Cristian Leyton Salas

Se confirma que el posicionamiento geopolítico de Chile, como una plataforma  territorial, económica y ahora política, es vital para Las Malvinas/Falklands.

Es vital para Argentina, por cuanto no puede aislar la Isla sino es a través de Chile, y vital para el Reino Unido por cuanto el pulmón de aprovisionamiento se encuentra en la zona austral chilena. La próxima visita de la mandataria trasandina a nuestra capital se inscribe en está lógica. De la misa forma, la posible visita del canciller británico William Huge a Santiago. Una carrera política sin precedentes por obtener los favores de La Moneda. Un desafío mayor para la diplomacia chilena. 

Claramente, Buenos Aires, reservó para el ultimo momento la tarea de ejercer una presión política directa sobre La Moneda, antes había que generar un entorno regional de apoyo público hacia la pretensión trasandina, cuyo objetivo no solo es acosar a Londres, sino que ahora apreciamos que también lo era en función de Chile. Una jugada magistral. 

Desde un punto de vista “táctico”, los intereses de Chile están en apoyar, secundar y promover las pretensiones trasandinas. El escenario vecinal nortino dicta mantener y reforzar las relaciones de conciliación con el vecino oriental, cristalizar los “nuevos” vínculos entre las FF.AA de ambos países y dar un paso más allá, impulsar una coordinación de posturas de seguridad y defensa. No obstante estás “nuevas” relaciones de conciliación chileno-argentinas, llama la atención la debilidad de relaciones políticas a nivel de gobiernos. Las distancias ideológicas entre ambos estamentos  no explican per se la falta de asociación política en función de temáticas de relevancia sub regional. Da la impresión que la conciliación es meramente “instrumental” tanto para Argentina como Chile. 

Desde el punto de vista “estratégico”, los intereses de Chile están en mantener relaciones estratégicas con el Reino Unido, en particular, mientras no se materialice, desde el otro lado de la cordillera, una postura política de Estado y gubernamental que garantice que la conciliación de intereses trasandinos hacia Chile responden a una política permanente y no meramente a una ventana de oportunidad producto de una debilidad económica, política y militar. Son intereses  “estratégicos” mientras el Reino Unido constituya un poder extraregional con la capacidad de proyectar potencia hacia el extremo austral trasandino, debilitando el potencial político y militar argentino. 

La futura posible y probable escasez de recursos hídricos mundiales hacen de las Islas Falklands una plataforma de relevancia vital para la proyección de un poder geopolítico mundial. Las islas no deben ser vistas desde una óptica “asilada” sino que constituyen un conjunto de proyección geopolítica al estar asociadas a las reclamaciones recientes sobre ciertos límites de la plataforma continental antártica. 

El peso geopolítico del “factor antártico”, en las relaciones trilaterales en cuestión, solo se puede apreciar y valorar en función y directa relación con la naturaleza, alcance y estructura final de las relaciones de conciliación entre Buenos Aires y Santiago. En otras palabras, Argentina debe garantizar, dentro de los límites de la naturaleza misma del sistema internacional, que más allá de sus pretensiones territoriales en el océano atlántico austral, nunca más su clase política enarbolará un nacionalismo negativo en contra de Chile que ponga en tela de juicio el interés soberano chileno en el extremo austral ni tampoco asociar a Chile a intereses de proyección hegemónica.  

Mientras no ocurra lo anterior, Chile debe apegarse al respeto de los tratados internacionales que rigen los vínculos entre la isla y su propio territorio, no interferir en las relaciones de entidades privadas y Estados extranjeros, y sobre todo, velar por sus intereses estratégicos.

Hoy el señor vocero del gobierno de Sebastian Piñera, el Sr.Andrés Chadwick, ha dado una señal clara en cuanto a avanzar cual será la postura chilena ante el conflicto entre Buenos Aires y Londres, éste habló de una "pretensión" argentina y no de un "derecho". Claro y conciso. 

Hoy, la disuasión chilena es más solida que nunca. El satélite Fasat-Charlie de Observación Terrestre entrega a los círculos decisorios del Ministerio de la Defensa y de La Moneda una capacidad de observación, monitoreo y planificación estratégica del entorno vecinal como nunca antes.  

La “frontera de seguridad” chilena, en cuanto a su capacidad de escrutar y conocer espacios físicos político-estratégicos, dejó de coincidir con los límites políticos internacionales. Un paso enorme ha sido dado en función del poder de disuasión al impedir que, bajo escenarios de crisis mayores, un fenómeno de sorpresa estratégica  se materialice. La capacidad de observar  despliegues y capacidades  del “otro” , refuerza, sin lugar a dudas, la postura de disuasión  al garantizarles que se posee la facultad de verificar políticas declaratorias, intenciones y medios. 

El satélite de Observación Terrestre refuerza la capacidad de disuasión al señalar, a la entidad política estatal objetivo, que poseemos la facultad de identificar sus fortalezas y debilidades operacionales. La búsqueda de la  “inacción”, que la disuasión presupone, cristaliza la credibilidad de la amenaza: el satélite refuerza y materializa esta “inacción” al estar asociada a capacidades de penetración estratégica por parte de Chile.  

Chile, hoy, al no poseer reclamos soberanos, ni intenciones de expansión territorial, tampoco una política de corte hegemónica, solo de proyección de poder disuasivo, no debería generar percepciones de amenaza  como resultado de esta nueva capacidad de observación terrestre. 

Hoy, Chile, se ha dotado de un “sistema de disuasión”, propio a los países de la OTAN o de las Grandes Potencias. Solo falta reforzar la “disuasión diplomática”, la que es capaz de generar “persuasión” frente a posturas revisionistas del orden establecido y de los fronteras vecinales. 

El satélite constituye, para las capacidades de defensa chilenas, toda una revolución en los asuntos militares: ahorro de fuerzas, concentración y despliegue de medios en función de las verdaderas fuentes del riesgo. 

Israel, operacionalizó y teorizó hace ya muchos años el concepto de “Defensible Borders”, concepto que ha sido traducido a otro: “Fronteras Seguras”.  ¿Que implica dicho concepto?  Israel busca contener amenazas y riesgos para su seguridad por medio de medidas militares, de inteligencia y policiales. La idea es identificar las fuentes de riesgos garantizando la intangibilidad de su frontera.  Para Israel estas “fronteras defendibles” responde a una doble amenaza. La primera de tipo convencional, asociada a neutralizar fuerzas militares. La segunda de tipo asimétrica, destinada a impedir acciones terroristas en su país. Desde la óptica israelí, las fronteras serán “Seguras” o “Defendibles” cuando ellos sean capaces de impedir que sus ciudadanos se vean afectados directamente por  actores hostiles.  

El Gobierno chileno está adoptando una postura que, a grandes rasgos, se asimila a dicha postura. El Plan Frontera Norte busca imitar dicha estrategia, la de crear en el terreno, las condiciones para sellar  los límites fronterizos nortinos, es especial aquellos vinculados a dos de los principales países productores de cocaína en el mundo: Perú y Bolivia. Tanto, en el caso israelí como en el chileno, el espíritu de dicho principio es ser capaces de anticiparse a la fuente de riesgos o en su defecto, mitigarlos, disminuirlos, contenerlos. En función de lo anterior se presume como un hecho  la naturaleza permeable de las fronteras.

Para ello, es vital generar y poner en práctica “anillos de seguridad” que no son otra cosa que “filtros” que permiten discriminar las fuentes de la inseguridad a fin de controlar sus efectos y neutralizar sus consecuencias. En este sentido y a partir de la experiencia israelí, podemos establecer que  los “anillos de seguridad” pueden ser de dos tipos. El primero es de naturaleza interno: se edifican “vallas de seguridad” a fin de filtrar las amenazas que buscan penetrar ilegalmente la frontera política nacional.  Para Israel, dados el tipo de amenaza que ellos identifican, la frontera misma  es el filtro principal, la primera y última línea de defensa y de discriminación.  En el caso chileno se asume que la naturaleza de las amenazas no son de tipo militar, como la hebrea, sino que de tipo delictual. Se asume, desde este punto de vista, que es posible y no prohibitivo permitir un filtraje de los riesgos en etapas y fases. 

Existe otro tipo de “valla de seguridad”, la externa. Aquella que busca identificar las fuentes del “riesgo” pero en su espacio de organización, logístico original. Incluso si dicha “fuente” se encuentra fuera de su propia soberanía.  Para ello, es esencial cristalizar medios de Inteligencia, cooperativos o no, capaces de desplazar la frontera política, creando para ello “fronteras de seguridad” artificiales. Sin operacionalizar dichas “vallas externas”, las “interiores” solo contienen las amenazas criminalizadas, las segregan, aíslan y debilitan,  sin por ello terminar con el riesgo real y permanente que representan. 

Como el “Invierno de Chile”, se le denominó a los sucesos que han sacudido el país estos últimos meses y que alcanzó un punto de quiebre la semana recién pasada cuando el Gobierno decidió impedir no solo una marcha programada por el movimiento estudiantil sino que además el derecho a la libre circulación por las calles de Santiago. Lo anterior, en contraposición y coincidencia, a su vez, con los movimientos sociales de contestación política que azotan a los países árabes.  Señalémoslo, ciertas características análogas aparecen en ambos fenómenos.

Uno de ellos es la lógica gubernamental según la cual el “orden publico” es considerado como un fin en si mismo, y no una consecuencia de un proceso de deslegitimación, creciente y acelerado, de los vínculos de mando y obediencia civil hacia las autoridades. El “orden publico” se rompe, en el momento en que la ciudadanía, o parte relevante de ella, no percibe la existencia canales de expresión institucionales viables hacia sus demandas y la defensa de sus intereses sociales: un fenómeno de "desobediencia civil" se instaura.

La contestación civil  se constituye en una variable de inestabilidad del sistema político, en momentos en que dicho fenómeno logra impregnar todas y cada una de las capaz sociales de un país y se mantiene imperturbable en el tiempo. Sus acciones y proposiciones logran atraer el apoyo, directo o no, de segmentos relevantes de la sociedad, en especial de sectores de la llamada Clase Media, aquella sobre la cual reposa la administración del “modelo social y económico”, pero que también surge como la válvula de ajuste de la legitimación final del mismo. 

Otra aspecto fundamental esta dado por el surgimiento de “vacios de poder” al interior del Gobierno. Cuando la máxima autoridad emite señales contradictorias en periodos breves de tiempo, cuando gobierna en función del efecto político de corto plazo, cuando el liderazgo presidencial no es claro, o simplemente es percibido como inexistente, finalmente, cuando la Oposición política no se “opone” por encontrarse sometida a un desgobierno interno, y también sometida a una deslegitimación profunda, y en algunos casos terminal. En función de lo precedente, destaquemos que las condiciones de desobediencia civil no solo están vinculadas a los vacíos de poder generados por el Gobierno y al interior del mismo, sino que también por la inexistencia de un bloque Opositor legitimado, capaz de constituirse en el portavoz de aquellas nuevas demandas sociales.  Los liderazgos de la Concertación necesitan un aggiornamiento, el Gobierno de la Alianza demostrar que las variables ideológicas no se anteponen a los intereses de las grandes mayorías del país.

Los “ vacíos de poder” tenderán a generar efectos inmediatos, como es el surgimiento de liderazgos políticos horizontales, “liderazgos outsiders”, como es el caso de la joven dirigente comunista, que ha logrado, en torno a  ella, asociar a la dirigencia de la FEUC, algo impensado hasta hace algunos años.

La ingobernabilidad conoce, asimismo, de etapas, es gradual. Primero, por regla general, surgen las crisis de Gobierno, luego las crisis de Estado, mas tarde, las crisis de Régimen, y finalmente las crisis del Modelo. Todo parece indicar que Chile ha innovado en cuanto a esta lógica secuencial, pasando de la crisis de Gobierno a una de Régimen para llegar en cuestión de semanas a una del Modelo. 

El país, a todas luces, se encuentra necesitado de mejorar el Modelo- algunos sostiene que hay que cambiarlo-. Todo parece indicar que las fuerzas sociales, aquellas militantes, y las “silenciosas”, de manera horizontal, y no ideológica, perciben que es vital introducir modificaciones estructurales que permitan al país seguir avanzando en post de alcanzar el verdadero Desarrollo.

La fase de “acumulación de capitales” por parte de un segmento de la población, debe dar paso a la de “inversión social”. El tejido sociopolitico debe ser recuperado de la mano de un cambio en el sistema electoral binominal, cumplió ya su cometido, hoy Chile es otro. Nuevas fuerzas han irrumpido en el escenario del sistema politico chileno: deben lograr una representación real a fin que no busquen caminos de expresión no institucionales.

Frente a los errores constantes  de la Presidencia Boliviana, el Palacio Quemado parece haber tenido que retractarse de la estrategia de choque diplomático con La Moneda.  Todo parece indicar que dichos errores no son más que el fruto y resultado de una fuerte pugna política interna en el gobierno de Morales, lo precedente íntimamente  asociado a un intento fallido por frenar un proceso lento, pero progresivo de deslegitimación del régimen ante sectores populares que están empoderándose en detrimento de la capacidad de control social por parte de Evo.

Es así como todo parece indicar que el liderazgo indigenista de La Paz  se desplaza hacia el despeñadero de la popularidad con una desaprobación del 53%. Evo Morales parece no solo estar viendo erosionada su legitimidad política en los sectores que le permitieron erigirse como el primer indígena elegido por mayoría absoluta a la presidencia boliviana, sino que también al interior mismo de su gabinete. El régimen masista se aprecia sometido a una presión tanto desde el exterior como del interior mismo. Aquí también “halcones”  y “palomas” buscan atraer al líder aymará.

Cada vez es menos claro y más complejo establecer quién es el personero y la instancia institucional paceña que está facultada para  ser la portavoz oficial y la encargada de administrar la política boliviana hacia Chile, ¿es David Choquehuanca, el Canciller  de Bolivia, o el director de la recientemente creada dirección de Reivindicación Marítima de la Cancillería, Rubén Saavedra?  Existe la impresión, tanto al interior de Bolivia como en Chile, de una política exterior errática de La Paz. Un Gobierno indigenista que se desliza hacia un populismo interno cada vez mayor en post de opacar y frenar un fenómeno de ingobernabilidad creciente.

No cabe la menor duda que se ha desatado una espiral de pérdida de legitimidad de la imagen y percepción social y política hacia Evo Morales. No solo es visible desde los movimientos sociales de El Alto, de la Central Obrera Boliviana, así como de la credibilidad de los agentes económicos y políticos externos, sino que también desde Chile. El liderazgo con el cual La Moneda construía confianzas ha cesado de existir. Cualquier acción de reiniciar las negociaciones en torno a la Agenda de los 13 puntos podría ser vista desde el Edificio Carrera como un intento por parte de Bolivia por comenzar a “crear” un litigio. Cualquier acto, acción o decisión que implique negociaciones “formales” podría en el mediano y largo plazo constituir las piedras fundacionales de un “caso” para llevarlo ante La Haya.

La aparente decisión de Evo en cuanto dar marcha atrás a su intento de llevar a Chile ante el Tribunal Internacional, desconociendo el Tratado de 1904, e inaugurando hoy una  estrategia de “soberanía marítima progresiva”, es atribuible, en parte, a la nefasta estrategia de La Paz de “medirse” con Chile ante la comunidad sudamericana de naciones.  Hemos podido observar, ante la OEA, el peso político y diplomático de la Cancillería chilena. 

La “soberanía marítima progresiva”, concepto que emana desde la misma Bolivia occidental, no hace sino que reencausar positivamente las relaciones con Chile, situándolas en la fase status quo ante, sin embargo se mantiene la percepción de resquebrajamiento de las confianzas políticas con La Paz. Un estado de desconfianza que, a todas luces, tenderá a endurecer la postura de Santiago ante el Estado boliviano, en particular ante la idea de no discutir la cesión de soberanía.

 Un notable éxito de La Moneda, pero que adolece de una falla: Chile parece haber pedido definitivamente el único interlocutor legitimo con el cual negociar un acuerdo final a la demanda marítima Boliviana.

Para aquellos que observamos con atención la evolución de las relaciones vecinales y regionales, en especial aquellas asociadas a las conductas, acciones y retoricas de Perú y Bolivia con respecto de Chile, no nos es indiferente la tendencia sistemática de dichas capitales en cuanto  a adoptar una postura cultural de carácter ofensiva hacia Santiago.

Haciendo abstracción del lamentable lapsus de ProChile, altamente publicitado en Perú y que asociaba a “platos típicos peruanos” a la cultura culinaria chilena, existe una política oficiosa en los países del norte en orden a promover y defender sus cualidades culturales, pero  bajo un enfoque competitivo y exclusivista en contra de Chile.

Desde esta óptica, se ha desarrollado, lenta pero de manera progresiva, y bajo un enfoque cada vez más invariable, una política que pareciera tener dos nortes, por un lado arrebatar a Chile talantes culturales que le son propios por naturaleza, mientras que por otro lado, construir la imagen de un país culturalmente pobre, y que por lo tanto ha adoptado una estrategia de apropiación indebida.

De toda evidencia, las posturas anteriores forman parte de una tendencia casi estructural  de rivalidad con Chile desde La Paz y sobre todo desde Lima, estas posturas se insertan en ellas y no son más que la expresión cultural de las mismas.

A comienzos de este mes, el presidente Evo Morales promulgó una ley que declara patrimonio cultural e inmaterial de Bolivia la danza folclórica llamada "La Diablada", de la misma manera El Instituto Nacional de Cultura del Perú, por Resolución Jefatural Nº 179 del 7 de abril de 1988, declara el término "pisco" como patrimonio cultural del Perú. El Estado de Chile no ha seguido la misma lógica cultural exclusivista, dándole un enfoque eminentemente comercial a las disputas generadas por los países del norte. El mejor ejemplo corresponde al intento peruano en orden a imponer una solicitud de registro internacional de denominación de origen del pisco ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la cual fue rechazada por la mayoría de países, mientras otros terminaron por reconocer la denominación de origen al termino de pisco a Chile.

A diferencia de Perú y Bolivia que han incorporado a la cultura como un instrumento más de su arsenal diplomático, Chile ha adoptado una visión lejos más pragmática, acultural y altamente comercial. Si bien es cierto dicha postura ha tenido, en el caso peruano y el pisco, un éxito real y efectivo, carecemos de una política cultural de proyección, seria, metódica y sistemática  de la especificidad de los rasgos típicos nacionales. Grandes esfuerzos se han hecho, pero falta aun más.

Tanto el Pisco como La Diablada forman parte del acerbo cultural chileno. Así es reconocido internacionalmente gracias a la proyección comercial del producto “Pisco”, como de representaciones culturales folklóricas como la Fiesta de La Tirana. 

Ya lo habíamos señalado hace unas semanas, cuando advertimos que una compleja y peligrosa tendencia se perfilaba en el Palacio Quemado boliviano, una tendencia que ”militarizaba”  la retórica paceña, pero también la imagen que el líder masista quería proyectar hacia Chile, y tal vez incluso hacia el interior mismo de Bolivia. 

De manera casi imperceptible, para algunos, Evo ha modificado lenta, pero progresivamente su postura hacia Chile, endureciéndola. Ha dado uno y otro paso más en dirección a escalar política y mediáticamente su postura de enfrentamiento diplomático hacia La Moneda. 

La continua baja de los apoyos sociales, desde lo que fueran incluso sus “plazas fuertes” electorales en El Alto y La Paz, la problemática permanente  que representa para el poder central paceño el Departamento Autonomista de Santa Cruz de la Sierra, pero sobre todo, el fracaso patente del que fue objeto ante la diplomacia chilena en la OEA, podrían ayudar a explicar el ingreso de estos dos vehículos, con patentes chilenas y ocupados por tropas bolivianas  al territorio nacional. 

Ya habíamos señalado y advertido de la riesgosa diplomacia populista de Evo asociada a un riesgo creíble de “acciones unilaterales” por parte de su régimen: el espíritu de esta postura podría estar ilustrada en la grave violación  a la soberanía chilena por fuerzas militares bolivianas.

Las FF.AA bolivianas han sido absorbidas ideológicamente por el régimen, en un hecho que imita a la perfección el accionar de Chávez en Venezuela. Hoy apreciamos que el Evo que conocimos durante su primera fase de gobierno ya no está. El liderazgo tiende a decaer, su retórica se ha reconvertido al “populismo”, dejando entrever el surgimiento de un nacionalismo de naturaleza indigenista, no solo hacia el exterior, sino que también es visible hacia el interior mismo de Bolivia.

Bolivia está dejando en claro que no solo constituye una amenaza “no- convencional”, al asociarla al riesgo que representa para las fronteras chilenas su problemática del narcotráfico, sino que también una amenaza de tipo formal, convencional.  

La reacción chilena ha estado a la altura del evento, sin embargo todo parece indicar que - en función de la credibilidad asociada a la disuasión- se requiere una política de monitoreo intrusivo de las fronteras vecinales, y está debería, a todas luces, ser de naturaleza militar.

En función de lo anterior, tenemos todo el derecho a preguntarnos si este evento se inscribe al interior de una creciente "militarización" de las relaciones paceñas con Chile. 

Una de las mayores críticas, posteriores a ese 27 F, fue la presunta incapacidad de los principales órganos de gobierno para reaccionar de manera eficiente y eficaz frente a un evento sorpresa de la magnitud del megaterremoto que nos sacudió. El país no fue “cortado en dos”, si no que se atomizó por completo. La noche cayó sobre todo el país. La incertidumbre reinaba.   

Si bien Chile es un país sísmico, por naturaleza, la planificación existente para hacer frente al peor escenario, en este caso un megaterremoto y luego un posterior maremoto,  no se materializó en acción. La sorpresa paralizó, sin lugar a dudas, a los entes decisorios. La explicación más ajustada es que la extinta ONEMI y  La Moneda parecen haber sucumbido ante el fenómeno que se denomina “fatiga estratégica”: Alertas prolongadas en el tiempo y el espacio generan un cansancio en cuanto a la capacidad de reacción. 

Asumiendo lo precedente, la totalidad de órganos neurálgicos de gobierno deben prepararse para la Sorpresa Estratégica, es decir “aquel evento de baja probabilidad de ocurrencia, de alto impacto y que sucede de manera imprevista”

No se puede detener un terremoto ni un tsunami, pero sí disminuir sus efectos y, sobre todo, planificar para reaccionar de la manera más efectiva y eficiente posible. En este sentido, el Estado debe dotarse de una capacidad material, humana y tecnológica que le permita absorber el primer golpe del evento sorpresa para luego reaccionar. El Estado, sobretodo, debe ser capaz de impedir que un actor o evento paralice centros neurálgicos. En este sentido, si bien el país puede estar sujeto a un evento sorpresa que le atomice o fragmente físicamente, no puede ni debe serlo desde el punto de vista de las comunicaciones entre los centros decisores y los ejecutores, como parece haber sucedido.

Los eventos de Sorpresa Estratégica no solo afectan a entidades políticas, como fue el caso del Gobierno chileno ante el 27 F, sino que también y, de manera particular, a las entidades que administran la seguridad político-militar y político-estratégica del país. De hecho, uno de los cuestionamientos más complejos estuvo dirigido a las presuntas falencias en cuanto a la comunicación estratégica entre el aparato político y el militar durante las horas posteriores al terremoto. 

Hay lecciones que aprender. Una de ellas es que el Estado y sus FF.AA. deben prever los efectos de la llamada “fatiga estratégica”. Los grados de preparación y la planificación deben alistar a sus respectivas instancias a eventos  de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que tendrán lugar, de un alto impacto político, social, económico y militar, y que sucederán de manera imprevista: El Estado y sus órganos no son capaces de anticipar en forma certera el instante de su acontecimiento, pero  sí establecer de manera probable su evolución en el tiempo. Se debe planificar para amortiguar la “sorpresa”, ésta difícilmente puede evitarse.

La Sorpresa Estratégica del 27 F difiere de aquella con la que deben lidiar los aparatos de la Defensa. Mientras el 27 F , por su naturaleza, impedía aislar, caracterizar y catalogar “señales” de ocurrencia, aquellas amenazas y riesgos en el ámbito de la Defensa y Seguridad sí pueden serlo.  La Sorpresa Estratégica de un terremoto solo permite una reacción posterior al evento, aquel fenómeno sorpresivo de naturaleza militar o político-estratégico sí puede ser limitado o incluso evitado mediante estrategias y doctrinas “preventivas o preemptivas”. Otro punto relevante es la capacidad de reacción autónoma de los organismos y de la misma planificación militar así como su organización en base a “zonas de acción y reacción”, también autónomas.   Por lo anterior, si bien es cierto la sorpresa estratégica tendió a paralizar el proceso decisorio político, el militar quedó intacto. No fueron las FF.AA las que tardaron en desplegarse en Concepción, sino que fue el proceso de toma de decisión el que lo impidió en un primer momento.

Las amenazas esgrimidas, de tanto en tanto, desde la isla en cuanto a que si sus demandas no son escuchadas adoptaran la vía de la secesión de Chile son, más que un clamor popular y de corte nacionalista pascuense, un medio de presión hacia La Moneda. También son el resultado de un problemática de rivalidad interna entre dos sectores "rapa nuis" que iniciaron una lucha por el control politico de la poblacion isleña.

Señalemoslo: la amenaza independentista es un “medio de acción político” que tiene como fin último lograr revertir la implantación de una distribución territorial “privatizada” de la tierra en desmedro de la colectiva. A partir de esta demanda de carácter histórico se ha generado una cascada de otras que sí tienen una naturaleza de corte étnica, como es el impedimento de un libre transito y residencia en la Isla de los chilenos continentales. Un punto que lesiona y viola claramente el espíritu y el cuerpo de la Constitución chilena, por lo tanto inaceptable.

El Estado chileno ha cometido una serie de faltas históricas que pueden y deben ser subsanadas.  En 1917 se sientan las bases para el impase actual con la toma de control de este territorio chileno insular por parte de la Armada. La ley  3.220 se erige como el segundo error al establecerse la prohibición de los habitantes pascuenses de abandonar la Isla, le seguirán otro como el decreto n°946  de 1929 que inscribe en el conservador de Bienes Raíces de Valparaíso la propiedad Fiscal de Isla de Pascua. Derechos básicos del pueblo rapa nui son claramente traspasados. Los abusos se cristalizan con la Compañía Explotadora de Isla de Pascua que tomara el control de facto de este territorio insular. Un paso relevante en la buena dirección fue la ley 19.253 que inicia un proceso lento pero progresivo de restitución de tierras. El actual Estado chileno reconoce la necesidad de mantener este curso de acción, siempre respetando la institucionalidad vigente.

Un punto central es comprender porque razón las reivindicaciones  proindependentistas no tienen un asidero práctico: la Isla no podría autoabastecerse.  Si bien la Isla de Pascua forma parte en términos geopolíticos y geográficos de la Polinesia, constituyendo la sección extremo oriental de ella, dicho espacio está por esencia fragmentado en diferentes territorios soberanos insulares. Los unos responden a la soberanía neozelandesa, otros a la francesa, unos a la Britania y otros a la estadounidense. Una de ellas a la chilena. Ningún territorio “polinésico” constituye una forma estatal independiente ni soberana. La estructura económica, comercial, social y política de dichas islas las hace necesitar de un nexo directo con metrópolis.

Se desprende de las declaraciones de los diferentes dirigentes pascuenses en pugna una amenaza instrumental de independencia.

En este sentido, se hace alusión a conformar un espacio común polinésico, buscar adherirse a la Polinesia Francesa o en su defecto, en un Estado unitario. En términos reales y concretos, y tal como lo señaló en su momento el máximo jefe del Consejo de Ancianos de Pascua, Alberto Hotus: "Esta isla sería un desastre. ...aquí no había más que caminos de barro. Gracias al gobierno de Chile esto es otra cosa, les debemos todo lo que somos".  No estamos hablando de la Polinesie Francaise con una población estimada de 260 mil almas, sino que de una isla que es el “ombligo del mundo” conformada por cerca de 3.800 personas. En términos efectivos, y por su naturaleza insular, aislada, necesita imperiosamente un nexo eficiente con Chile continental. El Estado chileno debe reaccionar.

Un aspecto político que puede ayudarnos a comprender esta amenaza velada está dado por la acérrima disputa en la representatividad de la etnia rapa nui frente al continente. El "Parlamento Rapa Nui", agrupación étnica radicalizada se enfrenta  al "Consejo de Ancianos, una agrupación moderada. La rivalidad naciente entre ambos segmentos está llevándolos a instrumentalizar temáticas de afirmación étnica como es el de la inmigración a la isla .por parte de continentales chilenos-, así como el tema de la independencia. Para el primero forma parte de una estrategia de posicionamiento político ante la comunidad, mientras que para el otro un medio de presión hacia el Estado Chileno.