Cristian Leyton Salas

Intenso el debate sobre Chile, Argentina y Las Malvinas. Por un lado, el ex canciller Juan Gabriel Valdés plantea la necesidad que se difunda entre los chilenos "como una causa propia" el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, que disputa a Gran Bretaña. Dicha postura nos insta a que Chile apoye en términos militantes, decididos y públicos la llamada “causa argentina”, dándole la espalda a Inglaterra, un aliado extraregional histórico chileno. Por otro lado, observamos al embajador del Reino Unido, Jon Benjamin, no solo hacer una defensa cerrada del posicionamiento inglés sobre el sujeto, sino que además avanza de manera indirecta la solución final al problema: una consulta ciudadana vinculante a los habitantes de la isla (kelpers). Son ellos los que debería indicar si desean seguir estando bajo soberanía inglesa, una desvinculación total hacia la madre patria o asociarse a Argentina. 

A diferencia de ambas posturas, considero que Chile debe optar por una intermedia. Ni apoyar la causa trasandina, pero tampoco rechazarla. Chile no debe estar no con ni contra Argentina. Los intereses permanentes de Chile le dictan usufructuar diplomáticamente de ambas posturas antagónicas.  

Chile necesita cristalizar la emergente “amistad” trasandina en los ámbitos políticos, político-estratégicos y militares. Sabemos, y ellos también, que el posicionamiento geoestratégico chileno es delicado, más aún hoy cuando observamos que las fuentes de riesgo y amenazas están detenidas en el norte y que los años a venir podrían traernos escenarios de la mayor complejidad desde dicha zona. Chile necesita “pacificar” su frente oriental, pero hacerlo de manera permanente. La diplomacia chilena debe hacer entender a la Casa Rosada que es de su interés permanente y estructural cristalizar relaciones de paz, armonía y de intercambio de “favores” mutuos. Incluso deberíamos preguntarnos si, a final de cuentas, la solución final del “problema anglo-argentino” es o no del interés de Chile.  

El Reino Unido ha constituido, a lo largo del tiempo, un aliado extraregional de gran relevancia para Chile. Lo fue, no lo olvidemos, cuando la Dictadura trasandina vio en Chile una válvula de ajuste para su ilegitimidad interna. Si no hubieren sido los británicos, hoy el escenario chileno-argentino sería similar al que tenemos con Perú en el norte. Chile, necesita de “aliados extraregionales”, no en cuanto al mantenimiento de relaciones “carnales”, como aquellas que busco la Administración de Raúl Menem, con los estados Unidos de Clinton, sino que relaciones basadas en un respeto mutuo, en un intercambio privilegiado de naturaleza económica, pero sobre todo en un apoyo político y diplomático ante un escenario regional y vecinal de suyo complejo. 

Chile debe adoptar una “política de ambigüedad” en torno al tema de las Falklands o Malvinas. Un apoyo irrestricto, cierto, a las demandas trasandinas, en específico desde un punto de vista de la retórica, pero dejando en plena libertad de acción a las entidades privadas que permiten a dicha entidad isleña mantenerse respirando. Dicho apoyo es vital a fin de no aislar al país del entorno regional, pero no debemos caer en la retorica populista de corte internacionalista en cuanto a hacer nuestra una causa que nos es lejana, pero que sobre todo, pone en juego la seguridad diplomática del país. 

La “política de ambigüedad” debe ser capaz de indicar, a los argentinos, que si bien Chile solidariza con sus demandas, dicha postura no implica que desarrollaremos una hostilidad política con el Reino Unido. La ambigüedad implica que Chile entiende el posicionamiento trasandino, pero que no lo hace suyo. Chile no está por “multilateralizar” la pretensión argentina, sino que mantenerla dentro de los canales bilaterales anglo-argentinos. Chile debe adoptar la misma postura que exige de sus pares en el marco de las pretensiones bolivianas y peruanas. Ni más ni menos. 

A propósito del incidente de los soldados bolivianos en territorio chileno y la tendencia que se perfila allende el Desierto de Atacama...

La disuasión como Política de Defensa busca esencialmente neutralizar cualquier intención, por parte de un Estado, de llevar a cabo una acción bélica.  Se señala que la búsqueda de la seguridad por la disuasión  reposa esencialmente en la "racionalidad" del disuadido y ello en función a la relación objetivo/costo: "No ataco por que sé que perderé". La problemática asociada a este punto radica en el valor que el disuadido acuerda a los objetivos políticos fijados. En otras palabras, si la relación de disuasión se funda en principios que podríamos definir como racionales y objetivos, los costos ligados  a la puesta en practica de la amenaza (esta podría ser a la adquisición de  determinado territorio, por ejemplo) distan de serlo. 

El valor que cada Estado asigna a los objetivos políticos depende, en gran medida, al valor que estos entregan los costos del estatus quo: ¿Cual es el valor que Bolivia acuerda a no tener acceso al mar? ¿Cual es el valor que Perú asigna a ver perdida su demanda en La Haya?  El repotenciamiento de la postura de disuasión debe ser constante, con los costos que ello implica, en orden a justamente negar los objetivos in sitiu, preventivamente para la Diplomacia, sobre todo en periodos de cambios estructurales del equilibrio de poder regional, tal y como parece ser el caso actualmente.  

Atención: la disuasión,  no fundamenta su lógica en los costos bélicos de una derrota, sino que en los posibles costos políticos de una victoria, aunque esta sea en el corto plazo limitada. Una vez los cañones en silencio, será el turno de la diplomacia a trabajar el mediano o largo plazo.

Y uno de los escenarios más complejos para Chile se está materializando. El Perú está eligiendo al candidato nacionalista, Ollanta Humala, para que dirija los destinos de ese país por los próximos cinco años.

Más allá de las últimas declaraciones conciliatorias que el candidato emitió en función de este lado de la frontera, no es posible borrar con algunas pocas frases lo que ha sido una retórica dominante y sistemática del Presidente cacerista hacia Chile y sus intereses. No obstante ello, hagamos abstracción, por un momento, de la verdadera naturaleza política de Ollanta, en específico de su particular visión de competencia geopolítica con La Moneda y de su carácter eminentemente militarista.

 Ollanta de toda evidencia aprendió la lección ante su derrota electoral pasada cuando terminó por inclinarse ante su rival aprista, Alán García: Hugo Chávez, y el bolivarianismo que encarna, no solo, no debía inmiscuirse en la campaña, sino que sobretodo, no debía emitir señal alguna de apoyo a su candidatura. El líder chavista comprendió difícilmente el mensaje directo del candidato nacionalista y obró de la suerte. Sin embargo, un espacio vacío de poder quedó de manifiesto, Brasil, y el lulismo lo comprendió. De esta manera, Brasilia tomó el control de la campaña de Humala. ¿El resultado? Se operó un rápido proceso de reforma y de transformación, del fondo y la forma, de la propuesta política de gobierno del líder Humala. Ollanta no quedaba solo, sino que fue apadrinado por el poder brasileño.

La arremetida política de Brasilia de una u otra forma apaciguó los temores de la llegada, al Palacio Pizarro, de un Presidente de naturaleza bolivariana, con una agenda oculta –aunque muy visible en su Programa de Gobierno-, que implicaba una reforma total de la Constitución, la instauración de controles mediaticos, la nacionalización,  y expropiación de empresas “estratégicas”, la militarización de parte de la sociedad  y la tendencia a la perpetuación en el poder. No obstante que las aprensiones subsisten, la presencia del lulismo en la presidencia de Ollanta Humala debería tender a moderar ciertos impulsos naturales de corte chavistas del nuevo mandatario limeño.

¿Podrá Brasilia transformar el ADN nacionalista de Humala? ¿Podrá el lulismo impedir que el “velasquismo” de Ollanta, en búsqueda de afianzar su poder y legitimidad, decida potenciar el poder de las FF.AA peruanas, transformándolas en un pilar de su poder político? ¿Logrará Brasilia morigerar las transformaciones económicas que Humala intentará implementar a fin que su apuesta no resulte un nuevo fracaso en la Política exterior brasileña? ¿Podrá Brasilia impedir que, al igual que Toledo, el mandatario Humala escale políticamente -y por que no, militarmente-, sus diferendos con Chile?

No olvidemos un punto central: Existe una tendencia repetitiva en los diversos mandatarios que han llegado a la casa de Gobierno limeño, en función de su actuar con y hacia Chile, La Moneda y el Edificio Carrera: lo que apuntalan en la carrera presidencial no es lo que implementan una vez que son gobierno. Para no ir más lejos, así fue con Toledo y asimismo fue con García. Los intereses internos nacionalistas son demasiado poderosos como para obviar la existencia de un factor de cohesión interno que genere tanto consenso como Chile en la clase política peruana.

¿Qué esperar de la Política Exterior regional de Humala? La política vecinal de Ollanta estará centrada, de toda evidencia, en un primer momento en priorizar el apoyo de Brasil a su causa –lo que constituye un cambio geopolítico peruano relevante. De la misma manera el Presidente Humala buscará ahondar sus relaciones con Ecuador: la necesidad estratégica de cristalizar el término de una doble amenaza  histórica–en su frontera norte (Ecuador)  y sur (Chile). Lo anterior le impulsarán a cimentar una lógica política de gestos conciliatorios con Quito, afianzando con ello el aparente congelamiento de las relaciones entre Ecuador y Chile. Con Argentina, sus relaciones deberían mejorar. 

Las relaciones con Chile orbitarán en torno a la postura de Humala hacia los capitales “chilenos”, su hostilización o no; los resultados de la decisión de La Haya, si serán finalmente aceptadas ante una derrota; en último termino, la postura que adoptara en relación a sus FF.AA, si tendremos que encarar un nuevo “velasquismo” como aquel de finales de los 70s cuando el Perú se armó para recuperar Arica por la fuerza.

La pregunta que subsiste, ¿logrará Brasilia controlar la naturaleza militarista y nacionalista negativa de Ollanta Humala, o por el contrario, terminará Humala dejando caer al gigante brasileño y en el mediano plazo acercarse a Hugo Chávez?

¿Terminará Chile pagando el precio de un posible estancamiento económico peruano, o peor aún, del estallido de una crisis política de inimaginables magnitudes una vez que Ollanta Humala se decida a instaurar de golpe y manu militari su verdadero programa político de Gobierno?

Cuesta arriba se encuentran las relaciones vecinales, en específico aquellas con nuestros dos vecinos nortinos. Y un silencio -no menos preocupante- se aprecia desde el espacio trasandino, tan solo interrumpido por intermitentes señales de apoyo de personeros políticos de la Casa Rosada a La Paz.

Tal y como lo hemos apreciado estos últimos meses y semanas, Evo Morales proyecta y planifica escalar la arremetida diplomática, esta vez ante la OEA. Ya lo ha hecho en el plano interno al buscar el apoyo directo y publico de las FF.AA bolivianas a su causa. También lo ha plasmado al buscar generar un alineamiento general de su población a su demanda – frente a la perdida sistemática de apoyo hacia su Gobierno. Se aprecia un endurecimiento progresivo tanto de su retorica, como en sus actos, hacia Chile.

Evo exige de Chile un planteamiento concreto, como ha señalado. Un documento oficial del Estado chileno que le permita incluirlo en una posible demanda ante La Haya, pero también, como un antecedente que le garantice un compromiso real y efectivo de La Moneda hacia su demanda histórica. Evo exige de Chile una salida “soberana y útil”, es decir, exige de Chile que haga caso omiso del Tratado de 1904 en donde ninguna de las dos palabras aparece -ni menos aún en el espíritu mismo del documento. Nada menos. De lo contrario, el líder indigenista amenaza con solicitar, ante La Haya, la expiración del Tratado en cuestión.  

La respuesta chilena se ha materializado históricamente en una postura y política que podríamos caracterizar como de ambigüedad: se negocia, pero desde una plataforma política oficiosa. Hoy preciamos que dicha estrategia no ha dado los frutos buscados, toda vez que en Bolivia han evaluado y pesado la reacción de Chile ante la pretensión peruana: “Se puede demandar a Chile ante un Tribunal Internacional, exigiéndole espacios soberanos, y seguir “cooperando”, haciendo negocios y manteniendo relaciones políticas normales”. Muchos han sido los errores del pasado reciente, también de un poco más atrás, hoy necesitamos generar un gran consenso en torno a la cuestión boliviana y su peligrosa evolución. Un consenso de naturaleza nacional.

La segunda estrategia es endurecer la postura con La Paz. Dar por terminado todo vinculo diplomático asociado a la demanda marítima, borrando del mapa la Agenda de los 13 puntos , la Diplomacia militar y todo contacto innecesario. Una postura que denote un profundo malestar de La Moneda. Dicha postura implicaría armar la diplomacia nacional en función de una Guerra fría de naturaleza política en todos y cada uno de los foros continentales y hemisféricos. El Edifico Carrera debería, ante esta nueva estrategia chilena, prepararse para emprender una campaña de defensa y promoción de l postura nacional en todo el continente. Un desgaste sistemático, pero necesario a fin de no dejar espacios vacios a la arremetida mediática boliviana que se próxima inexorablemente. 

Una tercera y última estrategia estaría dada por aceptar oficialmente la idea de negociar la entrega de soberanía y de espacios territoriales a Bolivia, pero únicamente sobre la base de ciertos parámetros innegociables y finales: cesión de espacios soberanos a cambio del “intercambio de territorios soberanamente iguales”. En otras palabras, Chile acepta la idea de lo “útil y soberano” a condición que sea reciproca.  La idea del intercambio territorial debe ser la única forma aceptable para Chile, y ésta debe ser en función de espacios cuyos “valores estratégicos” sean análogos. Ya habíamos señalado el principio de “gas por soberanía”. Lo que en Bolivia abunda –gas-, a cambio de lo que también en Chile abunda –litoral. Una postura realista ante el escenario que se vecina. 

Lo contrario implica adoptar la segunda estrategia, asociándola a un reforzamiento constante de las capacidades bélicas disuasivas chilenas, en conjunto con una postura ofensiva en términos diplomáticos. El peor escenario chileno no es un conflicto con Perú, sino que uno con Bolivia. La disuasión -en el caso de La Paz- no se maneja con la misma lógica limeña. No hay que olvidarlo. Bolivia no busca desconocer solo una parte del Tratado -como es el caso peruano con el Tratado de 1929-, sino que intenta desahuciarlo totalmente.

Hoy, ante los dichos del Ministro de Defensa, Andrés Allamand, todo parece indicar que se estaría apostando a la segunda estrategia. Ante la amenaza de un desconocimiento de la frontera norte por parte de Bolivia, un consenso nacional se impone.

El proyecto de reforma de la llamada “Ley del Cobre”, propuesto por el Gobierno y que inicia un proceso de debate en el Congreso,  constituye, a todas luces, una iniciativa consolidadora del espíritu mismo de la Ley 13.196 que garantizaba el 10% de las ventas del cobre para la modernización del aparato bélico de las Fuerzas Armadas chilenas: mantener a las FF.AA en un proceso permanente de modernización, altamente motivadas, profesionalizadas y preparadas para cualquier contingencia.

Un aspecto central es que la orientación presupuestaria estará acorde a una planificación y evaluación de los riesgos, amenazas y oportunidades pensada en un horizonte de 12 años. Toda la estructura de mantención de las capacidades bélicas estará orientada y, a su vez, alimentada por un sistema de naturaleza prospectivo. Desde esta óptica, el nuevo sistema generará un modelo de Defensa anticipativo, siendo la idea básica la de prever escenarios de riesgos, respondiendo ante ellos de manera  preventiva.

En función de lo anterior, el proyecto implicará modernizar las capacidades de análisis de inteligencia político, político-estratégico y militar a fin de identificar y evaluar de manera efectiva las tendencias de los espacios vecinales y regionales, altamente cambiantes y sometidos a altas presiones internas. 

Por todo lo precedente, es de vital importancia que, en el marco de la nueva Estrategia de Seguridad y Defensa, estructura analítica central inspiradora y orientadora de todo el nuevo sistema financiamiento de la Defensa, exista un mecanismo eficaz y efectivo de interconexión y comunicación con la Política Exterior de la Cancillería chilena. Se debe, en este sentido, crear una estructura orgánica de convergencia y planificación conjunta entre el Ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores.

En conjunto con las neutralizaciones de las amenazas y riesgos debe venir de la mano de una deconstrucción de las mismas desde el punto de vista político. La disuasión no basta para mantener la paz. Esta última no solo debe ser comprendida como la usencia de guerra, sino que también como la ausencia de un clima de animosidad y de hostilización permanente en contra de Chile. 

Las fronteras de seguridad señalan los límites de tolerancia que demarca un Estado, ante riesgos externos para la seguridad política, económica y militar, y que consecuentemente a ellos, establece medios de acción y de decisión a fin de contenerlos. Un claro ejemplo ha sido el accionar colombiano contra bases de las FARC en territorio Ecuatoriano. Otro ejemplo es el desplazamiento de la frontera de seguridad de los EE.UU, profundamente en dirección del corazón de Centro América, en particular contra el crimen transnacional (Maras). Un último ejemplo que denota la variedad del “desplazamiento de fronteras” es la decisión unilateral del Ejército Argentino cuando señaló, en su Plan NPEA 2012, que las nuevas fronteras de seguridad para su estamento estarían delimitadas, en el futuro, por la protección de los recursos de agua dulce, tanto en la zona de los hielos eternos (frontera con Chile) y del Sistema Acuífero Guaraní (napas subterráneas bajo los territorios de Paraguay, parte de Uruguay y Brasil).

Las fronteras de seguridad han mutado durante estos últimos veinte años. No solo lo han hecho en cuanto a la naturaleza de los estímulos que han dictado este desplazamiento, sino que también en cuanto a los actores que las institucionalizan. Si antes, solo las Superpotencias obraban de la suerte, expandiendo o contrayendo dichos “limites”, en función de percepciones de amenaza unilaterales, hoy todo parece indicar que potencias medianas o pequeñas también lo están operacionalizando.

Una característica central de dichas “nuevas fronteras de seguridad” es que éstas, claramente, no corresponden ni se alinean automáticamente a las tradicionales fronteras políticas reconocidas internacionalmente por los Estados. Tampoco lo está siendo para Chile.

Las fronteras de seguridad económicas en algunos casos están indicadas y delimitadas por el espacio físico que ocupan allí en el país en el que realizan sus negocios. Bajo la lógica del Real Politik, incluso dichas fronteras están asociadas a la estructura más básica pero fundamental de la disuasión: la credibilidad de la amenaza comprende e incluye la capacidad de proyección de la defensa de los nuevos agentes económicos multinacionales bajo la forma de una defensa diplomática activa y pasiva. En otras palabras, las nuevas “fronteras de seguridad”, en este caso comerciales, tienden a desplazarse junto a la exportación de las inversiones.   

En cuanto a las “fronteras de seguridad militar”, estas han conocido una impactante mutación en cuanto a su forma, no así su naturaleza. La búsqueda por poseer “fronteras defendibles”, alejando de las zonas vitales la amenaza sigue siendo un leit motiv central de los aparatos de planificación político-militar. El ejemplo de la Guerra contra el Terrorismo está imbuido en esta lógica. Desde el prisma de una potencia mediana, sin embargo, la proyección extraterritorial de su capacidad de defensa si bien no es imposible, su puesta en práctica es menos viable. Es así como frente a riesgos y amenazas latentes e inminentes, la adopción y planificación de una reacción preventiva limitada constituye una opción creíble a fin de mantener intacto la postura disuasiva. 

Durante más de un siglo, hubo un cierto “orden geopolítico” en el Cono Sur. En otras palabras, conocimos una determinada y específica  distribución del poder político entre los Estados de esta zona.

Dos poderes con tintes hegemónicos, Brasil y Argentina, se disputaban el control de Sudamérica, evidentemente siempre sometido al peso y la sombre del gigante norteamericano. Otro círculo de Estados orbitaban en torno a ellos y permitían el mantenimiento de un cierto “equilibrio”. Países como Chile y Ecuador  se erigieron como “aliados de facto” de Brasil, mientras que Bolivia y Perú hacían lo suyo con Argentina. Colombia y Venezuela siempre miraron más hacia el Centro y Norteamérica, lo que ocurría al sur de sus fronteras no les quitaba el sueño. México, mientras tanto, observaba y emergía como una potencia extraregional que competía, de lejos con el gigante brasileño. Y así pasó el tiempo. 

Más al sur, en específico en el espacio geopolítico del Pacífico meridional, esto es aquel que forma parte de los intereses permanentes chilenos, como son su proyección y dominio de la zona del Pacífico sudoeste y el continental, en su proyección norte y noreste, se mantuvieron en disputa permanente con Perú. Si para Chile, el Ecuador era un aliado natural, no estaba clara la “amistad” boliviana hacia Perú. Recordemos que Bolivia siempre buscó su salida por Arica, yendo incluso hasta organizar dos empresas bélicas para lograrlo. Sin resultados positivos, por cierto. En otras palabras, Bolivia, en términos geopolíticos siempre ha sido disputada por uno u otro país, Chile y Perú.

En esta lógica, un suborden geopolítico se erigió en torno a las relaciones especiales de coincidencia de intereses  que se mantenían con Ecuador y Brasil. En contra partida, estaba el “otro” espacio geopolítico conformado por Argentina, Bolivia y Perú. Un equilibrio político y militar perfecto en el Cono Sur permitió contener un conflicto de alcance regional. En el escenario precedente, el rol de Chile es de una alianza natural con el Estado paulista: no comparte frontera con ellos –un problema menos-, pero además, comparte una rivalidad con Buenos Aires. Este “orden” se mantuvo hasta prácticamente el fin de la URSS. Años, luego de su caída, este orden centenario comenzó a erosionarse: Argentina  debuta un lento pero progresivo proceso de decadencia política y económica. Se contrae hacia agudos problemas internos. Se resigna a buscar ejercer hegemonía sobre Sudamérica en favor de Brasil. El “orden geopolítico” sudamericano se agota y termina por eclipsar.

Hace ya un tiempo que el Palacio Pizarro peruano busca readaptarse a este “desorden” aparente. Hace años ya, pero sobre todo a partir de los gobiernos de Toledo y de García. Estos han comenzado lenta pero progresivamente a acercarse geopolíticamente hablando a Brasil. Un cambio mayor en su postura de "relaciones frías" con el gigante carioca. Al no poder contar con el apoyo esperado por Argentina  -y habiendo conocido actitudes poco amistosas de dichos gobiernos hacia el “aliado peruano”-, Brasil debería llenar dicho vacío. Si Perú antes pretendía disputar con Chile y a Chile el Pacífico Sur –bajo la forma del “Estado plataforma” para la proyección de Sudamérica  a Asia-, además de Bolivia, hoy ha decidido atraer a Brasil y por que no a Ecuador. Los hechos, la retorica y la estrategia peruana van en ese sentido.

Los intereses brasileños regionales no son de naturaleza “cooperativos”, sino que marcadamente hegemónicos. Para algunos, Brasil ha dejado caer su alianza natural con Chile y apuesta a una nueva, la peruana. El escenario con Ecuador debe ser observado con atención. 

¿Cómo solucionar la cuestión peruana?, Entendiendo el concepto de “Cuestión peruana” como aquella predisposición permanente del conjunto del sistema político peruano en orden a instrumentalizar  y utilizar de manera sistemática la imagen de Chile a fin de generar una cohesión  social, política y cultural interna.

Se trata de una “cuestión” por cuanto, con el tiempo y a través de la historia reciente, dicha predisposición se ha erigido en una Política de Estado, con estrategias de corto, mediano y largo plazo, asociadas a un desborde hacia el conjunto de la población. Una característica es que dicha postura es cíclica. En otras palabras, si bien es permanente, el hostigamiento conoce fases de mayor o de menor presión, no obstante que ésta nunca decae, solo cambia de naturaleza. 

Hoy apreciamos y observamos los frenéticos movimientos diplomáticos de la Cancillería peruana. Con una retórica inflamada con aires victoriosos, se nos quiere descolocar ante los resultados de las gestiones peruanas con Quito. En el trasfondo de dicho “entendimiento” queda clara la postura defendida por La Moneda en cuanto al valor fronterizo del paralelo, pero sobre todo en función de la naturaleza jurídica de los Tratados de 1952 y 1954. En cuanto a la aplicación de dichos instrumentos delimitantes en relación  de las “islas adyacentes”, queda claro que el principio se aplica el paralelo para "cortar" el mar territorial proyectado por esos territorios. La soberanía del país, representada por esas islas próximas a la frontera marítima, no puede extenderse ni proyectarse más allá del paralelo que establece e indica la “frontera marítima” entre dos países.

No obstante lo anterior, lo más relevante está en el fenómeno de hostilización permanente que observamos desde Lima hacia Santiago. Tanto así que me recuerda un concepto utilizado en los estudios psicopoliticos como es el de “transmisión transgeneracional de traumas”. Este término nos describe el proceso que viven algunas sociedades expuestas a traumas sociales e históricos severos en el transcurso de su vida en comunidad. La idea es identificar de qué manera ciertos liderazgos instrumentalizan dichos “Traumas elegidos”, y porqu razón eligen solo algunos y no todos. La “transmisión transgeneracional” implica que ciertos eventos generan efectos emocionales de impresión negativa y duradera.  Según este mismo enfoque, dichos eventos traumáticos poseen características que les son únicas: Un sentimiento conjunto de humillación, indefensa, vergüenza y deshumanización. El Perú, su sociedad y clase política, evidenciaron tales sentimientos en la fase posterior al conflicto del Pacífico.

Otra característica de este fenómeno, absorbido plenamente por la sociedad peruana y su sistema político en respuesta a la Guerra de 1879 y sus consecuencias, consientes o inconscientes, es la transmisión de una generación a otra la representación del “enemigo chileno”.

Una generación deposita en la otra los traumas no evidenciados por la última a fin que sea ésta la que a su vez transmita imágenes deshumanizadas del “otro”. La próxima generación tiene la tarea inconclusa de “limpiar” el “honor  vapuleado”, revalorizar el orgullo lesionado  o reintegrar el espacio físico perdido.

El caso peruano es uno de naturaleza y alcance psicopolítico. Los efectos traumáticos en la sociedad peruana aún están frescos en su memoria histórica, pero lo más complejo de todo es que el sistema político limeño se alimenta de éste.

Chile pudiere ante La Haya ver modificado el status quo territorial. El desprendimiento de un espacio territorial a favor de Perú no debilitará ni terminará con el trauma psicopolítico peruano, la entrega de una fracción diminuta de territorio –que antes les pertenecía a ellos mismos- no modificará un ápice el proceso de transmisión transgeneracional del trauma que Perú vivió a manos de Chile. 

El debate y la discusión en torno a la derogación y reemplazo de la Ley del Cobre omiten principios centrales que escapan a aspectos meramente economicistas o administrativos.

Se olvidan, tal vez, que la Ley en cuestión debe garantizar un aspecto básico pero fundamental: la modernización constante y permanente de las FF.AA. , en particular su misión fundamental que es generar medios de defensa, y proyectar la credibilidad de la amenaza. 

Se olvida, también, que la Ley del Cobre ha formado parte intrínseca de la disuasión ejercida hacia el espacio vecinal, y que, de manera directa, ha logrado imponer, mantener y proyectar un clima de paz vecinal. Por ello, el nuevo cuerpo legal debe emanar de un consenso general que cristalice una voluntad política unánime de todo el cuerpo político y social en torno a la necesidad de mantener medios militares altamente preparados para proyectar la fuerza allí donde se necesite.

La derogación de la Ley del Cobre debe permitir, en función de lo precedente, generar un sistema de financiamiento capaz de adaptarse a la evolución de las amenazas y riesgos. Este punto es central a cualquier  formula elegida. No solo se debe buscar  la mantención de niveles de disuasión creíbles, sino que alcanzar niveles que permitan extrapolar la diplomacia militar hacia los umbrales de la persuasión. Convertir las capacidades de los estamentos armados en verdaderos instrumentos al servicio de la diplomacia.

Esta nueva formulación debe venir acompañada de una modernización de la evaluación de los riesgos y fuentes de amenaza vecinales y regionales. En otras palabras debe ser capaz de dotarse de mecanismos que le permitan adaptarse a transformaciones del entorno, pero sobre todo debe ser altamente prospectiva. Los medios de defensa que se adquieran deben prever aquellos “eventos de baja probabilidad de ocurrencia, de alto impacto y que suceden de manera imprevista”, o lo que podemos identificar como Sorpresas Estratégicas. Se debe, en este sentido, administrar la preeminencia actual, sin que ello genere efectos contrarios o perniciosos en el ámbito de lo político-estratégico. Es así como las ideas según las cuales Chile no posee pretensiones territoriales, no constituye una potencia hegemónica y se arma para la legitima defensa deben ser potenciados por la diplomacia, en especial mediante la instauración y la expansión del mecanismo de homologación de gastos en Defensa. 

En el sentido anterior, este nuevo sistema de financiamiento debe ser capaz de interpretar anticipativamente las tendencias en cuanto a la evolución de las percepciones de amenaza de las entidades vecinales, en especial en aquellas que identifican a Chile como una fuente de riesgo para su propia seguridad. Se deben administrar el “peor escenario”, pero no en relación a lo meramente posible sino que a lo probable. 

En último termino, las capacidades de defensa chilenas deben integrar en su formulación final el principio según el cual Chile debe mantener una superioridad cualitativa permanente sobre el resto de entidades con las cuales se han mantenido hipótesis de conflictos y se proyecta su continuación. Para ello, Chile, su diplomacia y la clase política debe aceptar, con humildad y de manera lenta pero progresiva el rol de liderazgo que la ultima superpotencia nos ofrece. El realismo político lo impone.