Claudio Fuentes

(Aparecido en La Tercera (versión impresa) el 27 de diciembre, 2009).

El debate sobre la refundación de la Concertación ampliamente discutido en estas páginas, contiene una premisa problemática: en la mayoría de los análisis se parte del supuesto que dicha coalición ha sido un “proyecto” político, que tiene fines asociados a una agenda progresista. Sin embargo, la experiencia de 20 años ha demostrado que se trata no de un proyecto, sino más bien un exitoso “pacto” de gobierno. El éxito de la Concertación precisamente se debe a que ha incorporado diversas sensibilidades y es aquello lo que debiese potenciarse.

La explicación de ello se asocia al tipo de sistema político nacional. La estructura partidaria chilena es multipartidista, donde es poco probable que en el futuro inmediato un solo partido logre concentrar mayorías en el Ejecutivo y Legislativo simultáneamente. Este hecho, válido para la coalición de gobierno y oposición coloca a los partidos frente al dilema de cooperar para convertirse en gobierno, o dividirse y condenarse a ser oposición.

La exitosa experiencia de la Concertación se debe a que sus líderes entendieron la necesidad de establecer un gobierno de mayorías. Como el principal desafío es la “cooperación”, los atributos claves para el éxito han sido: primero, abrirse a la inclusión de diversas sensibilidades del arcoíris político y social (laicos, cristianos, masones, progresistas, conservadores y liberales); segundo, establecer un mecanismo de resolución de disputas dentro de la coalición aceptando al o la Presidenta de la República como supremo árbitro de las disputas; y tercero, una fuerte lealtad intra-coalicional, particularmente cuando la Concertación no tenía mayoría en el Senado.

El arcoíris concertacionista ha sido capaz de reflejar de mejor modo que la oposición la diversidad existente en el país y aquello ha sido esencial para su éxito.  La historia que vimos desde 2005 a la fecha es la erosión de estos tres principios esenciales para cualquier pacto. La explicación tiene que ver con el declive electoral de la democracia cristiana y las fuerzas centrífugas que generó, la oligarquización de los partidos que han frenado la renovación de sus elites, y la pérdida de confianzas y lealtades entre sus dirigentes.

Es legítimo que los progresistas dentro y fuera de la Concertación busquen establecer un nuevo referente. Sin embargo, para convertirse en gobierno se requerirá mucho más que ello. Se necesitarán cristianos-sociales, liberales y masones, por mencionar solo algunos. La virtud de los cuatro gobiernos concertacionistas es que se ha sabido administrar las diferencias en base a una fuerte cuota de liderazgo presidencial y el no menor establecimiento de vínculos transversales para moderar conflictos.  Grandes temas valóricos, sociales y económicos fueron simplemente borrados de la agenda cuando se ponía en riesgo el pacto.

El escenario político actual es sintomático de un interesante cambio de paradigmas. Por primera vez desde 1990 la oposición ha demostrado una peculiar voluntad de cooperar y por primera vez la Concertación ha enfrentado una elección internamente dividida.

Así las cosas, el debate sobre la refundación de la Concertación no debiese centrarse tanto en su grado de “progresismo” sino más bien en cuestiones más básicas y esenciales que vienen fallando internamente como la democratización de los partidos que la conforman a nivel nacional y local, la institucionalización de mecanismos para resolver conflictos (primarias, por ejemplo), y la generación de lealtades transversales entre sus dirigencias. En Chile, si los partidos no cooperan, dejan de ser gobierno.