A estas alturas sólo está faltando ver cuánto se demora el Subsecretario del Interior Patricio Rosende en entregar los resultados electorales desfavorables a la Concertación en diciembre para ver cuánto se parece a Alberto Cardemil. Y es que desde que asumió reemplazando a su antecesor, que ahora sí compite por el cargo que recibió por secretaría, curiosamente en el mismo distrito que el subsecretario de Pinochet, ha hecho todos los anti-méritos para quedarse con el título del más duro y represivo en el cargo.

Sin embargo, como no ha sido suficiente la represión contra estudiantes, profesores  y deudores habitacionales o las descalificaciones contra la CUT, la Anef, los trabajadores de la salud municipalizada, Rosende encontró el espacio donde dar rienda suelta a sus innatas condiciones autoritarias: el territorio mapuche.

Y no se trata sólo de las más recientes denuncias que se han venido realizando por parte de comuneros, comunidades y organizaciones de la sociedad civil y que el Subsecretario del Interior ha negado con un cutis de madera que hace tiempo no se veía, a lo que ha agregado la mentirosa tesis de los niños mapuche usados como escudos humanos, plagiando la tesis israelí utilizada para justificar sus ataques a Gaza. Se trata de la represión excesiva, el uso de la fuerza y el atropello de que son víctimas los mapuche por parte del Estado representado por Carabineros, en aras de “hacer respetar el Estado de Derecho”.

Curiosamente, y pese a ser abogado, pareciera ser que Rosende sólo entiende por Estado de Derecho la protección de la propiedad privada, esto es tierras y camiones de particulares y de grandes consorcios forestales, así como la mantención del “orden público” que regido aún por el criterio de la dictadura abomina de las reuniones y manifestaciones públicas y que pese al recurrente discurso pro-libertad de expresión busca limitar o inhibir cualquier crítica, por legítima que esta sea, en contra de las políticas implementadas por el gobierno o el Parlamento.

Y es que algunos como Rosende al parecer creían que cuando tras más de una década y varios intentos de colusión política para distorsionar el sentido del Convenio 169 de la OIT, éste terminó ratificándose, se produciría ipso facto la versión 2.0 de la pacificación de la Araucanía. Es decir, esta vez la fuerza de las leyes haría innecesario el uso de la fuerza de la versión original.

Sin embargo, como era evidente, se equivocó. Porque el Convenio 169 no es el final de un camino: es el inicio, un inicio que en Chile pese a los compromisos, tratados, comisiones y acciones realizadas por cada presidente, se ha tardado demasiado. Pareciera ser que los nuevos adoradores de la OCDE no han reparado en que muchos de los países que la integran y que conviven con pueblos indígenas en su territorio, hace rato que vienen construyendo caminos de acuerdo, respeto e integración, que en nada se parecen a la mano dura que se ejerce sin piedad contra ancianos, mujeres y niños indígenas en nuestro país.

Y es en este último aspecto donde Rosende demuestra sus mayores dotes histriónicas, rechazando y negando hechos evidentes. Las recientes denuncias sobre violencia contra niños, quienes recibieron balines y perdigones, y que estaban documentadas con certificados médicos emitidos por el centro asistencial que los atendió son el más reciente ejemplo de aquello.

Antes de eso, sus explicaciones para seguir justificando la aplicación de la llamada ley antiterrorista, que le significa al país el cuestionamiento permanente de la comunidad y los organismos internacionales de derechos humanos, preocupados especialmente de la discriminación y racismo que se ejerce contra el pueblo mapuche, son cada vez menos creíbles.

La detención contra la documentalista Elena Varela, los juicios con testigos enmascarados y repetidos hasta lograr la culpabilidad, los interrogatorios a niños mapuche, la expulsión de ciudadanos extranjeros interesados en conocer y trabajar con las comunidades, las huelgas de hambre de los comuneros detenidos por largo tiempo y que luego son liberados sin cargos y los vertederos instalados en las comunidades, son sólo muestras de los miles de apremios que vive nuestro principal pueblo originario a manos de un Estado más preocupado de celebrar el Bicentenario de la independencia de Chile que de reconocer los derechos de aquellos que ya vivían en este suelo antes de la llegada de los españoles.

Hemos llegado a un punto preocupante: los mapuche ya no están yendo a los hospitales porque aunque la lesión se haya producido por accidente de inmediato es acosado policial y judicialmente. Ahora se habla de comuneros gravemente heridos e incluso eventualmente muertos que no han sido denunciados por la misma razón. Además, aunque los muertos siempre son del mismo lado, los que terminan tras las rejas también lo son.

Por eso le hemos pedido formalmente a la Cruz Roja Internacional que destine personal de sus filas en la zona de conflicto, a fin de prestar ayuda humanitaria a los comuneros de todas las edades que no están recibiendo asistencia médica adecuada.

Rosende será responsable de lo que pase en adelante en la Araucanía, por su visión unilateral y maniquea. Ensañarse con los mapuche mientras se hace la vista gorda con las bandas civiles fascistas paramilitares que operan en la zona no parece ser la mejor fórmula para avanzar en ninguna buena dirección.

Así mientras la comunidad internacional sigue atenta la evolución del actual cuadro crítico que se vive en territorio mapuche y los mapuche resisten una represión injustificada, nosotros junto con seguir denunciando las arbitrariedades que se cometen en nombre del Estado de Derecho estaremos atentos a ver cuánto se demora la entrega de resultados en diciembre próximo, para así confirmar en los hechos, como por los anti-méritos exhibidos Rosende termina quedándose con el primer lugar del ranking.