Claudio Fuentes

El fallido intento por extender el plazo de inscripción de los jóvenes y la campaña del gobierno sobre la materia están condenados a fracasar por tres motivos: el mensaje no es convincente; la incidencia de la ciudadanía  en el sistema político es escasa y hasta el momento la oferta de los candidatos parece poco atractiva.

“Yo tengo poder. Yo voto” versa el slogan de la campaña de registro electoral. Aunque atractivo, este mensaje contrasta con una visión mayoritaria de la ciudadanía referida a que sus opiniones no importan mucho. Lo anterior no es sinónimo de apatía o desinterés con temas de interés nacional. De hecho, de acuerdo a la última encuesta nacional del INJUV, los jóvenes entre 15 y 29 años creen mayoritariamente en la democracia (57,1%) y aseguran que “la manera en que uno vota puede hacer que las cosas sean distintas en el futuro” (59,4%). Sin embargo, sólo un minoritario 30% se muestra dispuesto a inscribirse en los registros electorales.

Otros estudios (ver "El Genóma Electoral" UDP) indican que no existen diferencias significativas en los niveles de desafección política entre adultos y jóvenes.  En otras palabras, los jóvenes no son unos “bichos raros”, desconfiados de la democracia y que no manifiestan afinidad con temas de interés nacional. Muy por el contrario, ellos sí creen en la democracia y sí piensan que el voto podría marcar una diferencia. El problema con la masiva no inscripción de jóvenes parece asociarse a que existe una percepción generalizada a que, dadas las actuales circunstancias, por mucho que uno se esfuerce en ir a votar las cosas no cambiarán.

En efecto, las reglas del juego de nuestro sistema político establecen un marco de altísimo inmovilismo y certeza sobre quienes resultarán electos. La ciudadanía vota por candidaturas pre-establecidas por cúpulas partidarias ubicadas generalmente en Santiago y que tienen garantizado su triunfo electoral. Lo anterior implica la necesidad de una seria revisión al sistema electoral en asuntos como el mecanismo de selección de candidatos, la redefinición de distritos y una mejor proporcionalidad voto/escaño.  Como votar es un acto de ratificación de tendencias históricamente conocidas y como tampoco se incide el tipo de candidaturas que se presentan, los incentivos para participar son bajos.

Lo anterior es una condición necesaria, aunque no suficiente. En otros contextos existen fuertes barreras institucionales para la participación y sin embargo se han verificado procesos masivos de concurrencia a votar. El caso más reciente es el de Estados Unidos donde se rompió una tendencia histórica de desafección ciudadana y juvenil. Así, es esperable encontrar un aumento en los niveles de asistencia a las urnas en escenarios de alta polarización o cuando las ofertas políticas desafían y convocan nuevas agendas y actores. Ni lo uno ni lo otro está ocurriendo en Chile. Los líderes actuales no han sido capaces de movilizar un nuevo interés ciudadano por participar.

Así las cosas, por mucho que se alargue el plazo los jóvenes simplemente no se inscribirán. Ante este escenario, lo relevante a debatir es cómo reformar el sistema para permitir una mayor sintonía entre ciudadanía y política. Cómo hacer que el voto sí importe. La única fórmula para ello es generando incentivos para un sistema más competitivo, menos centralista y más transparente.

Y ahí nos encontramos con el principal escollo: una minoría significativa de nuestros representantes se resisten persistentemente a ceder poder.