Cristián Monckeberg

Finalmente tenemos acuerdo. Senadores y diputados salvamos las diferencias que tanto retrasaron la iniciativa y coincidimos en un texto final para el proyecto de ley que, de aprobarse esta semana en el Congreso, permitirá el cierre de calles, pasajes, vías locales y  conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso, en aquellos casos en que exista un motivo de seguridad que lo justifique.

Esta autorización deberá ser entregada por el concejo municipal, previa presentación de informes técnicos de los organismos de emergencia y Carabineros y por petición de al menos el 90 por ciento de los propietarios de las viviendas que quedarán dentro del perímetro de cierre. El permiso se prolongará por un plazo de cinco años, prorrogables, y podrá anularse en cualquier minuto por parte del municipio, cuando lo solicite al menos el 50% de los propietarios involucrados.

El plazo de autorización fue uno de los puntos de conflicto. Muchos aspiraban a que sólo fuera de dos años, pero finalmente decidimos que lo mejor sería cinco, debido al costo que significa la instalación de los cierres para los vecinos afectados por robos y asaltos.

Fueron días difíciles para aquellos que, acosados por el temor a los delincuentes, buscaban entregar a sus familias un poco más de seguridad a través de rejas o barreras. La Contraloría e incluso la Corte Suprema fallaron en contra de la legalidad de este tipo de cierres, resguardando otro derecho constitucional como es el del libre tránsito o apelando a la inexistencia de atribuciones al respecto por parte de las municipalidades.
 
Una vez que se apruebe esta ley, esas dificultades habrán sido zanjadas y por fin un criterio uniforme permitirá que miles de vecinos regularicen sus cierre en el plazo de un año, a partir de la publicación de la ley.

Como uno de los autores del proyecto, estoy seguro de que será un gran avance en el combate a la delincuencia, pues permitirá complementar el trabajo de las policías y los servicios de seguridad comunales y entregará tranquilidad a quienes han decidido no quedarse de brazos cruzados y resguardarse.

Lo que debe quedar claro es que se trata de una medida que sólo debe ser transitoria, una etapa intermedia mientras se soluciona el problema de fondo con la delincuencia, pues nadie quiere que los chilenos se acostumbren a vivir entre rejas mientras que quienes violan la ley andan libres por las calles.