Colombia y los Estados Unidos firmarán estos días el mentado acuerdo militar que sellará un nuevo capítulo en la presencia del gigante del norte en los “asuntos internos sudamericanos”. Ni el UNASUR  ni el Consejo de Defensa Sudamericano lograron doblar la mano a esta nueva presencia militar norteamericana.  

Dicho acuerdo cristaliza, sin lugar a dudas, el surgimiento de un nuevo orden geopolítico regional en el espacio norte de Sudamérica. Los Estados Unidos nos recuerdan que siguen siendo el poder hegemónico en el hemisferio.

La presencia permanente y la concentración de fuerzas estadounidenses en Colombia significa una importante derrota política para Brasil, inflamará las ya difíciles relaciones entre Venezuela chavista y la Colombia de Uribe;  generará, además, un nuevo esquema de distribución del poder político y militar en la zona: Colombia surge como la plataforma de proyección de poder estadounidense hacia toda Sudamérica, tanto desde el punto de vista disuasivo, como persuasivo y coercitivo. Brasil, observa impotente cómo sus planes de erigirse en la única superpotencia sudamericana no es bienvenida por el nuevo liderazgo norteamericano.

Colombia es político-estratégicamente hablando, vital, para los intereses de la Casa Blanca: su posicionamiento geopolítico le permite “observar” tanto a Sudamérica como Centro América y el Caribe. Colombia sustituye el papel que desempeño en su momento Venezuela, Ecuador y Bolivia. No olvidemos que hace no más de diez años atrás, los EE.UU. estaban sólidamente implantados en dichos países, hoy han sido completamente desplazados. Solo quedan vestigios de su presencia.  

Resulta anecdótico constatar de qué manera los EE.UU., han logrado legitimar su presencia en dicho espacio geopolítico en gran parte gracias a los  mismos Estados que critican dicho acuerdo, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las FARC fueron y constituyen hoy en día un instrumento de proyección de poder chavista venezolano en Colombia. Ecuador, en su momento, observaba el transito transfronterizo de dicho movimiento sin reaccionar. Colombia sí lo hizo en forma preventiva y exportando su poder de fuego e inteligencia militar a territorio ecuatoriano.  Bolivia, al expulsar a las fuerzas antinarcóticos de la DEA, generó un vacío represivo y de inteligencia en contra de dichas fuerzas. En función de lo anterior, los EE.UU. justifican su presencia en Colombia. Solo ellos poseerían las capacidades para enfrentar a dichas fuerzas desestabilizadoras, el narcotráfico y las narcoguerrillas.

Brasil asi lo entendió y en su momento señaló la necesidad de implementar un Consejo Sudamericano de Lucha Contra el Narcotráfico. Hoy ya es demasiado tarde. Sobre todo si se confirma el mecanismo para la segunda reelección de Alvaro Uribe.

La presencia de los EE.UU. en la región generará nuevas hipótesis de conflicto. La colombiana/venezolana se cristalizará y reforzará. Lo que antes eran percepciones de amenaza, hoy y mañana serán hipótesis de conflictos. Brasil ve plenamente justificado su nuevo Plan Estratégico de Defensa, el que afecta los intereses argentinos en el Atlántico Sur, lo que la llevará de toda evidencia a revisar sus propios planes de seguridad.

La tentativa brasileña por dentificar nuevas fuentes de amenaza regionales, unificarlas en torno a riesgos comunes de naturaleza  no-tradicionales, como son los recursos naturales y energéticos no parece fructificar.  Estas últimas cohabitan con amenazas tradicionales que hoy parecen estar imponiéndose y comenzando a dominar la planificación de hipótesis de conflictos en la región.  

Brasil está embarcado en un amplio y profundo proceso de modernización de sus capacidades militares. La Estrategia Nacional de Defensa brasileña fue inaugurada recientemente, pero busca reorganizar y garantizar la seguridad de Brasil en el horizonte de los próximos 20 años.

Brasil ha sido claro en señalar las razones primarias que le impulsan a invertir un monto cercano a los 30 mil millones de dólares hasta el año 2021: la protección de sus recursos naturales, pero en forma general hablan de “proteger su territorio” y las nuevas fuentes de poder que éste encierra, como es la Amazonía, sus cuencas hidrográficas y la plataforma marítima brasileña rica en oro negro. Esta es la versión oficial. Sabemos que detrás de ello se esconden aspiraciones de potencia, lo que parece ser natural para un país que una vez se autoproclamó un “imperio” y que hasta hace una década y media  atrás competía con Argentina para ejercer un dominio sobre toda la región.

Hoy Brasilia inauguró oficialmente lo que debería ser un aspecto central en su carrera por constituirse en una superpotencia mundial, y en particular sudamericana.

Brasil lidera los llamados “procesos de modernizaciones bélicas” en la región, con un gasto del orden de los 26 mil millones de dólares tan solo este año.  Dicho plan consumirá un 0.7% del PIB anual en un periodo de 20 años. El Plan en cuestión identifica tres sectores estratégicos para la defensa brasileña: el espacial, el cibernético y el nuclear. No obstante ello, su efectomás inmediato  se refleja en el rol altamente disuasivo y coercitivo que se la asigna a la fuerza militar brasileña.

Un aspecto central de la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil está dado por dos puntos: El primero dice relación con la necesidad de dotarse de una capacidad de monitoreo/control, como ellos lo denominan. Poseer  fuerzas militares capaces de saber “donde y cuando” se concentran las amenazas. Asociado este último, los brasileños señalan la necesidad de desarrollar una capacidad de “responder rápidamente ante cualquier amenaza o agresión a través de la “movilidad estratégica”.  Una lógica “preventiva” se respira en dicho documento.

El segundo punto interesante es la reorganización de las necesidades de defensa: Brasil, reorienta sus “preocupaciones en defensa”, señalando que las hipótesis de conflicto ya no están centradas en el Sur y Sudeste, sino que “en el Norte, Oeste y Atlántico Sur”. Nelson Jobim, Ministro de Defensa brasileño advierte que “la Marina debe estar presente en la desembocadura del Rio Amazonas y en las grandes cuencas fluviales del Amazonas y del Paraguay-Paraná”. Mientras que el Ejército, señala, “debe posicionar sus reservas en el centro de país”, pudiendo de esta forma “desplazarse en cualquier dirección”. Una defensa “territorial” sudamericana se impone.

Finalmente, el documento es claro en señalar que, las FF.AA brasileñas deberán, “concentrar su presencia de unidades en las fronteras”, teniendo en cuenta que Brasil debe “estructurar el potencial estratégico alrededor de capacidades” militares de alta tecnología. La vigilancia del espacio aéreo y “sobretodo” (según consta en el documento del Ministerio de Defensa brasileño) del territorio nacional de Brasil, es una alta prioridad. No se descarta en absoluto que dicha vigilancia sea de espacios terrestres y aéreos “otros” que los nacionales. Lo que resulta obvio y necesario para cualquier posicionamiento de fuerzas en caso de crisis o conflicto.

¿Qué conclusiones generales podemos extraer de lo anterior? En primer lugar, Lula da Silva, establece que las principales amenazas brasileñas son “continentales”. Sudamérica genera aprensión en Brasil.  La nueva Estrategia Nacional de Defensa establece que sus fuerzas militares deben acrecentar aceleradamente y orgánicamente su potencial disuasivo. Se desprende de dicho documento que estas capacidades deben estar asociadas a una estrategia de uso de la fuerza, doctrinalmente defensiva, pero  operacionalmente ofensiva. El concepto de “proyectar fuerzas” está presente esporádicamente en todo el texto.

Se nos señala, asimismo, que las fuentes de amenaza se concentran, hoy, prioritariamente, en el Norte y Oeste de la plataforma continental. Estamos hablando de la zona Amazónica y de los espacios fronterizos que les están asociados, como son, Ecuador, Venezuela, los EE.UU (Colombia) y un actor gatillador, las FARC. Argentina, dejó amplios espacios vacíos, llenados por la Venezuela chavista y los EE.UU., aunque es de esperar que el próximo gobierno trasandino comience a enmendar este punto, sobre todo frente al hecho que Brasil identifica que debe expandir su presencia en el Atlántico Sur (en desmedro indirecto de la presencia natural argentina).

Brasil necesita, estratégicamente, a fin de llevar a cabo esta nueva Estrategia de Defensa, recursos y capacidades militares.  Por ello, su programa de modernización bélico no se verá detenido por ninguna campaña mediática peruana. Por ello, la disminución de aprensiones políticas de determinados países de la región como el mismo Perú y Paraguay, por ejemplo, pasa absolutamente por “transparentar” capacidades e intenciones, más que con iniciativas irrealistas que conllevan a firmar pactos de no agresión que atan, prohibitivamente, los márgenes de maniobra de los países regionales, pero sobretodo buscan establecer desestabilizadores proceso de desarme. Brasil, en particular, no permitirá, bajo ningún punto de vista, verse impedido de materializar su programa estratégico sobre la base de una limitación de sus gastos en defensa, como lo quiere Alan García.

Brasil ha dejado en claro que hoy más que nunca la disuasión es el pilar central de la paz en la región. Tanto Chile como Brasil lo han comprendido y actúan en consecuencia, siempre de la mano de la transparencia.

La homologación de gasto en defensa constituye, en este sentido, el camino a seguir, así como el reforzamiento de dos organismos regionales de seguridad, defensa y de coordinación de politicas exteriores como son el UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. En Torre Tagle olvidaron que un Pacto de No Agresión ya fue firmado por todos los Estados cuando, al adherirse a las Naciones Unidas, quedó en claro que la guerra como medio de resolución de conflictos en la escena internacional es ilegal e ilegitima.

Frente a lo anteriormente consignado, la campaña regional de visitas de los Ministros peruanos tendrá un claro efecto mediático, en especial, por lo politicamente correcto del motivo. No obstante elllo,  sus efectos reales solo se dejarán sentir en el plano interno limeño al privar a la población peruana de los jefes de sus respectivas carteras, en momentos en que la prioridad del regimen de Alán García debería ser trapasar los exitos macroeconomicos a los bolsillos y percepciones socioeconómicas de la poblacion peruana que tanto lo necesita.

El Ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal, fue categórico en señalar a su par peruano, Rafael Rey, que la reanudación de relaciones “normales” entre ambas carteras dependía de avanzar o no en la senda de la homologación de gastos en defensa.

Al parecer, Chile, está al fin adoptando una política exterior de defensa y seguridad más activa y no pasiva como parecía ser hasta el momento.  La Presidenta Michelle Bachelet ya lo había señalado en ocasiones anteriores. Es un ofrecimiento reiterado realizado a Perú desde el año  2002: transparentar los gastos o la inversión en defensa de ambos países debe ser una prioridad a fin de evitar “malos entendidos”. No son las armas las que generan inseguridad sino que las intenciones. Chile ha sido reiterativo: no posee demandas territoriales con ningún país de la región, ni políticas de expansión de su poder político.

Chile ha planteado a su homologo limeño la implementación de la “Metodología Estandarizada Común para la Medición de los Gastos de Defensa” elaborada por la CEPAL. De acuerdo a esta modalidad, dicho organismo entiende que el “gasto en defensa” dice relación con materializar actividades cuyo efecto directo es salvaguardar la seguridad nacional. Clarifica, de esta forma, la naturaleza y objetivo de los recursos asignados a la defensa. Automáticamente quedan fuera los gastos en pensiones a militares en retiro, por ejemplo, las fuerzas policiales de control interno o fronterizo, Defensa Civil, entre otros. Según la CEPAL, a fin de estandarizar la cantidad de recursos que van a reforzar las capacidades militares operacionales, el gasto en defensa es aquel que está focalizado en proteger las fronteras políticas internacionales ante amenazas externas. La seguridad interior no entra en dicha modalidad. He aquí la debilidad del sistema.

La falencia del método de la CEPAL dice relación con la existencia de situaciones de amenazas internas graves que justifiquen y expliquen la adquisición de sistemas de armas en cantidades y cualidades que pudieren, bajo otras circunstancias, ser utilizadas ya no para fines de seguridad interna, como podría ser la lucha contra narco guerrilla (FARC), por ejemplo, sino que a fines disuasivos, coercitivos o persuasivos interestatales. El caso colombiano/venezolano puede ser visto como revelador de esta debilidad. ¿Qué sistemas de armas se justifican para la lucha contra la guerrilla? El caso chileno/peruano también es afectado por esta lógica. No olvidemos que la amenaza del Sendero Luminoso en Perú se mantiene vigente.

Desde la perspectiva anterior, la existencia de amenazas graves para la seguridad interna en uno de los países que se asocian a esta metodología podría, bajo ciertas condiciones, afectar la seguridad externa tanto del mismo país pero sobre todo de aquel que no vivencia dicha problemática.

No obstante esta debilidad, la estandarización de gastos en defensa es un paso relevante en la generación de confianza mutua, siempre que ésta se encuentre asociada a mecanismos de verificación.

El Gobierno chileno debería apostar por llevar a cabo una asociación generalizada de los miembros del UNASUR a esta metodología de homologación de gastos en defensa.

Es una postura realista, que toma en cuenta  la naturaleza del sistema regional y mundial. Los Pactos de No Agresión estilo “guerra fría” no responden ni se aplican a una región que no ha conocido nunca una guerra regional, pero que sobretodo han disminuido a su minima expresión sus hipótesis de conflictos interestatales. La Guerra como medio de resolución de conflictos fue puesta fuera de la ley internacional desde el fin de la II Guerra Mundial que devastó Europa. Hoy, la integración regional viene de la mano de órganos como el Consejo de Defensa Sudamericano y del UNASUR. La defensa y la seguridad han sido adoptados como el punto de partida de esta nueva forma de integración, embrionaria, sí claro, pero un proceso de acercamiento al fin y al cabo. No hay lugar para pactos que impliquen la hipótesis de agredir a otra entidad política estatal. Por el contrario, sí hay una necesidad y un espacio para estandarizar los gastos normales y naturales dedicados a la defensa y seguridad en un sistema internacional sometido a una anarquía estructural.

Buena iniciativa del Ministerio de Defensa. Ahora a debutar una cruzada regional a fin de transformarla en una estructura propia a los nuevos organismos de seguridad de inspiración brasileños.

El 6 de diciembre próximo tendrá lugar en Bolivia una de las elecciones más singulares que dicho país haya conocido. La Bolivia refundada, la Bolivia plurinacional, aquella que entregó el control de todos los recursos naturales al Estado, está siendo hoy llamada a pronunciarse sobre quién dirigirá sus destinos los próximos seis años (2010-2015).

Con una Oposición profundamente dividida, pero con un apoyo que bordea el 57 % de aprobación ciudadana, el liderazgo de Evo Morales se ha constituido en un dolor de cabeza no solo para actores nacionales bolivianos, como es Manfred Reyes Villa o Doria Medina, ambos candidatos a la presidencia y representantes de la “oligarquía mestiza” que perdió el poder en Bolivia en favor de la mayoría indígena, sino que también para Torre Tagle y Alán García.

Poco pueden hacer estos personajes para modificar esta situación. La refundación boliviana de Evo es asentida por esa mayoría que permitió la transformación de la institucionalidad paceña, incluidos los militares. La ciudad  de El Alto, baluarte de estas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, observa cuidadosamente la evolución y administración de dicha refundación. Ellos poseen el poder de facto, y lo han reservado para Evo Morales y García Linera en las urnas. Con la estatización de los recursos naturales, entre ellos uno de los principales, el gas, Evo se asegura que las arcas estatales seguirán financiando su electorado.  La burocracia estatal “gobernada” por esa clase media mestiza garantiza la perennidad del sistema. Nada de lo que haga esta Oposición fragmentada puede impedir el mantenimiento del MAS en el poder político boliviano.

Si no existen temas de fondo en el ámbito interno que modifiquen el mapa electoral, factores externos, de alta sensibilidad histórica están tomando fuerza: Mediterraneidad y Silala. En otras palabras, la política exterior de Evo Morales hacia Chile, Perú y el espacio chavista.

Estos últimos días ha llamado la atención el comportamiento de ciertos actores del sistema político boliviano, en particular el ex mandatario Carlos Mesa. Este último, reconocido por su postura "properuana" y según algunos, "antichilena", no está escatimando esfuerzos por debilitar la postura de Evo hacia Chile. Autor intelectual y promotor bajo su mandato de la lógica de la “molécula de gas” en contra de Chile, socio y aliado natural del mandatario peruano, Alejandro Toledo, está promoviendo activamente reactivar la doctrina nacionalista boliviana saavedrista, es decir, reivindicacionista de una salida soberana al mar. Mesa, junto a Reyes Villa, forman parte de la Oposición al líder indigenista, pero de esa oposición paceña que monopolizó el poder por  todo el siglo pasado y que instauró, en dicho país, un sistema presidencial del tipo “parlamentario” que no hacia más que repartirse cuotas de poder bajo la lógica del “juego de la silla musical”.

 Hoy el liderazgo de Evo es más fuerte que nunca. Un punto débil en su política externa son Chile y Perú. Chile, por el acercamiento sin precedentes  hacia nuestro país. La Agenda de 13 puntos es el más claro y publico ejemplo. Pero no el único. También una osada diplomacia militar. Un alineamiento a posturas  exteriores chilenas poca veces vistas. Esa será su debilidad, mientras no sea cuestionada por la dirigencia de base del MAS.

Esta clase política boliviana ha formado un todo casi orgánico en su postura hacia Chile. La política exterior boliviana no era más que la extensión de la peruana. Eso se terminó. En este sentido, la postura de Carlos Mesa es reivindicatoria no solo de la demanda marítima paceña, sino que también de la postura de dependencia de la política exterior boliviana hacia la peruana, hacia aquella de Torre Tagle.

García Belaunde, canciller peruano, está tratando de recomponer las relaciones con esa facción de la oposición boliviana y de paso, el Perú interviene indirectamente en la política interna de Bolivia. La reelección posible y probable de Evo Morales constituye una clara amenaza para los intereses peruanos en Bolivia. Minimizar sus efectos, pero sobre todo, reactivar  sus “activos” en el sistema político boliviano estimularán aún más una retorica antichilena, y ahora, antimasista por parte de Carlos Mesa así como de esa Oposición  deslegitimada hasta lo más profundo de sus cimientos políticos.

Hay una estrategia peruana en orden a identificar a Chile como el líder de una supuesta carrera armamentista en la región. Ya se había señalado en una nota anterior: se quiere crear la imagen de un Chile que se arma con fines belicistas y ofensivos. Desde La Moneda y quien escribe ya han dejado en claro que el país no ha construido, como Alán Garcia y su Torre Tagle, diferendos territoriales ni marítimos con ningún país vecinal ni regional. Chile está conforme con sus fronteras, por lo tanto su política de defensa es doctrinalmente defensiva.

No obstante lo precedente, la estrategia peruana mantiene su rumbo. Decidió, tal y como Bolivia una vez lo hizo, “internacionalizar” su denuncia: Chile y “otros” países sudamericanos están embarcados en una carrera armamentista. Un pacto de no agresión, al más puro estilo de la Guerra fría estan promoviendo Alan y sus ministros, como la forma de evitar un supuesto conflicto en la región.

Ya sabemos  que la política exterior peruana y de defensa sigue los alineamientos del “estilo soviético”: real politik asociada a una vistosa campaña de imágenes altamente simbólicas. La postura peruana es “políticamente correcta”, por lo tanto siempre será bienvenida en los foros internacionales, con mayor razón si la despliegue ante el Papa. Pero tiene debilidades de fondo.

Chile, al no poseer demandas territoriales con sus vecinos ni tampoco ejercer una política de potencia hegemónica sobre el espacio regional o vecinal, ni menos aun una de expansión ideológica fuera de sus fronteras, no genera amenaza para la paz internacional. Los hechos lo demuestran. No existen fundamentos que permitan a Perú “acusar” a Chile de estar embarcado en una carrera armamentista. Transparencia, verificación y políticas de cooperación militar regional caracterizan la institucionalidad de la defensa chilena. Chile no posee ni misiles balisticos, ni menos aún una politica núclear militar. Las acusaciones se sustentan en retórica y en la construcción de imágenes falsas y tendenciosas. Chile debe dejar de llevar a cabo una estrategia defensiva en el ámbito diplomático y adoptar una lógica ofensiva.  Mostrar todo su peso político, económico y disuasivo en el ámbito regional e internacional. Las estrategias pasivas y reactivas deben ser  minimizadas.

La gran debilidad detrás de la estrategia peruana, es sin embargo otra.  

La región estaría, según esta visión, embarcada en una carrera armamentista, pero Perú olvida que es Brasil quien la lideraría, el gigante brasileño con ansias de expandir y reforzar su poder político bajo una lógica cuasi hegemónica. El Perú al ventilar esta nueva emulación militar acusa en primer lugar a Brasil con un gasto cercano a los 26 mil millones de dólares.

En segundo lugar de esta supuesta carrera armamentista se encuentra uno de los más relevantes aliados de los EE.UU en la región: Colombia (6 mil millones de dólares). Tan estrecho es este aliado que firmó recientemente acuerdos de cooperación con el gigante del norte a fin de instalar bases militares FOL en su territorio. Ninguna presión regional, incluso la brasileña, lo persuadieron de dejar de lado dichos acuerdos. Alán García deberá lidiar con este segundo país en su propia carrera mediática.  De imponerse la idea de Perú, primero, Brasil deberá justificar sus gastos militares, luego Colombia. La imagen de Brasil como una potencia cooperativa está en juego frente a la lógica hegemónica que estar asociado a una carrera armamentista presupone. Más atrás viene Chile, con un programa de modernización bélica transparentado hasta la saciedad. Venezuela le sigue de cerca, pero a diferencia de Chile, sí posee una retórica ideológica expansionista y de creación de “Estados satélites”.

El gran temor peruano hoy es que solo puede “correr” con su vecino ecuatoriano. Su gran problema es que las debilidades estructurales, tanto políticas como micro económicas, le impiden embarcarse en un proceso de adquisiciones bélicas como los del período de Velasco Alvarado, cuando Perú fue el único país de la región que recibió modernos sistemas de armas soviéticos. ¡Claro!, eran otros tiempos, de la Guerra Fría. Esos mismos tiempos a los que responde  el actual  proyecto de “pacto de no agresión” peruano. Un desfase histórico de proporciones pero fácilmente explicado por la percepción de debilidad política, social y bélica del vecino país del norte.

En algo tienen razón en Torre Tagle y el señor García Belaunde, Ministro de RR.EE del Perú, Chile no debe ser hipersensible a la retórica peruana, por el contrario, dirigirlos hacia los dos principales aludidos y “afectados” por la acusación peruana: la Cancillería y el Gobierno  brasileño y luego al Gobierno de Uribe, aliado natural (y casi único) de los Estados Unidos en Sudamérica.

Difícil tarea espera a Torre Tagle…