Cuando a comienzos de septiembre pasado el candidato presidencial Eduardo Frei lanzó su programa presidencial incluyendo lo que se denominó un paquete de medidas “verdes” muchos se declararon sorprendidos. Los que están en el mundo ambiental y no son funcionarios ni adeptos incondicionales del gobierno se mostraron escépticos, porque pese al paso de los años siempre queda en la retina y en la a veces mala memoria nacional el tema de la privatización de las sanitarias y la construcción de Ralco. Y, por cierto, porque convenientemente, se guardaba silencio respecto de la opción nuclear que el actual gobierno y Frei defienden.

Sin embargo, más allá de las legítimas dudas y cuestionamientos sobre las propuestas, y más allá de la posibilidad de que Frei logre pasar a segunda vuelta y en ese hipotético escenario derrotar a Piñera, lo cierto es que la Concertación ha puesto en entredicho su cada vez más escaso apoyo en el mundo medioambiental ya no sólo por la falta de credibilidad en sus propuestas en esta materia, escasas y poco eficaces, sino también por la forma en que abordó la legislación sobre la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Ambiental.

Porque este proyecto, cuyo trámite en la Cámara de Diputados demoró diez meses, el gobierno tras breves cinco meses de segundo trámite en el Senado y habiendo batido el record de ser el proyecto que más indicaciones ha recibido en estos veinte años al empinarse muy por sobre el millar, decidió ponerle fast track, para cumplir la meta de contar con dicha cartera antes del fin del gobierno, aunque ello significará sacrificar, una vez más, la calidad del debate y negando la posibilidad de mejorar las carencias y vacíos del texto del ejecutivo.

Para ello, como siempre también, hubo parlamentarios dispuestos a alcanzar los ya gastados “consensos” con la derecha que esta vez presidía e integra mayoritariamente la Comisión de Medio Ambiente del Senado, encabezada por los “verdes” Longueira y Allamand. 

Así, en sólo algunas horas y una maratónica sesión de amanecida, con el texto del acotado, restringido y restrictivo “acuerdo” alcanzado entre la ministra Ana Lya Uriarte, la derecha y la Concertación, más la omnipresente venia de Hacienda, se despachó el proyecto que quedó, con urgencia de discusión inmediata para ir a la Sala y ser aprobado, sí o sí, antes de que la Cámara entre en receso.

Poco ha importado que esta sea una de las leyes que ha esperado más de una década para ser mejorada, tras las lamentables constataciones de sus vacíos y fallas a lo largo de estos años. Poco ha importado que seguramente deba pasar otra década hasta que el gobierno de turno acepte nuevamente actualizarla.

Poco ha importado el aporte significativo que ha hecho la sociedad civil todos estos años y especialmente en este debate para enriquecer una ley con anemia de participación ciudadana y que sigue postergando temáticas claves como las relacionadas con la existencia, finalmente, de una CONAF pública, la creación de un Servicio Nacional de Parques, una profundización en la regulación y protección de áreas silvestres protegidas, así como de la biodiversidad nacional.

Poco le ha importado al gobierno, y especialmente a la ministra, la demanda amplia y vigente de mayor participación vinculante en los procesos de evaluación ambiental, la necesidad de incluir en la legislación las obligaciones que emanan de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en materia de derechos de los pueblos originarios y la preocupación de comunidades locales, especialmente costeras, de caletas de pescadores artesanales, que han visto vulnerados su derechos y su medio ambiente a manos de celulosas y salmoneras.

Cuando el conglomerado oficialista no logra encontrar respuestas al bajo respaldo ciudadano que recibe en las encuestas (aunque intenten vanamente colgarse de la popularidad de la Presidenta), su falta de compromiso con una verdadera política de medio ambiente y recursos naturales en el tiempo, es una de las muchas respuestas para ese desgaste inevitable que los llena de un miedo que quieren traspasar a todos los chilenos, como si todos fuéramos responsables de las decisiones que en ésta y otras materias se han tomado en estos dos decenios.

No se puede seguir tolerando la acumulación de deudas históricas, esta vez una deuda “verde”, verde naturaleza, asumida a costa de beneficiar el verde dólar de los negocios de quienes lucran con el uso muchas veces gratuito de nuestra agua, de nuestras costas, de nuestros parques y reservas, de nuestro aire, a costa de la cultura y la calidad de vida de muchos compatriotas. Y lo que es peor y más grave, a costa de ignorar concientemente las voces individuales y colectivas que las ONG, las comunidades y los ciudadanos han levantado una y otra vez.

Es increíble como al igual que en otros temas, los sectores otrora autodenominados democráticos han ido cediendo espacio a la derecha, regalándole la iniciativa y la decisión en políticas públicas que nunca han sido de su verdadero interés y que siempre han visto desde la vereda pro-empresarial, como ha ocurrido con las leyes de pesca, la del falso royalty minero y con el bloqueo a la regulación de las antenas celulares, entre muchas otras.

Es lamentable que se haya llegado a este punto de legislar contra reloj para que la ministra pueda anotarse un poroto en su hoja funcionaria y el gobierno diga que cumplió con uno de sus compromisos. Es lamentable, porque con esto no le hacen un favor ni al medio ambiente ni a la candidatura de su propio candidato y sus propias contradicciones ambientales. Pero sobre todo, es lamentable, porque contra lo que dicen, lo único que están haciendo en este caso, es regalarle “en bandeja” a la derecha un “desalojo” verde.