Voto y Virtud Republicana

Jan. 15 , 2009

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Entre los argumentos que se han esgrimido para justificar la obligatoriedad constitucional del voto se encuentra uno que afecta al fondo de la discusión: La participación electoral es un deber porque contribuye a reforzar los lazos de la comunidad política. El sufragio, de este modo, se convertiría en sinónimo de virtud republicana. La coerción en nombre de la democracia se justificaría por amor a la patria. El problema es que la virtud sólo puede aparecer allí donde existe la posibilidad de elegir entre distintos cursos de acción. Las conductas instintivas o predeterminadas no admiten calificación moral. Por lo anterior, es un contrasentido hablar de virtud republicana a punta de multas y sanciones. Que éstas sean luego condonadas discrecionalmente no rebate el principio. Desde este punto de vista el verdadero ejercicio de participación virtuosa está en la libre elección de quien concurre a las urnas.

Entender el sufragio como un derecho político no atenta contra la concepción republicana, en la cual los integrantes de una comunidad entregan algo propio a cambio de los beneficios de la vida colectiva. Se ha querido hacer una analogía entre el voto como deber y  la obligación de los ciudadanos de pagar impuestos. En ambos casos la maquina punitiva del Estado se pone en funcionamiento cuando las personas no cumplen. Pero más allá de eso no hay muchas similitudes. La carga tributaria tiene por objeto redistribuir hacia los más desfavorecidos, y existe un amplio consenso en que se trata de una medida orientada a la justicia y la paz social. El voto no redistribuye nada, ya que en la cámara secreta somos todos iguales. Y en lugar de pacificar, la aprobación de la inscripción automática manteniendo el voto obligatorio irritaría profundamente a parte importante de los millones de jóvenes que de la noche a la mañana se verían coaccionados a concurrir a cada elección, por intrascendente o arreglada que sea. Vaya manera de motivar. La legitimidad social de la reforma también debería ser un elemento a considerar para los politólogos que participan en este debate.

No hay inconveniente alguno en seguir hablando del voto como deber cívico o moral, pero cosa distinta es que perviva como deber jurídico. Como derecho, el voto empodera al ciudadano. Como deber, al gobernante. Como expresión de libertad, el voto conlleva responsabilidad. Como carga pública, no respondo por su buena utilización.

Por supuesto que se hace fundamental incentivar la participación electoral: Mientras más alta sea, mayor será la sensación de inclusión política y más legítimos serán sus resultados. Descuidar su salud pone amenaza la sustentabilidad del propio sistema político. Aunque para el pensamiento liberal clásico la no-participación, como expresión de la autonomía individual, está dentro de los márgenes de la normalidad democrática, el desafío de las sociedades liberales del siglo XXI es reconocer que la participación electoral es un bien público en el cual se hace necesario invertir. Lo relevante es que no se haga a costa de restringir los espacios de libertad de los ciudadanos, sino haciendo uso de las variadas herramientas institucionales con las que se cuenta. Así por ejemplo, suscribir la tesis del voto voluntario obliga a la clase política a avanzar en el diseño de escenarios electorales más competitivos, para que los ciudadanos perciban que su voto vale y puede hacer la diferencia. El empate técnico que asegura el binominal no parece ser el incentivo adecuado.