alzada, señala que “la honra es un concepto que alude a una expectativa de validación social de un sujeto; por eso los atentados contra la honra suponen que alguien comunique a terceros una información u opinión sobre otra persona, que la deprecie frente a los demás. En el caso de autos, lo que se ha denunciado puede calificarse como difamación, que es una de las formas de atentar contra la honra de una persona, que supone haber comunicado hechos falsos, sin el cuidado debido, que afectan su prestigio o reputación.”
Importa tener en cuenta igualmente, que aun el demandante haya fallecido, la sentencia se hace cargo de dicho elemento al señalar que “es cierto –como es de conocimiento público y que no requiere mayor explicación demostrativa-, que antes de esta sentencia el actor falleció en un accidente aéreo. Empero, no sólo en vida tenía derecho él al respeto y protección de su vida privada y de su honra sino también a la honra y vida privada de su familia, por lo que ese daño no se ha extinguido con su deceso ni en la memoria del señor Camiroaga ni respecto de su familia y su círculo social y humano”.
Claramente, vemos cómo no sólo el ordenamiento jurídico, sino que los Tribunales de Justicia igualmente protegen en la práctica el daño a derechos tan importantes –y relativos a la dignidad humana-, que últimamente han sido vulnerados, principalmente a través de los medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías relativas a redes sociales.
Se agradece la labor de la Ministra del SERNAM, en relación a accionar en contra de quienes vulneran la dignidad y los derechos –en este caso-, de las mujeres.
Se agradece igualmente a la Ministra por el parelé vía Twitter al señor Presidente. Su calidad e investidura no otorga derechos, inmunidades ni fueros para reírse fuera de protocolo de los demás. Un Presidente no debe esforzarse en ser simpático.
Recordemos que lo que “Lo que natura non da, Salamanca non presta”.
[1] Humberto Nogueira Alcalá: “Derechos Fundamentales y
garantías constitucionales. Tomo I”. CECOCH. Editorial Librotecnia, Santiago,
página 667.
[1] Sentencia de la I.C.
Apelaciones de Santiago, Rol 4502-2009. Consideraciones de la Abogada
integrante Andrea Muñoz Sánchez.
[1] Ídem.
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