Una explosión desenfrenada de nacionalismo económico, político y cultural se ha desatado en Perú en contra de Chile. El presunto caso de espionaje de un miembro de la Fuerza Aérea del Perú, no ha hecho más que mostrar y demostrar que no se puede continuar con la política de “relaciones inteligentes”. La razón es simple: no hay un interlocutor válido del otro lado de la línea de la Concordia.  Es toda la clase política peruana la que se alimenta sistemáticamente de los conflictos con Chile, y si no existen, evidentemente los crean.

Medios de comunicación, tildados en su momento como “serios”, tal es el caso del diario peruano El Comercio ha comenzado a utilizar el concepto de “mapochos” o “mapochinos” para referirse a los chilenos. Una formulación despectiva que denota sentimientos revanchistas anclados en lo más profundo de la institucionalidad política limeña. Una prueba más que el nacionalismo negativo, aquel que busca generar cohesión en base a la identificación de un “enemigo” externo, no solo genera en dicho país votos, sino que también, recursos económicos.

Hoy, el Gobierno peruano continúa escalando peligrosamente su estrategia en orden a presentar a Chile como un actor beligerante en la escena regional e internacional. Alán García apuesta por ensuciar la imagen de Chile. No se trata, como algunos señalan, de un hecho meramente coyuntural. Estamos frente a un punto de inflexión en la postura peruana hacia Chile, en particular su clase política. La credibilidad de la amenaza disuasiva desde Chile hacia Perú necesita la adopción de medidas serenas, pero firmes.

Un nacionalismo trasnochado tomó el control de Torre Tagle. Este hecho genera riesgos impensables al establecerse lógicas que podrían ser interpretadas en La Moneda como asociadas a ultimátum. Tal es el caso de lo señalado por el Canciller de ese país, García Belaunde, cuando avanza que, “…si Chile no realiza la investigación, pese a la documentación enviada, habrá que evaluar el conjunto de las relaciones. Espero que esa actitud (del Gobierno Chileno) cambie”. Este tipo de declaraciones no está dirigido al Gobierno chileno, sino que a su misma población, sus votantes para la próxima elección general. Existen los canales diplomáticos y políticos directos para comunicar posturas y políticas, malestar y quejas. Ha quedado demostrado que los medios de comunicación en Perú son el principal medio de legitimación de una clase política imbuida en la des legitimidad estructural.

En este nacionalismo desatado, la lógica que se impone es identificar objetivos de hostilización. Uno de ellos es el comercial y económico. Otro. Es la imagen de Chile. Alán García azuza a Chile. Es ya una Política de Estado.

¿Cómo debe responder Chile? Debe, claramente, reposicionar su lugar en el escenario regional. Debe, transformar sus capacidades potenciales, en reales. Apostar por reconstituir su tejido de potencia regional, política, económica y militar. En ningún caso hon tintes hegemónicos, pero sí de potencia. Una estrategia específica contra Perú no haría más que desviar recursos y esfuerzos hacia un objetivo de fondo: restablecer e reinstaurar a Chile como un actor regional cuyo peso especifico debe volver a ser considerado. Los EE.UU. lo han reconocido, Brasil también.

Lamentablemente el régimen peruano se alimenta de los conflictos con Chile, lo que implica que cada respuesta chilena es percibida como beneficiosa para la relegitimación del sistema político peruano. La contención comunicacional regional e internacional de Lima debe priorizarse, manteniendo el reforzamiento de las capacidades disuasivas chilenas.

Lima seguirá escalando la crisis, hasta que el próximo sondeo de opinión en dicho país denote un incremento del apoyo electoral hacia Alán García y su clase política.

Esta crisis ha generado un punto de inflexión en las relaciones con Perú, pero sobre todo, en lo que queremos y necesitamos como política exterior regional y vecinal: un cambio estructural, en función de las transformaciones que experimenta Sudamérica.

Esta crisis también ha demostrado los altos grados de cohesión de las instituciones chilenas, dificilmente se olvidará el ingreso de la Mandataria chilena, Michelle Bachelet, ayer a la ENADE, escoltada por los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas chilenas. Una imagen vale más que mil palabras.

Encuesta Ipsos, publicada el 15 de noviembre y realizada para el diario peruano El Comercio nos entrega los siguientes datos. Desaprobación del mandatario Alán García: 66 %; Gobierno 72%; Congreso del Perú: 83%. Con tan solo esos datos podemos intentar explicar la actual escalada mediática y el manejo circense que Torre Tagle y la Presidencia del Perú están dando a un supuesto caso de espionaje de un agente de inteligencia de le FAP a favor de Chile.

No hay nada nuevo en el comportamiento peruano hacia Chile. La estrategia de “debilitamiento” de la imagen de Chile en el exterior sigue su curso. El régimen peruano sigue utilizando a Chile como una válvula de ajuste interna. Se insiste en la debilidad de la capacidad de disuasión política chilena frente a este actor regional. Podemos poseer recursos disuasivos político-militares o estratégicos, pero carecemos de aquellos que persuaden, coaccionan o disuaden actitudes políticas hostiles permanentes y sistemáticas, como es el caso peruano. La credibilidad de la amenaza política está ausente de la relación que mantenemos con la clase gobernante limeña.

Tratar de comprender esta actitud de Torre Tagle y su presidencia requiere reiterar lo que ya hemos señalado: existe una campaña de desprestigio hacia Chile, asociándolo a un comportamiento hostil y de naturaleza belicista, ad portas la entrega de la contra demanda en marzo ante La Haya.

Por otro lado, aparece la campaña regional pro desarme peruana destinada al fracaso. En el eje Colombia /Venezuela no están interesados en controlar sus gastos en defensa, menos aún hoy cuando el ministro venezolano señala que están en una actitud prebélica… cuando Bolivia y el Gobierno de Evo señala su intención en modernizar parte de sus capacidades bélicas y cuando Brasil avanza un Pacto de No Agresión bajo una premisa realista de las relaciones regionales. Torre Tagle necesita, al igual que toda la clase política peruana, reivindicar su legitimidad interna, en particular frente al clima pre electoral que ya se respira en dicho país. Para ello utiliza recursos externos cohesionadores.

Si a lo anterior sumamos la noticia del Pentágono estadounidense que transparenta la intención chilena en orden a adquirir sistemas de armas defensivos, pero que sobre todo avala la postura chilena en orden a establecer que dichas adquisiciones no generan “desequilibrios” militares ni políticos en la región (Perú posee los misiles AMRAMM rusos, R77 (AA-12 Adder), podemos constatar que la Cancillería peruana enfrenta un escenario de fracaso diplomático de envergadura.

La escalada diplomática y política del Gobierno de García en contra de Chile responde a otra parte de esa campaña, que ya no es bilateral sino que busca ser regional, multilateral. En este multilateralismo, los Estados Unidos aparecen como un importante aliado chileno. No es menor que se señale a Chile como “una importante fuerza para la estabilidad política y el progreso económico de Sudamérica”, y que se establezca que dichas adquisiciones se insertan en  el objetivo de “generar una mayor interoperabilidad entre Chile, los EE.UU. y sus Aliados”. No es el Estado chileno quién lo declara, sino que el Pentágono.

La actitud peruana indica una nueva postura, que al parecer intenta explotar una ventana de oportunidad institucional chilena que no es otra cosa que la fase de debilitamiento político natural del sistema político chileno ad portas la elección presidencial. Se podría estar buscando probar la capacidad de respuesta política chilena en el ámbito regional, vecinal y bilateral.

Se hace imperativo construir una capacidad disuasiva política creíble. Transformar el potencial económico, político, social cultural y estratégico en capacidades de influencia, al menos defensiva, tal y como lo señaló en su momento Raymond Aron. Particularmente necesaria es el generar una disuasión política específica hacia el vecino nortino. La razón es simple: una señal de debilidad política puede transformase en otra de debilidad político-estratégica, erosionando, con ello, la credibilidad de la amenaza disuasiva chilena.

Brasil está sugiriendo la firma de un Pacto de No Agresión militar específico entre Bogotá y Caracas. Un proyecto que aparece como una respuesta casi desesperada por parte de la cancillería Brasileña a fin de evitar, en un primer momento, que la Guerra fría entre ambos regímenes se convierta en una “caliente”, pero sobretodo, evitar seguir perdiendo su poder de influencia en dicho espacio norte de Sudamérica.

Brasil, busca, por este pacto, aparecer como un poder estabilizador, una potencia benigna que no impone su “orden” regional, sino que busca dialogo y consenso. No obstante ello, Brasilia, no logró constituirse en la potencia hegemónica “cooperativa” a la que aspiraba.  El acuerdo militar entre Bogotá y Washington emerge sorpresivamente  como la gran "movida" del Departamento de Estado del gigante del norte, pero sobre todo del Pentágono. La presencia y concentración de fuerzas en un solo país sudamericano representa la relevancia de esta zona para los EE.UU. Hace tiempo ya que se venía advirtiendo el desplazamiento de las fronteras de seguridad estadounidense en América. No debería sorprendernos ya que los EE.UU. disocian su frontera económica que es mundial, con su frontera política que es “nacional”, de la frontera militar y de seguridad. Colombia se erige como el “mirador” estadounidense en Sudamérica.

Se ha señalado que, a fin de evitar riesgos de quebrantamiento de la paz en América del Sur, el canciller brasileño Celso Amorim, estaría diseñando un proyecto de "pacto de no agresión" para ser presentado ante la UNASUR. Un proyecto que difiere totalmente del peruano por cuanto el primero buscaría transparentar “acuerdos de cooperación militar” con potencias extra regionales, dejando intacto los procesos de adquisiciones de materiales bélicos.  El segundo, sugerido por Torre Tagle, busca la reducción de los recursos asignados  a la Defensa. Una visión irrealista que choca con los intereses brasileños.

Brasil reconoce la existencia de una Guerra fría en el norte de su territorio. La generación de un Pacto de No Agresión implica que considera que esta relación de rivalidad ideológica llegó para quedarse, mientras se mantengan los regímenes que la sustentan y alimentan diariamente.Esta iniciativa  también responde al reciente llamado de Bogotá dirigido a la ONU y la OEA a fin que intervengan diplomáticamente frente a la amenaza de guerra emitida por Hugo Chávez. Antes de ello, Bogotá había solicitado a España su mediación. Brasil percibe de toda evidencia que sus creaciones como son la UNASUR y el CDS no han sido llamados a la palestra. Ellos tampoco. Su postura que roza el prochavismo les está “pasando la cuenta”. No aparecen como un interlocutor imparcial valido.

Este Pacto representa, sin embargo, un fracaso relativo para la administración de Lula ya que necesariamente representa la impotencia brasileña frente a una crisis que se “cocinó” en su propia puerta y ante lo cual nada pudo hacer. Pero no solo ello, también un fracaso frente a la lógica de “Sudamérica para los sudamericanos..y Brasil”.

El Pacto de No Agresión brasileño implicará la observancia de mecanismos de verificación y de control para lo cual ,países y potencias extra regionales estarán llamadas  a participar activamente. Lo anterior será la muestra más clara que Brasil sigue siendo percibido como una potencia que busca ejercer un liderazgo, para algunos hegemónico, para otros cooperativo. En la práctica,  la presencia estadounidense deja dicho proyecto congelado. Aun las condiciones para un liderazgo regional brasileño no están dadas.

Una vez caído el Muro de Berlín, y luego el Muro de la Guerra Fría que separaba a las URSS y los EE.UU, ese día 1 de diciembre de 1991, se pensaba que un período de paz global y permanente se iniciaba. La expansión del liberalismo y de la democracia representativa, según la visión de algunos autores norteamericanos y europeos, entre ellos  Michael Doyle presagiaba que “entre Estados liberales y democráticos” la guerra no tenía lugar. ¿Se equivocaron?

Luego de la caída del Muro, el temor a una guerra termonuclear entre grandes potencias quedó relegado a lo impensable. El conflicto a partir de ese momento comenzó a conocer una clara mutación: desde lo interestatal a lo subnacional. Las “democracias” no se hacían la Guerra, por lo que comenzaron a buscar “otras” amenazas, las “nuevas” o “emergentes”. Aquellas amenazas que siempre estuvieron allí, pero que eran vista como instrumentales, no las principales.  

Los riesgos de una guerra convencional entre bloques desaparecieron. Hoy solo queda la OTAN, reciclada en tareas de conflicto de baja intensidad, lejos, muy lejos de su teatro de guerra original.

En Sudamérica, también se conoció una fase de transformación. Caído el Muro en Europa, aquí el muro ideológico que alimentó regímenes militares, guerrillas y sufrimiento en la población civil también desapareció. La proliferación de Estados democratizados sugirió que la división geopolítica también se desvanecería. Las rivalidades entre Brasil y Argentina tendieron a desaparecer como resultado del repliegue de Buenos Aires hacia sus fronteras interiores: sus problemas internos, políticos y económicos generaron un vacío de poder  regional, llenado por Venezuela, los Estados Unidos y por Brasil.

Diez años después de caído el Muro ideológico en América del Sur, apareció otro. Una nueva rivalidad surge, la del movimiento chavista versus los liberales (de derecha o progresistas). Un nuevo muro se está erigiendo. Este viene acompañado de una lógica de Guerra fría. Ya lo habíamos señalado, entre Colombia y Venezuela, un conflicto ideológico está tomando forma en el norte de Sudamérica, se está cristalizando. Peor aún. Se reproduce el complejo escenario indo-pakistaní: no poseen un espacio de medición de fuerzas. Ambos Estados son llamados a afrontarse en una zona tan peligrosa como es la frontera misma.

Las “democracias no se hacen la guerra”. Se nos ha dicho que las democracias poseen un sistema representativo que permite a la población, en principio, regular el Poder. Las democracias poseen sistemas de Check and balances que les facultarían para que cada poder “limite y verifique la capacidad de acción del otro”. Las democracias poseen capacidades de control de las tomas de decisiones de sus líderes.

Las democracias, sin embargo, también sienten aprensiones hacia su entorno. Temen las capacidades del otro, compiten con el otro y buscan aunar fuerzas organizándose en función de amenazas únicas.

Hoy vemos que Brasil no cree en esa premisa. Teme una conflagración en la región, en particular en su frontera norte. Celso Amorim y Nelson Jobim  reeditan la idea peruana, que murió en el intento: Generar un “Pacto de No Agresión” regional. Brasil, con una visión realista tiene claro que asociar dicho proyecto a la limitación de sistemas de armas o un virtual “desarme”, tal y como lo avanzaba Torre Tagle, no solo está destinado al fracaso sino que también va en contra de sus intereses más básicos.

Brasil está consciente que la frontera entre Colombia y Venezuela  puede conocer un efecto de dominó, deslizarse hacia lo impensable, después de todo, las "democracias no se hacen la guerra," pero ¿es Venezuela una democracia?

Según medios peruanos y locales, la Cancillería chilena habría reforzado la presencia diplomática nacional en la capital ecuatoriana. La principal razón sería que el Ecuador podría ser clave al entregar su opinión ante el tribunal internacional, pues junto a Chile y Perú “firmó los acuerdos de 1952 y 1954 que fijaron los límites marítimos y que son desconocidos por el gobierno peruano”.

La relevancia del  Ecuador para Chile, según esta visión, sería meramente coyuntural. Puntual. Apoyar a Chile en su contrademanda ante Lima. Error.

Históricamente Ecuador ha sido considerado como un “aliado natural” chileno, sobre todo en el marco de la división geopolítica de Sudamérica durante la Guerra fría. Ecuador representaba un contra peso y un posible “segundo frente” ante Perú. Quito, formaba parte de la estructura disuasiva chilena.  Hoy todo parece estar cambiando.

La llegada de Rafael Correa al poder introdujo dudas respecto a la continuidad de esta “alianza” informal. En el nuevo escenario ideológico sudamericano, Chile deja de constituir el “modelo” a seguir por Quito. Venezuela aparece como el nuevo referente económico y político. Aun no está claro si también el militar y estratégico. Su adhesión al “Socialismo del Siglo XXI” se inscribe en la búsqueda por “superar el neoliberalismo”, tomar el control estatal de los recursos naturales y estratégicos del país.

Para Rafael Correa, el Estado ecuatoriano ya no identifica a Perú como su principal amenaza  vecinal. Esta se encuentra en el norte, Colombia y los EE.UU. También se hace patente su alejamiento de Brasil y un enfriamiento lento pero progresivo de su relación con Chile. Venezuela es un polo de atracción natural.

Al apoyo del embajador ecuatoriano en Lima, Diego Ribadeneira, y luego de una Comisión mixta de parlamentarios ecuatorianos y peruanos, a la idea de una “carrera armamentista regional”, se suman otros gestos poco claros y confusos hacia La Moneda por parte del gobierno de Correa.

Si bien es cierto, Ecuador ya emitió en mayo último, una declaración de apoyo a la postura chilena, está claro que esta reacción dice relación con el peligro para Ecuador de ver reproducida la demanda en su contra. No responde a un apoyo “natural” hacia Chile, sino que a intereses meramente coyunturales.

La alusión de Alán García en cuanto a la existencia de una “nación ecuatoperuana”, más allá de caricaturizar una aspiración por reequilibrar , de alguna forma, los equilibrios de poder subregionales claramente lastimados por su alejamiento de Bolivia, demuestran que Chile debe repensar su política regional en forma integral. Sudamérica atraviesa una fase de cambio estructural en cuanto a su configuración política, económica y militar. La Cancillería chilena y La Moneda deben replantearse alianzas, el proceso de integración en curso y  la política exterior vecinal.

Hoy la integración regional se está haciendo “desde” la Defensa, buscando que desborde “hacia” lo político, económico y social. Un nuevo enfoque, un nuevo paradigma se está imponiendo, y Chile debe responder ante dicha transformación.

Conflicto político, tensión militar y competencia económica, tres características propias de un conflicto que no es directo, pero que si es permanente entre dos Estados o grupos de Estados. Políticas y estrategias de contención, penetración política, inoculación e infiltración de fuerzas irregulares desestabilizadoras, espionaje y contra-espionaje, ingredientes que no pueden faltar y que forman parte inherente de una guerra no declarada, que se lucha en campos de batallas irregulares.

Uso de la fuerza simbólica, reforzamiento de capacidades bélicas ofensivas y defensivas, competencia bélica, satelización de países y espacios geográficos, en fin, la búsqueda por proyectar poder y evitar ser objeto de una “asfixia diplomática, militar o económica”. De esto se trata un conflicto frío, una que estamos observando desarrollarse en el norte de América del Sur. Colombia y Venezuela libran, hoy mismo, una Guerra fría.

El resto de países observan. Algunos aprenden. Otros, sobre todo las potencias mundiales y regionales (o que aspiran hacerlo) miden fuerzas en esos dos mismos países. Colombia y Venezuela, tal vez no lo saben, pero forman parte de los resabios de la última guerra fría mundial entre el gigante Soviético (hoy Rusia) y los Estados Unidos.

Los EE.UU se resisten a dejar la región, si alguien pensó que la indiferencia de la Casa Blanca por Sudamérica era real, se equivocan. Ellos afirman su presencia conteniendo a esta Venezuela chavista no porque se le tema por sus nuevas capacidades bélicas o tal vez el efecto de contagio de su Socialismo del Siglo XXI, sino que más que todo, por la cauta, pero clara presencia de Rusia en la región. Gallitos geopolíticos de alto nivel miden las fuerzas de los antiguos herederos del conflicto entre Occidente y Oriente.

La cristalización de una relación de dependencia político-estratégica colombiana hacia los EE.UU será beneficiosa para Bogotá: hace reposar su disuasión general y específica sobre los hombros de los Estados Unidos, mientras se aboca a luchar contra la insurgencia.  El Departamento de Estado de Obama tiene claro que chavismo no responde a un hecho meramente  coyuntural, sino que es estructural. Llegó para quedarse.

En este sentido, la nueva naturaleza de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre la región necesitan repotenciar instancias de dialogo en seguridad y defensa, en política exterior y de cooperación. UNASUR, Consejo de Defensa Sudamericano y la OEA deben adecuarse a estas nuevas realidades a fin que ningún conflicto “frío” llegue a transformarse en una Guerra caliente.

Ya lo habíamos señalado en otras líneas, estos tres organismos deben dotarse de sistemas de “alerta tempranas”. Identificar riesgos para la seguridad regional, establecer patrones de escalada de conflictos, estrategias y medios de intervención preventivas. La anticipación implicará, de toda evidencia, inaugurar los antiguos debates relativos a la soberanía. ¿Cuáles deben ser los márgenes de acción y de intervención de estos nuevos órganos políticos, diplomáticos y militares regionales?

La OEA está llamada a reformarse, constituirse en un órgano  que busque evitar conflictos y su escalada.

Esta  Guerra fría entre Colombia y Venezuela tiene una particularidad: no existe entre ambos países un espacio de “liberación” de tensiones, como fue entre la URSS y los EE.UU. No existe un “espacio” de evacuación de hostilidad. Este “campo de batalla” es, en este caso,  la frontera entre ambos países. Peligroso. Una suerte de “no man´s  land” en donde paramilitares, traficantes y fuerzas narcoterroristas abundan. El peligro es lógico: una confrontación directa o de “arrastre” entre ambos países. La OEA está llamada a intervenir, hoy, ahora antes que sea demasiado tarde.

Colombia y los Estados Unidos firmarán estos días el mentado acuerdo militar que sellará un nuevo capítulo en la presencia del gigante del norte en los “asuntos internos sudamericanos”. Ni el UNASUR  ni el Consejo de Defensa Sudamericano lograron doblar la mano a esta nueva presencia militar norteamericana.  

Dicho acuerdo cristaliza, sin lugar a dudas, el surgimiento de un nuevo orden geopolítico regional en el espacio norte de Sudamérica. Los Estados Unidos nos recuerdan que siguen siendo el poder hegemónico en el hemisferio.

La presencia permanente y la concentración de fuerzas estadounidenses en Colombia significa una importante derrota política para Brasil, inflamará las ya difíciles relaciones entre Venezuela chavista y la Colombia de Uribe;  generará, además, un nuevo esquema de distribución del poder político y militar en la zona: Colombia surge como la plataforma de proyección de poder estadounidense hacia toda Sudamérica, tanto desde el punto de vista disuasivo, como persuasivo y coercitivo. Brasil, observa impotente cómo sus planes de erigirse en la única superpotencia sudamericana no es bienvenida por el nuevo liderazgo norteamericano.

Colombia es político-estratégicamente hablando, vital, para los intereses de la Casa Blanca: su posicionamiento geopolítico le permite “observar” tanto a Sudamérica como Centro América y el Caribe. Colombia sustituye el papel que desempeño en su momento Venezuela, Ecuador y Bolivia. No olvidemos que hace no más de diez años atrás, los EE.UU. estaban sólidamente implantados en dichos países, hoy han sido completamente desplazados. Solo quedan vestigios de su presencia.  

Resulta anecdótico constatar de qué manera los EE.UU., han logrado legitimar su presencia en dicho espacio geopolítico en gran parte gracias a los  mismos Estados que critican dicho acuerdo, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las FARC fueron y constituyen hoy en día un instrumento de proyección de poder chavista venezolano en Colombia. Ecuador, en su momento, observaba el transito transfronterizo de dicho movimiento sin reaccionar. Colombia sí lo hizo en forma preventiva y exportando su poder de fuego e inteligencia militar a territorio ecuatoriano.  Bolivia, al expulsar a las fuerzas antinarcóticos de la DEA, generó un vacío represivo y de inteligencia en contra de dichas fuerzas. En función de lo anterior, los EE.UU. justifican su presencia en Colombia. Solo ellos poseerían las capacidades para enfrentar a dichas fuerzas desestabilizadoras, el narcotráfico y las narcoguerrillas.

Brasil asi lo entendió y en su momento señaló la necesidad de implementar un Consejo Sudamericano de Lucha Contra el Narcotráfico. Hoy ya es demasiado tarde. Sobre todo si se confirma el mecanismo para la segunda reelección de Alvaro Uribe.

La presencia de los EE.UU. en la región generará nuevas hipótesis de conflicto. La colombiana/venezolana se cristalizará y reforzará. Lo que antes eran percepciones de amenaza, hoy y mañana serán hipótesis de conflictos. Brasil ve plenamente justificado su nuevo Plan Estratégico de Defensa, el que afecta los intereses argentinos en el Atlántico Sur, lo que la llevará de toda evidencia a revisar sus propios planes de seguridad.

La tentativa brasileña por dentificar nuevas fuentes de amenaza regionales, unificarlas en torno a riesgos comunes de naturaleza  no-tradicionales, como son los recursos naturales y energéticos no parece fructificar.  Estas últimas cohabitan con amenazas tradicionales que hoy parecen estar imponiéndose y comenzando a dominar la planificación de hipótesis de conflictos en la región.  

Brasil está embarcado en un amplio y profundo proceso de modernización de sus capacidades militares. La Estrategia Nacional de Defensa brasileña fue inaugurada recientemente, pero busca reorganizar y garantizar la seguridad de Brasil en el horizonte de los próximos 20 años.

Brasil ha sido claro en señalar las razones primarias que le impulsan a invertir un monto cercano a los 30 mil millones de dólares hasta el año 2021: la protección de sus recursos naturales, pero en forma general hablan de “proteger su territorio” y las nuevas fuentes de poder que éste encierra, como es la Amazonía, sus cuencas hidrográficas y la plataforma marítima brasileña rica en oro negro. Esta es la versión oficial. Sabemos que detrás de ello se esconden aspiraciones de potencia, lo que parece ser natural para un país que una vez se autoproclamó un “imperio” y que hasta hace una década y media  atrás competía con Argentina para ejercer un dominio sobre toda la región.

Hoy Brasilia inauguró oficialmente lo que debería ser un aspecto central en su carrera por constituirse en una superpotencia mundial, y en particular sudamericana.

Brasil lidera los llamados “procesos de modernizaciones bélicas” en la región, con un gasto del orden de los 26 mil millones de dólares tan solo este año.  Dicho plan consumirá un 0.7% del PIB anual en un periodo de 20 años. El Plan en cuestión identifica tres sectores estratégicos para la defensa brasileña: el espacial, el cibernético y el nuclear. No obstante ello, su efectomás inmediato  se refleja en el rol altamente disuasivo y coercitivo que se la asigna a la fuerza militar brasileña.

Un aspecto central de la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil está dado por dos puntos: El primero dice relación con la necesidad de dotarse de una capacidad de monitoreo/control, como ellos lo denominan. Poseer  fuerzas militares capaces de saber “donde y cuando” se concentran las amenazas. Asociado este último, los brasileños señalan la necesidad de desarrollar una capacidad de “responder rápidamente ante cualquier amenaza o agresión a través de la “movilidad estratégica”.  Una lógica “preventiva” se respira en dicho documento.

El segundo punto interesante es la reorganización de las necesidades de defensa: Brasil, reorienta sus “preocupaciones en defensa”, señalando que las hipótesis de conflicto ya no están centradas en el Sur y Sudeste, sino que “en el Norte, Oeste y Atlántico Sur”. Nelson Jobim, Ministro de Defensa brasileño advierte que “la Marina debe estar presente en la desembocadura del Rio Amazonas y en las grandes cuencas fluviales del Amazonas y del Paraguay-Paraná”. Mientras que el Ejército, señala, “debe posicionar sus reservas en el centro de país”, pudiendo de esta forma “desplazarse en cualquier dirección”. Una defensa “territorial” sudamericana se impone.

Finalmente, el documento es claro en señalar que, las FF.AA brasileñas deberán, “concentrar su presencia de unidades en las fronteras”, teniendo en cuenta que Brasil debe “estructurar el potencial estratégico alrededor de capacidades” militares de alta tecnología. La vigilancia del espacio aéreo y “sobretodo” (según consta en el documento del Ministerio de Defensa brasileño) del territorio nacional de Brasil, es una alta prioridad. No se descarta en absoluto que dicha vigilancia sea de espacios terrestres y aéreos “otros” que los nacionales. Lo que resulta obvio y necesario para cualquier posicionamiento de fuerzas en caso de crisis o conflicto.

¿Qué conclusiones generales podemos extraer de lo anterior? En primer lugar, Lula da Silva, establece que las principales amenazas brasileñas son “continentales”. Sudamérica genera aprensión en Brasil.  La nueva Estrategia Nacional de Defensa establece que sus fuerzas militares deben acrecentar aceleradamente y orgánicamente su potencial disuasivo. Se desprende de dicho documento que estas capacidades deben estar asociadas a una estrategia de uso de la fuerza, doctrinalmente defensiva, pero  operacionalmente ofensiva. El concepto de “proyectar fuerzas” está presente esporádicamente en todo el texto.

Se nos señala, asimismo, que las fuentes de amenaza se concentran, hoy, prioritariamente, en el Norte y Oeste de la plataforma continental. Estamos hablando de la zona Amazónica y de los espacios fronterizos que les están asociados, como son, Ecuador, Venezuela, los EE.UU (Colombia) y un actor gatillador, las FARC. Argentina, dejó amplios espacios vacíos, llenados por la Venezuela chavista y los EE.UU., aunque es de esperar que el próximo gobierno trasandino comience a enmendar este punto, sobre todo frente al hecho que Brasil identifica que debe expandir su presencia en el Atlántico Sur (en desmedro indirecto de la presencia natural argentina).

Brasil necesita, estratégicamente, a fin de llevar a cabo esta nueva Estrategia de Defensa, recursos y capacidades militares.  Por ello, su programa de modernización bélico no se verá detenido por ninguna campaña mediática peruana. Por ello, la disminución de aprensiones políticas de determinados países de la región como el mismo Perú y Paraguay, por ejemplo, pasa absolutamente por “transparentar” capacidades e intenciones, más que con iniciativas irrealistas que conllevan a firmar pactos de no agresión que atan, prohibitivamente, los márgenes de maniobra de los países regionales, pero sobretodo buscan establecer desestabilizadores proceso de desarme. Brasil, en particular, no permitirá, bajo ningún punto de vista, verse impedido de materializar su programa estratégico sobre la base de una limitación de sus gastos en defensa, como lo quiere Alan García.

Brasil ha dejado en claro que hoy más que nunca la disuasión es el pilar central de la paz en la región. Tanto Chile como Brasil lo han comprendido y actúan en consecuencia, siempre de la mano de la transparencia.

La homologación de gasto en defensa constituye, en este sentido, el camino a seguir, así como el reforzamiento de dos organismos regionales de seguridad, defensa y de coordinación de politicas exteriores como son el UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. En Torre Tagle olvidaron que un Pacto de No Agresión ya fue firmado por todos los Estados cuando, al adherirse a las Naciones Unidas, quedó en claro que la guerra como medio de resolución de conflictos en la escena internacional es ilegal e ilegitima.

Frente a lo anteriormente consignado, la campaña regional de visitas de los Ministros peruanos tendrá un claro efecto mediático, en especial, por lo politicamente correcto del motivo. No obstante elllo,  sus efectos reales solo se dejarán sentir en el plano interno limeño al privar a la población peruana de los jefes de sus respectivas carteras, en momentos en que la prioridad del regimen de Alán García debería ser trapasar los exitos macroeconomicos a los bolsillos y percepciones socioeconómicas de la poblacion peruana que tanto lo necesita.

El Ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal, fue categórico en señalar a su par peruano, Rafael Rey, que la reanudación de relaciones “normales” entre ambas carteras dependía de avanzar o no en la senda de la homologación de gastos en defensa.

Al parecer, Chile, está al fin adoptando una política exterior de defensa y seguridad más activa y no pasiva como parecía ser hasta el momento.  La Presidenta Michelle Bachelet ya lo había señalado en ocasiones anteriores. Es un ofrecimiento reiterado realizado a Perú desde el año  2002: transparentar los gastos o la inversión en defensa de ambos países debe ser una prioridad a fin de evitar “malos entendidos”. No son las armas las que generan inseguridad sino que las intenciones. Chile ha sido reiterativo: no posee demandas territoriales con ningún país de la región, ni políticas de expansión de su poder político.

Chile ha planteado a su homologo limeño la implementación de la “Metodología Estandarizada Común para la Medición de los Gastos de Defensa” elaborada por la CEPAL. De acuerdo a esta modalidad, dicho organismo entiende que el “gasto en defensa” dice relación con materializar actividades cuyo efecto directo es salvaguardar la seguridad nacional. Clarifica, de esta forma, la naturaleza y objetivo de los recursos asignados a la defensa. Automáticamente quedan fuera los gastos en pensiones a militares en retiro, por ejemplo, las fuerzas policiales de control interno o fronterizo, Defensa Civil, entre otros. Según la CEPAL, a fin de estandarizar la cantidad de recursos que van a reforzar las capacidades militares operacionales, el gasto en defensa es aquel que está focalizado en proteger las fronteras políticas internacionales ante amenazas externas. La seguridad interior no entra en dicha modalidad. He aquí la debilidad del sistema.

La falencia del método de la CEPAL dice relación con la existencia de situaciones de amenazas internas graves que justifiquen y expliquen la adquisición de sistemas de armas en cantidades y cualidades que pudieren, bajo otras circunstancias, ser utilizadas ya no para fines de seguridad interna, como podría ser la lucha contra narco guerrilla (FARC), por ejemplo, sino que a fines disuasivos, coercitivos o persuasivos interestatales. El caso colombiano/venezolano puede ser visto como revelador de esta debilidad. ¿Qué sistemas de armas se justifican para la lucha contra la guerrilla? El caso chileno/peruano también es afectado por esta lógica. No olvidemos que la amenaza del Sendero Luminoso en Perú se mantiene vigente.

Desde la perspectiva anterior, la existencia de amenazas graves para la seguridad interna en uno de los países que se asocian a esta metodología podría, bajo ciertas condiciones, afectar la seguridad externa tanto del mismo país pero sobre todo de aquel que no vivencia dicha problemática.

No obstante esta debilidad, la estandarización de gastos en defensa es un paso relevante en la generación de confianza mutua, siempre que ésta se encuentre asociada a mecanismos de verificación.

El Gobierno chileno debería apostar por llevar a cabo una asociación generalizada de los miembros del UNASUR a esta metodología de homologación de gastos en defensa.

Es una postura realista, que toma en cuenta  la naturaleza del sistema regional y mundial. Los Pactos de No Agresión estilo “guerra fría” no responden ni se aplican a una región que no ha conocido nunca una guerra regional, pero que sobretodo han disminuido a su minima expresión sus hipótesis de conflictos interestatales. La Guerra como medio de resolución de conflictos fue puesta fuera de la ley internacional desde el fin de la II Guerra Mundial que devastó Europa. Hoy, la integración regional viene de la mano de órganos como el Consejo de Defensa Sudamericano y del UNASUR. La defensa y la seguridad han sido adoptados como el punto de partida de esta nueva forma de integración, embrionaria, sí claro, pero un proceso de acercamiento al fin y al cabo. No hay lugar para pactos que impliquen la hipótesis de agredir a otra entidad política estatal. Por el contrario, sí hay una necesidad y un espacio para estandarizar los gastos normales y naturales dedicados a la defensa y seguridad en un sistema internacional sometido a una anarquía estructural.

Buena iniciativa del Ministerio de Defensa. Ahora a debutar una cruzada regional a fin de transformarla en una estructura propia a los nuevos organismos de seguridad de inspiración brasileños.

El 6 de diciembre próximo tendrá lugar en Bolivia una de las elecciones más singulares que dicho país haya conocido. La Bolivia refundada, la Bolivia plurinacional, aquella que entregó el control de todos los recursos naturales al Estado, está siendo hoy llamada a pronunciarse sobre quién dirigirá sus destinos los próximos seis años (2010-2015).

Con una Oposición profundamente dividida, pero con un apoyo que bordea el 57 % de aprobación ciudadana, el liderazgo de Evo Morales se ha constituido en un dolor de cabeza no solo para actores nacionales bolivianos, como es Manfred Reyes Villa o Doria Medina, ambos candidatos a la presidencia y representantes de la “oligarquía mestiza” que perdió el poder en Bolivia en favor de la mayoría indígena, sino que también para Torre Tagle y Alán García.

Poco pueden hacer estos personajes para modificar esta situación. La refundación boliviana de Evo es asentida por esa mayoría que permitió la transformación de la institucionalidad paceña, incluidos los militares. La ciudad  de El Alto, baluarte de estas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, observa cuidadosamente la evolución y administración de dicha refundación. Ellos poseen el poder de facto, y lo han reservado para Evo Morales y García Linera en las urnas. Con la estatización de los recursos naturales, entre ellos uno de los principales, el gas, Evo se asegura que las arcas estatales seguirán financiando su electorado.  La burocracia estatal “gobernada” por esa clase media mestiza garantiza la perennidad del sistema. Nada de lo que haga esta Oposición fragmentada puede impedir el mantenimiento del MAS en el poder político boliviano.

Si no existen temas de fondo en el ámbito interno que modifiquen el mapa electoral, factores externos, de alta sensibilidad histórica están tomando fuerza: Mediterraneidad y Silala. En otras palabras, la política exterior de Evo Morales hacia Chile, Perú y el espacio chavista.

Estos últimos días ha llamado la atención el comportamiento de ciertos actores del sistema político boliviano, en particular el ex mandatario Carlos Mesa. Este último, reconocido por su postura "properuana" y según algunos, "antichilena", no está escatimando esfuerzos por debilitar la postura de Evo hacia Chile. Autor intelectual y promotor bajo su mandato de la lógica de la “molécula de gas” en contra de Chile, socio y aliado natural del mandatario peruano, Alejandro Toledo, está promoviendo activamente reactivar la doctrina nacionalista boliviana saavedrista, es decir, reivindicacionista de una salida soberana al mar. Mesa, junto a Reyes Villa, forman parte de la Oposición al líder indigenista, pero de esa oposición paceña que monopolizó el poder por  todo el siglo pasado y que instauró, en dicho país, un sistema presidencial del tipo “parlamentario” que no hacia más que repartirse cuotas de poder bajo la lógica del “juego de la silla musical”.

 Hoy el liderazgo de Evo es más fuerte que nunca. Un punto débil en su política externa son Chile y Perú. Chile, por el acercamiento sin precedentes  hacia nuestro país. La Agenda de 13 puntos es el más claro y publico ejemplo. Pero no el único. También una osada diplomacia militar. Un alineamiento a posturas  exteriores chilenas poca veces vistas. Esa será su debilidad, mientras no sea cuestionada por la dirigencia de base del MAS.

Esta clase política boliviana ha formado un todo casi orgánico en su postura hacia Chile. La política exterior boliviana no era más que la extensión de la peruana. Eso se terminó. En este sentido, la postura de Carlos Mesa es reivindicatoria no solo de la demanda marítima paceña, sino que también de la postura de dependencia de la política exterior boliviana hacia la peruana, hacia aquella de Torre Tagle.

García Belaunde, canciller peruano, está tratando de recomponer las relaciones con esa facción de la oposición boliviana y de paso, el Perú interviene indirectamente en la política interna de Bolivia. La reelección posible y probable de Evo Morales constituye una clara amenaza para los intereses peruanos en Bolivia. Minimizar sus efectos, pero sobre todo, reactivar  sus “activos” en el sistema político boliviano estimularán aún más una retorica antichilena, y ahora, antimasista por parte de Carlos Mesa así como de esa Oposición  deslegitimada hasta lo más profundo de sus cimientos políticos.

Hay una estrategia peruana en orden a identificar a Chile como el líder de una supuesta carrera armamentista en la región. Ya se había señalado en una nota anterior: se quiere crear la imagen de un Chile que se arma con fines belicistas y ofensivos. Desde La Moneda y quien escribe ya han dejado en claro que el país no ha construido, como Alán Garcia y su Torre Tagle, diferendos territoriales ni marítimos con ningún país vecinal ni regional. Chile está conforme con sus fronteras, por lo tanto su política de defensa es doctrinalmente defensiva.

No obstante lo precedente, la estrategia peruana mantiene su rumbo. Decidió, tal y como Bolivia una vez lo hizo, “internacionalizar” su denuncia: Chile y “otros” países sudamericanos están embarcados en una carrera armamentista. Un pacto de no agresión, al más puro estilo de la Guerra fría estan promoviendo Alan y sus ministros, como la forma de evitar un supuesto conflicto en la región.

Ya sabemos  que la política exterior peruana y de defensa sigue los alineamientos del “estilo soviético”: real politik asociada a una vistosa campaña de imágenes altamente simbólicas. La postura peruana es “políticamente correcta”, por lo tanto siempre será bienvenida en los foros internacionales, con mayor razón si la despliegue ante el Papa. Pero tiene debilidades de fondo.

Chile, al no poseer demandas territoriales con sus vecinos ni tampoco ejercer una política de potencia hegemónica sobre el espacio regional o vecinal, ni menos aun una de expansión ideológica fuera de sus fronteras, no genera amenaza para la paz internacional. Los hechos lo demuestran. No existen fundamentos que permitan a Perú “acusar” a Chile de estar embarcado en una carrera armamentista. Transparencia, verificación y políticas de cooperación militar regional caracterizan la institucionalidad de la defensa chilena. Chile no posee ni misiles balisticos, ni menos aún una politica núclear militar. Las acusaciones se sustentan en retórica y en la construcción de imágenes falsas y tendenciosas. Chile debe dejar de llevar a cabo una estrategia defensiva en el ámbito diplomático y adoptar una lógica ofensiva.  Mostrar todo su peso político, económico y disuasivo en el ámbito regional e internacional. Las estrategias pasivas y reactivas deben ser  minimizadas.

La gran debilidad detrás de la estrategia peruana, es sin embargo otra.  

La región estaría, según esta visión, embarcada en una carrera armamentista, pero Perú olvida que es Brasil quien la lideraría, el gigante brasileño con ansias de expandir y reforzar su poder político bajo una lógica cuasi hegemónica. El Perú al ventilar esta nueva emulación militar acusa en primer lugar a Brasil con un gasto cercano a los 26 mil millones de dólares.

En segundo lugar de esta supuesta carrera armamentista se encuentra uno de los más relevantes aliados de los EE.UU en la región: Colombia (6 mil millones de dólares). Tan estrecho es este aliado que firmó recientemente acuerdos de cooperación con el gigante del norte a fin de instalar bases militares FOL en su territorio. Ninguna presión regional, incluso la brasileña, lo persuadieron de dejar de lado dichos acuerdos. Alán García deberá lidiar con este segundo país en su propia carrera mediática.  De imponerse la idea de Perú, primero, Brasil deberá justificar sus gastos militares, luego Colombia. La imagen de Brasil como una potencia cooperativa está en juego frente a la lógica hegemónica que estar asociado a una carrera armamentista presupone. Más atrás viene Chile, con un programa de modernización bélica transparentado hasta la saciedad. Venezuela le sigue de cerca, pero a diferencia de Chile, sí posee una retórica ideológica expansionista y de creación de “Estados satélites”.

El gran temor peruano hoy es que solo puede “correr” con su vecino ecuatoriano. Su gran problema es que las debilidades estructurales, tanto políticas como micro económicas, le impiden embarcarse en un proceso de adquisiciones bélicas como los del período de Velasco Alvarado, cuando Perú fue el único país de la región que recibió modernos sistemas de armas soviéticos. ¡Claro!, eran otros tiempos, de la Guerra Fría. Esos mismos tiempos a los que responde  el actual  proyecto de “pacto de no agresión” peruano. Un desfase histórico de proporciones pero fácilmente explicado por la percepción de debilidad política, social y bélica del vecino país del norte.

En algo tienen razón en Torre Tagle y el señor García Belaunde, Ministro de RR.EE del Perú, Chile no debe ser hipersensible a la retórica peruana, por el contrario, dirigirlos hacia los dos principales aludidos y “afectados” por la acusación peruana: la Cancillería y el Gobierno  brasileño y luego al Gobierno de Uribe, aliado natural (y casi único) de los Estados Unidos en Sudamérica.

Difícil tarea espera a Torre Tagle…

Interoperabilidad, esta es la palabra clave para comprender la naturaleza y el alcance práctico del Ejercicio Salitre II que llevará a cabo la Fuerza Aérea de Chile en conjunto con otras fuerzas de los Estados Unidos, Francia, Brasil y Argentina en Antofagasta entre el 23 y el 28 de octubre próximo.

No existe un trasfondo disuasivo de carácter regional detrás de este evento. No debería haber segundas lecturas en torno a la utilización del espacio norte de nuestro país en dichos ejercicios. Razones prácticas hacen que el cielo norteño esté capacitado para desarrollar este tipo de programas que si bien son de naturaleza militar, tiene como finalidad última preparar a la FACH para operar en un escenario combinado de imposición de la paz en cualquier parte del mundo.

Si se tratase de potenciar la disuasión sobre el vecino país del norte, para eso están los diferentes ejercicios de carácter internos, asociados a interoperabilidad entre las diferentes capacidades terrestres, marítimas y aéreas de las Fuerzas Armadas chilenas. La defensa y disuasión nacional es un asunto interno y no necesita del concurso de fuerzas foráneas.

Señalemos que el Ejercicio Salitre 2009 no será operacionalizado en la frontera con Perú, sino que entre Iquique y el norte de Tocopilla. Al interior de territorio chileno.  Diferentes razones prácticas han coincidido a fin de elegir este espacio aéreo y territorial como la base de operaciones: un bajo tráfico aéreo en el norte, una capacidad logística óptima de las bases aéreas del norte y condiciones meteorológicas excelentes.    

No obstante lo anterior, desde Perú, siguiendo con la lógica de “construir” una nueva parte del caso presentado ante La Haya, parecen buscar instaurar la idea y la imagen regional de un Chile agresivo, que “se arma” con fines ofensivos, que alimenta percepciones de amenaza militares y que se prepara para la guerra. Un Chile que genera inestabilidad regional.

En función de ello, se ha construido aceleradamente una nueva arista del “caso La Haya”. Una lógica y retorica de denuncia del ejercicio combinado Salitre II ha sido profusamente ventilado en los medios locales peruanos, junto con una ventilación en la ONU de la idea del “pacto de no agresión” y de la idea de una “carrera armamentista”. Lo anterior, no obstante que Brasil ya señaló que tal idea de carrera armamentista no existe y que, alineándose con la postura chilena, procesos de modernización de sistemas obsoletos han sido llevados a cabo.

Desde esta perspectiva, el ejercicio a realizarse en Antofagasta, en conjunto con fuerzas aéreas de otros cuatros países, aparece, desde la visión limeña, como una nueva señal de La Moneda en cuanto a que Chile estaría adoptando una postura contraria al sistema de convivencia pacífica y cooperativa internacional. Esta es la imagen que desde el Rimac se estaría edificando en función de Chile. De la misma forma, se ha señalado que el despliegue de estas fuerzas estaría dirigido hacia ellos, en una lógica disuasiva. Que éste evento multinacional abrigaría un carácter ofensivo y agresivo hacia el país del norte.Nada más alejado de la realidad desde la perspectiva del ejercicio practico.

Salitre II, tiene como objetivo central generar espacios de interoperabilidad entre diferentes fuerzas aéreas, adoptando métodos propios a las operaciones combinadas entre dichas fuerzas y capacidades de tierra y marítimas chilenas. Se busca planificar y ejecutar, finalmente, operaciones conforme a los procedimientos internacionales de participación en misiones de paz, en específico de imposición de ésta, según el mandato de la ONU. Mientras en Brasil se realiza cada dos años el ejercicio CRUZEX, en Chile realizamos el SALITRE.

La FACH necesita estar preparada para requerimientos presentes y futuros, tanto en su aspecto disuasivo vecinal como cooperativo en el ámbito internacional. No caben mayores interpretaciones. La problemática peruana en función de este ejercicio combinado internacional  responde a necesidades de política interna, más que ha percepciones de amenazas reales. El general en retiro de Ejército peruano, José Graham, lo corrobora. Solo un ejercicio.

Ni la presión diplomática de los EE.UU, de la OEA ni aquella de las potencias regionales lograron establecer puntos de negociación a fin de permitir a Manuel Zelaya retomar el poder político y dirigir su país a elecciones generales que permitan, finalmente, a la población decidir quién será el que gobernará.

Hoy, Zelaya se encuentra en Tegucigalpa. Solo una operación de inteligencia pudo permitir al depuesto mandatario retornar a su país, aunque se encuentre, técnicamente hablando, en territorio brasileño.

Un primer paso está dado. Brasil está asumiendo un riesgo enorme al permitir que su embajada se convierta en una plataforma política del depuesto presidente. El riesgo radica en que se apuesta a que el impasse conozca un desenlace rápido y pacífico. Retomar el dialogo, negociar y permitir que el actual gobierno en Honduras sea objeto de una amnistía general, incluyendo a todos los personeros de facto y también a Manuel Zelaya. Borrón y cuenta nueva.

La experiencia reciente demuestra que el Gobierno de Roberto Micheletti está convencido que detrás suyo está la legitimidad de un régimen "salvador" de la institucionalidad democrática hondureña. Se aprecia que todos los estamentos políticos e institucionales apoyan, hasta el momento, está visión y postura. Diferentes motivos lo explican, entre otros, el temor a perder el control del aparato público y las prerrogativas y privilegios de la clase dirigente.

Esta misma experiencia reciente nos señala que Micheletti no es fácilmente disuadido ni persuadido de tomar o no tomar ciertas decisiones que implican hacerse a un lado.

La pregunta que surge es si Brasil y la comunidad regional está esperando un resquebrajamiento de este apoyo incondicional de la institucionalidad interna que sostiene al gobierno de facto. Un resquebrajamiento que genere un “contragolpe”, esta vez “restaurador” de la legitimidad democrática.

De producirse un “contragolpe”, en donde los militares sean los encargados de restituir al depuesto mandatario, estaríamos frente a un complejo escenario. Aquellos que criticaron y condenaron el accionar militar hondureño, terminarían por aplaudirlo.

Ante una perpetuación del gobierno de facto, ante un hostigamiento directo de las fuerzas de orden hondureñas en contra de la embajada brasileña y ante un incremento de la violencia interna, el contragolpe aparecería como el mal menor.

Nada es descartable antes de ver que la jugada brasileña termine en un fracaso diplomático y político de proporciones. ¿Nada más democrático que un "contragolpe" restaurador del estatus quo ante?