Errores que no se pagan...

Oct. 18 , 2009

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Los diputados de la Concertación han vuelto a la carga para investigar -por enésima vez- el dictamen y pago de multa a la SVS del candidato opositor. El daño eventual a la sociedad, por la compra -de lamentable timing- de acciones de Lan, fue tasado en algo más de $ 300 millones. Y, además, fue pagado en tiempo y forma. Punto.

En el mundo empresarial es cierto, se cometen errores, y se actúa en forma poco prolija. Pero la gracia es que se paga. Uno no puede ser empresario exitoso si es poco prolijo en forma consistente. O si  comete errores a cada rato. O si engaña a consumidores y proveedores en forma continua. O si es sujeto continuo de penalidades de la SVS.

Sin embargo, en el ámbito de las políticas públicas eso es -lamentablemente- no sólo posible, sino que, además, dichos errores quedan impunes.
¿Cuánto costó el mal manejo de la crisis asiática en Chile? Esa crisis que "nunca iba a llegar", pues "estábamos perfectamente blindados". Esa crisis en que, cuando debimos devaluar el peso, lo revaluamos. Cuando hubo que bajar las tasas de interés las subimos, o cuando había que flexibilizar las leyes laborales las endurecimos. Esa crisis que subió el desempleo de 6% a 12%, y lo mantuvo en alto por casi una década. Esa crisis que se llevó por delante a decenas de miles de pymes, con las cuales ahora todos se llenan la boca. Esa crisis, ¿cuál fue su costo social? ¿Algún alma caritativa la ha dimensionado? ¿Alguien ha salido al frente a decir "yo pago"? Estos sí que son errores o faltas de prolijidad graves. Su costo es tal, que nadie se atreve a calcularlo. Y nadie  -por supuesto- a cobrarlo ni a pagarlo.

Pero a diferencia de los errores de los empresarios, que se pagan, ya sea en los bancos, en los balances, en market share o a la mismísima SVS, los errores en política económica no los paga nadie, y se pueden repetir en forma impune una y otra vez.

Porque los mismos que para salvar una candidatura endurecieron las leyes laborales, demorando el proceso de creación de empleo hace más de 10 años, se han negado, y se seguirán negando a modificar el código laboral en forma racional, manteniendo así a cientos de miles de chilenos en el peor de los mundos. ¿ Cuál es el costo social de su pertinacia? ¿Cuál es el castigo económico o social que reciben? ¿Hay alguna SVS o Fiscalía Nacional Económica que los investigue, los sancione y los multe?

Lamentablemente, las democracias no han estructurado instancias que permitan poner un número a los errores de política económica y, en consecuencia, una cierta penalidad a los errores. Así, los carabineros como cuerpo no son responsables por el aumento de la criminalidad. Los jueces, por los efectos de las "puertas giratorias". El Banco Central, por las desviaciones de la inflación a su "ancla" o cifra objetivo, que nos sirve para saber -ni más ni menos- si las tasas de interés domésticas son o no las adecuadas. Y así podemos seguir con las políticas educacionales y tantas otras.

Es cierto que los ciudadanos pueden castigar con el voto. Y por cierto que lo hacen. Pero sería espléndido que tal como la SVS y la Fiscalía Nacional Económica, ayudan al país a descubrir ilícitos y desprolijidades, alguien nos diga lo ídem sobre malas políticas económicas. Porque, claro, sin SVS o sin FNE, los consumidores o inversionistas igual, en algún momento, vamos a descubrir a los malhechores. Pero el proceso va a ser más largo y más costoso. Y los errores no van a quedar archivados y en la memoria institucional.

En las economías de mercado-con todos sus problemas conocidos y por conocer- la competencia y reguladores activos, como la SVS, el Sernac o la FNE, hacen que los errores se cometan pocas veces, y cuando se cometen, resultan, además, muy caros. Y por eso se cometen menos errores. En los socialismos reales, donde no había competencia y donde reguladores y regulados eran "aparatchiks" del partido, los errores eran infinitos: iban desde los planificadores centrales, hasta los que los operaban. Y por eso ya nadie -salvo Fidel- quiere tener un sistema económico así. Lo mismo pasaba con las dictaduras: la falta de competencia, y la comunión de operadores y supervisores hicieron que los errores y horrores se multiplicaran. Hoy también -salvo Fidel-, nadie quiere un sistema político así.

Pero nos falta la guinda del postre: instituciones que -en forma oficial y técnica- evalúen el actuar de gobiernos, ejecutores de políticas públicas y legisladores. Que pueden cometer errores sin que nadie los reprenda. Errores muchísimo más cuantiosos que los de los empresarios y otros actores del mercado.

Una institucionalidad adecuada para evaluar a nuestras máximas autoridades y magistraturas evitaría que muchos "se repitieran el plato", jugaran a las sillas musicales con los cargos públicos o se fabricaran falsos estereotipos sobre sus personas que, a veces, les permiten pasar a la historia con disfraces que no les corresponden.