Los verdaderos dueños de los datos

May. 24 , 2009

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La discusión entre la banca y el retail por los datos de las deudas está que arde. No cabe duda que un mejor nivel de información podría mejorar el acceso al endeudamiento de los chilenos menos endeudados (en relación con su patrimonio e ingresos) y, pari passu, empeorar la situación de los más endeudados. También mejoraría la actual asimetría de información, entre la banca y el retail. Pero levanta las plumas de estos últimos, que son renuentes a entregar información valiosa (historiales de crédito de clientes) en forma compulsiva y, además, gratuita.

En este caso, no se divisan razones para pensar que sea difícil lograr una transacción económica entre los actores, por la cual unos les vendan a los otros la información requerida, pasada y futura, y se llegue finalmente a un precio que la haga factible. No resulta claro que el Estado con su poder dirima esta negociación, en la cual está clara la información en venta, y los beneficios para unos y otros de su resultado.

Hace un par de años -y por primera vez en mucho tiempo- hice una inversión en un fondo mutuo de un conocido banco. A las pocas semanas tenía cartas de casi todos los fondos mutuos de Chile, ofreciéndome sus servicios. Obviamente, alguien tenía acceso a las bases de datos de mi banco, y se la había vendido-, o regalado- a la competencia. Y mis datos circulaban libremente por el mercado, sin cobrar yo un céntimo por mi información.

El problema de la actual polémica es que a los deudores -actores fundamentales de este drama y por cuyo particular bienestar se ha desatado toda esta discusión- nadie les ha preguntado nada. Porque a veces uno quisiera que cierta información personal se sepa (cuando es favorable, obviamente) y otras veces no. A veces uno la daría en forma gratuita; otras veces, pensaría en cobrar por ella. Y esto se da no sólo en el tema del crédito.

Alguien podría pensar, por ejemplo, que para darle mayor estabilidad a la familia y a la institucionalidad matrimonial, podrían hacerse públicas las visitas de los ciudadanos a los moteles de "alta rotación". Esto entregaría un costo altísimo a la infidelidad matrimonial, e información transparente y equilibrada a los cónyuges. Sin embargo, algo así atenta contra principios básicos de la privacidad personal. Por eso el legislador, aquí y en la quebrada del ají, ha decidido que "mejor es no meneallo" como le decía don Quijote a Sancho.

Hoy son las casas comerciales; mañana podrían ser mis proveedores (a veces mucho más importantes que los bancos o las tarjetas de Falabella o Ripley). O los amigos (puede ser una aspiración de los ídem de Mauricio Israel, por ejemplo). Cualquiera que analice el balance de una empresa o de una persona (y los analistas bancarios lo saben de sobra) no se queda contento con el refundido de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), o incluso con un certificado de deudas comerciales, de Dicom o de otras fuentes. Las causas de la insolvencia son muchas: plazo del endeudamiento, bajo patrimonio, bajos ingresos, fragilidad de los mismos, o de los componentes patrimoniales.

Si fuéramos a un extremo, deberíamos hacer un banco de datos con los ingresos personales, otro con los patrimonios y sus componentes, declaraciones de IVA, impuestos y arriendos, y quién sabe cuántas cosas más. Al final del día, deben ser las personas quienes libremente decidan qué datos entregar y cuáles no. Y los que dan crédito (que no son ni viudas ni huérfanos, sino empresas poderosas) decidir cuánto crédito y a qué costo lo entregan, según la calidad y cantidad de información que reciban. La verificación de la información y el costo de ésta recaerá, como ahora, en el potencial deudor: certificados de impuestos, de IVA, deudas con casas comerciales y/o de proveedores, visitas a la casa, entrevistas con el afectado y sus relaciones comerciales, etc.

Es bueno que el Estado vigile que los costos de recolectar la información sean bajos, accesibles y uniformes. No tengo conflictos con eso. Pero de ahí a crear un banco de datos con información privada puede ser un exceso de curiosidad incompatible con la libertad y la privacidad.

En un Estado de libertad, si los privados, a un costo razonable, pueden lograr medianamente bien sus objetivos, el Estado debiera abstenerse de regular. Hasta ahora no se divisan dificultades en los estados financieros de los bancos ni de las casas de retail. Y si los hubiera, y en particular si es debido a esta hipotética asimetría de información, la Sbif debería informarlo Asap (as soon as possible). Y si, con el modelo actual, las cosas han caminado razonablemente bien, no se ve la razón para tanto revuelo ni apresuramiento.