Según medios peruanos y locales, la Cancillería chilena habría reforzado la presencia diplomática nacional en la capital ecuatoriana. La principal razón sería que el Ecuador podría ser clave al entregar su opinión ante el tribunal internacional, pues junto a Chile y Perú “firmó los acuerdos de 1952 y 1954 que fijaron los límites marítimos y que son desconocidos por el gobierno peruano”.

La relevancia del  Ecuador para Chile, según esta visión, sería meramente coyuntural. Puntual. Apoyar a Chile en su contrademanda ante Lima. Error.

Históricamente Ecuador ha sido considerado como un “aliado natural” chileno, sobre todo en el marco de la división geopolítica de Sudamérica durante la Guerra fría. Ecuador representaba un contra peso y un posible “segundo frente” ante Perú. Quito, formaba parte de la estructura disuasiva chilena.  Hoy todo parece estar cambiando.

La llegada de Rafael Correa al poder introdujo dudas respecto a la continuidad de esta “alianza” informal. En el nuevo escenario ideológico sudamericano, Chile deja de constituir el “modelo” a seguir por Quito. Venezuela aparece como el nuevo referente económico y político. Aun no está claro si también el militar y estratégico. Su adhesión al “Socialismo del Siglo XXI” se inscribe en la búsqueda por “superar el neoliberalismo”, tomar el control estatal de los recursos naturales y estratégicos del país.

Para Rafael Correa, el Estado ecuatoriano ya no identifica a Perú como su principal amenaza  vecinal. Esta se encuentra en el norte, Colombia y los EE.UU. También se hace patente su alejamiento de Brasil y un enfriamiento lento pero progresivo de su relación con Chile. Venezuela es un polo de atracción natural.

Al apoyo del embajador ecuatoriano en Lima, Diego Ribadeneira, y luego de una Comisión mixta de parlamentarios ecuatorianos y peruanos, a la idea de una “carrera armamentista regional”, se suman otros gestos poco claros y confusos hacia La Moneda por parte del gobierno de Correa.

Si bien es cierto, Ecuador ya emitió en mayo último, una declaración de apoyo a la postura chilena, está claro que esta reacción dice relación con el peligro para Ecuador de ver reproducida la demanda en su contra. No responde a un apoyo “natural” hacia Chile, sino que a intereses meramente coyunturales.

La alusión de Alán García en cuanto a la existencia de una “nación ecuatoperuana”, más allá de caricaturizar una aspiración por reequilibrar , de alguna forma, los equilibrios de poder subregionales claramente lastimados por su alejamiento de Bolivia, demuestran que Chile debe repensar su política regional en forma integral. Sudamérica atraviesa una fase de cambio estructural en cuanto a su configuración política, económica y militar. La Cancillería chilena y La Moneda deben replantearse alianzas, el proceso de integración en curso y  la política exterior vecinal.

Hoy la integración regional se está haciendo “desde” la Defensa, buscando que desborde “hacia” lo político, económico y social. Un nuevo enfoque, un nuevo paradigma se está imponiendo, y Chile debe responder ante dicha transformación.

Conflicto político, tensión militar y competencia económica, tres características propias de un conflicto que no es directo, pero que si es permanente entre dos Estados o grupos de Estados. Políticas y estrategias de contención, penetración política, inoculación e infiltración de fuerzas irregulares desestabilizadoras, espionaje y contra-espionaje, ingredientes que no pueden faltar y que forman parte inherente de una guerra no declarada, que se lucha en campos de batallas irregulares.

Uso de la fuerza simbólica, reforzamiento de capacidades bélicas ofensivas y defensivas, competencia bélica, satelización de países y espacios geográficos, en fin, la búsqueda por proyectar poder y evitar ser objeto de una “asfixia diplomática, militar o económica”. De esto se trata un conflicto frío, una que estamos observando desarrollarse en el norte de América del Sur. Colombia y Venezuela libran, hoy mismo, una Guerra fría.

El resto de países observan. Algunos aprenden. Otros, sobre todo las potencias mundiales y regionales (o que aspiran hacerlo) miden fuerzas en esos dos mismos países. Colombia y Venezuela, tal vez no lo saben, pero forman parte de los resabios de la última guerra fría mundial entre el gigante Soviético (hoy Rusia) y los Estados Unidos.

Los EE.UU se resisten a dejar la región, si alguien pensó que la indiferencia de la Casa Blanca por Sudamérica era real, se equivocan. Ellos afirman su presencia conteniendo a esta Venezuela chavista no porque se le tema por sus nuevas capacidades bélicas o tal vez el efecto de contagio de su Socialismo del Siglo XXI, sino que más que todo, por la cauta, pero clara presencia de Rusia en la región. Gallitos geopolíticos de alto nivel miden las fuerzas de los antiguos herederos del conflicto entre Occidente y Oriente.

La cristalización de una relación de dependencia político-estratégica colombiana hacia los EE.UU será beneficiosa para Bogotá: hace reposar su disuasión general y específica sobre los hombros de los Estados Unidos, mientras se aboca a luchar contra la insurgencia.  El Departamento de Estado de Obama tiene claro que chavismo no responde a un hecho meramente  coyuntural, sino que es estructural. Llegó para quedarse.

En este sentido, la nueva naturaleza de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre la región necesitan repotenciar instancias de dialogo en seguridad y defensa, en política exterior y de cooperación. UNASUR, Consejo de Defensa Sudamericano y la OEA deben adecuarse a estas nuevas realidades a fin que ningún conflicto “frío” llegue a transformarse en una Guerra caliente.

Ya lo habíamos señalado en otras líneas, estos tres organismos deben dotarse de sistemas de “alerta tempranas”. Identificar riesgos para la seguridad regional, establecer patrones de escalada de conflictos, estrategias y medios de intervención preventivas. La anticipación implicará, de toda evidencia, inaugurar los antiguos debates relativos a la soberanía. ¿Cuáles deben ser los márgenes de acción y de intervención de estos nuevos órganos políticos, diplomáticos y militares regionales?

La OEA está llamada a reformarse, constituirse en un órgano  que busque evitar conflictos y su escalada.

Esta  Guerra fría entre Colombia y Venezuela tiene una particularidad: no existe entre ambos países un espacio de “liberación” de tensiones, como fue entre la URSS y los EE.UU. No existe un “espacio” de evacuación de hostilidad. Este “campo de batalla” es, en este caso,  la frontera entre ambos países. Peligroso. Una suerte de “no man´s  land” en donde paramilitares, traficantes y fuerzas narcoterroristas abundan. El peligro es lógico: una confrontación directa o de “arrastre” entre ambos países. La OEA está llamada a intervenir, hoy, ahora antes que sea demasiado tarde.

Colombia y los Estados Unidos firmarán estos días el mentado acuerdo militar que sellará un nuevo capítulo en la presencia del gigante del norte en los “asuntos internos sudamericanos”. Ni el UNASUR  ni el Consejo de Defensa Sudamericano lograron doblar la mano a esta nueva presencia militar norteamericana.  

Dicho acuerdo cristaliza, sin lugar a dudas, el surgimiento de un nuevo orden geopolítico regional en el espacio norte de Sudamérica. Los Estados Unidos nos recuerdan que siguen siendo el poder hegemónico en el hemisferio.

La presencia permanente y la concentración de fuerzas estadounidenses en Colombia significa una importante derrota política para Brasil, inflamará las ya difíciles relaciones entre Venezuela chavista y la Colombia de Uribe;  generará, además, un nuevo esquema de distribución del poder político y militar en la zona: Colombia surge como la plataforma de proyección de poder estadounidense hacia toda Sudamérica, tanto desde el punto de vista disuasivo, como persuasivo y coercitivo. Brasil, observa impotente cómo sus planes de erigirse en la única superpotencia sudamericana no es bienvenida por el nuevo liderazgo norteamericano.

Colombia es político-estratégicamente hablando, vital, para los intereses de la Casa Blanca: su posicionamiento geopolítico le permite “observar” tanto a Sudamérica como Centro América y el Caribe. Colombia sustituye el papel que desempeño en su momento Venezuela, Ecuador y Bolivia. No olvidemos que hace no más de diez años atrás, los EE.UU. estaban sólidamente implantados en dichos países, hoy han sido completamente desplazados. Solo quedan vestigios de su presencia.  

Resulta anecdótico constatar de qué manera los EE.UU., han logrado legitimar su presencia en dicho espacio geopolítico en gran parte gracias a los  mismos Estados que critican dicho acuerdo, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las FARC fueron y constituyen hoy en día un instrumento de proyección de poder chavista venezolano en Colombia. Ecuador, en su momento, observaba el transito transfronterizo de dicho movimiento sin reaccionar. Colombia sí lo hizo en forma preventiva y exportando su poder de fuego e inteligencia militar a territorio ecuatoriano.  Bolivia, al expulsar a las fuerzas antinarcóticos de la DEA, generó un vacío represivo y de inteligencia en contra de dichas fuerzas. En función de lo anterior, los EE.UU. justifican su presencia en Colombia. Solo ellos poseerían las capacidades para enfrentar a dichas fuerzas desestabilizadoras, el narcotráfico y las narcoguerrillas.

Brasil asi lo entendió y en su momento señaló la necesidad de implementar un Consejo Sudamericano de Lucha Contra el Narcotráfico. Hoy ya es demasiado tarde. Sobre todo si se confirma el mecanismo para la segunda reelección de Alvaro Uribe.

La presencia de los EE.UU. en la región generará nuevas hipótesis de conflicto. La colombiana/venezolana se cristalizará y reforzará. Lo que antes eran percepciones de amenaza, hoy y mañana serán hipótesis de conflictos. Brasil ve plenamente justificado su nuevo Plan Estratégico de Defensa, el que afecta los intereses argentinos en el Atlántico Sur, lo que la llevará de toda evidencia a revisar sus propios planes de seguridad.

La tentativa brasileña por dentificar nuevas fuentes de amenaza regionales, unificarlas en torno a riesgos comunes de naturaleza  no-tradicionales, como son los recursos naturales y energéticos no parece fructificar.  Estas últimas cohabitan con amenazas tradicionales que hoy parecen estar imponiéndose y comenzando a dominar la planificación de hipótesis de conflictos en la región.  

Brasil está embarcado en un amplio y profundo proceso de modernización de sus capacidades militares. La Estrategia Nacional de Defensa brasileña fue inaugurada recientemente, pero busca reorganizar y garantizar la seguridad de Brasil en el horizonte de los próximos 20 años.

Brasil ha sido claro en señalar las razones primarias que le impulsan a invertir un monto cercano a los 30 mil millones de dólares hasta el año 2021: la protección de sus recursos naturales, pero en forma general hablan de “proteger su territorio” y las nuevas fuentes de poder que éste encierra, como es la Amazonía, sus cuencas hidrográficas y la plataforma marítima brasileña rica en oro negro. Esta es la versión oficial. Sabemos que detrás de ello se esconden aspiraciones de potencia, lo que parece ser natural para un país que una vez se autoproclamó un “imperio” y que hasta hace una década y media  atrás competía con Argentina para ejercer un dominio sobre toda la región.

Hoy Brasilia inauguró oficialmente lo que debería ser un aspecto central en su carrera por constituirse en una superpotencia mundial, y en particular sudamericana.

Brasil lidera los llamados “procesos de modernizaciones bélicas” en la región, con un gasto del orden de los 26 mil millones de dólares tan solo este año.  Dicho plan consumirá un 0.7% del PIB anual en un periodo de 20 años. El Plan en cuestión identifica tres sectores estratégicos para la defensa brasileña: el espacial, el cibernético y el nuclear. No obstante ello, su efectomás inmediato  se refleja en el rol altamente disuasivo y coercitivo que se la asigna a la fuerza militar brasileña.

Un aspecto central de la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil está dado por dos puntos: El primero dice relación con la necesidad de dotarse de una capacidad de monitoreo/control, como ellos lo denominan. Poseer  fuerzas militares capaces de saber “donde y cuando” se concentran las amenazas. Asociado este último, los brasileños señalan la necesidad de desarrollar una capacidad de “responder rápidamente ante cualquier amenaza o agresión a través de la “movilidad estratégica”.  Una lógica “preventiva” se respira en dicho documento.

El segundo punto interesante es la reorganización de las necesidades de defensa: Brasil, reorienta sus “preocupaciones en defensa”, señalando que las hipótesis de conflicto ya no están centradas en el Sur y Sudeste, sino que “en el Norte, Oeste y Atlántico Sur”. Nelson Jobim, Ministro de Defensa brasileño advierte que “la Marina debe estar presente en la desembocadura del Rio Amazonas y en las grandes cuencas fluviales del Amazonas y del Paraguay-Paraná”. Mientras que el Ejército, señala, “debe posicionar sus reservas en el centro de país”, pudiendo de esta forma “desplazarse en cualquier dirección”. Una defensa “territorial” sudamericana se impone.

Finalmente, el documento es claro en señalar que, las FF.AA brasileñas deberán, “concentrar su presencia de unidades en las fronteras”, teniendo en cuenta que Brasil debe “estructurar el potencial estratégico alrededor de capacidades” militares de alta tecnología. La vigilancia del espacio aéreo y “sobretodo” (según consta en el documento del Ministerio de Defensa brasileño) del territorio nacional de Brasil, es una alta prioridad. No se descarta en absoluto que dicha vigilancia sea de espacios terrestres y aéreos “otros” que los nacionales. Lo que resulta obvio y necesario para cualquier posicionamiento de fuerzas en caso de crisis o conflicto.

¿Qué conclusiones generales podemos extraer de lo anterior? En primer lugar, Lula da Silva, establece que las principales amenazas brasileñas son “continentales”. Sudamérica genera aprensión en Brasil.  La nueva Estrategia Nacional de Defensa establece que sus fuerzas militares deben acrecentar aceleradamente y orgánicamente su potencial disuasivo. Se desprende de dicho documento que estas capacidades deben estar asociadas a una estrategia de uso de la fuerza, doctrinalmente defensiva, pero  operacionalmente ofensiva. El concepto de “proyectar fuerzas” está presente esporádicamente en todo el texto.

Se nos señala, asimismo, que las fuentes de amenaza se concentran, hoy, prioritariamente, en el Norte y Oeste de la plataforma continental. Estamos hablando de la zona Amazónica y de los espacios fronterizos que les están asociados, como son, Ecuador, Venezuela, los EE.UU (Colombia) y un actor gatillador, las FARC. Argentina, dejó amplios espacios vacíos, llenados por la Venezuela chavista y los EE.UU., aunque es de esperar que el próximo gobierno trasandino comience a enmendar este punto, sobre todo frente al hecho que Brasil identifica que debe expandir su presencia en el Atlántico Sur (en desmedro indirecto de la presencia natural argentina).

Brasil necesita, estratégicamente, a fin de llevar a cabo esta nueva Estrategia de Defensa, recursos y capacidades militares.  Por ello, su programa de modernización bélico no se verá detenido por ninguna campaña mediática peruana. Por ello, la disminución de aprensiones políticas de determinados países de la región como el mismo Perú y Paraguay, por ejemplo, pasa absolutamente por “transparentar” capacidades e intenciones, más que con iniciativas irrealistas que conllevan a firmar pactos de no agresión que atan, prohibitivamente, los márgenes de maniobra de los países regionales, pero sobretodo buscan establecer desestabilizadores proceso de desarme. Brasil, en particular, no permitirá, bajo ningún punto de vista, verse impedido de materializar su programa estratégico sobre la base de una limitación de sus gastos en defensa, como lo quiere Alan García.

Brasil ha dejado en claro que hoy más que nunca la disuasión es el pilar central de la paz en la región. Tanto Chile como Brasil lo han comprendido y actúan en consecuencia, siempre de la mano de la transparencia.

La homologación de gasto en defensa constituye, en este sentido, el camino a seguir, así como el reforzamiento de dos organismos regionales de seguridad, defensa y de coordinación de politicas exteriores como son el UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. En Torre Tagle olvidaron que un Pacto de No Agresión ya fue firmado por todos los Estados cuando, al adherirse a las Naciones Unidas, quedó en claro que la guerra como medio de resolución de conflictos en la escena internacional es ilegal e ilegitima.

Frente a lo anteriormente consignado, la campaña regional de visitas de los Ministros peruanos tendrá un claro efecto mediático, en especial, por lo politicamente correcto del motivo. No obstante elllo,  sus efectos reales solo se dejarán sentir en el plano interno limeño al privar a la población peruana de los jefes de sus respectivas carteras, en momentos en que la prioridad del regimen de Alán García debería ser trapasar los exitos macroeconomicos a los bolsillos y percepciones socioeconómicas de la poblacion peruana que tanto lo necesita.

El Ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal, fue categórico en señalar a su par peruano, Rafael Rey, que la reanudación de relaciones “normales” entre ambas carteras dependía de avanzar o no en la senda de la homologación de gastos en defensa.

Al parecer, Chile, está al fin adoptando una política exterior de defensa y seguridad más activa y no pasiva como parecía ser hasta el momento.  La Presidenta Michelle Bachelet ya lo había señalado en ocasiones anteriores. Es un ofrecimiento reiterado realizado a Perú desde el año  2002: transparentar los gastos o la inversión en defensa de ambos países debe ser una prioridad a fin de evitar “malos entendidos”. No son las armas las que generan inseguridad sino que las intenciones. Chile ha sido reiterativo: no posee demandas territoriales con ningún país de la región, ni políticas de expansión de su poder político.

Chile ha planteado a su homologo limeño la implementación de la “Metodología Estandarizada Común para la Medición de los Gastos de Defensa” elaborada por la CEPAL. De acuerdo a esta modalidad, dicho organismo entiende que el “gasto en defensa” dice relación con materializar actividades cuyo efecto directo es salvaguardar la seguridad nacional. Clarifica, de esta forma, la naturaleza y objetivo de los recursos asignados a la defensa. Automáticamente quedan fuera los gastos en pensiones a militares en retiro, por ejemplo, las fuerzas policiales de control interno o fronterizo, Defensa Civil, entre otros. Según la CEPAL, a fin de estandarizar la cantidad de recursos que van a reforzar las capacidades militares operacionales, el gasto en defensa es aquel que está focalizado en proteger las fronteras políticas internacionales ante amenazas externas. La seguridad interior no entra en dicha modalidad. He aquí la debilidad del sistema.

La falencia del método de la CEPAL dice relación con la existencia de situaciones de amenazas internas graves que justifiquen y expliquen la adquisición de sistemas de armas en cantidades y cualidades que pudieren, bajo otras circunstancias, ser utilizadas ya no para fines de seguridad interna, como podría ser la lucha contra narco guerrilla (FARC), por ejemplo, sino que a fines disuasivos, coercitivos o persuasivos interestatales. El caso colombiano/venezolano puede ser visto como revelador de esta debilidad. ¿Qué sistemas de armas se justifican para la lucha contra la guerrilla? El caso chileno/peruano también es afectado por esta lógica. No olvidemos que la amenaza del Sendero Luminoso en Perú se mantiene vigente.

Desde la perspectiva anterior, la existencia de amenazas graves para la seguridad interna en uno de los países que se asocian a esta metodología podría, bajo ciertas condiciones, afectar la seguridad externa tanto del mismo país pero sobre todo de aquel que no vivencia dicha problemática.

No obstante esta debilidad, la estandarización de gastos en defensa es un paso relevante en la generación de confianza mutua, siempre que ésta se encuentre asociada a mecanismos de verificación.

El Gobierno chileno debería apostar por llevar a cabo una asociación generalizada de los miembros del UNASUR a esta metodología de homologación de gastos en defensa.

Es una postura realista, que toma en cuenta  la naturaleza del sistema regional y mundial. Los Pactos de No Agresión estilo “guerra fría” no responden ni se aplican a una región que no ha conocido nunca una guerra regional, pero que sobretodo han disminuido a su minima expresión sus hipótesis de conflictos interestatales. La Guerra como medio de resolución de conflictos fue puesta fuera de la ley internacional desde el fin de la II Guerra Mundial que devastó Europa. Hoy, la integración regional viene de la mano de órganos como el Consejo de Defensa Sudamericano y del UNASUR. La defensa y la seguridad han sido adoptados como el punto de partida de esta nueva forma de integración, embrionaria, sí claro, pero un proceso de acercamiento al fin y al cabo. No hay lugar para pactos que impliquen la hipótesis de agredir a otra entidad política estatal. Por el contrario, sí hay una necesidad y un espacio para estandarizar los gastos normales y naturales dedicados a la defensa y seguridad en un sistema internacional sometido a una anarquía estructural.

Buena iniciativa del Ministerio de Defensa. Ahora a debutar una cruzada regional a fin de transformarla en una estructura propia a los nuevos organismos de seguridad de inspiración brasileños.

El 6 de diciembre próximo tendrá lugar en Bolivia una de las elecciones más singulares que dicho país haya conocido. La Bolivia refundada, la Bolivia plurinacional, aquella que entregó el control de todos los recursos naturales al Estado, está siendo hoy llamada a pronunciarse sobre quién dirigirá sus destinos los próximos seis años (2010-2015).

Con una Oposición profundamente dividida, pero con un apoyo que bordea el 57 % de aprobación ciudadana, el liderazgo de Evo Morales se ha constituido en un dolor de cabeza no solo para actores nacionales bolivianos, como es Manfred Reyes Villa o Doria Medina, ambos candidatos a la presidencia y representantes de la “oligarquía mestiza” que perdió el poder en Bolivia en favor de la mayoría indígena, sino que también para Torre Tagle y Alán García.

Poco pueden hacer estos personajes para modificar esta situación. La refundación boliviana de Evo es asentida por esa mayoría que permitió la transformación de la institucionalidad paceña, incluidos los militares. La ciudad  de El Alto, baluarte de estas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, observa cuidadosamente la evolución y administración de dicha refundación. Ellos poseen el poder de facto, y lo han reservado para Evo Morales y García Linera en las urnas. Con la estatización de los recursos naturales, entre ellos uno de los principales, el gas, Evo se asegura que las arcas estatales seguirán financiando su electorado.  La burocracia estatal “gobernada” por esa clase media mestiza garantiza la perennidad del sistema. Nada de lo que haga esta Oposición fragmentada puede impedir el mantenimiento del MAS en el poder político boliviano.

Si no existen temas de fondo en el ámbito interno que modifiquen el mapa electoral, factores externos, de alta sensibilidad histórica están tomando fuerza: Mediterraneidad y Silala. En otras palabras, la política exterior de Evo Morales hacia Chile, Perú y el espacio chavista.

Estos últimos días ha llamado la atención el comportamiento de ciertos actores del sistema político boliviano, en particular el ex mandatario Carlos Mesa. Este último, reconocido por su postura "properuana" y según algunos, "antichilena", no está escatimando esfuerzos por debilitar la postura de Evo hacia Chile. Autor intelectual y promotor bajo su mandato de la lógica de la “molécula de gas” en contra de Chile, socio y aliado natural del mandatario peruano, Alejandro Toledo, está promoviendo activamente reactivar la doctrina nacionalista boliviana saavedrista, es decir, reivindicacionista de una salida soberana al mar. Mesa, junto a Reyes Villa, forman parte de la Oposición al líder indigenista, pero de esa oposición paceña que monopolizó el poder por  todo el siglo pasado y que instauró, en dicho país, un sistema presidencial del tipo “parlamentario” que no hacia más que repartirse cuotas de poder bajo la lógica del “juego de la silla musical”.

 Hoy el liderazgo de Evo es más fuerte que nunca. Un punto débil en su política externa son Chile y Perú. Chile, por el acercamiento sin precedentes  hacia nuestro país. La Agenda de 13 puntos es el más claro y publico ejemplo. Pero no el único. También una osada diplomacia militar. Un alineamiento a posturas  exteriores chilenas poca veces vistas. Esa será su debilidad, mientras no sea cuestionada por la dirigencia de base del MAS.

Esta clase política boliviana ha formado un todo casi orgánico en su postura hacia Chile. La política exterior boliviana no era más que la extensión de la peruana. Eso se terminó. En este sentido, la postura de Carlos Mesa es reivindicatoria no solo de la demanda marítima paceña, sino que también de la postura de dependencia de la política exterior boliviana hacia la peruana, hacia aquella de Torre Tagle.

García Belaunde, canciller peruano, está tratando de recomponer las relaciones con esa facción de la oposición boliviana y de paso, el Perú interviene indirectamente en la política interna de Bolivia. La reelección posible y probable de Evo Morales constituye una clara amenaza para los intereses peruanos en Bolivia. Minimizar sus efectos, pero sobre todo, reactivar  sus “activos” en el sistema político boliviano estimularán aún más una retorica antichilena, y ahora, antimasista por parte de Carlos Mesa así como de esa Oposición  deslegitimada hasta lo más profundo de sus cimientos políticos.

Hay una estrategia peruana en orden a identificar a Chile como el líder de una supuesta carrera armamentista en la región. Ya se había señalado en una nota anterior: se quiere crear la imagen de un Chile que se arma con fines belicistas y ofensivos. Desde La Moneda y quien escribe ya han dejado en claro que el país no ha construido, como Alán Garcia y su Torre Tagle, diferendos territoriales ni marítimos con ningún país vecinal ni regional. Chile está conforme con sus fronteras, por lo tanto su política de defensa es doctrinalmente defensiva.

No obstante lo precedente, la estrategia peruana mantiene su rumbo. Decidió, tal y como Bolivia una vez lo hizo, “internacionalizar” su denuncia: Chile y “otros” países sudamericanos están embarcados en una carrera armamentista. Un pacto de no agresión, al más puro estilo de la Guerra fría estan promoviendo Alan y sus ministros, como la forma de evitar un supuesto conflicto en la región.

Ya sabemos  que la política exterior peruana y de defensa sigue los alineamientos del “estilo soviético”: real politik asociada a una vistosa campaña de imágenes altamente simbólicas. La postura peruana es “políticamente correcta”, por lo tanto siempre será bienvenida en los foros internacionales, con mayor razón si la despliegue ante el Papa. Pero tiene debilidades de fondo.

Chile, al no poseer demandas territoriales con sus vecinos ni tampoco ejercer una política de potencia hegemónica sobre el espacio regional o vecinal, ni menos aun una de expansión ideológica fuera de sus fronteras, no genera amenaza para la paz internacional. Los hechos lo demuestran. No existen fundamentos que permitan a Perú “acusar” a Chile de estar embarcado en una carrera armamentista. Transparencia, verificación y políticas de cooperación militar regional caracterizan la institucionalidad de la defensa chilena. Chile no posee ni misiles balisticos, ni menos aún una politica núclear militar. Las acusaciones se sustentan en retórica y en la construcción de imágenes falsas y tendenciosas. Chile debe dejar de llevar a cabo una estrategia defensiva en el ámbito diplomático y adoptar una lógica ofensiva.  Mostrar todo su peso político, económico y disuasivo en el ámbito regional e internacional. Las estrategias pasivas y reactivas deben ser  minimizadas.

La gran debilidad detrás de la estrategia peruana, es sin embargo otra.  

La región estaría, según esta visión, embarcada en una carrera armamentista, pero Perú olvida que es Brasil quien la lideraría, el gigante brasileño con ansias de expandir y reforzar su poder político bajo una lógica cuasi hegemónica. El Perú al ventilar esta nueva emulación militar acusa en primer lugar a Brasil con un gasto cercano a los 26 mil millones de dólares.

En segundo lugar de esta supuesta carrera armamentista se encuentra uno de los más relevantes aliados de los EE.UU en la región: Colombia (6 mil millones de dólares). Tan estrecho es este aliado que firmó recientemente acuerdos de cooperación con el gigante del norte a fin de instalar bases militares FOL en su territorio. Ninguna presión regional, incluso la brasileña, lo persuadieron de dejar de lado dichos acuerdos. Alán García deberá lidiar con este segundo país en su propia carrera mediática.  De imponerse la idea de Perú, primero, Brasil deberá justificar sus gastos militares, luego Colombia. La imagen de Brasil como una potencia cooperativa está en juego frente a la lógica hegemónica que estar asociado a una carrera armamentista presupone. Más atrás viene Chile, con un programa de modernización bélica transparentado hasta la saciedad. Venezuela le sigue de cerca, pero a diferencia de Chile, sí posee una retórica ideológica expansionista y de creación de “Estados satélites”.

El gran temor peruano hoy es que solo puede “correr” con su vecino ecuatoriano. Su gran problema es que las debilidades estructurales, tanto políticas como micro económicas, le impiden embarcarse en un proceso de adquisiciones bélicas como los del período de Velasco Alvarado, cuando Perú fue el único país de la región que recibió modernos sistemas de armas soviéticos. ¡Claro!, eran otros tiempos, de la Guerra Fría. Esos mismos tiempos a los que responde  el actual  proyecto de “pacto de no agresión” peruano. Un desfase histórico de proporciones pero fácilmente explicado por la percepción de debilidad política, social y bélica del vecino país del norte.

En algo tienen razón en Torre Tagle y el señor García Belaunde, Ministro de RR.EE del Perú, Chile no debe ser hipersensible a la retórica peruana, por el contrario, dirigirlos hacia los dos principales aludidos y “afectados” por la acusación peruana: la Cancillería y el Gobierno  brasileño y luego al Gobierno de Uribe, aliado natural (y casi único) de los Estados Unidos en Sudamérica.

Difícil tarea espera a Torre Tagle…

Interoperabilidad, esta es la palabra clave para comprender la naturaleza y el alcance práctico del Ejercicio Salitre II que llevará a cabo la Fuerza Aérea de Chile en conjunto con otras fuerzas de los Estados Unidos, Francia, Brasil y Argentina en Antofagasta entre el 23 y el 28 de octubre próximo.

No existe un trasfondo disuasivo de carácter regional detrás de este evento. No debería haber segundas lecturas en torno a la utilización del espacio norte de nuestro país en dichos ejercicios. Razones prácticas hacen que el cielo norteño esté capacitado para desarrollar este tipo de programas que si bien son de naturaleza militar, tiene como finalidad última preparar a la FACH para operar en un escenario combinado de imposición de la paz en cualquier parte del mundo.

Si se tratase de potenciar la disuasión sobre el vecino país del norte, para eso están los diferentes ejercicios de carácter internos, asociados a interoperabilidad entre las diferentes capacidades terrestres, marítimas y aéreas de las Fuerzas Armadas chilenas. La defensa y disuasión nacional es un asunto interno y no necesita del concurso de fuerzas foráneas.

Señalemos que el Ejercicio Salitre 2009 no será operacionalizado en la frontera con Perú, sino que entre Iquique y el norte de Tocopilla. Al interior de territorio chileno.  Diferentes razones prácticas han coincidido a fin de elegir este espacio aéreo y territorial como la base de operaciones: un bajo tráfico aéreo en el norte, una capacidad logística óptima de las bases aéreas del norte y condiciones meteorológicas excelentes.    

No obstante lo anterior, desde Perú, siguiendo con la lógica de “construir” una nueva parte del caso presentado ante La Haya, parecen buscar instaurar la idea y la imagen regional de un Chile agresivo, que “se arma” con fines ofensivos, que alimenta percepciones de amenaza militares y que se prepara para la guerra. Un Chile que genera inestabilidad regional.

En función de ello, se ha construido aceleradamente una nueva arista del “caso La Haya”. Una lógica y retorica de denuncia del ejercicio combinado Salitre II ha sido profusamente ventilado en los medios locales peruanos, junto con una ventilación en la ONU de la idea del “pacto de no agresión” y de la idea de una “carrera armamentista”. Lo anterior, no obstante que Brasil ya señaló que tal idea de carrera armamentista no existe y que, alineándose con la postura chilena, procesos de modernización de sistemas obsoletos han sido llevados a cabo.

Desde esta perspectiva, el ejercicio a realizarse en Antofagasta, en conjunto con fuerzas aéreas de otros cuatros países, aparece, desde la visión limeña, como una nueva señal de La Moneda en cuanto a que Chile estaría adoptando una postura contraria al sistema de convivencia pacífica y cooperativa internacional. Esta es la imagen que desde el Rimac se estaría edificando en función de Chile. De la misma forma, se ha señalado que el despliegue de estas fuerzas estaría dirigido hacia ellos, en una lógica disuasiva. Que éste evento multinacional abrigaría un carácter ofensivo y agresivo hacia el país del norte.Nada más alejado de la realidad desde la perspectiva del ejercicio practico.

Salitre II, tiene como objetivo central generar espacios de interoperabilidad entre diferentes fuerzas aéreas, adoptando métodos propios a las operaciones combinadas entre dichas fuerzas y capacidades de tierra y marítimas chilenas. Se busca planificar y ejecutar, finalmente, operaciones conforme a los procedimientos internacionales de participación en misiones de paz, en específico de imposición de ésta, según el mandato de la ONU. Mientras en Brasil se realiza cada dos años el ejercicio CRUZEX, en Chile realizamos el SALITRE.

La FACH necesita estar preparada para requerimientos presentes y futuros, tanto en su aspecto disuasivo vecinal como cooperativo en el ámbito internacional. No caben mayores interpretaciones. La problemática peruana en función de este ejercicio combinado internacional  responde a necesidades de política interna, más que ha percepciones de amenazas reales. El general en retiro de Ejército peruano, José Graham, lo corrobora. Solo un ejercicio.

Ni la presión diplomática de los EE.UU, de la OEA ni aquella de las potencias regionales lograron establecer puntos de negociación a fin de permitir a Manuel Zelaya retomar el poder político y dirigir su país a elecciones generales que permitan, finalmente, a la población decidir quién será el que gobernará.

Hoy, Zelaya se encuentra en Tegucigalpa. Solo una operación de inteligencia pudo permitir al depuesto mandatario retornar a su país, aunque se encuentre, técnicamente hablando, en territorio brasileño.

Un primer paso está dado. Brasil está asumiendo un riesgo enorme al permitir que su embajada se convierta en una plataforma política del depuesto presidente. El riesgo radica en que se apuesta a que el impasse conozca un desenlace rápido y pacífico. Retomar el dialogo, negociar y permitir que el actual gobierno en Honduras sea objeto de una amnistía general, incluyendo a todos los personeros de facto y también a Manuel Zelaya. Borrón y cuenta nueva.

La experiencia reciente demuestra que el Gobierno de Roberto Micheletti está convencido que detrás suyo está la legitimidad de un régimen "salvador" de la institucionalidad democrática hondureña. Se aprecia que todos los estamentos políticos e institucionales apoyan, hasta el momento, está visión y postura. Diferentes motivos lo explican, entre otros, el temor a perder el control del aparato público y las prerrogativas y privilegios de la clase dirigente.

Esta misma experiencia reciente nos señala que Micheletti no es fácilmente disuadido ni persuadido de tomar o no tomar ciertas decisiones que implican hacerse a un lado.

La pregunta que surge es si Brasil y la comunidad regional está esperando un resquebrajamiento de este apoyo incondicional de la institucionalidad interna que sostiene al gobierno de facto. Un resquebrajamiento que genere un “contragolpe”, esta vez “restaurador” de la legitimidad democrática.

De producirse un “contragolpe”, en donde los militares sean los encargados de restituir al depuesto mandatario, estaríamos frente a un complejo escenario. Aquellos que criticaron y condenaron el accionar militar hondureño, terminarían por aplaudirlo.

Ante una perpetuación del gobierno de facto, ante un hostigamiento directo de las fuerzas de orden hondureñas en contra de la embajada brasileña y ante un incremento de la violencia interna, el contragolpe aparecería como el mal menor.

Nada es descartable antes de ver que la jugada brasileña termine en un fracaso diplomático y político de proporciones. ¿Nada más democrático que un "contragolpe" restaurador del estatus quo ante?

El 24 de agosto de 1939, el Tercer Reich Alemán firma con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el ya famoso Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop. El pacto comprendía la división de ciertos espacios europeos en “zonas de influencias”, neutralidad si uno de ambos era atacado, inhabilitarse en caso de alianzas dirigidas hacia cualquiera de ellos, además de protocolos secretos.

Esa Europa estaba gobernada por la fuerza, la guerra misma no había sido puesta fuera de la ley internacional, como ocurre después de 1945. Todo lo contrario, la guerra era un medio legítimo para resolver disputas. La disuasión no primaba como medio para neutralizar apetitos territoriales, solo la neutralización de la fuerza por medio del uso directo y generalizado de ésta misma lograba este objetivo. Solo la guerra, el conflicto militar permanente.

El Pacto de No Agresión sovieto-nazi, tenía una razón de ser clara: ambos países se temían, pero sobretodo, utilizaron dicho pacto desde una óptica estratégica, ganando tiempo para prepararse de mejor manera para una conflagración generalizada. La fuerza militar se adquiría no para hacer creíble su utilización y así no tener que servirse de ella, todo lo contrario, para dominar, conquistar y anexar. La paz se adquiría por medio de un armisticio permanente en espera que en los años a venir se retomara el combate. La guerra era inminente. Un medio de resolución de disputas internacionales que primaba por sobre cualquier otro.

Los pactos de no agresión anulan el valor de la disuasión y se cae en una forma particular de idealismo. Un papel firmado no estimula la paz, sino que actos y actitudes altamente responsables que pongan un fin a escaladas de cuestionamientos territoriales incesantes tal y como fue el caso de la cristalización definitiva de las fronteras de Europa Occidental entre la Alemania reunificada y Polonia.  En 1990, Alemania reconocía la línea Oder-Neisse como su frontera definitiva con Polonia. Alemania dejaba de ser un Estado revanchista y optaba por el status quo definitivo. Ningún pacto de no agresión era necesario con Polonia. Un solo gesto de conformidad territorial bastó, junto a una integración a la OTAN y sus principios.

Un Pacto de No Agresión implica la existencia de intereses de potencia. Dos potencias identificándose como adversarias políticas, económicas y/o militares deciden congelar la hostilidad que les opone para reconfigurar un espacio geopolítico y geoestratégico de acuerdo a intereses de expansión ideológicas. Luego, enfrentarse directamente y buscar la hegemonía por la fuerza.  

 
Sudamérica atraviesa por una fase de restructuración de los equilibrios estratégicos. No podemos negarlo. Nuevas potencias están surgiendo, otras reclaman ese estatus dormido, mientras otras esperan fin a de dotarse de medios que les permitan influenciar el sistema regional de poder. Lejos estamos de encontrarnos en un estado prebélico a nivel regional. Los procesos de modernizaciones militares de algunos países sudamericanos responden esencialmente a una lógica defensiva, tal es el caso de Chile y Venezuela, el caso brasileño responde, sobre todo, a una búsqueda por un liderazgo cooperativo no solo regional sino que mundial también. Ninguno de ellos, tampoco pareciera ser el caso chavista, buscan utilizar la modernización militar a fin de expansión territorial, de conquista y anexión.  

La disuasión gobierna las relaciones regionales. Una disuasión que debe reforzarse constantemente como resultado de Estados que han adoptado una política de constante cuestionamiento de los estatus quo territoriales, otros que han adoptado estrategias de “ataques preventivos”, otros que generan aprensiones en función de ideologías “expansionistas”, finalmente otros que buscan incrementar sus estatus políticos regionales y mundiales.

Para la disuasión, los pactos de no agresión debilitan la credibilidad de la amenaza, pudiendo generar el efecto contrario.

El Gobierno peruano necesita hoy impedir que la brecha en cuanto a modernización bélica no siga creciendo, no solo en función de Chile, sino que también de Brasil, quién fue hasta hace una década una de las principales fuentes de amenaza directa, pero también Venezuela, por el efecto ideológico que su margen de maniobra militar puede darle en función de su influencia sobre Bolivia.

No es necesario un pacto que inhiba una  agresión cuando un Estado, como Chile, no posee intenciones de expansión territorial, cuando no tiene planes de proyección de un poder hegemónico ni menos exportar su modelo de desarrollo.

El anuncio de la adquisición de un avanzado sistema de misiles tierra-aire ruso, el  S-300 Smersh (Torbellino) no ha generado reacciones oficiales por parte de los países de la región. Al menos éstas no son oficiales.

Este sistema antiaéreo ya es ampliamente conocido por los principales medios especializados en materias de defensa y seguridad y aparece habitualmente analizado por analistas israelíes y estadounidenses. La posibilidad que Irán adquiera el S-300 ha impulsado a Israel a indicar que su adquisición por Teherán constituye una ”línea  roja” y casi un casus belli. La razón es simple: las características técnicas y operacionales del sistema en cuestión constituyen un obstáculo casi invulnerable para las fuerzas aéreas convencionales. La política israelí frente a esta posibilidad ha sido variada: desde presiones diplomáticas veladas sobre Rusia, pasando por la adquisición de sistemas aéreos furtivos, para finalizar con la amenaza de desarrollar un sistema que lo neutralice, punto que, para los rusos, no es comercialmente aceptable.

El Smersh posee la capacidad de detectar hasta seis objetivos en forma simultánea y sobretodo, limitar al máximo las tácticas de vuelo rasante que permiten, a potencias pequeñas, neutralizar los sistemas de radares antiaéreos adversos.

Al final del camino, la incorporación de este sistema de arma a los arsenales sudamericanos constituye un hito por cuanto se  introduce una capacidad bélica, defensiva en principio, pero que utilizada al interior de una estrategia de proyección de fuerza, puede constituirse en un arma ofensiva. Lo precedente tiene el potencial de producir un verdadero movimiento telúrico en los equilibrios de fuerza en el espacio norte de Sudamérica.

Los “cohéticos”, a los cuales hace referencia Hugo Chávez, importan desde Rusia un nuevo estimulo político-militar, no para adquirir más armamento, sino que absorber sistemas de armas muchos más avanzados, en particular sistemas que incluyen capacidades misilisticas que ponen en jaque un orden basado en la disuasión "defensiva". 

Hemos esperar que de concretarse ésta operación, en donde se plantea que Moscú ya acordó un préstamo de 2 mil millones de dólares a Venezuela, el efecto dominó de adquisiciones y contra-adquisiciones no termine por desatar una verdadera  carrera armamentista regional. Colombia reaccionará, a lo que podría seguir Ecuador frente a la reacción de Uribe, y así, hasta englobar al conjunto de la región en un efecto cíclico de adquisición de sistemas de armas multiroles.

Transparentar la naturaleza de los sistemas de armas no disminuye las percepciones de amenaza y riesgos de los países de la región, sí las razones que estimulan de tales procesos de modernizaciones bélicos. El “porqué y para qué” de estos procesos de absorción de armamentos es vital si no se quiere generar un clima de inestabilidad política en la región.

El cuestionamiento de límites fronterizos o de espacios territoriales, asi como políticas  de expansión de modelos ideologicos, claramente ayudan a responder a las preguntas anteriores.

En la próxima reunión del Consejo de Defensa Sudamericano, en Quito, Ecuador, ya han urgido voces desde Lima en cuanto a que se exigirá a Chile “transparentar” sus procesos de adquisición. Chile ya lo ha hecho y de manera clara y contundente: al no poseer exigencias territoriales, está reforzando su disuasión.  Brasil también: defender sus recursos naturales y su plataforma petrolífera. Venezuela ha hecho lo suyo: defender la revolución del “imperialismo yanqui”.

Los “cohéticos” venezolanos, deben llamarnos  a reflexionar sobre las “líneas rojas” que no deben cruzarse en la introducción en nuestro espacio Sudamericano de determinados sistemas de armas, que  por sus naturalezas técnicas y operacionales pueden desestabilizar los equilibrios militares y político-estratégicos.   

La demanda peruana en orden a “transparentar” las inversiones en defensa si bien responden a un fenómeno real y generalizado en la región y que emana de un país cuyas condiciones políticas y económicas no le permiten, hoy, imitar a sus vecinos chilenos, brasileños y venezolanos, puede abrir la puerta a una amplia y profunda discusión en torno a los limites que deben ser introducidos a fin de preservar finalmente la paz en la región.

Brasil está embarcado en un amplio y profundo proceso de modernización de sus capacidades militares. El Plan Estratégico de Defensa ya fue lanzado con pompas y platillos. La visita del mandatario galo es prueba de ello.

 Brasil ha sido claro en señalar las razones primarias que le impulsan a invertir un monto cercano a los 14 mil millones de dólares hasta el año 2021: la protección de sus recursos naturales, pero en forma general hablan de “proteger su territorio” y las nuevas fuentes de poder que éste encierra, como es la Amazonía, sus cuencas hidrográficas y la plataforma marítima brasileña rica en oro negro. Esta es la versión oficial. Sabemos que detrás de ello se esconden aspiraciones de potencia, lo que parece ser natural a un país que una vez se autoproclamó un “imperio” y que hasta hace una década y media  atrás competía con Argentina para ejercer un dominio sobre toda la región.

Hoy Brasilia inauguró oficialmente lo que debería ser un aspecto central en su carrera por constituirse en una superpotencia mundial, y en particular sudamericana. Existe un cuestionamiento en “voz baja” sobre las reales intenciones brasileñas, nadie en el espacio sudamericano critica abiertamente este proceso, salvo Paraguay con quien Brasilia ha mantenido estos últimos años fricciones políticas. El resto observa y calla. En Argentina las críticas veladas desde su Comunidad de Defensa siguen. Preguntándose cuando será el turno de sus propias fuerzas armadas, haciendo hincapié en los procesos de modernizaciones chilenos y brasileños. 

Simultáneamente a esta noticia brasileña, en Chile se da inicio al proceso de desmantelamiento de la llamada Ley del Cobre que garantizaba un canon del 10% de las ventas del metal rojo para las FF.AA. La idea que subyacía era garantizar flujos permanentes de recursos hacia el repotenciamiento de las capacidades disuasivas chilenas. Materializar el  “nunca más disuasivo”

Asociado a la información anterior, ampliamente divulgada, se conoce la pronta aparición del tercer Libro Blanco de la Defensa: Chile transparenta sus intenciones y capacidades, junto con establecer reiterativamente que no posee reivindicaciones territoriales con ningún país vecinal.

 
En ambos casos, en el de Brasil y en el de Chile, los procesos de modernización de sus capacidades bélicas son cualitativamente relevantes. La defensa de “nuevos intereses” y de “nuevos estatus” impone aggiornar dichas capacidades de intervención cooperativa con otros Estados, pero también cristalizar las capacidades de reacción y acción frente a entidades políticas estatales sobre quiénes la credibilidad de la amenaza es la única forma de evitar lo impensable.

Brasil, como dijimos, “transparenta” sus objetivos políticos detrás de esta restructuración de su fuerza. Chile tiene la debilidad de no ser claro en este aspecto, lo que conlleva a, por ejemplo, una oleada de críticas instrumentales desde Perú. Desde Lima se señala que "no están claras" las razones que explican este proceso de adquisiciones, no obstante que frente a posturas reivindicacionistas limítrofes, a la inestabilidad orgánica de ciertos Estados vecinales, a la presencia de actores subnacionales que generan efectos dominós en cuanto a procesos de adquisiciones de sistemas de armas y la presencia de fuerzas ideológicas expansionistas y de naturaleza totalitarias, poco que da por justificar el proceso en cuestión.

Un aspecto central, de esta problemática, radica en dotarse de una seguridad relativa que permita fortalecer la credibilidad de la amenaza y por ende la disuasión, no obstante que ésta sea una de tipo ofensiva. Eso es lo que hace Chile. Se trata de una estrategia de potenciación limitada. Chile no busca, como Brasil, proyectar una capacidad de potencia a nivel regional ni menos aún mundial.

Ahora, y dados los cuestionamientos peruanos de esta medida, tantas veces exigidas, el Gobierno chileno "tira la pelota" hacia el campo peruano. Son ellos los que deberán debutar un proceso de transparencia de sus propias capacidades, pero sobre todo de sus intenciones políticas. La resucitación del Sendero Luminoso, de ser efectiva, les permitirá, en parte, explicar su propio proceso, pero con una credibilidad limitada.

La vulnerabilidad política  de la región no es una sorpresa para nadie.  Desde nuestra fundación como entidad plurinacional separada de la Península española, Sudamérica ha conocido fases de penetración política de fuerzas extraregionales.

Tal fue el caso de lo que denomino una “importación de rivalidades” de los poderes coloniales españoles y portugueses.  De allí, las luchas por supremacías de Brasil y de Buenos Aires (luego Argentina), hecho que conllevo a toda la región a acelerar el proceso de balcanización. Luego, será el caso de la conversión de toda América latina en un campo de batalla ideológico y politico por parte de la URSS y de los EE.UU. Cuba, Nicaragua, en algún momento Perú, Salvador entre otros, versus el resto de regímenes militares de tendencias derechistas o nacionalistas. América del Sur dividida por fuerzas extraregionales que veían en dicho espacio un lugar de resolución indirecta de sus disputas ideológicas globales.

Hoy, luego que la Guerra fría global terminó, vemos que otros tipos de “guerras frías” están gestándose. De menor intensidad, con un uso sistemático de medios e instrumentos de inteligencia, pero que implican rivalidades de entidades que se encuentran fuera de sus espacios o zonas de influencias geopolíticas, o al menos se pensaba esto.

Hugo Chávez, en su lógica por no permitir un encierro geoestratégico o una “asfixia política” por parte de los EE.UU., y sus aliados, ha incrementado su política de generar acuerdos, alianzas y partenariados con entidades que podrían materializar ese mundo multipolar al cual el espira. En dicho proceso, Chávez, ha dejado la puerta abierta a entidades estatales que desafían el orden mundial occidental, pero que sobre todo, buscan, como su régimen, escapar del aislamiento. Para ello, generan alianzas a fin de crear solidaridades utilitarias. Tal es el caso de la República islámica de Irán.

Hoy el mandatario  venezolano al generar una asociación especial con el régimen de Teherán, no solo deja ingresar a los ayatolás sino que también acelera y refuerza la presencia de actores estatales no visibles, como son los aparatos de inteligencia de países con los cuales Irán mantiene relaciones de rivalidad, como es Israel.

Luego de los ataques a las sedes israelitas en Argentina, la naturaleza de la presencia iraní en la región está adquiriendo nuevos bríos. Se aprecia que Teherán se ha dotado de una verdadera política latinoamericana, con  la implantación de una “cabeza de puente” firmemente establecida en Caracas. A lo anterior se suman la implantación en otros países del ALBA, Ecuador, El Salvador y Bolivia.
Diversos estímulos pueden alimentar la presencia de Irán en la región, como es generar focos de tensión diplomáticas para los EE.UU,. en la zona, atraer potenciales aliados en la ONU hacia su causa nuclear, por ejemplo; , romper la lógica del containement que pesa sobre su régimen, mostrar capacidades de expansión del régimen hacia espacios extraregionales o establecer núcleos de planificación y operativos de células del Hezbollá en la región.

De una cosa si estamos seguros, la diplomacia israelí en Centro y Sudamérica está mediática  y políticamente activa.
No olvidemos que el Presidente iraní Mahmud Ahmadineyad ya negó el Holocausto, apoya la organización libanesa Hezbollá y señaló que el Estado israelí no tiene derecho a existir. Asociemos a ello, el diferendo que existe con el desarrollo de un potencial militar nuclear por parte del régimen de Teherán, prohibitivo para el Estado hebreo.

La importación de una rivalidad del Medio Oriente a Sudamérica, viene emparejada con atisbos de una importación de una guerra fría entre Irán e Israel. Conflicto “frío” que se desarrolla en un espacio que ya fue objeto de actos terroristas sobre intereses judíos, como fueron el caso de la AMIA y de la embajada israelí en Argentina. Un conflicto invisible a nuestros ojos, pero que se lucha en forma descarnada.

Hugo Chavéz abrió la puerta, hoy también abre la ventana. La prueba de fuego estará dada por la resolución definitiva de la problemática nuclear iraní, a saber si ésta se resolverá por la vía diplomática entre la ONU e Irán o si Israel decidirá  lamentablemente  que ya no puede esperar más y que debe manu militari impedir la nuclearización del país de los ayatolás. En este caso, la "alianza" entre Irán y los países latinoamericanos se pondrá a prueba. Mientras tanto, la "guerra fría" silenciosa en sudamérica entre Irán e israel continua.