Aunque para muchos ciudadanos todavía el tema del software libre siga siendo algo desconocido, para quienes participan de las comunidades en internet, que han podido avanzar en su manejo informático, quienes son expertos del área y especialmente entre los más jóvenes es sin duda un tema cada vez más interesante e importante que abre expectativas insospechadas técnica, económica y profesionalmente.

Por eso, desde que conocimos su lógica del compartir y sus características de seguridad, perfeccionamiento y accesibilidad, entre otras muchas características comenzamos, con la ayuda y la compañía de muchos, un largo camino para abrir un espacio para debatir este tema no sólo en el ámbito especializado o ciudadano, sino para incorporarlo a la discusión que debiera tenerse sobre este tipo de materias en el propio Estado.

Por eso, hace años, presentamos un proyecto de ley que buscaba que el Estado y sus instituciones hicieran una opción por el software libre, no sólo para reducir costos, sino también para generar mayores condiciones de accesibilidad y cooperación entre los chilenos y sus autoridades. No nos parecía entonces, así como hoy tampoco, que el Estado se gaste millonarias sumas pagando licencias de software cada año, como da cuenta el presupuesto de la nación.

Sólo en los últimos tres años el Fisco ha desembolsado más de 52 mil millones de pesos por este concepto, lo que a todas luces es un derroche innecesario. De hecho, esa cifra representa la suma de los presupuestos municipales de muchas comunas pequeñas.

Y puede entenderse que haya labores especializadas que requieren imperiosamente el uso de un software específico, licenciado, y que el Estado no tiene más opción que adquirirlo. Sin embargo, cuando de los que estamos hablando es de miles de computadores que se instalan en los ministerios y los servicios públicos para ser usados sólo para escribir cartas, la verdad es que no resulta lógica “amarrase” voluntariamente a una licencia, que no sólo implica el desembolso de recursos, sino que además te presiona y obliga, cuando el fabricante lo estima, a adquirir el programa siguiente.

Pasaron ya los años en que en una oficina se compraba un programa, se pagaba la licencia y luego se instalaba en todos los equipos. Ahora eso se llama piratería, porque el programa no es tuyo. Sólo se paga el derecho a cargarlo en un solo computador y si hay más, debes entonces pagar todas las licencias que sean necesarias.

En todo caso, gracias a algunos instructivos presidenciales que empezaron a incorporar el concepto interoperabilidad, es decir la necesidad de hacer compatible información proveniente de diferentes sistemas operativos y programas, y al avance inevitable del software libre en muchas áreas, es que de todas formas algunos servicios públicos incorporaron este tipo de programas en sus sitios web y en sus sistemas informáticos internos.

Por eso, tras haber logrado un acuerdo con el Ejecutivo hace dos discusiones presupuestarias, cuando retiramos cientos de indicaciones para pedir que al menos se incorporara el software libre como una alternativa entre las tres que deben existir para las cotizaciones que se utilizan en las compras públicas y cuando aún no se había desatado el lobby que en la discusión del presupuesto 2009, que logró que la Cámara de Diputados echara abajo una indicación de este tipo aprobada en el Senado, nos alegramos de la reciente publicación del estudio sobre software libre en el Estado elaborado por la Universidad Católica, con la participación de otras importantes entidades como la ONG Derechos Digitales.

Este es un primer paso que debiera abrir una ventana que estaba sellada para que el Estado, sin prejuicios de ninguna especie revise lo que en el resto del mundo se denomina “neutralidad tecnológica” y que el informe prefiere llamar de otra forma, y que no es otra cosa que abrirse a las mejores tecnologías, que satisfagan de mejor manera las necesidades, sin marcar preferencias de adquisición y uso por ninguna de ellas en particular y que en algunos países incluso determina porcentajes máximos de compra por parte del Estado.

No queremos que el uso de un software abierto siga significando en Chile, como lamentablemente todavía ocurre, que las personas no pueden acceder a información pública, formularios o a realizar trámites en línea, porque por ejemplo el sitio web le exige un determinado navegador. Tampoco queremos que las licitaciones públicas pidan sólo pidan un software determinado a los oferentes. La gente tiene derecho a hacer sus opciones tecnológicas y el Estado debe no sólo aceptarlas y respetarlas, sino también generar las condiciones tecnológicas para que ellos puedan utilizarlas adecuadamente, en una situación de igualdad de condiciones.

Países como Alemania, cuya Cancillería ha decidido migrar íntegramente a Linux e Inglaterra que ha anunciado un plan de ahorro en esta materia utilizando software libre, son un buen ejemplo de lo que decimos. En nuestra región, Brasil nos da lecciones en la materia, por ejemplo, al haber incorporado el uso de software libre desarrollado por brasileños en la decisión final que tomaron para la norma de televisión digital. Con ello adaptan el sistema sus necesidades y además generan empleo y desarrollo tecnológico nacional.

Finalmente, y en un dato que resulta paradojal, hasta antes de este informe que en nuestra opinión demoró demasiado, una de las propuestas que mayormente había incentivado el uso del software libre en Chile provenía de una iniciativa conjunta entre el PNUD y la Sofofa, quienes con apoyo de la cooperación japonesa, promovieron el uso del software libre en las pymes.

Esperamos que la acción de las comunidades de software libre que en nuestro país existen por miles y la decisión de jefaturas de todo nivel en el Estado ayuden a que las personas comiencen a familiarizarse con su uso, para que la tecnología no sólo sea un buen negocio para muchos, sino también una oportunidad de generar nuevas redes de colaboración y cooperación, y sobre todo, una oportunidad verdadera para la innovación en Chile.