No conformes con haber impuesto a la mayoría de la sociedad el lucro y la selección en educación, primero a través de la LOCE dictada en los descuentos de la dictadura y ahora, tras el famoso acuerdo de las manos tomadas con la Concertación, con la LGE que está a punto de ser aprobada definitivamente, en la derecha ahora vuelven a la carga, esta vez para cuestionar la propuesta de ajuste curricular que el Ministerio de Educación presentó al Consejo Superior de Educación.

El motivo de los cuestionamientos surgidos esta vez de algunos docentes e investigadores de las universidades Católica y Adolfo Ibáñez ligados a este sector político y el Instituto Libertad y Desarrollo, apuntan a los contenidos de Historia de Chile que contienen los libros que el Estado entrega en los colegios municipales y particulares subvencionados.

De acuerdo a la información aparecida con amplia cobertura en algunos medios de prensa sus críticas son amplias y variadas, empezando por lo que consideran una visión incompleta y sesgada de nuestra historia republicana y, especialmente, porque a su juicio “se apunta a temáticas vinculadas al contraste entre dictadura y democracia”.

En esta línea no les parece correcto ni justo que la propuesta del Mineduc diga dictadura militar en lugar de “régimen militar”. Tampoco les gustó que se caracterice el golpe de Estado de 1973 y el gobierno de Pinochet a partir de rasgos tales como “la violencia política, la supresión del Estado de Derecho” y “la violación sistemática de los derechos humanos”.

Ciertamente uno queda impresionado ante este tipo de críticas, porque a estas alturas, salvo los fanáticos de siempre, ya casi nadie defiende “la obra” de la dictadura, ni se complica en defensas estériles sobre “el pronunciamiento militar” como hasta antes de la detención del fallecido dictador en Londres lo hacían.

También han planteado que en lugar que se diga “gran crisis de la economía capitalista”, esta frase sea reemplazada por una que diga “depresión de los años 30”, haciendo el paralelo respecto a que la caída del Muro de Berlín como hecho histórico debiera describirse entonces como “la gran crisis del socialismo”.

Pero donde hilan más fino aún es en los contenidos de tercero medio donde estiman que lo correcto es que tras mencionar el proceso de Reforma Agraria se establezca que ello fue un “atentado a los derechos de propiedad legalmente constituidos”.

Lo mismo ocurre con las materias de cuarto medio, cuando se propone al referirse a los contenidos sobre trabajo y legislación laboral, eliminar la frase “identificación de los mecanismos legales para la defensa de los derechos laborales”, pues consideran que “esto transmite una visión negativa de los empresarios, que son quienes dan trabajo”.

Por último, y claramente no podía faltar, se hace mención a que en lugar de hablarse de “resistencia mapuche” ante la invasión colonizadora de los españoles y luego del Estado chileno, se hable más bien de “guerra de Arauco” pues a su juicio “es propiamente un proceso histórico” y lo anterior “supone un juicio a priori y anacrónico”. Además, alegan, “se omite toda referencia la protección de los indígenas promovida por la Corona” española.

Esta actitud de la derecha expresada a través de algunos de sus centros de estudio no es nueva. Ya en 1999 el mismo Instituto Libertad y Desarrollo había publicado un informe titulado “Enseñanza del medio ambiente en textos de estudio chilenos”, donde se criticaba y cuestionaba la enseñanza ambiental en todos los niveles escolares. Se criticaban los contenidos que a su juicio contenían “una fuerte carga afectiva en lugar de enseñanza basada en la ciencia”, y por considerar que “el tema ambiental se da a conocer en base a eslóganes, sin ningún fundamento científico y carente de los valores judeo cristianos de las sociedades occidentales”.

Consecuentes con su visión economicista y mercantilista de la sociedad, sostenían entonces que “muchos de nuestros problemas medioambientales proviene del hecho de que nadie es dueño del agua o del aire, ni de los peces o la fauna. Son un recurso de “bien común”, lo que ocasiona algunos incentivos perversos”.

Al parecer esta vez se aplicó el mismo racionamiento pero en otro tema. Ya no conformes con haber avanzado en sus propósitos privatizadores del medio ambiente, que se expresa con nitidez y dramatismo en el sistema de cuotas de captura por armador en pesca; con la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de agua que podían ser vendidos, como ocurría hasta muy poco; con la manifiesta intención de lograr establecer un mercado de bonos de contaminación del aire y la resistencia a aceptar el libre acceso a riberas de playas y lagos, ahora se pone la mira en la privatización de la historia.

Entusiasmados con la posibilidad que se les presenta tras medio siglo de no haber ganado ninguna elección presidencial democrática, parecen querer avanzar en la imposición de su visión de modelo de sociedad y de la historia sobre la mayoría de los chilenos. Tal como dice Eduardo Galeano "es verdad que la historia la escriben los vencedores; es parte del botín, quedarse con la memoria".

Lo que parecen olvidar sin embargo, es que más allá del modelo económico impuesto sobre los cadáveres de miles de chilenos y la opresión nunca antes vista en nuestro país sobre los millones restantes, su verdad es sólo parcial y particular, pues para una inmensa mayoría está clara la existencia de la dictadura y de las violaciones a los derechos humanos como política de Estado.

En este siglo quienes escribirán la historia no serán triunfadores en campos de batallas como en el pasado, sino aquellos millones de ciudadanos, que más allá de visiones particulares, mayoritarias o minoritarias, quieren vencer la falta de democracia, de derechos y de participación, para que la historia que vivan y construyan sus hijos sea efectivamente más democrática, amplia, tolerante y justa que la que quiere la derecha.

Parafraseando al Presidente Allende, podemos decir no sólo que “la historia la hacen los pueblos” sino que ahora, también, quieren escribirla.