Claudio Fuentes

Publicado en Ideas & Debates, Diario La Tercera 10/04/2009

Barack Obama recibe un sueldo equivalente a 19 millones de pesos mensuales, además de contar con una cuenta a su disposición de 50 mil dólares, otra de 100 mil para gastos de viajes y 19 mil para gastos varios. Así como el sueldo del Presidente de EEUU es público, también existe un récord de los cargos y remuneraciones de los asesores en las diversas agencias del Estado.

Esta medida tiene tres efectos. Primero, obliga a definir estándares de remuneraciones de modo que en el conjunto de la administración pública -incluyendo al Congreso- se establezcan niveles razonables de sueldos para personal de planta y asesores. Segundo, permite regular potenciales incompatibilidades, al identificarse quiénes son los asesores externos y qué funciones cumplen. Finalmente, se fortalece la noción de un Estado responsable y abierto al escrutinio público.

En Chile parecieran asomarse dudas en torno a la publicidad de los honorarios que reciben los asesores de las distintas reparticiones de gobierno, a propósito de la implementación de la Ley de Acceso a la Información. El reglamento propuesto por el Ejecutivo establece explícitamente que deberá publicitarse en sitios web el personal de planta, contrata y honorarios, así como sus remuneraciones brutas y líquidas (artículo 53). Al respecto, se necesita una definición precisa del concepto de "remuneración", diferenciando claramente lo que es el sueldo y otras asignaciones (viáticos, asignaciones por maternidad, zona, etc.). La información que se entregue al público debiese permitir distinguir sueldos de asignaciones a partir de una metodología que permita comparar funciones.

Esto nos lleva a discutir el rol que juegan los asesores en la función pública. Para que las autoridades puedan cumplir sus tareas, requieren contar con asesores profesionales para enfrentar situaciones complejas. Las jefaturías de gabinete, asesorías jurídicas y técnicas son funciones transitorias, pero relevantes, que no debiesen ser objeto de cuestionamientos. Resultaría absurdo negarle a un ministro o a un congresista la contratación de un asesor jurídico particular para abordar temas de difícil solución.

El problema es la cuantía de las asesorías contratadas, la eventual incompatibilidad de funciones y los niveles de reserva que algunos casos requieren. Los montos debiesen reflejar una proporcionalidad con el tipo de tareas que se cumple. La incompatibilidad estaría dada en relación al tipo de función que presta y las otras actividades  públicas y/o privadas que eventualmente cumple el asesor de una autoridad. Finalmente, la reserva alude a aquellas funciones críticas y que son sensibles a los temas de seguridad. La reserva debiese ser la excepción y no la norma, como bien lo establece la ley de Acceso a la Información.

La modernización del aparato público requiere dar pasos concretos y decididos para transformar la cultura de la reserva dominante en el Estado chileno por siglos. La implementación de la nueva norma no sólo implicará la necesidad de dar publicidad a salarios sino que, más importante, llevará a debatir los actuales estándares para contratar asesorías, los eventuales conflictos de interés y la necesidad de definir mejor la reserva.

Finalmente, la normativa actual debiese extenderse en el futuro a otras reparticiones del Estado hoy excluidas de esta ley como el Congreso, la Justicia Electoral, las empresas públicas, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, por citar las más relevantes. La actual normativa se centra en el Ejecutivo, pero el próximo paso será incorporar al conjunto de las reparticiones del Estado.