En el pasado gobierno se patentó, ante la ocurrencia de hechos de corrupción investigados por los tribunales que afectaban a algunos funcionarios públicos, la frase “las instituciones funcionan”, que quería representar el concepto de que nadie estaba fuera del alcance y la obligación del cumplimiento de la legalidad vigente.

Pese a la reiteración de dicha frase en el tiempo, que hacía pensar en una política pública que buscaba fortalecer el Estado de Derecho, la verdad es que su validez se ha ido erosionando y relativizando en el tiempo.

Casos que muestran esta decadencia del citado principio son, sólo por citar algunos, la autorización con fórceps que se le entregó a la planta de gas en Peñalolén en mayo del 2007 bajo la fórmula de aprobación con condiciones (como ocurre con la mayoría de los proyectos sometidos a evaluación ambiental) tras el espaldarazo del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y que se terminó de materializar en un decreto que modificó a la medida la ley general de urbanismo y construcciones en abril de este año.

Más tarde vino un apoyo aún más explícito a la “necesidad” de construir las centrales hidroeléctricas en Aysén, en que nuevamente los ministros Pérez Yoma y Viera-Gallo llevaron los estandartes de la aprobación al proyecto, aún antes de iniciarse la evaluación ambiental, que como posteriormente pudimos constatar presentaría múltiples observaciones a un deficiente estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa.

Este año el tema se ha concentrado en la Región de Valparaíso. Primero una denuncia presentada ante la Corema por la contaminación acústica que producían las obras de construcción de la planta de GNL en Quintero, ratificada por un informe de la autoridad sanitaria, la que proponía una sanción pecuniaria, terminó siendo, tras la decidida intervención del Intendente De la Maza, en sólo una amonestación por escrito a la empresa.

Más tarde un fallo de la Corte Suprema ratificó que la aprobación al proyecto de la central termoeléctrica Campiche, en la comuna de Puchuncaví, otorgada por la Corema era ilegal debido a que se entregó una resolución ambiental favorable sin haber cumplido con un requisito básico como es el cambio del uso del suelo.

Pero como era de esperar la empresa Gener, que tiene entre sus directores al ex ministro de Economía, ex gerente de Guacolda y actual presidente del directorio de EFE, Jorge Rodríguez Grossi, empezó de inmediato un lobby que rápidamente mostró sus efectos: el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Constans, anunció contactos con el Ministerio de Vivienda para lograr el cambio de uso del suelo y, por supuesto, con el ministro Pérez Yoma, quien manifestó su preocupación, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Empleo.

Es decir, pronto Gener tendrá en sus manos el decreto de Vivienda que, pasando sobre el municipio, cambie el uso del suelo para retomar la construcción de una nueva central termoeléctrica en una zona declarada saturada para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable.

Por su parte, la planta GNL de Quintero fue clausurada por el municipio de esa comuna debido a que comenzó a operar sin tener la recepción definitiva de las obras. Lo más probable es que en los próximos días alguna acción judicial emprendida por la empresa dejará sin efecto el decreto municipal, lo que será respaldado por las autoridades provinciales y regionales que han querido justificar lo ocurrido diciendo que la empresa no ha pedido la recepción definitiva porque aún no termina la construcción de la planta.

Llama la atención este argumento, considerando que el muy televisado barco que llegó la semana pasada desde Trinidad y Tobago con la primera carga de gas, permanece a la gira en la bahía de Quintero, tras haber sido recibido por el Ministro de Energía, Marcelo Tokman (que también fue a su partida en el Caribe), a la espera de poder atracar en el muelle de 1.850 metros que se construyó especialmente para ello.

La última joyita, la pretensión de Celco de aumentar en un 20% su producción de celulosa en su planta de Valdivia (la misma de la muerte de los cisnes) sólo mediante vía administrativa, sin nueva evaluación ambiental. Curiosamente, en este caso Pérez Yoma dijo que la empresa sí debía realizar un estudio. Como respuesta la empresa dijo que parecía curioso que para una misma situación se tuviera dos criterios, pues a la planta de Celco en la Región del Bío-Bío se le aceptó la ampliación de producción sin estudio alguno.
 
En definitiva queda claro que especialmente en materia energética, y más allá del discurso del terror que se nos quiere infundir para convencernos que nos hay más opción que aceptar las centrales quemando pet coke, la inundación de la Patagonia chilena y la construcción de centrales nucleares, las instituciones más que funcionar como deben están siempre dispuestas a adaptar, flexibilizar y cambiar si es necesario las normativa vigente para que todos los proyectos de se tipo sean aprobados.

Que las empresas quieran eso no es sorprendente. Muchas de ellas quisieran que ni siquiera existiera la débil evaluación ambiental que tenemos y todo quedara en manos de la “autorregulación” que es la variante ambiental del discurso de la flexibilidad laboral. Sin embargo sí sorprende la actitud del gobierno en sus distintos niveles mostrando un doble estándar impresionante, porque mientras frente a una movilización o reinvindicación mapuche, estudiantil o de los trabajadores surge de inmediato la ley antiterrorista o de seguridad del Estado y se ratifica que el Estado de Derecho debe acatarse, a la hora de que se respete la normativa ambiental vigente se mira hacia el techo.

Y aunque en el mismo gobierno donde se patentó lo de las instituciones que funcionan, también se instaló otra frase para el bronce: “caiga quien caiga”, hasta ahora, lamentablemente para nuestro medio ambiente, ni las instituciones funcionan como deben, ni los responsables de que ello ocurra caen.