Cristian Leyton Salas

Desde el fin del orden sudamericano que se redibujó luego del termino de la Guerra del Pacífico, pero que más tarde se cristalizó en otro, dictado y moldeado, esta vez,  en Moscú y Washington,  y que, finalmente, se transformó en un orden marcado por la difusión de la potencia y la fragmentación de las amenazas a comienzos de los 90 del siglo recién pasado, hoy Chile se enfrenta a una nueva distribución del poder en su propio espacio geopolítico. Un nuevo “orden geopolítico” ha tomado forma y se cristaliza. 

Observamos el surgimiento de dos entidades geopolíticas distintas en su interacción con Chile. La primera de ellas es un espacio de plena cooperación, coordinación y complementarizacion política, social, económica y militar. Es lo que podemos denominar el “Arco de Integración” conformado por Ecuador y Colombia al norte, Brasil al noreste y Paraguay, Uruguay y Argentina al Este. Chile mantiene no solo excelentes relaciones con todos y cada uno de ellos, sino que existen canales de comunicación diplomáticos, políticos y militares expeditos y transparentes en donde la cooperación en temas de seguridad y defensa responde a amenazas claramente comunes. Con este “Arco”, no existen hipótesis de crisis vigentes que pudieren transformarse, en el corto y mediano plazo, en “hipótesis de conflicto”. Un caso particularmente relevante es el núcleo Ecuador-Colombia, países con los que Chile posee una unificidad de intereses estratégicos y que deberían incrementarse. Este “Arco de Integración” debería constituirse en  la prioridad para la tanto para la Cancillería chilena como para la diplomacia militar. La necesidad de impulsar, desde Santiago, propositivamente  proyectos de cooperación bilaterales con países del Arco debería ser una prioridad, aislando, de esta manera, lo que denominaremos a la otra “entidad geopolítica” con la cual Chile debe lidiar, el “Polo de conflicto andino”. 

El “polo conflictivo” compuesto por Perú y Bolivia debe ser comprendido como una “entidad”  que posee una  naturaleza geopolítica propia, única, que será permanente en el tiempo y con la cual deberemos lidiar por años a venir: el conflicto permanente con Chile es un asunto de Estado, una política de Estado en estos dos países andinos. A diferencia de Argentina, país con el cual manteníamos problemáticas de seguridad y percepciones de amenaza negativas y divergentes, la naturaleza de la falta de confianza mutua radicaba en las relaciones especiales que Chile mantenía con Brasil (potencia antagonica a la trasandina) y las intenciones hegemónicas de Buenos Aires, hoy, ambas posturas han cambiado de manera estructural. Con Perú, Chile no solo mantiene hipótesis de conflicto potenciales, sino que no poseemos con Lima amenazas comunes. Las pretensiones territoriales peruanas no son más que el reflejo de un problema mayor con dicha capital, la existencia de un trauma psicopolitico de parte de su clase dirigente y de parte importante de su población, sin dejar de lado la alimentación política que esta misma clase hace de la “imagen Chile”. Un nacionalismo negativo asociado a un trauma irresuelto de pérdidas territoriales y de una competencia geopolítica por dominación del Pacífico Sur. El Perú, forma parte de este “Polo geopolítico de conflicto”  por cuanto las únicas medidas de confianza mutua vigentes son las que otorgan las señales emitidas por posturas y capacidades disuasivas. Ambas FF.AA se temen mutuamente.  Bolivia, también forma parte de este “Polo” por cuanto, al igual que su vecino peruano, están sometidos a un trauma psicopolitico que les impide ahondar en posturas de cooperación transparente y de integración de principios políticos generales con Chile.  

Bolivia, al igual que Perú, mantienen una postura revisionista  y revanchista de un conflicto terminado hace mas de cien años, pero cuyos réditos políticos se hacen sentir hasta hoy día mismo. Ambos actores conforman un polo o núcleo geopolítico de conflicto que debe ser administrado de manera diferente -y que de hecho lo es. 

Hace tan solo unos días, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista peruano, Diego García Sayán, emitió una serie de declaraciones no solo poco afortunadas, sino que involucran a este organismo, dependiente de la OEA, en un tema que escapa claramente a su esfera de competencia. Dichas declaraciones si bien no generaron una reacción en la clase politica chilena, no dejan de constituir una flagrante intervención de un organismo que pertenece a todos los latinoamericanos y que por lo tanto, no debería inmiscuirse en temáticas de politica internacional ni de seguridad interestatal.

Sayán, no solo señaló que La Haya buscará “regularizar una indefinición que existe sobre la frontera marítima entre los dos países y establecer una proyección equitativa del dominio marítimo peruano”, sino que además señaló, entre otras ideas, que en el caso que Chile no aceptase una resolución negativa el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría “bloquear económicamente a Chile y aprobar el uso de la fuerza militar para lograr que cumpla el fallo”.Sorprendentes.

Las declaraciones de este personero, dependiente de un organismo panamericano de justicia, se inserta en la recientemente inaugurada retórica política y comunicacional del mandatario peruano, Ollanta Humala, al poner en la palestra pública  el tema de La Haya, justo en momentos en que su popularidad conoce una abrupta baja en los sondeos de opinión.Una actitud ya conocida y altamente rentable a fines de politica interna.

No hemos sido testigos de declaraciones del mismo tono y alcance, desde la OEA, ni de su Secretario General, el chileno José Miguel Insulza. Tampoco de otros personeros de nacionalidad chilena en cargos internacionales.
Situaciones como la anterior debe llamarnos a meditar sobre otros hechos que acontecen en nuestro espacio regional, pero sobre todo a pensar en los medios para reforzar la capacidad de persuasión política de nuestra diplomacia en el ámbito internacional, en especial y particular, en momentos en que dos de nuestros vecinos nortinos materializan la revisión de fronteras de manera unilateral.

Otra temática de relevancia dice relación con la tendencia regional en cuanto a crear nuevos organismos de representación sudamericana, así como de manera simultánea, debilitar otros. Un nuevo “panamericanismo” quiere asentarse en nuestra región.

Debemos meditar en torno a si es beneficioso para Chile apostar todo el potencial político en estas nuevas estructuras de coordinación y concertación politica, aislando a actores extraregionales que hoy son vitales a fin de mantener  márgenes de maniobra para Chile, en un escenario que solo tiende a ser más complejo, menos seguro y más volátil.

El MERCOSUR, compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, han decidido, al instar del mandatario uruguayo José Mujica, y estimulado por la Casa Rosada, imponer un bloqueo comercial a barcos mercantes con bandera de las Islas Falklands o Malvinas, hoy bajo soberanía del Reino Unido. Un bloqueo  que tiene características de un  “bloqueo continental”, al instar del que ejerció la Francia napoleónica contra el mismo Reino Unido a comienzos del siglo XIX.  

En este caso, si bien no se trata de un embargo comercial, marcado por una prohibición emanada de un poder hegemónico –como el Francés en su momento- y apoyado por el uso de una fuerza militar continental permanente, el fin último es el mismo: entorpecer –y si es posible, estrangular- comercialmente a la Isla.  También constituye una señal poderosa de apoyo multilateral a la causa trasandina, además de  representar un espíritu de unidad del bloque frente a un actor extraregional de corte, según la visión platense, neocolonialista. 

Desde la Foreign Office de Londres, se ha catalogado la acción como una de naturaleza “hostil”, además de señalar que se enmarca en una “escalada” en las tensiones con la capital argentina.  La lectura inglesa de la postura de determinados países sudamericanos está asociada a la apertura de una “ventana de oportunidad” trasandina en contra del gobierno británico: la crisis financiera europea le hace menos propenso a apoyar al Reino Unido frente a una problemática de menor importancia, como es la presencia inglesa en una isla perdida en el Atlántico, sobre todo en momentos en que el Primer Ministro, David Cameron, ha adoptado una postura aislacionista.  

La mandataria, Cristian Fernández, ha logrado con relativo éxito transformar “su” causa en una de tipo regional. Ha logrado multilateralizar una problemática bilateral en otra que arrastre a toda Sudamérica, incluyendo a Chile. La idea de la búsqueda de un “espíritu e identidad común de Seguridad y Defensa” sudamericana está presente en la retórica de la mandataria trasandina al evocar que las Malvinas no son un problema bilateral sino que global, como resultado de la existencia de una potencia colonial que explota recursos naturales “sudamericanos”. 

Para la tranquilidad, actual, de Chile, el bloqueo “marítimo” del MERCOSUR se da en un espacio geopolítico atlántico, negando puertos a barcos de bandera de los kelpers de las islas inglesas. Aún no se proyecta a otros aspectos y ámbitos de intercambio comercial, económico o políticos, en los cuales Chile posee intereses relevantes. No obstante lo anterior, la decisión y acción de sus socios políticos del Cono Sur, instala a La Moneda ante un difícil y complejo escenario: tener que elegir entre solidarizar con Argentina o con un aliado natural e histórico como es el Reino Unido. O en su defecto, mantener un incomodo silencio.

La actitud emprendida por los socios del MERCOSUR –a los cuales debemos incluir Venezuela, Ecuador y posiblemente Perú-, es altamente preocupante para Chile. Demuestra, una vez más, la necesidad de mantener una política exterior y regional de dos sentidos, no obstante las presiones por elegir tan solo uno: asociada, bilateralmente, a entidades regionales, sin que ello implique coligar a aquellas unidades políticas de manera vinculante. Las tendencias a la ideologización, el populismo  y la instrumentalización de conflictos históricos no es solo resorte de Estados vecinales con bajos índices de gobernabilidad, sino que también de organismos de la zona sudamericana.  

Las opiniones emitidas por el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, en el sentido que el próximo año se vislumbra un “escenario complejo” para Chile como resultado de los problemas de gobernabilidad internos tanto en Perú como en Bolivia, no son mas que la constatación de una tendencia instalada en las capitales de los países del norte. La tendencia asumida de las respectivas clases políticas vecinales en orden a utilizar a Chile como la “válvula de ajuste” de problemáticas internas, no hace sino que recordarnos la fragilidad de nuestras relaciones políticas con nuestros vecinos del norte. 

La convivencia de Chile con dichos países está asociada a un escenario de paz armada, en donde la desconfianza gobierna las percepciones de ambos lados de la frontera. Traumas psicopoliticos de naturaleza histórica alimentan y estimulan percepciones, ya sea de humillación y de derrota, pero también de aprensiones de revanchismo. Las clases políticas tienden a alimentarse de dichas visiones e imágenes negativas, permitiéndoles aminorar y ocultar deficiencias administrativas de sus respectivos gobiernos. Una Instrumentalización de Conflictos Históricos se instala y reproduce de manera permanente. 

Si bien el balance de las relaciones diplomáticas con Perú durante el 2011 fue positivo, en el sentido que el arribo del candidato nacionalista peruano, Ollanta Humala, permitía presagiar un escenario de mayor hostilización peruana hacia Chile y sus intereses, tal escenario no se verificó en el inmediato. No obstante ello, Ollanta debutó, tempranamente, desde su instalación en el Palacio Pizarro, un proceso de “militarización” de su círculo de asesores más cercanos.  Si bien su primer Gabinete de Gobierno fue técnico, sus círculos de confianza siempre correspondieron a un anillo de personeros altamente ideologizados en el nacionalismo y el irredentismo, muy cercanos al líder. La pregunta que nos hacíamos  en un principio de la administración Humalista era cuanto tiempo  la “Camisa de fuerza” brasileña duraría. Hoy apreciamos que comenzaron a desabotonarla, lenta pero progresivamente.   

Los sectores nacionalistas de base del Partido de Humala si bien toleraron el piloto automático de las administraciones de Toledo y García, perciben, luego del conflicto de Cajamarca, que el capital social que les llevó al Palacio Pizarro puede debutar una fase de desencanto sostenido. La postura proliberal del primer gabinete de Ollanta Humala choca claramente con la estatista y nacionalista propia de los sectores del círculo de confianza del mandatario. Más temprano que tarde, las contradicciones terminarían por imponerse y apreciar la verdadera cara del  gobierno de Humala.  Hoy dicho proceso parece estar debutando. El 2012, el escenario interno peruano podría conocer una mayor fragilidad interna, a mayor presión social, mayor será la tentación de alejarse de la política de los acuerdos y consensos con los sectores centrisitas –vemos que Toledo se alejó del Gobierno-, mayores serán las posibilidades de buscar inflamar el nacionalismo antichileno. 

En cuanto a Bolivia, la imagen de un narco-Estado boliviano comienza a cristalizarse en el escenario internacional. La problemática del auge del narcotráfico boliviano está desbordando el escenario interno para convertirse en un problema de seguridad regional y vecinal. Para Chile, este 2011, la nueva y compleja postura de tolerancia del Gobierno de Evo hacia la producción de hoja de coca, se materializó en una fuente de seguridad nacional real. Simultáneamente, se aprecia que en el Palacio Quemado se mantiene la idea de llevar a Chile ante La Haya. Siguen construyendo el “caso”, mientras buscan habilitar “puertos alternativos” para intentar presionar comercialmente a los puertos chilenos del norte. En el plano interno, la estabilidad del régimen si bien es relativamente sólida, la imagen del gobernante indigenista es cada vez más cuestionada por sectores decepcionados por su postura pro-cocaleros.  

En términos generales, y apreciando el escenario vecinal nortino, las declaraciones del Ministro chileno en cuanto a que las FF.AA chilenas deben estar preparadas para defender la integridad territorial, no obstante ser acertadas, no se condicen con la real falencia de la postura chilena. La fortaleza chilena radica, justamente, en la capacidad de disuasión militar, no así en  aquella que emana de la diplomacia chilena.  La capacidad de La Moneda para imponer la inacción de los vecinos es clara, sólida y con proyección en el tiempo, no así desde el Edificio Carrera. Se necesita generar una nueva postura política, una de “disuasión diplomática”: esta radica en ser capaces de anticipar escenarios a fin de ejercer presión, no sobre los Estados revisionistas de tratados internacionales, sino que sobre el entorno de países regionales.

Se impone una estrategia indirecta de corte diplomática, anticipativa y asociada a la disuasión tradicional, la militar.

Desde Bolivia, y más precisamente desde La Paz, se ha estado insistiendo, estas últimas semanas, en una nueva estrategia de posicionamiento público de la centenaria demanda marítima: Identificar “puertos alternativos” para el comercio boliviano a fin de potenciarlos como polos de comercio. En el sentido anterior, se ha identificando a  los puertos de Matarani en Perú, el Puerto Villeta en Paraguay, el  Puerto Rosario en Argentina y el Nueva Palmira en Uruguay como espacios alternativos.

El objetivo boliviano, impulsado por la Cámara Nacional de Industrias, y apoyado por el Palacio Quemado,  plantea, en un principio, dejar de depender del Puerto de Arica e impulsar una agresiva política de desarrollo de insfraestructura portuaria y de conectividad con puertos de países atlánticos (argentinos, paraguayos, peruanos y uruguayos).  La percepción paceña en cuanto a que el Estado chileno incumple el artículo 6 del Tratado de Paz y Amistad le impulsaría a diversificar sus puertos “mojados” y también desarrollar “puertos secos” alternativos.  Desde la visión boliviana, Chile incumpliría el espíritu y el fondo del articulado que señala que, “La Republica de Chile reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacifico”. Se señala, claramente, “libre tránsito”, no gratuito.

La adopción de esta nueva estrategia comunicacional estaría relacionada con la materialización práctica de la acusación que podría estar a la base de la demanda boliviana ante La Haya: Chile, al incumplir parte del Tratado de 1904, obligó a Bolivia a buscar habilitar puertos para que su comercio “respire”. Chile, según esta misma visión, no solo no cumpliría con garantizar una salida al mar soberana, pero tampoco una “útil”. La construcción del “caso” continúa, arrastrando consigo a entidades estatales regionales. 

En función de lo precedente, La Paz intenta, además, multilateralizar en forma indirecta su posible pretensión ante el Tribunal Internacional y presionar a Chile para que haga concesiones  en función de los hipotéticos costos que podría tener para la actividad comercial ariqueña y nortina el debilitamiento de su uso como puerto para Bolivia. 

Hoy, La Paz, y el gobierno de Evo Morales enfrenta una compleja situación interna. Diversos conflictos endógenos amenazan la paz interna y la estabilidad ya no solo del Gobierno, sino que del Estado. Conflictos territoriales y fronterizos entre Departamentos, entre campesinos de Yucumo (zona del TIPNIS) y cocaleros de Chapare, entre la ciudadanía de Chuquisaca y Tarija, entre La Paz y la Provincia de Palca, entre otros. La situación anterior tiene efectos claros, reales y directos sobre la manera cómo el régimen paceño maneja y conduce su relación con Chile. Esta vez se constata un trabajo político mediático menos hostil hacia Chile, pero que continua edificando, ladrillo a ladrillo, un caso para llevarlo ante La Haya. 

Hace un tiempo atrás ya habíamos alertado sobre el surgimiento de lo que en su momento denominé una democracia totalitaria o referendista:  movimientos políticos que adquieren el poder democráticamente, pero que transforman las bases y estructuras institucionales a fin de tomar el control total y autocrático del Estado. Un poder político que destruye el principio básico de la democracia liberal como es la autonomía entre los mismos. El régimen democrático-totalitario instalado desarrolla estrategias de concentración absoluta del poder y el acoso permanente de cualquier atisbo de oposición organizada. La "democracia" es el medio, el fin, es la concentración del poder total, ejercido de manera totalitaria.

Hoy Bolivia atraviesa una nueva fase en el camino hacia la cristalización de un régimen político que posee no pocas características que podríamos asociar a un régimen de naturaleza “supremacista indígena” de claro corte totalitario. Evo Morales y el MAS, habiendo tomado el poder del ejecutivo, y controlado el Congreso, procedió  a “judicializar” la política: utiliza el poder judicial a fines de persecución en contra de sus detractores. Importantes opositores forman parte hoy de la lista de aquellos que, mediante el (mal) uso de la ley, están siendo perseguidos: Leopoldo Fernández, Mario Cossío, Rubén Costas, Percy Fernández, René Joaquino, Rocío Pimentel, Ernesto Suarez, Luis Revilla, Jorge Morales.  

El llamado “proceso de cambio”, como lo denominan los adeptos al régimen masista, necesitaba oficializar y legitimar los faits accomplis que ya configuraban un control del aparato judicial por parte del ejecutivo. Hoy, más que antes, el régimen de Evo necesitan imperiosamente tomar el control definitivo de todos los poderes del Estado, en especial frente a un proceso de contestación política sin precedentes que esta llevando a que los sectores opositores, profundamente divididos entre si, se empoderen ante la crisis de legitimidad que azota al palacio Quemado paceño. 

En efecto, se percibe una fragmentación del movimiento de base que apoyó en su momento al régimen en cuestión, no obstante que no se logra identificar un liderazgo alternativo al líder indigenista que gobierna Bolivia. Estamos presenciando una crisis de legitimidad “presidencial” no así del modelo plurinacional que permitió a la mayoría indígena hacerse gobierno y transformar los pilares que sostenían la institucionalidad republicana boliviana. Hoy el Movimiento Sin Miedo (MSM) y Convergencia Nacional aparecen como reductos de una potencial Oposición ideológica al régimen, no obstante que la absorción del Poder Judicial por Evo podría llegar a paralizarlos.

La pregunta que cabe hacerse es simpe: Si una característica básica pero fundamental de todo régimen político que se define como democrático es la autonomía de los tres poderes públicos que garantizan un equilibrio de poder entre ellos, y por ente una independencia relativa ¿la elección de los poderes judiciales en Bolivia, sin información oportuna de los candidatos a elegir por parte de la población en general, pero sobre todo liderado por un régimen que ya posee el control directo de los otros dos estamentos públicos no es acaso acceder a un poder de naturaleza totalitaria?  

De acuerdo al último reporte de la Drug World Report, emanado del UNODC, tres son los países productores de toda la cocaína en el mundo: Perú, Bolivia y Colombia. 

Es así como mientras Colombia redujo dramáticamente la extensión de tierras asociadas al cultivo de hoja de coca a fines ilícitos, disminuyendo ésta en un 58% entre el año 2000 y el 2009, en Perú, la misma sustancia se vio incrementada en un 38%. En cuanto al Estado Plurinacional de Bolivia, el aumento del cultivo conoció un auge impresionante del 112%.

Si observamos la evolución del cultivo de hoja de coca a fines ilícitos en Bolivia, podemos claramente identificar ciertos hitos y tendencias, muchos de ellos preocupantes y que permiten identificar que amenazas no convencionales se ciernen sobre la frontera norte de Chile.

Entre los años 1995- 2005, se constató una baja sustancial y sistemática en cuanto al área utilizada para generar cocaína en Bolivia. Esta fase coincide con la llegada de los gobiernos de centro derecha, como es el primer Gobierno de Sánchez de Lozada en 1998 (38 mil hs) y luego el de Hugo Banzer el año1999 (21 mil Hs). A partir de este último mandatario, la disminución es permanente. Desde el año 2000 al 2005, todas dichas administraciones,  desde el gobierno de Banzer, pasando por el de Quiroga, transitando por el segundo gobierno de Lozada, aquel de Carlos Mesa y finalmente el de transición de Rodríguez Veltzé, todos conocieron bajas sistemáticas de los cultivos de hoja de coca ilegales. Una tendencia que conoce un drástico freno con el arribo al Palacio Quemado del MAS, el año 2005.

A partir de la fecha anterior, el incremento es sostenido, pasando de 25.400 hs a 30.900 hs el 2009. Si bien es cierto Bolivia es el tercer productor de esta sustancia, la liberalización de la producción de hoja de coca y la entrega del control social de las cuotas de cultivo a las comunidades cocaleras, amenaza, claramente, con transformar a Bolivia en un foco del crimen transnacional. Ad portas de nuestra frontera norte. 

No solo la producción de cocaína ha aumentado en Bolivia, pasando de 80 a 113 toneladas métricas entre los años 2005 y 2008, sino que se constata también un incremento en el surgimiento de instalaciones clandestinas de procesamiento de dicha sustancia, transitando desde 5.690 a 9.341 el año 2008. De la misma manera, se aprecia una disminución de las tasas de erradicación de tierras asociadas  a la producción de hoja de coca ilícita, conociendo un peak el año 2002 de 11.839 hs, a 5.070 hs el 2006.

El escenario anterior podría empeorar si la postura del nuevo gobierno peruano se inscribe y asocia a una lucha más clara y directa hacia este fenómeno en su propio espacio. Hasta ahora, la reciente decisión de Ollanta Humala en orden a suspender la erradicación de cultivos ilegales deja en un mar de dudas su orientación en esta compleja temática.

Se aprecia, de manera clara, que  amenazas de una naturaleza diferente emanan de las fronteras del norte, siempre estuvieron allí, pero hoy se proyectan de manera diferente. El Crimen Transnacional tiende a generar de manera artificial “espacios vacíos”, Zonas Sin Ley  y en su defecto, directamente, generar las condiciones para debilitar institucionalmente los Estados. Las zonas fronterizas constituyen espacios territoriales de atracción natural de dichas agrupaciones, en especial aquellas en donde, por su configuración geográfica y ubicación espacial, el Estado no marca su presencia o lo hace en forma deficiente. 

El Orden Geopolítico Sudamericano sigue  mutando. En otras palabras, la distribución del poder político entre los Estados de este lado del hemisferio mantiene su curso lo que se traduce que algunos Estados conocen una  ascensión de su estatus político y protagonismos, mientras que otros buscan nuevas alianzas. Otras entidades, por el contrario, experimentan en carne propia una declinación de su capacidad de influencia en los “asuntos subregionales”. Estas han decidido o simplemente tenido que aceptar que no pueden seguir ejerciendo el mismo peso político sobre sus pares. Por ello, se han contraído hacia sus fronteras nacionales, adoptando la postura de “observadores” de los cambios que otros generan, dirigen y materializan.

No es fácil observar esta nueva tendencia, solo es posible visualizarla en función de la sumatoria de “hechos coyunturales”, los que unidos, sucesivamente, nos permiten comprender la naturaleza y evolución de dichos cambios. La “estructura” delsistema regional no es la misma, debemos ser capaces de interpretar su evolución y posicionarnos en y ante ella. 

La visita del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos es una clara señal de lo anterior. El gobernante percibe a Chile como un “modelo económico a seguir”, además de considerar su relación con Santiago como una de carácter “estratégica”. La visita del mandatario a Chile, pero también a Argentina, puede ser percibida, desde una óptica geopolítica, como la ventana de oportunidad que se abre a sectores pro liberales, de este lado del hemisferio, a fin de generar y consolidar aquella Alianza del Pacífico, en particular en momentos en que “vacios de poder” se generan como resultado de la contracción ideológica de Hugo Chávez y su Chavismo.

Desde otra perspectiva, la “sociedad estratégica” que podría establecerse con Colombia viene a consolidar la tendencia de La Moneda y del Edificio Carrera en cuanto a acercarse de manera más estrecha con los EE.UU, y en este caso con su principal aliado en la región, Colombia. La visión desde Brasilia no debería ser la mejor, reforzando de esta manera la idea que Chile se aleja de Brasil, o que la alianza histórica y natural está dejando de serlo. No es una sorpresa para nadie las distancias desconfianzas  políticas que existen entre Brasilia y Bogotá. Tampoco la exigua penetración económica entre ambos países. Es así como mientras la presencia de capitales chilenos asciende a más de 8 mil millones de dólares en dicho país, Brasil tan solo ha invertido 775 millones en el período 2005-2010. Colombia es y ha sido una plataforma de avanzada ideológica, política y militar de los EE.UU en la región. La generación de lazos permanentes y estratégicos con dicho gobierno cristalizan la tendencia antes señalada.