Mientras literalmente todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, la ONU, la OEA, Unasur, ALBA, Mercosur, la Unión Europea e individualmente decenas de gobiernos han manifestado su rechazo y repudio al golpe de Estado producido en Honduras el domingo 28 de junio pasado, exigiendo el restablecimiento del orden democrático y del gobierno legítimo de ese país, encabezado por el liberal Manuel Zelaya, el Senado chileno acaba de aprobar un proyecto de acuerdo suscrito por los senadores Romero (RN), Letelier y Gazmuri (PS), Larraín (UDI), Muñoz Barra y Girardi (PPD), Avila (PRSD) y la senadora Alvear (DC) que va en dirección contraria.

Así, mientras muchos gobiernos han declarado su decisión de no reconocer como interlocutores válidos a los gobernantes de facto encabezados por Micheletti e incluso, como es el caso de la Unión Europea, han suspendido negociaciones comerciales con toda Centroamérica por este golpe cívico-militar, la tesis esgrimida por los senadores chilenos, la mayoría de ellos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, es que “el lamentable y grave quiebre institucional ocurrido en la República de Honduras, que derivó en un golpe de Estado contra el del Presidente en ejercicio José Manuel Zelaya Rosales” agudizó la crisis institucional en ese país.

Es decir, Rosales no es víctima de un golpe militar. A juicio de los senadores chilenos había un quiebre institucional previo que “derivó” en el quebrantamiento del orden democrático. O sea, tal como alguna vez lo escuchamos en Chile, Rosales es responsable de haber generado las condiciones para que los pobres militares y civiles que hoy gobiernan de facto se “vieran obligados” a actuar, seguramente contra su voluntad, pero armados de ese espíritu de servicio y de amor a la patria que los caracteriza.

Pese a la unanimidad manifestada por 192 países en la Asamblea General de la ONU pidiendo el retorno de Zelaya al sillón presidencial y al ultimátum de la OEA para restablecer el orden democrático y el Estado de Derecho que sí existía en Honduras hasta antes del golpe. La existencia de diferencias políticas entre los poderes estatales no convierte a la democracia hondureña en un país en crisis democrática. Como algunos usaban decir en nuestro país, en Honduras la instituciones funcionaban.

Y que exista tal grado de consenso mundial a favor del restablecimiento del gobierno legítimo, elegido en noviembre de 2005 por el 49,90% de los hondureños no tiene que ver con simpatías políticas, sino con la firme convicción que ya largamente superada la lógica de la Guerra Fría no se puede aceptar que sea un golpe de Estado la fórmula de resolución de conflictos propios de cualquier democracia.

Por eso, y aunque el proyecto de acuerdo aprobado en el Senado chileno enfatiza la importancia del principio de la no intervención de un Estado “en los asuntos internos de otro”, lo que sólo puede entenderse como el no hacer nada respecto de los golpistas pues cada cosa que se diga o haga puede ser considerado intervención por estos adalides del respeto a los asuntos internios de otros países, por suerte la ONU y la OEA han actuado sobre los principios democráticos básicos que se pueden sustentar en este siglo, partiendo por respetar la voluntad soberana de los ciudadanos de un país.

A partir de ello, no es posible aceptar ni diálogos ni acuerdos con los golpistas, porque hacerlo debilitaría la democracia. En la defensa de los principios democraticos no puede haber acuerdos. O se les respeta y se cree en ellos o simplemente se relativizan, como una vez más lo ha hecho el Senado chileno.

Validar o tratar de justificar el golpe de Estado en Honduras por una consulta no vinculante que propuso hacer el Presidente Zelaya, equivale a que hubiera un (nuevo) golpe de Estado en Chile por parte de aquellos que rechazan la píldora del día después y que no estén de acuerdo con el proyecto de ley que el gobierno ha enviado al Parlamento para insistir en que sea distribudo en el sistema público de salud y los municipios, manteniendo una opinión distinta a la expresada por el Tribunal Constitucional y la Contraloría.

Echamos de menos en el Senado en esta ocasión aquellas voces que reiteradamente se levantan para criticar (¿entrometiéndose en asuntos internos de otros países?) el término legal de una concesión de un canal de televisión en Venezuela o lo que consideran constituyen limitaciones a la libertad de expresión en países como Cuba o China, esta vez para rechazar el toque de queda y la represión instaurada por las autoridades de facto en Honduras contra dirigentes políticos, sociales e indígenas, así como el cierre de medios de comunicación democráticos y la agresión a diversos diplomáticos.

Zelaya no es un gobernante de izquierda, ni es chavista, sino sólo un demócrata convencido de la importancia de apoyarse en la opinión de sus ciudadanos para avanzar en la profundización democrática que requiere un país pequeño, con altos niveles de pobreza y con una Constitución surgida tras décadas de gobiernos militares, al igual que la nuestra, adolece de espíritu democrático, tanto así que ha debido ser reformada más de 20 veces. Este golpe, de hecho, es una ratificación de aquello.

Lamentablemente, tal como ocurrió con el golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela el 2002, algunos dirigentes políticos chilenos, y particularmente algunos senadores, al igual que los salmones, siguen yendo contra la corriente.