¡Que viva la igualdad!

Jul. 26 , 2009

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Por segunda vez el candidato Marco Enríquez nos sorprende gratamente. La primera, fue con su propuesta de privatizar un porcentaje de Codelco.

Hoy nos sugiere una propuesta impositiva novedosa, probada con éxito en otros países, y de una justicia indudable para la clase media y para los emprendedores. Es la propuesta de igualar los impuestos de las personas y de las empresas.

Bajo el esquema actual, las empresas pagan el 17% de impuestos a las utilidades, mientras que las personas pagan un impuesto progresivo con un techo muchísimo más alto. Esto lleva a que mediante diversos esquemas -unos más ingeniosos que otros- las personas legalmente, acudan a "intermediar" la burda asimetría que puede haber entre un 17% y, digamos, un 35%. Gran trabajo para auditores, asesores tributarios, contadores y notarios, que creando empresas intermedias igualan al final el temido tope máximo de impuestos a las personas naturales, con el mucho más bajo que tienen las empresas. No estoy diciendo que la gente haga algo ilegal. Sólo que la brecha existente entre el régimen tributario a las empresas y a las personas crea un incentivo brutal a eludirlo y que, finalmente, la tasa final pagada sea mucho más parecida al tope de las empresas que al de las personas. Naturalmente que esta posibilidad está abierta sólo a personas sofisticadas con acceso a asesores, contadores y abogados. Para un ejecutivo mediano o alto, de una empresa (la clase media acomodada) esto está fuera de sus límites, porque papá Fisco le descuenta "por planilla" su impuesto "al tope". Para él (o ella) no existen empresas intermedias a las cuales acudir para diluir la famosa brecha. Una injusticia de tomo y lomo. O dejan que cualquier persona, en vez de sueldo, cobre "asesorías", o bajan el tope de las personas al de las empresas.

Pero hay más injusticias en el sistema actual.

Los emprendedores pagan la misma tasa a sus utilidades que las empresas con largos historiales. Y como en un principio no tienen historia, ni balances auditados, tampoco tienen mucho crédito, y su principal fuente de recursos para crecer viene, justamente, de sus utilidades retenidas. Y esta no es una afirmación "al voleo", sino que una constatación científica respaldada por numerosas investigaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Cobrarles la misma tasa impositiva que a las grandes corporaciones es un claro desincentivo a crear empresas desde cero.

Por otra parte, es cierto que un impuesto "progresivo" a las empresas es un desincentivo al tamaño. Pero también es un equilibrio contra el fenómeno del too big to fail. Es decir, empresas de tamaño tal -como las automotrices norteamericanas o los bancos en cualquier parte del mundo- que si llegan a quebrar, producen un efecto dominó de insospechadas consecuencias, por lo que de una u otra forma tienen al final del día un "aval estatal" vía Bancos Centrales o Tesorerías. ¿Y cómo competir sanamente contra monstruos que, además de su tamaño, son apoyados al final del día por los estados? Eso requiere alguna compensación, y no lo digo yo, sino también Paul Volcker.

El efecto final, de bajar las tasas máximas que pagan las personas e igualarlas a las de las empresas, contribuiría a tener un mundo más justo, pero también más barato (sin empresas intermedias, menos contadores y menos asesores tributarios). Al final del día daría lo mismo usar el RUT que uno tiene como persona, que el de decenas de empresas. Sería muy fácil de controlar el pago de tributos, porque en un esquema tanto más simple, la autoridad tendría que trabajar muchísimo menos, y emplear, a su vez, a menos abogados, menos contadores y menos expertos.

Y para las empresas pequeñas y/o nuevas, un alivio de mayor tamaño, al tributar menos durante su período de infancia y crecimiento. Tal como existen personas de bajos ingresos, y la norma tributaria así lo reconoce (Milton Friedman, en su sabiduría infinita, propuso un impuesto "negativo" para los más pobres),  para las empresas no existe esa distinción: para nuestros "hacedores" de políticas públicas, sólo existen empresas ricas. Y el efecto ha sido el esperado: en la agricultura, de un total estimado de 250.000 propietarios, sólo 50.000 están registrados ante el SII, y no más de 10.000 tributan. En la construcción sucede algo igual o peor. Es el resultado de no considerar en las políticas tributarias las obvias diferencias que existen en la realidad. Y, a lo mejor, la "candidatura díscola" una vez más nos abre los ojos y empuja el cambio.