Claudio Fuentes

Publicado en Ideas y Debates de La Tercera, 25 de febrero de 2009

Un hecho que pasó prácticamente inadvertido en las últimas elecciones de EEUU fueron las más de 200 proposiciones sometidas a referendo por parte de las autoridades estatales de dicho país. Se sometieron a consulta ciudadana cuestiones tan polémicas como el salario mínimo, protección de propiedad privada, incremento de impuestos, aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otras.

La apelación a la ciudadanía parece natural a una democracia, pero ello no está exento de debate. ¿Puede una democracia convertirse en una "tiranía" de la mayoría usando estos mecanismos? ¿Podrá el "pueblo" tomar decisiones en temas complejos que no siempre son fáciles de comprender?

El plebiscito vinculante en la comuna de Vitacura, que se realizará el 15 de marzo y donde se someterá a votación el cambio en el plano regular de tres sectores de la comuna, hace evidentes estas interrogantes. Los escépticos manifiestan su temor a que la ciudadanía tome decisiones en cuestiones que son técnicamente de difícil resolución, como el pago de impuestos o el desarrollo urbano. Los partidarios sostienen que es precisamente la movilización en torno al interés público lo que estimula que la ciudadanía se documente para votar.

Chile muestra un débil desarrollo de mecanismos de participación democrática. Pero también los municipios casi no han utilizado el único instrumento que les otorga la ley: los plebiscitos vinculantes, para apelar a su electorado ¿Debiésemos avanzar en reformas que promuevan la participación electoral de la ciudadanía en temas sustantivos, como ocurre en Estados Unidos?

Me inclino favorablemente por este tipo de mecanismos por sus positivos efectos: se incrementaría el interés en participar, la ciudadanía se sentiría más cercana al espacio público y se producirían votos informados. Ningún tema podría ser vedado de la consulta ciudadana, pues sería muy difícil establecer una línea divisoria entre lo permitido y lo prohibido.

En la actual norma, la realización de un plebiscito requiere la aprobación de 2/3 del Concejo Municipal o la petición a través de firmas de al menos el 10% de los inscritos, barreras que parecen razonables para evitar que cualquier tema termine zanjándose en las urnas.  

Sin embargo, se requieren algunas precisiones. Primero, es necesario garantizar que partidarios y detractores puedan exponer su posición frente al electorado. Uno de los grandes problemas en casos como el de California, por ejemplo, es el gasto en campañas por parte de los grupos de interés, lo que podría desvirtuar la decisión. Las empresas constructoras en Vitacura seguramente tienen mucho interés en que se permitan mayores construcciones, con lo que el financiamiento de campañas se hace relevante.

Segundo, valdría la pena discutir si es apropiado acotar estas consultas vinculantes a períodos no electorales, como sucede hoy en Chile. Dado que la reforma constitucional de 2005 estableció una intercalación de elecciones cada dos años (municipal y presidencial), el margen para estas consultas es limitado. Asociar las elecciones municipales a consultas sobre temas sustantivos ahorraría recursos e incrementaría la mermada participación electoral.

También podría pensarse en condiciones para la aprobación de iniciativas, como quórum altos de participación electoral para incrementar su legitimidad. Además,  resolver el tema del costo de los plebiscitos, pues hoy cada municipio debe financiarlos. Así, una ingeniería política inteligente establecería un mejor equilibrio entre democracia participativa y democracia representativa