Cristián Monckeberg

Un verdadero balde de agua fría fue el que cayó sobre todos quienes hemos empujado la inscripción automática y el voto voluntario, cuando hace algunas semanas el Servicio Electoral reconoció que no contaba con los registros domiciliarios de cerca de un tercio de los aproximadamente cinco millones de personas que se sumarían al padrón con esta nueva fórmula, lo que por supuesto haría prácticamente imposible su aplicación en las próximas elecciones municipales en 2012.

Las alarmas se encendieron no sólo en La Moneda y el Congreso, y aunque hubo algunos  que a ambos costados de la verada política respiraron aliviados y sonrieron tímidamente ante la posibilidad de que todo siguiera igual -al menos durante el próximo año-, de inmediato se pidió al Gobierno que buscara una fórmula para subsanar esta grave dificultad.

En Palacio se actuó rápido y se ingresó un proyecto de ley que permitirá que el Servel tenga acceso directo a los datos electorales de todas las personas registradas en el Registro Civil (nombres y apellidos, RUN, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión y domicilios) y de aprobarse antes de fines de noviembre, según ha dicho el ministro Cristián Larroulet, podría dar tiempo suficiente a los equipos del Servicio Electoral para hacer el recogimiento de datos y los estudios correspondientes para evaluar su aplicabilidad en 2012...

Sin duda, se trata de una elogiable reacción de parte del Ejecutivo ante la tardanza del Servel en alertar de la situación que complicaba a la inscripción automática, pero que mantiene en un terreno aún complejo el gran cambio que dábamos por hecho se registraría el próximo año, cuando se elijan a los nuevos alcaldes y concejales.

No obstante, encontrar una solución para esta inesperada traba es el único camino posible para nuestro sistema democrático. Sedienta de una nueva vitalidad, la clase política no puede darse el lujo de fallarle a la ciudadanía, incumpliendo una promesa transversal para mejorar nuestro sistema electoral. Hacerlo significaría un golpe demasiado duro y provocaría una agudización del distanciamiento con la ciudadanía.