Reformas a los RRHH en el Estado: elementos del caso Mineduc

Jun. 10 , 2010

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El despido de funcionarios del Ministerio de Educación ha abierto un amplio debate. A priori, parece esperable que un grupo menor de los trabajadores de una institución de gran envergadura deban ser cambiados cuando asume una nueva administración que intenta plasmar un estilo renovado de gestión. Más aún si el cambio de administración se da tras 20 años de continuidad de una gestión anterior, donde, dichas las cosas como son, las remociones de funcionarios no eran algo común.

Es entendible, por otra parte, que las agrupaciones de estos funcionarios hagan lo posible por contrarrestar esta situación, pues ésta es una de sus labores. También es esperable la reacción de los parlamentarios de oposición, de los cuales uno puede dudar sobre su real capacidad de saber si efectivamente la forma de trabajar de estos funcionarios aporta o no al plan de desarrollo del Ministerio. En este sentido, son posiciones que, debido a sus incentivos, pueden desvirtuarse.

Tampoco parece oportuno señalar desde la vereda oficialista que los funcionarios que no sigan la línea política del gobierno actual deben ser removidos. Pese a que hay casos en que es muy difícil separar lo político de lo técnico, un Estado moderno debe ser capaz de tener un equipo técnico permanente y de excelencia, que trascienda los gobiernos y que se especialice en ejecutar de la mejor forma aquellas iniciativas que responden a una estrategia determinada por el gobierno de turno. Esto adquiere aún más importancia cuando el período presidencial es de 4 años, lo que genera, en muchos casos, un conocimiento mucho mayor a nivel técnico que a nivel de directivos del funcionamiento del Estado. Es además la experiencia exitosa que han mostrado países anglosajones con Servicios Civiles maduros y profesionalizados, y que también mostraron algunos organismos estatales chilenos que a principios de los noventa decidieron mantener en su proyecto a funcionarios que se habían desempeñado durante el período de Pinochet, los que, impulsados por un liderazgo efectivo e integrador, se sumaron al trabajo y aportaron con su experiencia.

En resumen, las autoridades del ministerio de Educación están en su derecho de reformar sus equipos, especialmente considerando la envergadura de la organización y los años en que se observaron pocas variaciones en su estilo de gestión. Es de esperar que estas remociones no respondan a razones políticas cuando no se hayan dado fundamentos para que esto se transformara en un elemento insoslayable. Si así fuera, existirían de todas formas instancias para discutir esos casos. Por otra parte, que estos cambios se den a tres meses de asumido el gobierno permite suponer que los funcionarios fueron evaluados en su trabajo y que la decisión ha sido meditada. Si así fuera el caso y lo que buscamos es modernizar el Estado chileno, sería un error importante seguir generando trabas (como si la regulación laboral pública no bastara) para que un ministro pueda reformar su equipo basándose en factores técnicos y tomando en consideración lo que necesita para sacar adelante su proyecto, el cual ha sido validado democráticamente como parte de un plan de gobierno.