La idea de incentivar el voto

Jan. 29 , 2009

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La propuesta de crear incentivos económicos a la participación electoral es bien intencionada, pero adolece de varias complicaciones. Seguramente sus promotores están sinceramente preocupados por las voces que anticipan que el voto voluntario traerá un descalabro democrático. Por eso, comencemos desmintiendo a los agoreros del pesimismo: que el voto sea un derecho no significa que la ciudadanía se desligue de las elecciones.

El ejemplo más recurrente que citan los partidarios del voto obligatorio es el venezolano, donde la bajísima participación habría dado origen al fenómeno populista de Chávez. Pero, curiosamente, en dicho país las recientes elecciones locales tuvieron un nivel de concurrencia del 65%. En EEUU, Obama fue capaz de movilizar a millones de jóvenes con un sistema de inscripción y voto voluntario, superando el 60% de participación. En España, Alemania y Francia los índices oscilan entre el 70% y el 80%, todos con voto voluntario. En Chile, con voto obligatorio, bajamos del 60% en las últimas municipales. No parece que el problema radique exclusivamente en la voluntariedad del voto.

Apoyar el voto voluntario no nos exime de buscar formas de aumentar los niveles de participación electoral. Hablar de incentivos, y no de obligaciones, es coherente con ese esfuerzo. Aunque para el pensamiento liberal clásico la no participación, como expresión de la autonomía individual, está dentro de los márgenes de la normalidad democrática, el desafío de las sociedades liberales del siglo XXI es reconocer que la participación electoral es un bien público en el cual se hace necesario invertir. Mientras más alta sea, más legítimos serán sus resultados y mayor será la percepción de pertenencia al sistema, lo que a su vez redunda en paz social. La pregunta que debiera unir a liberales y republicanos es cómo invertir en compromiso cívico sin coartar la libertad individual.

Los incentivos correctos son institucionales y no necesariamente socioeconómicos. El diseño de escenarios electorales es determinante, porque si los ciudadanos son llamados a votar en elecciones cuyo resultado puede influir en sus vidas, o si sienten que su voto puede hacer la diferencia y decidir la contienda, entonces la participación tenderá a crecer. El sistema binominal es un incentivo negativo, ya que predispone un empate que genera poca motivación. Lo mismo podríamos decir de las barreras a la entrada para nuevos movimientos o partidos, de la selección de candidatos entre cuatro paredes, o de la reelección indefinida de parlamentarios que capturan feudos electorales.

Hoy, el mejor incentivo es perfeccionar la competencia política. Otras reformas novedosas pueden ser trasladar las elecciones a mitad de semana (para no rivalizar con el domingo de descanso y dedicación familiar) o habilitar locales de votación mixtos (para evitar problemas prácticos de padres y madres en la concurrencia a las urnas).

El argumento a favor de los incentivos económicos no es descabellado: si queremos recibir ciertos beneficios del Estado, suena razonable que el mismo Estado nos exija un mínimo de compromiso con su propia subsistencia, expresada en su vigor democrático (condicionar el otorgamiento del crédito fiscal para estudios universitarios quizás sea un ejemplo sensato), pero finalmente los cuestionamientos son mucho mayores: exigir el voto para gozar de ayuda estatal atenta contra el mismo espíritu del sufragio libre, genera diferencias inconstitucionales en el acceso a las prestaciones públicas y deja de focalizar el gasto social en los objetivamente más desaventajados.

Publicado en Ideas & Debates, La Tercera