Claudio Fuentes

Una de las primeras preguntas que surgió después de la decisión del Tribunal Constitucional es quién había designado a los integrantes de dicho organismo y a quién o quiénes representaban. ¿Cómo pueden quedar en manos de tan pocas personas decisiones tan importantes que afectan la vida de las personas? ¿Existe algún mecanismo de supervisión de sus acciones y decisiones?

Resulta crucial para el perfeccionamiento democrático revisar las prácticas y mecanismos de selección de aquellas funciones que son críticas al país. Una práctica que hace falta en Chile es la “audiencia pública” para definir algunos cargos públicos. Ello elevaría la calidad de la política, permitiría el control político y ciudadano y, por lo demás, motivaría la discusión de ciertos asuntos relevantes para el país en un foro público.

Imagínese por un instante que los candidatos a dirigir, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, tuviesen que presentarse ante una Comisión del Senado para realizar sus planteamientos sustantivos en temas vinculados a derechos, valóricos o constitucionales. Imagínese que dichas audiencias fuesen públicas y que la ciudadanía tuviese acceso a tales argumentaciones. Lo anterior exigiría preparación por parte de los y las candidatas de modo de responder a exigentes preguntas en temas de interés nacional. Conoceríamos qué piensan los miembros del Tribunal en temas tan relevantes como el aborto, las atribuciones presidenciales, o su postura frente al derecho de las minorías.

Imagínese que lo propio pasara con instancias tan críticas para nuestra sociedad como el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de Alta Dirección, la Corte Suprema o la Contraloría de la República. Vayamos un poco más allá e imaginémonos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores existiese un sistema de “oposiciones” para la designación de nuevos embajadores donde los candidatos debiesen defender ante una comisión de expertos su programa de trabajo, explicar sus conocimientos y revisar sus visiones en materia de política exterior.

Hoy, la mayor parte de los puestos críticos dependen o de la Presidenta—quien recoge la mayor parte de las veces la opinión de los partidos de su coalición—o de una negociación entre gobierno y oposición en instancias como el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de Televisión, y la Alta Dirección Pública, por citar algunos.

La simple exigencia de una “audiencia pública” en el Senado revertiría los actuales incentivos que existen para definir cargos que son esencialmente políticos. Hoy, la preocupación central en una nominación es responder al equilibrio político interno de una coalición o de una fracción de un partido. Con un mecanismo de audiencia, los partidos tendrían que exponer a su mejor gente al escrutinio público y la ciudadanía podría conocer las posturas de los candidatos antes de asumir sus cargos. Ello no reduciría el rol de instituciones del Estado como la Corte Suprema, el Senado o la Presidencia por cuanto ellos podrían seguir sugiriendo candidatos.

En una democracia donde los partidos ejercen, teóricamente, como vínculo entre gobernantes y gobernados, el cuoteo político no debiese resultar problemático. De hecho, éste debiese resultar algo positivo dado que permite representar los intereses diversos. Algo de ello ha ocurrido en el Consejo Nacional de Televisión o en el Consejo de Alta Dirección. El problema es cuando este cuoteo no es responsable frente a la ciudadanía. Es tiempo que la actividad política sea responsable frente a la ciudadanía y la mejor forma de hacerlo sería creando mecanismos públicos, transparentes y exigentes para la denominación de estos “Consejeros”.