Cristian Leyton Salas

Vladimir Putin acaba de señalar, en Moscú, en el marco de la séptima  cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que la "era del gas barato llegó a su fin" y que desde ahora en adelante se deberá "proteger a los productores".  Una señal inquietante para los países consumidores de gas, entre ellos Chile.               

La energía es un factor de poder que impone ventajas y debilidades.  Ventajas para el país que lo posee, lo utiliza internamente y lo explota comercialmente, pero una debilidad clara para aquellos países que carecen de ella, sobre todo si lo necesitan para mantener determinados niveles de desarrollo económicos internos. Tal es el caso de Chile, pero también lo es de Europa Occidental.

La energía constituye, así mismo, una necesidad de carácter estratégica. Digámoslo. En ausencia de ella, la capacidad política de los Estados puede verse, bajo determinadas condiciones, altamente disminuida, poniendo en jaque incluso la seguridad nacional.

En este sentido, la experiencia histórica demuestra que los Estados que son vulnerables en materia energética serán frágiles y presentaran signos de alta porosidad en materia de influencia política externa, particularmente al verse sometidos a una relación de dependencia energética hacia otras entidades políticas. Chile fue objeto de esta lógica frente a Argentina y podría serlo frente a Bolivia. Europa lo fue frente a los cortes rusos durante la crisis que mantuvo con Ucrania el 2006 (La Unión Europea importa el 24% del gas de Rusia).

 No obstante lo anterior, el riesgo no está asociado de manera directa a esta relación de dependencia, sino que en el momento en que los Estados abastecedores deciden utilizar políticamente dichos recursos, o en su defecto, en momentos en que el uso estratégico de la energía afecta indirectamente la seguridad económica de los países consumidores, ya sea por que los precios aumentan bajo logicas eminentemente políticas y no técnicas o de costos, ya sea porque criterios geopolíticos dominan las decisiones comerciales y económicas. En estos casos estamos habalndo de una Geopolítica Energética del Gas.

Un problema mayor está dado por la posible conformación de una “OPEP del Gas”, tal y como hoy aparece en los medios de comunicación. Crear un órgano único que agrupe a los principales productores gasíferos es una clara amenaza para los países que necesitan dicho recurso, en especial cuando sabemos, por experiencia, que determinadas potencias energéticas lo han utilizado políticamente. Esto es aún más complejo cuando sabemos que la mayor parte de los países que poseen y explotan el gas están emplazados en zonas inestables (África, Eurasia, Medio oriente y Sudamérica), por lo tanto la seguridad energética está constantemente en peligro. Señalemos que tan solo tres paises concentan el 60% del gas mundial, Rusia, Irán y Qatar.

 De la misma forma, la mayor parte de estos Estados no comulgan necesariamente con visiones plenamente “occidentales” y se perciben a sí mismos como débiles frente a las potencias de esta parte del mundo. Lo precedente nos da como resultado que sus conductas exteriores responden a la lógica de “Estados-Fortalezas”, asediados por todas partes y por lo tanto necesitan unirse, crear políticas comunes y adoptar resoluciones mancomunadas. Necesitan adoptar políticas exteriores agresivas utilizando medios no convencionales, como el gas o el petróleo.

 La creación de un “cartel del Gas” buscará, sin lugar a dudas, controlar el precio del gas a través de un control directo sobre su producción, no debiendo extrañarnos que el fin último sea utilizarlo a fines políticos. Rusia en Europa, Irán el en Medio Oriente y Venezuela en Sudamérica son los principales instigadores de dicho proyecto. Venezuela ha tratado, desde la llegada del mandatario Hugo Chávez, utilizar este recurso a fines de penetración ideológica. El proyecto "chavista" conocido como la Organización de Países Productores y Exportadores de Gas (OPPEGASUR) data del año 2006. Este embrionario organismo siempre ha tenido como fin controlar la producción y el comercio del gas en América del Sur, pero sobre todo, permitir que Venezuela ejerza un control sobre el gas boliviano. No olvidemos que Venezuela y Bolivia poseen cerca de 250 billones de pies cúbicos de gas, constituyéndose en las principales potencias gasiferas de la región.

El proyecto denominado Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), que incluye a 16 estados como Argelia, Bolivia, Venezuela, Egipto, Irán, Qatar, Libia, Noruega, Trinidad y Tobago, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Kazajstán, cristaliza el riesgo de una OPEP del GAS. Nos emplaza frente a un fait accompli . El riesgo de una concentración y de una coordinación política de la producción de esta energía se materializa.

Desde una visión anticipatoria y en el marco de las próximas elecciones presidenciales, el debate a cerca de la seguridad energética chilena debería estar en las agendas de los diversos conglomerados políticos, y en particular en los programas presidenciales. El debate acerca del desarrollo de un sistema energético nuclear chileno no está agotado, todo lo contrario, debe constituirse en una prioridad frente a noticias internacionales que ponen de manifiesto que la seguridad energética lejos de estar garantizada pende de un hilo.