El 13 de febrero del 2008 el director subrogante de la Conama recibió al subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro, y a los organizadores del Rally Dakar. En esa reunión, según se informó, “se puso a disposición de los organizadores diversa información de carácter ambiental, particularmente aquella que señala cuáles son las áreas colocadas bajo protección oficial, debido a que el Estado chileno les asigna un particular interés tanto en su valor ecosistémico como paisajístico".

En dicha oportunidad, según consignó la prensa, “se les señaló a los organizadores la extrema cautela que deberán tener particularmente en la zona donde se produce el conocido y admirado fenómeno del desierto florido. Además, se les informó la importancia de una adecuada coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales, por el eventual impacto en el ámbito arqueológico, y también con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, por la presencia de comunidades indígenas en el eventual trazado que ellos van a confeccionar".

Consultada, la Conadi indicó que no se les había hecho llegar “ningún antecedente por parte de los organizadores de dicho evento, así como de otro organismo del Estado”, insistiendo en que “en la eventualidad  que la ruta de esta actividad afecte tierras indígenas, espacios ceremoniales u otros lugares vinculados con tierras indígenas o personas o comunidades indígenas, estimamos que este proyecto debe pasar por un Estudio de Impacto Ambiental”.

Por su parte, el Consejo de Monumentos Nacionales señaló que aunque no recibió ningún documento formal de parte de los organizadores, fue invitado a participar de reuniones en las regiones donde pasaría el recorrido, en las que hizo presente su posición sobre restricciones y entregando documentación especialmente sobre “la información recopilada en el marco del proyecto de postulación multinacional a Unesco del Qapac Ñan, Camino Principal Andino, correspondiente a la red vial Inca y los sitios asociados, y la información sobre sitios arqueológicos en las regiones de Atacama y Coquimbo”.

Esta entidad señaló no ser partidaria de la evaluación ambiental, no porque no les pareciera pertinente, sino porque se “ha mantenido frente a esta actividad una posición a favor del impacto cero. Es decir, este Consejo ha sostenido que el rally no debe afectar ni impactar ningún monumento nacional. En otras palabras, nuestra entidad ha requerido que los bienes protegidos sean áreas de exclusión total para los efectos de la implementación de esta actividad”.

El 22 de julio del año pasado, la prensa anunciaba: “Dakar pasará por desierto florido pese a negativa de la Conama”, agregando que “La ruta actual del rally cruza por una zona de riesgo ecológico. ASO presiona al Gobierno para que omita advertencias sobre el desierto florido. La Conama enumeró catorce objeciones respecto del recorrido original de la carrera. Entre ellas, el mar de dunas cercano al norte de Copiapó, etapa reina de la carrera, que aún figura en el trazado tentativo”.

Se indicaba además que la ASO, empresa organizadora del rally “dio a entender que podría llevarse toda la carrera a Argentina si es que las consideraciones ecológicas impiden realizar las etapas del norte, catalogadas como "vitales" desde el punto de vista deportivo”.
 
Se agregaba que “el asunto subió de tono”, cuando Etienne Lavigne, director del Dakar, le envió a Jaime Pizarro un ultimátum: "Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que si no podemos utilizar los espacios del desierto florido será muy difícil, casi imposible, mantener un interés deportivo sobre los dos días de carrera, y esto podría llevarnos a reconsiderar una de las dos etapas previstas en esta zona", para finalizar señalando que "en conclusión, quisiera que pudiéramos contar con su apoyo total para poder convencer a los responsables del medio ambiente de que nuestra carrera podrá transitar por las zonas de sensibilidad, ya que honrará los compromisos tomados".

Lo curioso, es que según esta información no desmentida “la labor de la Conama, se ha limitado a especificar los lugares que la caravana debería evitar. No se hará un estudio especial del impacto del paso de los 600 vehículos por los tramos autorizados. Para esos efectos se tomaron los datos que el mismo ASO proveyó gracias a su experiencia anterior en África”.

O sea, no conforme con mediatizar su rol en la definición de exigencias para la realización de esta actividad, la autoridad se conformó con los datos que los propios interesados le entregaron y que eran los del recorrido en Africa. Es decir que si mañana alguna empresa extranjera quisiera instalarse en Chile en alguna zona parecida a cualquier otra región del mundo, con este precedente, sólo debieran entregarle a la Conama los estudios que hicieron en su lugar de origen para que sean aceptados y homologados.

Los partidarios de que se realice este rally en Chile sostienen que este producirá un positivo impacto turístico, deportivo y en nuestra imagen país. No queda claro cómo puede ser buena la imagen de un país que no protege sus riquezas naturales, históricas, culturales, y que peor aún, echará por tierras valiosas investigaciones desarrolladas por años, algunas de ellas con recursos del propio Estado, de universidades y entidades científicas.

La Conama ha insistido en que los organizadores del rally aseguraron que “tomarían todas las medidas pertinentes para que el impacto ambiental en las zonas sensibles sea el mínimo posible”. Sin embargo, reconoce la existencia de “zonas de conflicto”, por donde “se solicita no transitar” ya que corresponden a áreas protegidas para efectos del sistema de evaluación ambiental; y las “zonas de sensibilidad”, que son lugares que se “sugiere modificar en el trazado de la ruta” debido a que “corresponden a sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad o zonas de alto valor ecosistémico, según la comunidad científica, avalado por la CONAF a través del Libro Rojo”. Las zonas identificadas son 12, mientras que el trazado en zonas de conflicto llega a los 297 kilómetros.

Sin embargo, este mismo organismo indicó más tarde que “de conformidad a la información entregada por la Subsecretaría de Deportes, los organizadores han informado… que respecto de las “zonas de sensibilidad” se ha modificado el trazado para cuatro de ellas (de las 12). De las ocho zonas restantes, manifiestan su interés en mantenerlas, dado que corresponde a la de mayor interés deportivo, asociada a dunas y desierto”.

Como se puede apreciar, fueron los organizadores los que impusieron su voluntad y quienes tuvieron, en todo momento, la última palabra, con la complicidad de Chiledeportes y una impotencia activa de las autoridades ambientales. De ciudadanía ni hablar, pues para variar no se les ha escuchado. Así las cosas, está claro que la futura institucionalidad ambiental, al igual que la actual, tendrá como idea matriz la protección del medio ambiente “sólo en la medida de lo posible”.

Como cada vez son más mal vistas la diversidad y las ideas propias, frente a la exigencia de evaluación de impacto ambiental han surgido voces que tratan de convertir esta legítima preocupación por el medio ambiente y el patrimonio cultural e histórico, en “obstáculos” para la realización de este tipo de eventos, que más que deportivos son comerciales.

Ya hemos visto demasiadas veces la ejecución de proyectos viales cuyo trazado atraviesa por la mitad un pukará ancestral; o la instalación de antenas de telefonía celular que destruyen valiosos lugares arqueológicos, o la construcción de vertederos en medio de comunidades indígenas y la ejecución de las más diversas obras públicas y privadas que en su afán modernizador arrasan con árboles centenarios y el hábitat de múltiples especies.

En todos esos casos, la mayoría de ellos incluso sometidos a la evaluación ambiental, se confío en la autorregulación de los ejecutores, en la buena disposición y el compromiso manifestado de “provocar el menor impacto posible” y de considerar “todas las medidas de mitigación que sean necesarias”.

En definitiva, lo más probable es que nunca conozcamos los compromisos formales suscritos por la ASO, ni los impactos que los más de 600 vehículos provocarán en el medio ambiente, ni las medidas de mitigación concretas que se habrían establecido. Tampoco sabemos con certeza si la recolección, traslado y tratamiento que tendrán los residuos sólidos que dejará el rally en su desarrollo, cuyos volúmenes estimados tampoco conocemos, será de efectivo cargo de los organizadores o lo terminarán subsidiando las municipalidades respectivas.

Por cierto, sería bueno para hacer la comparación, que Sernatur informara cuántos turistas y científicos visitan Chile cada año para conocer sitios arqueológicos e históricos, así como su biodiversidad y, especialmente, para apreciar el maravilloso fenómeno del desierto florido, la que extrañamente aún no es un área protegida, y cuántos recursos reportan estos visitantes al país.

Tampoco hemos escuchado a aquellos que acostumbran a alzar la voz clamando por mayor seguridad ciudadana para la población haciendo algún mínimo comentario sobre los gastos en que incurrirá Carabineros, que deberá distraer más de 1.100 efectivos y 200 vehículos para brindar “seguridad” a este evento. Tampoco sobre los “apoyos” que prestará Salud a lo largo del recorrido.

En definitiva, también merece respeto la posición y el derecho de muchos ciudadanos que creen que algunos días de buenos negocios para algunas empresas, en una actividad legítima por cierto, no valen la inmensa riqueza patrimonial, cultural e histórica que nuestro país, pese a todo sigue conservando y que algunos estamos empeñados en preservar para nuestros hijos y nietos.