Cristián Monckeberg

Soy de aquellos que vio nacer el sistema de educación privada, pues al terminar el colegio estudié en una universidad de esas características. Luego tuve la tremenda oportunidad de continuar mis estudios en el extranjero, donde el esfuerzo y los créditos me permitieron una gran preparación, que agradezco hasta hoy. Al mismo tiempo, aprecié cómo se logró el que muchos amigos y conocidos que no tenían posibilidad alguna de estudiar en el antiguo sistema se convirtieron en profesionales exitosos. En definitiva, he visto y evaluado positivamente la cara amable de nuestra estructura educativa.

Sin embargo, han pasado ya varios años y si bien he visto cómo los sueños de miles de chilenos se han concretado, también he sido testigo de que los de otros tantos se han convertido en pesadillas, pues la desigualdad del sistema los ha hecho terminar con deudas millonarias y títulos incapaces de esconder una educación de pésima calidad.

Es por eso que he compartido el fondo de las manifestaciones que han realizado importantes grupos de estudiantes universitarios y escolares en los últimos días. Comparto ese deseo de un cambio, pero de un cambio de verdad, de una mejora sustantiva que permita una mayor igualdad de oportunidades y evite los abusos. Un cambio que logre que el millón de estudiantes que tiene hoy la educación superior aspire a la misma posibilidad de recibir ayuda o protección del Estado. De terminar con una historia en la que el 70% de los fondos fiscales se distribuye en universidades que sólo atienden al 20% de los alumnos.

Claro que esa no es la única inequidad del sistema, pues también vemos cómo los créditos para estudiar en entidades distintas a este grupo de universidades A, tienen tasas de interés superlativamente mayores, lo que los convierte en millonarios deudores, terminen o no sus carreras.

Mi alegría es porque anoche, al escuchar los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, con la creación de un fondo por 4 mil millones de dólares, una garantía de acceso a becas para el 40% de los estudiantes con menores recursos y de buen desempeño, la disminución de las tasas de interés para el crédito con aval del Estado, la creación de una Superintendencia de la Educación, y la invitación a debatir en serio la validez del lucro, entre otros avances, vi que nuestro Gobierno tiene perfectamente claro el diagnóstico de este problema: La educación necesita mayores recursos, mejor repartidos y una fiscalización que garantice calidad, para evitar abusos y engaños.

Esperamos que seamos los integrantes del Congreso, en el año en que celebramos su Bicentenario, quienes transformemos esta tremenda iniciativa en ley, cristalizando el sueño de miles de chilenos que ven en la educación la verdadera herramienta para la movilidad social.