Claudio Fuentes

Han pasado ya casi 20 años desde la transición a la democracia y el legado de las violaciones a los derechos humanos sigue acompañándonos.  Algunos sectores políticos y sociales han hecho llamados para cerrar los temas del pasado y mirar al futuro, bajo la premisa que mantener abiertos casos asociados al pasado sería un obstáculo para construir el futuro. Otros, sin embargo, plantean precisamente lo contrario: no existe posibilidad de construir un futuro democrático sin resolver los temas del pasado.  Cuando se observan las percepciones sociales observamos que ellas están lejos de asociarse al olvido.  

El tema no ha estado del todo ausente del debate presidencial, siendo la reunión del candidato presidencial Sebastián Piñera con ex uniformados lo que más atención había causado, por sus declaraciones que propiciaban un cuestionamiento a los jueces y su intención de no "eternizar" los procesos judiciales (¿Punto final? ¿Cierre de procesos?). Su programa de gobierno sugiere lo siguiente: "Si bien la política del Estado ha estado marcada por los objetivos de verdad, reparación y reconciliación, ésta última no ha logrado producir todos sus frutos. Por esa razón, en el próximo Gobierno la política en este aspecto estará orientada por la búsqueda de la verdad y la justicia, pero al mismo tiempo, avanzará en forma consensuada hacia una auténtica reconciliación" (Programa de Gobierno, Sebastián Piñera 2010).

La ambigüedad de la última frase es evidente. Si los procesos por violaciones a los derechos humanos están siendo vistos por la justicia, ¿de qué tipo de consenso se puede hablar? ¿Consenso entre quienes y para qué? ¿Es posible reconciliarse socialmente a partir de una estrategia de consenso político?  ¿Existen reconciliaciones que no son auténticas?

En la última encuesta nacional UDP 2009  (encuesta cara a cara con un 70% de representatividad a nivel nacional) preguntamos sobre la percepción de la población sobre este sensible tema con el objetivo de observar hasta qué punto la sociedad chilena acepta/rechaza las políticas implementadas hasta la fecha en materia de derechos humanos. Los resultados parecen bastante concluyentes: un 71,8% de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación que "en 1973 no se justificaba violar los derechos humanos bajo ninguna circunstancia". Asimismo, un 76,1% estuvo de acuerdo con la afirmación que el "general Pinochet siempre supo de las violaciones a los derechos humanos".

En tanto, un 59,6% se muestra de acuerdo con la idea de "seguir investigando hasta que se juzgue a todos los responsables".  La auto-identificación con los candidatos es una variable relevante a considerar por cuanto mientras los partidarios de Arrate y Frei se muestran de acuerdo con la anterior frase en más del 75% como promedio, los partidarios de Piñera sólo lo hacen en un 40,7%.  Chile sigue estando dividido frente al pasado y aquella división tiende a relacionarse con una variable política (la auto-identificación con el eje izquierda derecha).

La más reciente noticia respecto del procesamiento de 6 personas por la muerte del ex presidente Frei Montalva recoloca el tema de los derechos humanos a pocos días de verificarse la elección presidencial. La noticia tiene tres dimensiones a considerar: la primera de ellas-y quizás la más relevante-es ética-moral. Hoy existirían pruebas fundadas para plantearse la posibilidad de un planificado y cruel asesinato del ex presidente Frei Montalva. De ratificarse esta acusación en los tribunales, estaríamos en presencia de una barbárica práctica que ya ha sido demostrada en otros casos.

La segunda dimensión se asocia con el valor simbólico de esta noticia. Frei Montalva representa a una generación de políticos que promovió la modernización del país en una década marcada por transformaciones relevantes a comienzos de la década de los 1960s. Frei Montalva representa a un Chile progresista que propugnaba el cambio social y la reforma agraria, que se sumaba a una tendencia global de lucha por la igualdad y las oportunidades sociales. Pese a que los tiempos sociales han cambiado, Frei Ruiz-Tagle recoge el legado de su padre, particularmente en los sectores sociales más rurales y apartados del país.

El tercer aspecto se vincula con el valor electoral de esta noticia. Al respecto, es poco probable que ello se materialice en estas elecciones. El electorado de derecha difícilmente le dará su voto a Frei Ruiz-Tagle. Asimismo, los sectores pobres y rurales ya tienen comprometido su voto con dicho candidato. Quedan en disputa los indecisos sectores de clase media-baja que muy probablemente no se movilicen por el tema de los derechos humanos. Las lealtades electorales ya están meridianamente definidas por lo que el impacto de esta noticia va por otro lado: apela a un pasado cruel que no nos abandona y a un personaje (Frei Ruiz-Tagle) que ha transformado sus sensibilidades respecto del tema de los derechos humanos.

Con todo, esta decisión es un síntoma positivo del adecuado rumbo tomado por los tribunales para enfrentar nuestro doloroso pasado.