Claudio Fuentes

Aunque ya las calles y radios comenzaban a plagarse de propaganda electoral, tuvo alguien que preguntarle al candidato Piñera sobre sus gastos de campaña para desatar una polémica sobre el tema. Se equivocó el candidato al entregar una cifra irrisoria en relación a lo que constituyen sus gastos de campaña hasta la fecha. Los 10 millones que reconoció haber desembolsado en un primer minuto no alcanzan a cubrir los cientos de avisos de radio y gigantografías de la ciudad de Santiago--salvo que haya obtenido rebajas impresionantes y poco probables en el mercado publicitario.

Pero aquí el tema es uno más profundo. Primero, los candidatos de acuerdo a la ley no debiesen estar haciendo campaña electoral en este período. Entonces, alguien debería preguntarle a los candidatos--y en particular a Piñera, que ha sido más agresivo en términos de campaña, por qué vulnera la ley electoral. La respuesta de sus asesores seguramente sería "es que no estamos incitando a que se vote por el candidato, sólo dando a conocer una idea general". Pero ya sabemos que aquello es un tecnicismo legal, por lo que la pregunta a sus asesores, entonces, sería ¿estará Piñera o cualquier otro candidato dispuesto a gobernar utilizando resquicios legales?  La cuestión de fondo aquí es que se vulnera el espíritu de la ley electoral que establece un periodo relativamente acotado de tiempo para realizar propaganda. Quien coloca propaganda antes de tiempo, simplemente viola la ley.

Un problema adicional es la mala calidad de la ley de financiamiento electoral chilena. La ciudadanía no sabrá la procedencia de las donaciones a sus candidatos al momento de votar. Tampoco existirá fiscalización efectiva de los gastos de los candidatos--el Servicio Electoral solo tiene atribuciones para un control administrativo. Tampoco se conocerá de las donaciones después de ocurrida la elección (¿Sabe Ud. quién financió las campaña de su alcalde, o de su actual diputado?) La ley actual es altamente opaca y lo suficientemente engorrosa como para evitar un voto informado.

Salvo Piñera, que seguramente financiará su campaña utilizando su patrimonio, no sabremos cómo se financiará el resto de los candidatos. Menos aún sabremos de los financiamientos de los aspirantes al Senado y a la Cámara.

En definitiva: candidatos que usan resquicios legales para propagar sus ideas, malas prácticas instaladas en el sistema político y  una pésima ley de financiamiento electoral.