Cortemos las cadenas

Jul. 04 , 2010

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Publicado en La Tercera, 4 de julio de 2010

Resulta refrescante escuchar la noticia generada por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, que abriría las puertas para que los supermercados y el comercio en general puedan acceder a la venta de medicamentos que no requieran receta médica. Este modo de vender ciertos medicamentos es usual en todo el mundo y da acceso  fácil, y  en horarios amplios, a quienes necesiten de un cierto rango de productos, que van desde las Aspirinas hasta el Hipoglós. Y dejan en manos exclusivas de las farmacias (y de los farmacéuticos) aquellas que de verdad requieren chequeos profesionales para su uso, tales como antibióticos, remedios para los nervios y tantos otros, cuya venta debiera ser supervisada en forma estricta.

La medida, por un lado, entregará más competencia -por fin- a un mercado dominado ya por largo tiempo por tres participantes en los productos de uso más usual, y abrirá un mayor espacio para que los profesionales farmacéuticos puedan hacer su "negocio de nicho".

Ojalá esta medida se lograra para tantos otros mercados chilenos, signados por su grado de concentración y con peligro de cartelización.

La lista es larga, comenzando con los Conservadores de Bienes Raíces, cuya estructura no sólo da origen a abusos, sino que además condena a los deudores hipotecarios a una verdadera "cadena perpetua" en sus bancos. El beneficio para los bancos de "encadenar" de por vida a sus clientes se refleja en la carrera olímpica que mantienen, por captar a los "encadenados de por vida". Sino, vean el "spread" sobre la tasa de largo plazo en UF del Banco Central de los créditos hipotecarios… un mero 2%-3% al año. En cambio, un crédito de consumo -dónde no hay "cadena perpetua"- tiene un "spread" de un 10%-11% anual por sobre la tasa de corto plazo del Banco Central. ¿Son quienes acceden a créditos de consumo cuatro o cinco veces más riesgosos que los que solicitan créditos hipotecarios? Probablemente no. Pero no están condenados a "cadena perpetua" en el banco que les dio el crédito. Un cálculo simplista permitiría calcular el "costo social" de no poderse mover de banco en créditos con hipotecas, y llegaría a la conclusión de que es del orden del 4%-5% al año a lo menos. ¡¡¡Multipliquemos eso por el monto de los créditos con hipotecas que hay en Chile!!! El valor monetario es tremendo, y se lo llevan parcialmente los bancos y los Conservadores de Bienes Raíces.

En otras áreas tampoco están ausentes estas situaciones. Los agricultores las sufrimos con los poderes compradores al momento de la cosecha en numerosos productos. Y ahí no sólo está presente el tema del precio, sino que además el análisis del producto vendido, que es analizado en su calidad (en el caso del trigo, por ejemplo, humedad, grano partido, impurezas, gluten, etc.) por un laboratorio del propio comprador, sin posibilidad de reclamo. Y para añadir insulto a la ofensa, el SII ordena al molino la retención de parte del IVA que nos corresponde, porque "presupone" que somos "pillos" y nunca se lo vamos a pagar. Esta retención también perjudica la competencia, porque reduce enormemente la posibilidad de que participen en esos mercados "traders" que intermedien diferencias entre compradores o incluso entre zonas geográficas.

El Ministerio de Agricultura -en otra iniciativa loable- está trabajando con la Bolsa de Productos para posibilitar a través de ésta, la formación de precios competitivos, y la devolución total del IVA a los agricultores, asegurando  con ello la posibilidad de intermediar situaciones anómalas en diferenciales de precios entre compradores y entre zonas del país.

Obviamente que cualquier medida que afecte a un cartel, o a un grupo de privilegio, se va a topar con un "lobby" espectacular, liderado por verdaderos "lobos", que van a defender a muerte sus privilegios en peligro, reclutando para su épica a no pocos connotados colegas economistas, que entre un buen cheque y una renuncia  a las buenas políticas públicas no suelen tener conflicto alguno.

La autoridad, sin embargo, debe tomar en cuenta, los tremendos costos que estos privilegios le imponen al chileno común y corriente, y no dudar en suprimirlos.