Claudio Fuentes

Publicado en Ideas y Debates de La Tercera, 03 de diciembre de 2009

El caso de Chile Transparente dio pie a una serie de preguntas sobre el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en nuestro país. Aquí se han puesto en tela de juicio cuestiones asociadas a la intencionalidad de los redactores de un informe sobre corrupción, el rol de los ejecutivos vis-a-vis el directorio de la organización y temas relacionados con la naturaleza del financiamiento que reciben.

Es quizás la primera vez que una ONG es sometida a tanto escrutinio público. Hace pocos días, una comisión de Chile Transparente hizo público un informe sobre lo sucedido, lo que trajo a la luz algunas deficiencias internas. El asunto de fondo es cómo lograr garantizar la autonomía de organizaciones que están expuestas a presiones políticas y que, además, requieren de financiamiento para subsistir.

Al respecto, es necesario preguntarse qué rol debiese cumplir un directorio. Por lo general, se trata de personas que ceden tiempo de sus ocupadas agendas para contribuir voluntariamente a una causa que estiman noble. La dificultad encontrada en Chile Transparente es que, pese a existir normas de conducta que involucraban decisiones relevantes del directorio, tales orientaciones no se cumplieron ni en esta ni en pasadas oportunidades.

Una parte del debate, entonces, se refiere a la asignación de responsabilidades. ¿Quién es el responsable final de hacer cumplir los estándares existentes? ¿El presidente de la organización, su director ejecutivo o los directores? ¿Acaso nadie sabía que existía un informe sobre corrupción que se daría a conocer en algún momento del año? ¿En ninguna reunión de directorio se discutieron las actividades del año, incluyendo este famoso informe?

Pero una pregunta más desafiante alude a cómo garantizar la autonomía de los directorios y consejos asesores de estas entidades de modo de evitar "empates políticos" internos que inhiban la discusión de temas de interés nacional. Un escenario fatídico para la defensa de un bien público sería que los directorios se guiaran por intereses particulares, restándose de debates nacionales importantes, como la relación entre negocios y política. Planteemos el contra-fáctico: ¿Qué hubiese decidido el directorio frente al borrador del informe: publicar una versión mejorada del "caso Piñera" o simplemente excluir el caso dado el contexto electoral? Si hubiesen tomado el segundo camino, sería fatal para la transparencia en Chile.

A la autonomía de los directorios se agrega la cuestión financiera. La comisión interna agregó importantes consideraciones sobre el financiamiento de la organización. En efecto, un elemento esencial para garantizar el trabajo autónomo y libre de presiones de este tipo de organizaciones es la independencia respecto de sus potenciales contribuyentes, sean ellos privados o públicos.

Los principios esbozados en el documento preparado por la comisión interna de Chile Transparente parecen ser válidos para otras organizaciones de la sociedad civil que tienen por misión esencial promover una cultura de transparencia.

Los mandamientos son: no recibirás donaciones que busquen objetivos que estén fuera de los acordados por la organización; evitarás dependencias excesivas de un solo contribuyente; evitarás los aportes de personas o grupos que puedan perseguir objetivos político-electorales; finalmente, no recibirás fondos de "libre disposición" de entidades de gobierno, sino sólo aquellos asociados a concursos públicos y/o partidas presupuestarias aprobadas en el Congreso. Amén.