Claudio Fuentes

Sostener que los males del Ejecutivo se explican por los atributos personales de la máxima autoridad parece exagerado.

El hecho de que el Mandatario sea el segundo accionista de esta empresa lo coloca en una situación vulnerable: cualquier política que directa o indirectamente beneficie al fútbol profesional, podría afectar nada menos que el actual patrimonio del Presidente...

Desde el inicio de su candidatura, el Presidente Piñera ha remarcado el
sentido de urgencia, de gestión y de la medición de metas o resultados.
Nada más coherente con ello que el establecimiento de una unidad en el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia que medirá
sistemáticamente el cumplimiento de las propuestas del gobierno.

Mientras el gobierno buscará responder a las urgencias, los grandes empresarios han señalado su preocupación por las formas, esto es, por un equipo presidencial que actuando bajo el influjo de la ansiedad, pueda llegar a saltarse los procedimientos.

El Presidente electo podría transformar esta crisis en una oportunidad política. El llamado a la unidad nacional, hoy cobra sentido. Pero los actores continúan en sus trincheras y tampoco han dado señales certeras de un nuevo pacto económico-social para enfrentar la crisis.

Detrás de los argumentos asociados al gobierno de los más "capaces", lo que se pone en discusión es el intento de la nueva administración por redefinir el cuadro de alianzas en el sistema político. Veremos si en los próximos cuatro años provoca la división de la Concertación o, por el contrario, su mayor cohesión.

El debate sobre la refundación de la Concertación no debiese centrarse tanto en su grado de “progresismo” sino más bien en cuestiones más básicas y esenciales que vienen fallando internamente como la democratización de los partidos que la conforman a nivel nacional y local, la institucionalización de mecanismos para resolver conflictos (primarias, por ejemplo), y la generación de lealtades transversales entre sus dirigencias. En Chile, si los partidos no cooperan, dejan de ser gobierno.  

El congreso 2005 sí fue histórico. Por primera vez que la coalición de gobierno obtenía la mayoría tanto en la Cámara de Diputados (54,1%) como en el Senado (52,6%). En la presente elección, muy probablemente la Concertación perderá ese privilegio y aquello por razones diversas en la Cámara y el Senado.

Han pasado ya casi 20 años desde la transición a la democracia y el legado de las violaciones a los derechos humanos sigue acompañándonos. 

Los principios esbozados en el documento preparado por la comisión interna de Chile Transparente parecen ser válidos para otras organizaciones de la sociedad civil que tienen por misión esencial promover una cultura de transparencia.

La encuesta ICSO-UDP muestra un clima electoral parcialmente-nublado para algunos candidatos, con probables chubascos para otros y con escasas probabilidades de lluvias intensas. Parece probable que habrá segunda vuelta y que ella sería entre Frei y Piñera. Enriquez-Ominami lo ha hecho excelente entre los jóvenes no inscritos, y entre los concertacionistas cansados con la coalición. Es más, si se hubiese aprobado la reforma de inscripción automática y voto voluntario, las cosas serían muy diferentes para la Concertación pues observaríamos un candidato emergente apoyado principal, aunque no únicamente por sectores que se autoperciben de izquierda.

La política suele ser una cuestión de elites. En una sociedad de masas no podría ser de otro modo. Lo que sí parece ser un problema en nuestro país es la creciente desconexión entre la política y la sociedad y que se traduce en una concepción auto-centrada, controlada y excluyente del proceso político. El despliegue escénico de lo que será el debate presidencial de esta noche refleja precisamente ello...

El fallido intento por extender el plazo de inscripción de los jóvenes y la campaña del gobierno sobre la materia están condenados a fracasar por tres motivos: el mensaje no es convincente; la incidencia de la ciudadanía  en el sistema político es escasa y hasta el momento la oferta de los candidatos parece poco atractiva.

Aunque ya las calles y radios comenzaban a plagarse de propaganda electoral, tuvo alguien que preguntarle al candidato Piñera sobre sus gastos de campaña para desatar una polémica sobre el tema. Se equivocó el candidato al entregar una cifra irrisoria en relación a lo que constituyen sus gastos de campaña hasta la fecha. Los 10 millones que reconoció haber desembolsado en un primer minuto no alcanzan a cubrir los cientos de avisos de radio y gigantografías de la ciudad de Santiago--salvo que haya obtenido rebajas impresionantes y poco probables en el mercado publicitario.

Pero aquí el tema es uno más profundo. Primero, los candidatos de acuerdo a la ley no debiesen estar haciendo campaña electoral en este período. Entonces, alguien debería preguntarle a los candidatos--y en particular a Piñera, que ha sido más agresivo en términos de campaña, por qué vulnera la ley electoral. La respuesta de sus asesores seguramente sería "es que no estamos incitando a que se vote por el candidato, sólo dando a conocer una idea general". Pero ya sabemos que aquello es un tecnicismo legal, por lo que la pregunta a sus asesores, entonces, sería ¿estará Piñera o cualquier otro candidato dispuesto a gobernar utilizando resquicios legales?  La cuestión de fondo aquí es que se vulnera el espíritu de la ley electoral que establece un periodo relativamente acotado de tiempo para realizar propaganda. Quien coloca propaganda antes de tiempo, simplemente viola la ley.

Un problema adicional es la mala calidad de la ley de financiamiento electoral chilena. La ciudadanía no sabrá la procedencia de las donaciones a sus candidatos al momento de votar. Tampoco existirá fiscalización efectiva de los gastos de los candidatos--el Servicio Electoral solo tiene atribuciones para un control administrativo. Tampoco se conocerá de las donaciones después de ocurrida la elección (¿Sabe Ud. quién financió las campaña de su alcalde, o de su actual diputado?) La ley actual es altamente opaca y lo suficientemente engorrosa como para evitar un voto informado.

Salvo Piñera, que seguramente financiará su campaña utilizando su patrimonio, no sabremos cómo se financiará el resto de los candidatos. Menos aún sabremos de los financiamientos de los aspirantes al Senado y a la Cámara.

En definitiva: candidatos que usan resquicios legales para propagar sus ideas, malas prácticas instaladas en el sistema político y  una pésima ley de financiamiento electoral.  

La modalidad actual  de interpelación ministerial favorece debates superficiales, sin consecuencias políticas para los interpeladores ni para los interpelados y con el evidente riesgo de incentivar el descrédito de la política.