Cada cierto tiempo, a propósito de hechos de violencia entre alumnos o hacia los profesores, de expulsiones de estudiantes embarazadas, de alegatos en defensa de aros y peinados, de retención de documentos por deudas y otras diversas situaciones, surgen voces desde los apoderados o de los propios estudiantes reclamando contra el carácter represivo, arbitrario y conservador de los reglamentos que elaboran los colegios.

Para quienes no sufren estos hechos, probablemente la reglamentación de los establecimientos educacionales sea algo secundario respecto de otros temas como la calidad de educación que se imparte, el nivel académico de los docentes, el número de alumnos por curso, la infraestructura del colegio y lo modernas que puedan ser las bibliotecas, los laboratorios de computación y los espacios destinados a las prácticas deportivas.

Sin embargo, un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y publicado por la UNICEF en diciembre pasado titulado “La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación” aborda esta situación de una manera notablemente seria, poniendo sus resultados en una mesa de discusión con expertos para analizarlos y hacer propuestas en consecuencia que sirvan para corregir el actual estado de cosas.

Este estudio, basado en los contenidos de 189 reglamentos, muestra señales claras respecto de algunas contradicciones y de materias que deberían ser parte del debate y el trabajo de las comunidades escolares -y no sólo directivos o sostenedores- pues a veces parece olvidarse que los reglamentos no sólo pueden ser vistos como herramientas para mantener un orden parcial o unilateral, sino que además de ser coherentes con las normas legales vigentes, deben formar parte de un proyecto educativo y sobre todo aportar a proceso de formación de los niños y jóvenes, en una sociedad mucho más diversa y plural que lo que reflejan algunos de estos marcos reglamentarios.

El primer dato que llama la atención es aquel que señala que sólo el 49,2% de los reglamentos se ajusta al orden legal vigente. En la enseñanza básica este promedio se eleva a un 53,8%, en tanto que en el nivel medio baja hasta un 44,2%. En el ámbito municipal, los reglamentos se ajustan a la ley en un 51,4%, en los particulares privados baja a un 50%, mientras que en los particulares subvencionados desciende hasta un 44,8%.

Los temas reglamentarios que se alejan de la legalidad son, en lo relativo a la discriminación, todo lo referido a conductas sexuales, donde sólo un 1,6% se adecua al derecho, un 37,5% no lo hace y un 60,9% omite normas expresas sobre este aspecto en los reglamentos.

Algo parecido ocurre con la discapacidad donde sólo un 17,9% aborda el tema con apego a la ley, mientras un 82,1% omite pronunciarse. En lo relativos a temas étnicos un 94,7% de los reglamentos no se pronuncia, al igual que en los aspectos religiosos donde la omisión llega a un 87,7%. Respecto del tema de los embarazos, sólo un 13,2% se ajusta a las normas legales vigentes.

Las conclusiones de esta investigación son claras: los reglamentos no son pensados o utilizados, en su mayoría, como herramientas que ayuden a la convivencia, sino más bien están enfocados a cuestiones disciplinarias que, como dice el informe publicado “no  miran el conjunto de la comunidad, ni las relaciones ni las responsabilidades de todos los estamentos en la construcción de esa realidad”.

Respecto del respeto a la diversidad que expresa nuestra sociedad, el estudio de la UDP publicado por la Unicef señala que a pesar de ser un dato de la realidad también dentro de los establecimientos ésta aún no es visible del todo en los reglamentos. Muestra de ello son la obligada invisibilización de la homosexualidad y la obligatoriedad de las clases de religión católica, incluso en aquellos colegios laicos o no confesionales, aún cuando en muchos casos los directivos tienen claridad de que parte importante de su alumnado no comparte ese credo.   

En definitiva, tal como se concluyó en algunos de los talleres de análisis de estos resultados, lo importante no es solamente compatibilizar y hacer coherentes los reglamentos -más allá de las autonomías institucionales- con las leyes nacionales vigentes, lo que por cierto parte por recordar que los niños y jóvenes en nuestro país son sujetos de derechos, sino particularmente tener presente que no se le puede exigir a un reglamento de un establecimiento educacional lo que la propia sociedad no practica o no entrega.

Como concluyó el representante de Unicef para Chile, Egidio Crotti, “debemos tener en cuenta que en educación todo depende de qué tipo de sociedad queremos y en qué puntos estamos de acuerdo y en cuáles no”.

Por eso la importancia de la discusión del proyecto de Ley General de Educación no sólo tiene que ver con mayor fiscalización y mejor administración financiera de parte del Estado, sino que con el país que queremos construir, ya no para nosotros, sino el que legaremos a nuestros hijos y nietos.