Cuando nos encontramos en medio de un inédito debate legislativo sobre un proyecto que pretende permitir la hipoteca de las concesiones acuícolas, privatizando el mar que formalmente pertenece a todos los chilenos; cuando vemos la institucionalidad pesquera desfinanciada y desarticulada, y vemos también los efectos nefastos sobre la biomasa de una ley de pesca que entrega cuotas, mayoritariamente a los industriales pesqueros, en perjuicio de los pescadores artesanales, uno no puede sino que mirar con algo de sana envidia a aquellos países que tienen un Ministerio del Mar o de Pesca.

Porque pese a los miles de kilómetros de costa que tiene Chile, no tenemos, por ejemplo, un centro de investigación pesquera pública, como la lógica parece indicarlo. Tenemos al Instituto de Fomento Pesquero, que al igual que la CONAF es un híbrido de corporación privada que ejecuta políticas públicas, con pocos recursos y personal. El único barco de investigación pesquera existente en nuestro país es fruto de la renovación tecnológica constante en materia de investigación pesquera japonesa, país que gentilmente lo donó a Chile.

Por otra parte tenemos un Sernapesca con cada vez menos atribuciones y posibilidad de fiscalizar. Asimismo, contamos con una Subsecretaría de Pesca, dedicada en los últimos años a lidiar con las demandas de artesanales e industriales por mayor porcentaje de cuota, lo que termina camuflándose bajo la fórmula “pesca de investigación” o derechamente significa sacrificar aquellas especies que aunque puedan estar en la talla mínima exigida, aún no se reproducen y por lo tanto se afecta el stock de dicha especie, descarte mediante por cierto.

Tienen Ministerio del Mar, de Asuntos Pesqueros o Marítimos, Recursos Marinos o de Pesquerías una gran cantidad de países del mundo. Sin embargo Chile, que tiene un litoral de más de 4 mil kilómetros no lo tiene.

Pero ciertamente no es una idea nueva, eso está claro. El punto es que no logramos pasar de la idea. La vez que se estuvo más cerca fue durante el mandato del Presidente Allende, en 1971, cuando la Cámara de Diputados aprobó la idea de crear un Ministerio del Mar, que en ese entonces tenía como objetivos centrales el desarrollo de un apolítica de fomento, conservación y protección de los recursos pesqueros, así como la implementación de una política de desarrollo del transporte marítimo y puertos.

Dicha iniciativa del gobierno de entonces proponía, además, crear un Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero y de Transporte Marítimo, estableciendo una Subsecretaría de Pesquerías y se establecían tres organismos autónomos: la Corporación Nacional de Pesca, el Servicio Nacional de Desarrollo Pesquero y el Instituto de Investigaciones Pesqueras. En materia de transporte se creaban la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Puertos, así como la Corporación Nacional del Transporte Marítimo.

Por cierto, un obejtivo también asociado a esta nueva institucionalidad era la de alcanzar un consumo per cápita de pescados y mariscos de 20 kilos anuales por persona, cifra que dicho sea de paso aún estamos lejos de alcanzar, ya que sólo llega a no más de 7 kilos anuales por cabeza, que contrasta fuertemente con los 75 kilos que consume el chileno promedio en otro tipo de carnes, y muy lejos de los 22 kilos per cápita de pescado que consumen los peruanos, los 30 kilos de los españoles y  los 50 kilos de los japoneses.

Entre los argumentos sostenidos por el gobierno de Allende para crear el Ministerio del Mar estaban, entre otros, un insuficiente conocimiento de los recursos hidrobiológicos; la inexistencia de una planificación sectorial frente a la aplicación de proyectos específicos aislados; la falta de coordinación entre las instituciones pesqueras; una asistencia técnica y crediticia perjudicial para los pescadores artesanales; construcción de infraestrcutura pesquera sin prioridad racional; una comercialización que no obedece a una estrategia para abastecer el mercado a precios bajos, mejorar y diversificar los productos, establecer adecuados canales de distribución, ni que garanticen precios remunerativos para la actividad pesquera.

Es decir, un cuadro que no distaba mucho de lo que hasta hoy sigue ocurriendo.

Por eso no resultó extraño, que pese al rechazo en el Senado, en septiembre de 1972, esta idea siguiera siendo impulsada por la dictadura tras el golpe de Estado de 1973. En mayo de 1984 el propio Pinochet anunciaba la creación del Ministerio del Mar, que tendría como sede la ciudad de Valparaíso. Más tarde, en 1991, la entonces senadora Laura Soto, pidió al Presidente Aylwin sometiera al Congreso un proyecto que creara el Ministerio del Mar.

Es cierto que las condiciones de otros tiempos han cambiado, política y científicamente. Sin embargo muchas de las potencialidades y carencias siguen siendo las mismas. Por eso es grave que ensimismados con un éxito de utilería por parte de la industria salmonera, que no fue capaz de crear un instituto de investigación y sólo se dedicó a expandirse y contaminar utilizando territorio y mar de todos, se deje de lado la necesaria revisión de una propuesta como ésta.

Chile, su nación y su Estado requiere recuperar tuición sobre sus recursos naturales. El mar es uno que tenemos en abundancia, pero donde hoy los que deciden son unos pocos grupos económicos. Requerimos que se abra un verdadero mercado de la pesca, con regulaciones pero también con mayores flexibilidades para aquellos que no depredan, como los artesanales. Debemos ser capaces de apostar a una mayor diversificación productiva y no terminar con todo el pescado convertido en harina. Debemos incentivar el consumo humano y el valor agregado en los productos marinos.

Y sobre todo, debemos mirar el mar y su inmensa riqueza, pensando en la protección y la conservación, desterrando el descarte y las artes que dañan el medio ambiente y no discriminan tamaños ni especies.

Pero sobre todo, debemos mirar y pensar el mar, mirando hacia la Antártica y su proyección como fuente de vida en el difícil siglo que se avecina