Una reforma para tener más derechos laborales

Oct. 06 , 2009

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El Ejecutivo ha anunciado y se ha desdicho respecto del envío de un proyecto de ley sobre negociación colectiva y ampliación de la sindicalización. Esperábamos -y esperamos- que dicha propuesta legislativa contuviera elementos para avanzar, efectivamente, hacia mejores condiciones laborales para millones de chilenos y no se termine convirtiendo en moneda de cambio para otras normas que busquen flexibilizar los derechos de los trabajadores, como han venido pidiendo y planteando desde hace mucho tiempo y en distintos tonos los representantes del empresariado, los partidos de derecha y sus voceros en el Parlamento.

Una muestra inequívoca de la falta de voluntad de los sectores más conservadores de nuestra sociedad, que ven en la organización de los trabajadores un peligro y un costo, es el caso de las empresas salmoneras que luego de pedir urgencia para una ley de salvataje, por la vía de poder hipotecar un bien nacional de uso público, y que el gobierno envió al Congreso, ahora hacen lobby para frenar su aprobación definitiva, entre otras razones, porque no les gustan las condiciones y cláusulas laborales que el Senado introdujo y que pueden llegar ser causal de caducidad de una concesión acuícola.

Creemos indispensable generar condiciones sociales, culturales y legales para fomentar la sindicalización, haciendo de la organización de los trabajadores algo más que la entidad que organiza las fiestas de fin de año, regala juguetes a los hijos de sus socios, entrega becas de estudios o gestiona préstamos.

Como primera meta del próximo período debemos superar el millón de trabajadores asalariados sindicalizados, buscando superar el 15,1% que se registró en el ya lejano 1991. Además debemos procurar la nivelación de las tasas de afiliación sindical entre hombres y mujeres, hoy separadas por unos cinco puntos porcentuales a favor de los primeros.

En la misma línea debemos procurar incrementar las cifras de cobertura de la negociación colectiva, que en el 2004 tocaron fondo al llegar a sólo un 7.8% del empleo asalariado, y que al 2006 registraba un ligero aumento de cobertura alcanzando un 8.6%. La meta a alcanzar en este ámbito debe ser, como mínimo, el 10% el primer año de gobierno.

Cuando el gobierno espera con ansias su ingreso a la OCDE, es bueno recordar que los países que la integran tienen, en promedio, una tasa de sindicalización del 30% y la negociación colectiva alcanza en ellos al 60% de la fuerza de trabajo, lo que por cierto, pone una vara muy alta para nuestro país respecto de las naciones que queremos emular.

Por eso, hemos dicho que así como estamos por un Estado que garantice salarios mínimos dignos, también estamos por el fortalecimiento de los sindicatos y la masificación de la negociación colectiva.

En esa línea propusimos, por ejemplo, que ningún organismo o empresa estatal pueda contratar servicios ni prestaciones de ningún tipo con empresas que no puedan garantizar la sindicalización y negociación colectiva de sus trabajadores, sea empresa matriz o subcontratista.

Un criterio similar esperamos aplicar a distintas materias que son o serán materia de discusión legislativa, incluyendo siempre como condición para poder acceder a beneficios estatales el cumplimiento de la legislación laboral, el que se apliquen sanciones efectivas a las empresas que han hecho de las prácticas antisindicales un hábito y en el que incluso en algunos casos, esto signifique ser eliminado de los registros de contratistas de los ministerios.

Queremos a los sindicatos siendo actores relevantes del desarrollo chileno. Por eso los queremos integrados como actores privilegiados en el sistema nacional de capacitación y por eso, queremos también introducir las reformas que permitan negociar colectivamente a aquellos trabajadores que, aunque contratados bajo la modalidad de término de faena, desarrollen sus labores por más de seis meses.

El perfeccionamiento de esta normativa, con miras a avanzar hacia el “trabajo decente” que propone la OIT, requerirá por cierto no sólo de un adecuado funcionamiento de los nuevos tribunales laborales, sino también de mayores recursos para la fiscalización y, ojalá, la conformación de una Sala Laboral especializada en la Corte Suprema.

En el ámbito laboral un tema de fondo sigue siendo el de la subcontratación. No nos gustan las empresas con decenas de razones sociales que subcontratan a todos los trabajadores, los que por lo mismo, ya no se ponen la camiseta de sus empleadores, que mañana pueden ser otros. Rechazamos la subcontratación convertida en los hechos en práctica antisindical y que sólo termina menoscabando los derechos de los trabajadores. Creemos que es posible reducir, en una década o menos, ese millón y medio de trabajadores que hoy está subcontratado.

En todo caso, no podemos pedirle a las empresas que hagan lo que el propio Estado no hace, manteniendo por largos años a trabajadores a honorarios, afectando antigüedades y carreras funcionarias. Es tiempo de sincerar las plantas, generando las condiciones para el retiro digno de miles de trabajadores que debieran haber jubilado hace tiempo.

Y así como el Estado no puede ser un mal empleador, también debe ser capaz de garantizar la aplicación y el respeto de la normativa laboral en todo el país, sin excepciones, como hoy ocurre con empresas, organismos o consorcios extranjeros cuyos trabajadores chilenos no están afectos a nuestra legislación.

Dentro de este debate mayor, también debe replantearse, sin caricaturas ni prejuicios  la existencia de un Estado empresario, que pueda invertir en las áreas productivas o en las zonas geográficas donde los privados no tienen interés en hacerlo.

Y por último, creemos que ya no sólo por la vía de los hechos consumados como hoy se pretende, sino también mediante acciones legislativas concretas, esperamos poder eliminar de nuestra legislación la prohibición de que los dirigentes sindicales puedan optar a cargos públicos, porque es una norma antidemocrática, excluyente y discriminadora que deja fuera del aporte político nacional a importantes líderes de opinión provenientes del mundo laboral, bajo la autoritaria premisa de que los trabajadores no pueden tener opinión política, especialmente cuando dicha restricción no encuentra ningún paralelo respecto del ámbito empresarial, como dan cuenta los resultados electorales de los últimos veinte años y las declaraciones de patrimonio e intereses de muchos parlamentarios.

Los trabajadores deben perderle el miedo a los empresarios y los empresarios deben perderle el miedo a los trabajadores.

Sólo así podremos avanzar hacia sociedades efectivamente más justas, equitativas y solidarias que puedan trabajar para un futuro y un bien efectivamente común, y por el que antes que nosotros lucharon Luis Emilio Recabarren, el Padre Hurtado, Clotario Blest y Manuel Bustos, entre tantos otros.