Claudio Fuentes

Publicado en Ideas y Debates de La Tercera, 21 de agosto de 2009

Esta semana se produjo una de las más superfluas interpelaciones ministeriales ante la Cámara de Diputados desde que esta medida se aprobó en el año 2005. El mecanismo buscaba reducir los exagerados poderes que tiene el Ejecutivo, estableciendo un sistema de convocatoria obligatoria a los ministros por parte del Congreso. Sin embargo, la fórmula escogida está lejos de cumplir con su objetivo. Lo único que se ha logrado es incentivar la agresión y el escándalo político.

En teoría, el sistema de interpelaciones busca fortalecer el poder del Congreso al permitirse convocar a los ministros de Estado, quienes tienen la obligación de contestar sobre las materias de su competencia. Se busca con ello tener mayores niveles de control de la gestión del Ejecutivo, transparencia y rendición de cuentas. Se espera que en el hemiciclo se contrasten opiniones y se presente evidencia que justifique la convocatoria.

El problema no es la interpelación en sí misma, sino la forma en que se adaptó al caso chileno. Hoy la interpelación no tiene ningún efecto político en las acciones de las autoridades del Ejecutivo. Más allá del alegato de los parlamentarios, no existe la real amenaza de la destitución del gabinete o de un ministro. Tampoco los parlamentarios que promueven esta acción corren el riesgo de una sanción política si ella no fructifica.

Al no tener efectos concretos, las sucesivas interpelaciones se han transformado en un simple espectáculo político. Mientras más críticos y desafiantes sean los diputados con la autoridad, mayores probabilidades que los medios se interesen en la historia y capten la atención de la ciudadanía.

En un sistema parlamentario la interpelación es un mecanismo eficiente al asociarse a la posibilidad real que un gobierno pueda verse amenazado por un voto de censura. Como el gobierno se forma a partir de las mayorías presentes en el Parlamento, una de las formas más efectivas que tiene la oposición para desafiar al gobierno es mediante la constante demanda por rendición de cuentas de parte de la mayoría en el poder.

Seguramente, los reformistas de 2005 no querían repetir la historia del mal denominado período "parlamentario" (1891-1924), cuando el Congreso estableció como práctica la censura y caída de ministros en un régimen que continuaba siendo presidencial. La reforma de 2005 estimuló, entonces, una aparente, pero no real transferencia de poder del Ejecutivo al Legislativo.

De ahí que sea necesario avanzar en reformas constitucionales asociadas al régimen político. Una solución es que se le otorgue la facultad al Congreso de censurar a ministros e incluso al gabinete en pleno, pero, al mismo tiempo, se permita al Presidente disolver la Cámara si dicho voto de censura no alcanza una mayoría sustantiva. Así, los congresistas pensarían dos veces antes de aplicar el mecanismo, pues se requerirían pruebas suficientes para alcanzar la mayoría. El Ejecutivo, en tanto, enfrentaría un Poder Legislativo con capacidades reales de remover un gabinete si las cosas no andan bien. Se favorecerían debates sustantivos y se reservaría la medida para situaciones verdaderamente excepcionales.

En síntesis, la modalidad actual favorece debates superficiales, sin consecuencias políticas para los interpeladores ni para los interpelados y con el evidente riesgo de incentivar el descrédito de la política. Un buen concepto, pero una pésima implementación.