La democracia no alcanza para las juntas de vecinos
Jul. 18 , 2009
Más allá de los matices sobre las formas de perfeccionamiento que requiere nuestro sistema democrático, no hay dos lecturas respecto de la importancia que tiene en este proceso el fortalecimiento de la democracia a nivel local, territorial. En ese contexto, el rol que juegan los municipios y los ciudadanos organizados es clave. Por eso, cada 7 de agosto, desde 1998, se celebra merecidamente el día nacional del dirigente vecinal y comunitario.
Sin embargo, también existe claridad de que persisten deudas evidentes de la sociedad y del Estado con quienes son algunos de los más importantes servidores públicos: los dirigentes sociales, es decir, con aquellos que organizan y dirigen juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, grupos juveniles, talleres de mujeres o agrupaciones de allegados, entre otras.
Hemos propuesto muchas veces que estos dirigentes puedan optar, por ejemplo, a pasantías o intercambios por un par de meses, tal como lo hacen los profesores, para que conozcan las realidades que viven sus pares de otros países. Se ha propuesto también dotarlos de un seguro de vida y de accidentes, así como de una suerte de bonificación por sus años de servicio, como una justa forma de reconocer y valorar una vida de entrega y sacrificios.
Por todas estas razones es que nos cuesta entender y explicarnos, y peor aún explicarles a ellos, el sentido del Dictamen 32.219 de la Contraloría General de la República del pasado 19 de junio que establece la prohibición para que las juntas de vecinos (ojo, no dice directivas) y sus sedes participen o acojan actividades político-partidista, frase que nos trajo reminiscencias del lenguaje dictatorial pinochetista.
De esta resolución podemos concluir que desde ahora en adelante ni concejales, ni alcaldes, ni diputados, ni senadores y ni siquiera quien ejerza el cargo de Presidente de la República y menos aún quienes pretendan postular o repostular a cargos de elección popular, podrá tener reuniones con los pobladores en sus sedes vecinales o comunitarias, porque eso podría ser considerado una reunión político-partidista que la Contraloría no define.
Y esto es grave por varias razones. Una porque los ciudadanos, especialmente aquellos organizados, son personas en su mayoría adultas y responsables que asumen esos cargos, roles o funciones para servir a sus vecinos y no para convertir su organización en un comando electoral. Son ciudadanos que expresan la diversidad que existe en nuestra sociedad y son pilares de la dinámica social, colaborando activamente con municipios, gobiernos y autoridades de todo signo, cuando eso significa un aporte para su comunidad.
Más política es quizás, a partir de la lógica de este dictamen, la modificación que introdujo el autoritarismo en la ley de juntas de vecinos permitiendo que puedan existir muchas juntas de vecinos en una misma unidad vecinal, bajo el pretexto justamente de evitar que una única organización cayera en las manos de sectores que buscarían instrumentalizar políticamente la entidad, cuando en realidad sólo es una extrapolación del sistema binominal a las comunas y sus territorios.
Es demasiado contradictorio y paradojal que mientras todos (o casi todos) coinciden en la necesidad de fortalecer la democracia en todos sus niveles, este dictamen venga a limitar los derechos que individual y colectivamente tienen los chilenos.
Algunos dirán que esto se evita reuniéndose para abordar temas que puedan ser considerados político-partidistas en otros lugares. Eso seguramente es posible en aquellas comunas donde cada organización comunitaria tiene su sede, pero no en aquellas comunas pobres o rurales donde la sede vecinal sirve para los fines que le son propios hasta para realizar casamientos y velorios y es el lugar donde funciona hasta el cuerpo de bomberos, con lo que se le agrega un componente de discriminación centralista.
Además, personalmente tuve la experiencia de haber sido invitado por el presidente de una junta de vecinos en una zona apartada de la Región del Bío-Bío, quien era funcionario en retiro de las fuerzas armadas en calidad de candidato a parlamentario y que me dijo que la mejor forma de que sus vecinos, que ni siquiera tenían acceso a televisión y menos a diarios, pudieran votar informadamente era invitando a los candidatos. La reunión por cierto se hacía en la sede vecinal.
Más allá de los votos que obtuve o no en esa localidad, entendí con mayo claridad desde entonces la importancia de las juntas de vecinos y sus dirigentes no sólo para organizar la fiesta de Navidad para los más chicos, reclamar a la municipalidad por un pasaje sin pavimentar o una luminaria quemada, sino también para abrir espacios de información y de educación cívica que no encuentran en otras partes.
Tras dictámenes como éste no debiera sorprendernos entonces el número de votos nulos, blancos y las abstenciones en las próximas elecciones.
Es una lástima que la democracia restringida que tenemos no alcance para las juntas de vecinos.
Sin embargo, también existe claridad de que persisten deudas evidentes de la sociedad y del Estado con quienes son algunos de los más importantes servidores públicos: los dirigentes sociales, es decir, con aquellos que organizan y dirigen juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, grupos juveniles, talleres de mujeres o agrupaciones de allegados, entre otras.
Hemos propuesto muchas veces que estos dirigentes puedan optar, por ejemplo, a pasantías o intercambios por un par de meses, tal como lo hacen los profesores, para que conozcan las realidades que viven sus pares de otros países. Se ha propuesto también dotarlos de un seguro de vida y de accidentes, así como de una suerte de bonificación por sus años de servicio, como una justa forma de reconocer y valorar una vida de entrega y sacrificios.
Por todas estas razones es que nos cuesta entender y explicarnos, y peor aún explicarles a ellos, el sentido del Dictamen 32.219 de la Contraloría General de la República del pasado 19 de junio que establece la prohibición para que las juntas de vecinos (ojo, no dice directivas) y sus sedes participen o acojan actividades político-partidista, frase que nos trajo reminiscencias del lenguaje dictatorial pinochetista.
De esta resolución podemos concluir que desde ahora en adelante ni concejales, ni alcaldes, ni diputados, ni senadores y ni siquiera quien ejerza el cargo de Presidente de la República y menos aún quienes pretendan postular o repostular a cargos de elección popular, podrá tener reuniones con los pobladores en sus sedes vecinales o comunitarias, porque eso podría ser considerado una reunión político-partidista que la Contraloría no define.
Y esto es grave por varias razones. Una porque los ciudadanos, especialmente aquellos organizados, son personas en su mayoría adultas y responsables que asumen esos cargos, roles o funciones para servir a sus vecinos y no para convertir su organización en un comando electoral. Son ciudadanos que expresan la diversidad que existe en nuestra sociedad y son pilares de la dinámica social, colaborando activamente con municipios, gobiernos y autoridades de todo signo, cuando eso significa un aporte para su comunidad.
Más política es quizás, a partir de la lógica de este dictamen, la modificación que introdujo el autoritarismo en la ley de juntas de vecinos permitiendo que puedan existir muchas juntas de vecinos en una misma unidad vecinal, bajo el pretexto justamente de evitar que una única organización cayera en las manos de sectores que buscarían instrumentalizar políticamente la entidad, cuando en realidad sólo es una extrapolación del sistema binominal a las comunas y sus territorios.
Es demasiado contradictorio y paradojal que mientras todos (o casi todos) coinciden en la necesidad de fortalecer la democracia en todos sus niveles, este dictamen venga a limitar los derechos que individual y colectivamente tienen los chilenos.
Algunos dirán que esto se evita reuniéndose para abordar temas que puedan ser considerados político-partidistas en otros lugares. Eso seguramente es posible en aquellas comunas donde cada organización comunitaria tiene su sede, pero no en aquellas comunas pobres o rurales donde la sede vecinal sirve para los fines que le son propios hasta para realizar casamientos y velorios y es el lugar donde funciona hasta el cuerpo de bomberos, con lo que se le agrega un componente de discriminación centralista.
Además, personalmente tuve la experiencia de haber sido invitado por el presidente de una junta de vecinos en una zona apartada de la Región del Bío-Bío, quien era funcionario en retiro de las fuerzas armadas en calidad de candidato a parlamentario y que me dijo que la mejor forma de que sus vecinos, que ni siquiera tenían acceso a televisión y menos a diarios, pudieran votar informadamente era invitando a los candidatos. La reunión por cierto se hacía en la sede vecinal.
Más allá de los votos que obtuve o no en esa localidad, entendí con mayo claridad desde entonces la importancia de las juntas de vecinos y sus dirigentes no sólo para organizar la fiesta de Navidad para los más chicos, reclamar a la municipalidad por un pasaje sin pavimentar o una luminaria quemada, sino también para abrir espacios de información y de educación cívica que no encuentran en otras partes.
Tras dictámenes como éste no debiera sorprendernos entonces el número de votos nulos, blancos y las abstenciones en las próximas elecciones.
Es una lástima que la democracia restringida que tenemos no alcance para las juntas de vecinos.
Post a Comment:
Posted by daniel gonzalez luengo on July 19, 2009 at 05:17 PM CLT #
Me parece muy bien el dictamen entregado por la Contraloría.
Existen dos cosas que unen fraternalemente o polarizan eternamente a los chilenos: el fútbol y la política.
Luego, y esto lo digo como dirigente vecinal, si las Sedes Vecinales se convierten en lugares en donde se permita la discusión política, en vez de vecinos amables tendremos, en el corto plazo, enemigos ideológicos irreconciliables.
Y ese no es el sentido de las Juntas de Vecinos.
Atentamente,
Posted by Jaime Rodríguez L. on July 19, 2009 at 07:15 PM CLT #
Posted by Pablo Norambuena. on July 20, 2009 at 10:14 PM CLT #
El debate es lo que genera el progreso. Lo evacuado por la contraloría, es tan ridículo como lo relativo a la píldora (PDD). Este tipo de decisiones, son de soberanía ciudadana. No se debe tener miedo a la democracia. Solamente los corruptos tienen motivos para temer.
Posted by Hans Richter on July 23, 2009 at 11:10 AM CLT #