Claudio Fuentes

Publicado en Ideas y Debates de La Tercera 28 de julio de 2010

En el 2009, el entonces candidato a la presidencia Sebastián Piñera, dio a conocer un documento de ocho puntos, estableciendo lo que sería la hoja de ruta para sus empresas. Seguramente, pocos en su comando advirtieron el impacto negativo que producirían tales tempranas decisiones en estos primeros meses de gobierno.

Dos casos en particular se han convertido en un dolor de cabeza para la actual administración. Con respecto a Chilevisión -expresaba el documento- se encargó a un estudio de abogados el análisis de diversas alternativas para "preservar, a través de un estatuto permanente, el pluralismo e independencia de su línea editorial y programática". La posterior presión de adversarios e incondicionales en un campo plagado de potenciales conflictos de interés hicieron que el Presidente Piñera reconsiderara su posición, inclinándose ahora por la venta de la estación televisiva.

La segunda empresa es Blanco & Negro. Expresaba en su oportunidad el documento que el eventual Presidente Piñera conservaría su participación como accionista en dicha empresa, "reafirmando su compromiso con el deporte en general, con las tareas que realiza dicha institución y con el logro de éxitos deportivos a nivel nacional e internacional". Esta declaración fue doblemente infeliz.

Por una parte, un Presidente de la República tiene el deber de la neutralidad, por lo que no puede comprometerse con las tareas específicas de una institución como Colo Colo ni menos con sus éxitos deportivos. Más importante aun, el hecho de que el Mandatario sea el segundo accionista de esta empresa lo coloca en una situación altamente vulnerable: cualquier política de gobierno que directa o indirectamente beneficie al fútbol profesional -y, por ende, a Blanco & Negro-, podría afectar nada menos que el actual patrimonio del Presidente.

De ahí que el contralor Mendoza sea cauto respecto de la actual situación del Mandatario. Expresa la autoridad que mientras el Presidente no tome decisiones en materia de fútbol, no se produciría una inhabilidad. Sin embargo, el Presidente ya tomó una decisión y no menor: nombrar al principal accionista de Blanco & Negro como subsecretario de Deportes.

En la declaración de la Contraloría el conflicto potencial de intereses existe. La cuestión ahora es evaluar qué decisiones del Presidente pudiesen afectar al fútbol profesional y a Blanco & Negro, lo que debiese verse reflejado en el precio de sus acciones.

El precedente es pésimo. Políticamente se instala la sospecha respecto de la gestión del Mandatario en una serie de ámbitos públicos, donde podría dominar el interés privado respecto del bien común general. Asimismo, se extiende innecesariamente una polémica que debió cerrarse antes del 11 de marzo de 2010. Finalmente, se instala la versión de una autoridad que estaría especulando respecto de sus negocios. De hecho, este domingo La Tercera daba a conocer una versión no desmentida hasta la fecha sobre el interés del Presidente de mantener sus acciones hasta después de la Copa Libertadores del próximo año. ¿Esperando vender con un mejor precio de sus acciones?

El caso demuestra que el marco legal para regular conflictos de interés en Chile es insuficiente y que políticamente le resultará costoso al gobierno mantener una actitud a la defensiva. Desde una perspectiva política, se equivoca el ministro Rodrigo Hinzpeter al señalar que "el Presidente no tiene ninguna razón para vender". Razones hay muchas, el problema es que ninguna de ellas se encuentra en los dictámenes de la Contraloría.