Así como en el 2006 nadie quiso quedarse debajo de la revolución pingüina que le propinó un golpe al mentón a la institucionalidad gubernamental y política instalando en la agenda la necesidad y la obligación, tras una década y media de hacerse los lesos, de derogar la Ley Orgánica de Enseñanza (LOCE) que la dictadura decretó horas antes de abandonar La Moneda, hoy vemos con estupor como se ha montado una operación para sacar de la escena a los valientes y asertivos estudiantes que saben que uno de los problemas de fondo en la educación chilena sigue siendo su mantención en manos de los municipios.

Porque tras el inolvidable acuerdo de las manos tomadas entre la Concertación y la derecha, que permitió la derogación sólo parcial de la LOCE (pues una treintena de artículos siguen vigentes), que mantuvo el lucro y la selección que la mayoría del país estaba de acuerdo en terminar y que generó una segunda deuda histórica con los profesores al aprobar una norma que permite a cualquier profesional hacer clases, la derecha y el gobierno ya dieron por cerrado cualquier “cambio” al sistema educativo y por eso voces como las de los jóvenes del Instituto Nacional y otros establecimientos les incomodan y molestan.

Porque aunque la ministra Jiménez, que sabe más de colegios particulares subvencionados que de establecimientos públicos, trate de escudarse en un conjunto de proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, la verdad es que nadie que entienda un poco de educación logra comprender como se quiere normar un único sistema educativo mediante iniciativas separadas, en tiempos distintos: primero la Ley General de Educación (LGE), luego un proyecto sobre educación pública que se hizo sólo para evitar un bochorno con la LGE tras la acusación constitucional contra la ex ministra Provoste y por otra parte la creación de la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad. Y eso, sin contar que sobre educación superior todavía no hay ni luces.

Por eso ahora el discurso del terror que levantan la ministra y el alcalde Zalaquett es que a los jóvenes les irá mal en la PSU, que los establecimientos perderán subvención, que tras las movilizaciones de los profesores no se puede seguir perdiendo clases porque habrá que suspender las vacaciones de invierno o que se les cancelará la matrícula a los estudiantes, sólo tiene como objetivo eludir debate alguno sobre el tema de fondo que han planteado los pingüinos. Sobre ello ni una palabra, sólo amenazas buscando, además, estigmatizarlos ante la opinión pública.

Nadie parece acordarse de que han sido muchos alcaldes de todo el país que han señalado una y otra vez que están dispuestos a entregar de inmediato los colegios a su cargo, no porque no les interese la educación, sino porque una administración escolar eficiente pasa por contar con los recursos mínimos necesarios y esos recursos nunca están en la medida que se requieren y por eso, desde hace años viene produciéndose la fuga de alumnos a la educación privada subvencionada, y no porque hayan movilizaciones como se ha querido sostener en los últimos días.

Nadie parece o quiere acordarse tampoco de que fue el propio Consejo Asesor convocado por la Presidenta el que propuso más de una alternativa a la administración municipal de la educación porque ya casi nadie defiende un sistema probadamente fracasado que ha terminado convirtiéndose más en un mecanismo de utilización política o de contratación paralela a la planta municipal que de mejoramiento de la calidad de la educación de los niños y jóvenes más pobres del país.

Y aprovechándose de un contexto comunicacional favorable, especialmente por la fiebre futbolera que nuevamente se ha desplegado en los medios gracias a los buenos resultados obtenidos, se arremete contra las juveniles voces que dicen lo que otros no se atreven a decir. Se dedican muchos minutos y páginas a contarnos las historias de vida de algunos jóvenes futbolistas como ejemplos a seguir, mientras que por otra parte se utilizan los noticieros y los matinales para mostrarnos a dirigentes estudiantiles que son denostados y acusados gratuitamente, como ejemplos a repudiar, sin referirse nunca a los temas de fondo.

Porque si a algunos estudiantes de cuarto medio les va mal en la PSU no será porque hubo una legítima movilización de los profesores ni porque hay estudiantes que reclaman del Estado el rol que tuvo y que debiera seguir teniendo pese a los intentos privatizadores de la LGE. Si les va mal será porque han debido sufrir en carne propia, al igual que sus maestros, las carencias esperables de un sistema de administración educacional deficiente, cuyo objetivo no es brindar educación de calidad ni igualar oportunidades sociales. La educación pública que hoy tenemos es apenas el cumplimiento mínimo de las obligaciones del Estado con los estudiantes de los sectores más pobres y rurales, a quienes concientemente les entrega una educación de pésima y deficiente calidad.

Por eso, resultan patéticas aquellas escenas exhibidas en la televisión mostrando los daños materiales y las “agresiones” que “vándalos” o “grupos anarquistas” han provocado al interior del Instituto Nacional, pese a “haber sido autorizados” por el Rector, que ha sido el primero en tratar de torpedear el movimiento de alumnos y profesores, seguramente también advertido por la “mano dura” que gobierna el municipio santiaguino. Ojalá la mitad de esos minutos de imágenes y reporteos en directo se dedicarán a hablar sobre los daños a la vida, las expectativas y a la educación de esos jóvenes, que los “vándalos” que instauraron la municipalización y que la defienden a toda costa sin importarles los costos, les provocan.

Cuando quedan pocos meses de un gobierno que parece más obsesionado con su ingreso a la OCDE (que también ha criticado el sesgo clasista de la educación chilena y donde la educación mayoritariamente está en manos del Estado) que otra cosa, la verdad es no caben dudas de que son los estudiantes los que nuevamente tienen la razón. Y que los mismos que el 2006 se comprometieron a recoger las demandas de la revolución pingüina, son los que hoy tratan de criminalizar las voces que dan cuenta de la palabra no respetada.

Estamos con ellos, porque están del lado correcto, y porque hoy, pese a todo lo que se habla de cambio y de jóvenes, son ellos, nuevamente, los únicos que nos hacen abrigar esperanzas de cambios profundos y reales de cara a un futuro que por suerte les pertenece.