Leyes secretas: ¿alcanzará la transparencia?
Apr. 25 , 2009
Aunque de manera tardía, el paso adelante que representa la denominada ley de transparencia, no debe significar estancarse en la autosatisfacción y en la autocomplacencia.
Tras 20 años de interminable transición a la democracia, esta norma sólo viene a regularizar lo que los ciudadanos y el propio Estado debiera autoimponerse en cualquier estado de derecho serio y verdaderamente democrático: garantizar el acceso a la información y el derecho a saber.
Y no se trata sólo de saber cuánto recibe mensualmente un ministro, un alcalde o un parlamentario, que forma parte de una natural “contraloría ciudadana” sobre sus autoridades, especialmente si son electas y especialmente si desarrollan su trabajo con el dinero de todos.
Felices de poder hurgar en los contratos, honorarios y licitaciones públicas, a muchos parece habérseles olvidado que hay también muchas otras cosas pendientes en materia de transparencia. Un ejemplo mayúsculo de aquello son las denominadas “leyes secretas” que nos heredó la dictadura, un conjunto de más de 160 leyes, decretos leyes y decretos supremos que nadie conoce, pero que aún afectan nuestra vida y el erario nacional.
Aunque estas normas se promulgaron desde el primer día tras el golpe de 1973, recién el Decreto 991 de 1975 vino a establecer un mecanismo formal para sancionar la “reserva” de estas normas. De esta forma sólo las conocía el “Poder Legislativo” de la época, es decir, la junta militar, el ministro o subsecretario respectivo, el director del Diario Oficial y alguno que otro funcionario civil o militar.
Desde la reinstalación del Congreso, tanto la Cámara como el Senado constituyeron comisiones y se presentaron mociones legislativas para publicar estas leyes secretas. Hasta ahora, lo más avanzado es un proyecto aprobado por los diputados el 2003 que nunca tuvo trámite en la Cámara Alta.
Pese a lo secreto reservado de estas normas también se han escrito amplios reportajes y editado algunos libros al respecto. Dauno Tótoro nos recuerda en “Las leyes secretas de Pinochet” que éstas están agrupadas en cuatro tópicos centrales: la Constitución y los organismos represivos (DINA-CNI); modificaciones a la Ley Reservada del Cobre; plantas y funcionamiento orgánico de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad; y diversas transferencias de recursos a algunas instituciones militares.
Curiosamente y tras conocer algunos antecedentes sobre algunas de estas leyes y decretos secretos, el Parlamento, la Contraloría y el Diario Oficial optaron por mantenerlas en esta condición y hoy siguen ocultas bajo llave en alguna recóndita oficina del Congreso, del organismo contralor y del medio donde se publican las normas que rigen a todos los chilenos.
Por eso, cuando se ve tanta satisfacción entre quienes quieren hacer ostentación por algo que debimos hacer hace años, surge inevitablemente la pregunta: ¿ahora que hay ley de transparencia y que están todos de acuerdo en lo bien que ésta le hace a la democracia, se publicarán las leyes secretas? ¿o, como suponen los más pesimistas, realistas o autoflagelantes saldrá a relucir algún argumento tipo secreto de Estado, razones superiores de Estado o excepciones de la ley de transparencia para seguir manteniéndolas fuera del acceso y conocimiento de los chilenos?.
Confiamos en que tanto aperturismo democrático, especialmente en una derecha entusiasta que quiere empezar a contagiarse de democratitis por si llega a La Moneda permita que tras décadas de silencio, ocultismo y secretismo estos decretos que nadie -excepto algunas escasas excepciones- conoce salgan a la luz permitiendo hacer claridad sobre un oscurísimo pasaje de nuestra historia.
De lo contrario, toda esta pirotecnia desplegada para autofelicitarse por una norma que se ve presionada no sólo por los afanes democráticos del gobierno y el Parlamento, sino también por la necesidad de tratar de al menos parecerse a aquellos países que Chile quiere emular y con quienes quiere compartir la mesa de la OCDE entre otras y donde los ciudadanos tienen deberes pero también derechos garantizados.
Por eso, también sería bueno que aprovechando que se quiere parecer buen alumno ante los cada vez más seguidos análisis de la OCDE sobre distintas políticas públicas nacionales, se aprovechara de una vez por todas de aprobar la ley del lobby que sigue entrampada en la etapa final de su trámite legislativo y se despierte de su largo sueño al proyecto que crea el conocido mundialmente Defensor del Pueblo u Ombudsman y que en nuestro país ya cuenta con tres iniciativas gubernamentales que sólo le han cambiado de nombre (eso de pueblo ya no se usa) y pasó de defensor de los ciudadanos a defensor de las personas.
Esta semana haremos la presentación formal para pedir que se desempolven, desarchiven y hagan públicas las leyes secretas dictadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Veremos que tan arraigada está la idea de avanzar con la transparencia para fortalecer nuestra aún débil democracia.
Tras 20 años de interminable transición a la democracia, esta norma sólo viene a regularizar lo que los ciudadanos y el propio Estado debiera autoimponerse en cualquier estado de derecho serio y verdaderamente democrático: garantizar el acceso a la información y el derecho a saber.
Y no se trata sólo de saber cuánto recibe mensualmente un ministro, un alcalde o un parlamentario, que forma parte de una natural “contraloría ciudadana” sobre sus autoridades, especialmente si son electas y especialmente si desarrollan su trabajo con el dinero de todos.
Felices de poder hurgar en los contratos, honorarios y licitaciones públicas, a muchos parece habérseles olvidado que hay también muchas otras cosas pendientes en materia de transparencia. Un ejemplo mayúsculo de aquello son las denominadas “leyes secretas” que nos heredó la dictadura, un conjunto de más de 160 leyes, decretos leyes y decretos supremos que nadie conoce, pero que aún afectan nuestra vida y el erario nacional.
Aunque estas normas se promulgaron desde el primer día tras el golpe de 1973, recién el Decreto 991 de 1975 vino a establecer un mecanismo formal para sancionar la “reserva” de estas normas. De esta forma sólo las conocía el “Poder Legislativo” de la época, es decir, la junta militar, el ministro o subsecretario respectivo, el director del Diario Oficial y alguno que otro funcionario civil o militar.
Desde la reinstalación del Congreso, tanto la Cámara como el Senado constituyeron comisiones y se presentaron mociones legislativas para publicar estas leyes secretas. Hasta ahora, lo más avanzado es un proyecto aprobado por los diputados el 2003 que nunca tuvo trámite en la Cámara Alta.
Pese a lo secreto reservado de estas normas también se han escrito amplios reportajes y editado algunos libros al respecto. Dauno Tótoro nos recuerda en “Las leyes secretas de Pinochet” que éstas están agrupadas en cuatro tópicos centrales: la Constitución y los organismos represivos (DINA-CNI); modificaciones a la Ley Reservada del Cobre; plantas y funcionamiento orgánico de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad; y diversas transferencias de recursos a algunas instituciones militares.
Curiosamente y tras conocer algunos antecedentes sobre algunas de estas leyes y decretos secretos, el Parlamento, la Contraloría y el Diario Oficial optaron por mantenerlas en esta condición y hoy siguen ocultas bajo llave en alguna recóndita oficina del Congreso, del organismo contralor y del medio donde se publican las normas que rigen a todos los chilenos.
Por eso, cuando se ve tanta satisfacción entre quienes quieren hacer ostentación por algo que debimos hacer hace años, surge inevitablemente la pregunta: ¿ahora que hay ley de transparencia y que están todos de acuerdo en lo bien que ésta le hace a la democracia, se publicarán las leyes secretas? ¿o, como suponen los más pesimistas, realistas o autoflagelantes saldrá a relucir algún argumento tipo secreto de Estado, razones superiores de Estado o excepciones de la ley de transparencia para seguir manteniéndolas fuera del acceso y conocimiento de los chilenos?.
Confiamos en que tanto aperturismo democrático, especialmente en una derecha entusiasta que quiere empezar a contagiarse de democratitis por si llega a La Moneda permita que tras décadas de silencio, ocultismo y secretismo estos decretos que nadie -excepto algunas escasas excepciones- conoce salgan a la luz permitiendo hacer claridad sobre un oscurísimo pasaje de nuestra historia.
De lo contrario, toda esta pirotecnia desplegada para autofelicitarse por una norma que se ve presionada no sólo por los afanes democráticos del gobierno y el Parlamento, sino también por la necesidad de tratar de al menos parecerse a aquellos países que Chile quiere emular y con quienes quiere compartir la mesa de la OCDE entre otras y donde los ciudadanos tienen deberes pero también derechos garantizados.
Por eso, también sería bueno que aprovechando que se quiere parecer buen alumno ante los cada vez más seguidos análisis de la OCDE sobre distintas políticas públicas nacionales, se aprovechara de una vez por todas de aprobar la ley del lobby que sigue entrampada en la etapa final de su trámite legislativo y se despierte de su largo sueño al proyecto que crea el conocido mundialmente Defensor del Pueblo u Ombudsman y que en nuestro país ya cuenta con tres iniciativas gubernamentales que sólo le han cambiado de nombre (eso de pueblo ya no se usa) y pasó de defensor de los ciudadanos a defensor de las personas.
Esta semana haremos la presentación formal para pedir que se desempolven, desarchiven y hagan públicas las leyes secretas dictadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Veremos que tan arraigada está la idea de avanzar con la transparencia para fortalecer nuestra aún débil democracia.
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Desempolvar y traer al debate lo que ocurrió o no en el gobierno militar es un recurso agotado a estas alturas.
Si quiere obtener adherentes a su campaña le recomendaría buscar temas más relevantes y que realmente se enfoquen en los intereses de la gente.
Saludos.
Posted by Paulino on April 25, 2009 at 07:59 PM CLT #
Desempolvar y traer al debate lo que ocurrió o no en el gobierno militar es un recurso agotado a estas alturas.
Si quiere obtener adherentes a su campaña le recomendaría buscar temas más relevantes y que realmente se enfoquen en los intereses de la gente.
Saludos.
Posted by Paulino on April 25, 2009 at 07:59 PM CLT #
Posted by Osvaldo on April 26, 2009 at 11:45 AM CLT #
Con este tipo de medidas nuestra historiografía que trata sobre la Historia Reciente se verá con nuevos elementos, y con esto todos ganamos: la ciudadanía podrá enterarse de todas las cosas. Futuro Presidente, necesitamos que usted luche por liberar algunos documentos que necesitan esperar hasta 60 o 70 años, necesitamos tener en nuestro poder las resoluciones judiciales, ministeriales, etc., para poder contar la Historia reciente a Chile
Posted by Carlos Álvarez on May 09, 2009 at 03:33 PM CLT #