Si muchas de las frases que citaré más abajo las hubiera dicho alguien identificado con posiciones de izquierda seguramente habrían arreciado las críticas conservadoras sobre un supuesto ideologismo, belicosidad, exageración, radicalidad o, como se dice ahora para denostar las ideas, “populismo”.

Las suscribo todas, pero debo aclarar que ellas no me pertenecen, sino que forman parte de un documento emanado del simposio “El bien común global ante la escasez de recursos”, realizado por la Conferencia Episcopal Latinoamericano y del Caribe (Celam) y la Obra Episcopal para el Desarrollo de Alemania (Misereor), los días 6 y 7 de marzo pasado en El Vaticano.

Este texto parte manifestando: “Nos preocupa la velocidad de los cambios y la lentitud de los procesos sociales frente a ellos”, haciéndose cargo de una línea argumental y de propuesta de acción que va más allá, incluso, de muchos de aquellos autodenominados progresistas.

Desde ese sentido de urgencia por hacer y por ser parte activa de los cambios que el mundo necesita, las conclusiones y propuestas expresadas en este documento, están dirigidas “a gobernantes, legisladores, académicos, lìderes sociales, empresariales, y al pueblo”. Es decir, no pretende ser un documento de orientación pastoral sólo para católicos, sino que busca sobrepasar esos márgenes para ser una voz que se escuche en la opinión pública mundial, más allá de la feligresía.

Tal como el propio texto lo indica, éste se ha elaborado en un contexto en que “ante el trasfondo de la globalización y el límite cada vez más visible de los bienes del planeta, así como la grave crisis del mercado desregulado, es necesario definir nuevamente el concepto de bien común, considerando que las perspectivas nacionales sólo inciden de forma insuficiente”.

Más adelante aborda sin dobleces algunos temas estratégicos para el futuro de la humanidad. En el marco de su preocupación por los recursos naturales el documento indica que “es preciso afirmar con claridad que un acceso al agua al alcance de los pobres es un derecho humano, fuera de la lógica del mercado, lo que debería reflejarse en los sistemas de abastecimiento”.

Siempre en esta línea argumental abierta, aborda la coyuntura económica mundial señalando que “la actual crisis del mercado financiero nos muestra que la autoregulación de los mercados es una ilusión que ha llevado a un “callejón sin salida” y que la visión cristiana de que la economía debe servir al ser humano y a su bienestar ha quedado relegada”, para añadir de inmediato que desde su mirada “en las deliberaciones sobre la reforma del orden económico global, los intereses de los países en vías de desarrollo y de su población empobrecida no tienen prioridad”.

Sobre lo mismo, este interesante documento afirma que “los pobres son las mayores víctimas de la explotación ecológicamente desconsiderada de las materias primas, de la corrupción, del aprovechamiento abusivo de la atmósfera y del agua disponible, de las escandalosas consecuencias resultantes de mercados financieros colapsantes y de la escasez creciente de bienes”.

A estas alturas de la lectura del texto surgido de este simposio católico, era inevitable pensar en el aporte subvalorado que en nuestro país ha hecho el Obispo de Aisén, Luis Infanti, al desarrollar el documento sobre la importancia vital del agua en esa región y para el país, superando la visión puramente comercial de su uso.

Por cierto, y debo reconocerlo, también pensé cuántas de estas afirmaciones y propuestas serían recogidas en los programas presidenciales que elaboran cientos de tecnócratas de la Alianza y de la Concertación en torno a aquellos candidatos que, tal como ocurrió en las elecciones presidenciales pasadas, disputarán la representatividad del “humanismo cristiano”

El documento está escrito en un lenguaje simple, directo y claro: “el bien común no es la simple suma de los bienes particulares de cada persona o grupo social”. Por eso, es absolutamente convocante que se nos interpele a asumir que “el momento de actuar es ahora o será demasiado tarde para todos. Urgen respuestas inmediatas, y no seguir la práctica de adoptar medidas aisladas y desarticuladas que sólo apuntan a mantener o restaurar el sistema actual”. Ciertamente esta última frase va en la dirección contraria a nuestra ya integrada costumbre nacional de hacer cosas sólo “en la medida de lo posible”.

Pero estas reflexiones surgidas de este encuentro realizado en el propio Vaticano no se quedan ahí. En materia económica señalan que “es evidente que con un modelo de desarrollo concebido únicamente como crecimiento económico no será posible alcanzar la justicia en el mundo. No se debe seguir el ejemplo de las sociedades centradas en el consumo egoísta e irresponsable. Los recursos del mundo sencillamante no serán suficientes. La crisis nos llama a buscar nuevos patrones de desarrollo para el planeta tanto para el norte como para el sur”.

Este documento asume que “es necesario valorar el crecimiento económico desde la ética del desarrollo. Es la economía para el ser humano y no al revés”, como lo señalara el Papa Paulo VI en la encíclica Populorum Progressio, y desde esa visión enuncia parte de su propia misión, esto es que “los pobres y excluidos han de ser también sujetos y actores de un nuevo orden político, económico, social, ecológico. En el ejercicio de la solidaridad y subsidiariedad con auténtica voz profética, se impone un cambio en los estilos de vida y modos de producción”.

Finalmente el texto plantea desafíos y líneas de acción: “favorecer los mercados locales y regionales dentro del intercambio con equidad, cuidando la seguridad y soberanía alimentaria. Se debe impulsar el papel regulador de los gobiernos frente a las industrias extractivas nacionales y trasnacionales para procurar estudios serios de impacto ambiental, consulta previa a las poblaciones afectadas, en perspectiva al desarrollo humano integral. Es imperativo el cuidado del agua, del aire, los bosques, los glaciares y la protección de la biodiversidad”.

A lo anterior agrega, crítica y porpositiva a la vez: “las políticas públicas no se deben limitar a un enfoque meramente compensatorio asistencialista sino llegar a cambios estructurales para combatir las causas de la pobreza. Se requieren incentivos fiscales capaces de promover un desarrollo limpio, equitativo y sostenible”.

Y termina planteando una antigua demanda del mundo ambientalista: “hay que buscar que los delitos ecológicos sean punibles de sanción penal en los tribunales de derechos humanos. No debe haber impunidad para quienes provocan depredación, contaminaciòn irreversible y muerte de comunidades humanas”.

Más claro, echarle agua.