Hace algunos días la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que establece que el 50% de las vacantes en las instituciones de educación superior estarán destinadas a los alumnos que provengan de establecimientos secundarios públicos, que allá son públicos-públicos y no municipales ni subvencionados.

Como si ello fuera poco y para sorpresa de quienes están acostumbrados a creer que lo que ocurre en Chile sucede también en otras partes, uno de cada cuatro cupos está reservado a jóvenes cuyas familias tengan ingresos menores al salario mínimo de ese país (US$250, unos 167 mil pesos chilenos), a los que suman los cupos destinados a estudiantes negros, mulatos e indígenas, proporcionalmente según su presencia en cada estado.

Estos cupos garantizados por ley son para las universidades federales que son gratuitas y con ello se busca resolver una situación paradojal que terminaba afectando a los sectores más pobres: los estudiantes de colegios privados al momento de optar a la educación superior priorizaban su ingreso a las universidades públicas por el gran nivel y reconocida excelencia que éstas tienen. Así, los estudiantes de escuelas secundarias públicas terminaban sin cupos en esos planteles y para estudiar sus familias debían hacer sacrificios económicos que les permitieran matricularse en universidades privadas. Es decir, el mundo al revés.

Por eso, y aunque la medida es gradual y tiene un plazo de hasta cuatro años para implementarse completamente, los planteles de educación superior están obligados aasegurar en este proceso al menos un 25% de los cupos a los grupos beneficiarios de esta medida, que además busca corregir la tendencia hasta ahora existente en las universidades brasileñas federales, en que sólo 16 de 55 casas de estudios tenían cupos para estos sectores tradicionalmente marginados de la educación superior.

Cuando desde Chile solemos poner ejemplos mucho más lejanos para mostrar que es posible hacer más y mejores cosas en educación, citando recurrentemente a Finlandia entre otros (seguramente por la obsesión de ser aceptados en la OCDE), las políticas públicas de un país cercano y amigo como Brasil, nos muestra que no hay que cruzar el océano para encontrar buenas prácticas educacionales desde el Estado, brindando mayores oportunidades a quienes más las necesitan, sin que por ello deban asumirse negativamente estas discriminaciones a favor de determinados grupos étnicos y sociales.

En todo caso esta nos es la primera vez que Brasil nos muestra que un Estado con opciones políticas claras puede y debe asumir decisiones en distintas materias, siempre pensando en una protección social efectiva, sin renunciar a la labor que por definición debe hacer, protegiendo y abriendo posibilidades a los más débiles, no entendiendo la tan manida “igualdad de oportunidades” como las mismas para todos, cuando claramente no todos parten en igualdad de condiciones.

Entre otras materias abordadas de esta forma por Brasil está también lo que concierne a las políticas públicas en materia de salud reproductiva, ya que pese a que el propio Papa cuestionó la entrega de la píldora del día después durante su visita a ese país, el gobierno de Lula dispuso la entrega, tal como lo hace con los anticonceptivos, de 50 millones de esas píldoras a través de la red de farmacias públicas del país, incluso con precios diferenciados según el nivel socioeconómico de quienes las adquieran.

Lo mismo ocurrió respecto al tratamiento de la prevención y el combate al SIDA, enfermedad que ha significado la muerte de más de 183 mil personas, cuando el gobierno, pese a las demandas millonarias de las empresas farmacéuticas, optó por producir medicamentos genéricos de inhibidores y retrovirales que se distribuyen gratuitamente a quienes lo necesitan. Con eso y la distribución de más de 250 millones de condones anuales, han logrado reducir en un 50% los casos de personas infectadas.

Otro ejemplo reciente es la forma en que Brasil encaró la decisión de adoptar una norma de TV Digital. Porque su resolución final favorable a la norma japonesa no sólo tuvo que ver con costos y calidad, sino también la flexibilidad tecnológica que le permitió incorporar desarrollo tecnológico, especialmente software, desarrollado en el país, lo que se tradujo en importantes acuerdos de intercambio e inversión con el país nipón y que se tradujo en miles de empleos para profesionales brasileños. Por cierto, la firme de decisión de Brasil por el uso del software libre en el Estado es otra muestra de decisión política pública.

Lamentablemente en Chile seguimos viviendo la satanización de lo público. Ojalá en algún momento logremos despejar ese espejismo y avanzar hacia políticas que el Estado debe impulsar, pensando en el bien común, más allá de legítimas opciones políticas, respetando la diversidad y sobre todo, desde el Gobierno y el Parlamento, escuchando de verdad a la gente.