Cuando a comienzos de septiembre pasado el candidato presidencial Eduardo Frei lanzó su programa presidencial incluyendo lo que se denominó un paquete de medidas “verdes” muchos se declararon sorprendidos. Los que están en el mundo ambiental y no son funcionarios ni adeptos incondicionales del gobierno se mostraron escépticos, porque pese al paso de los años siempre queda en la retina y en la a veces mala memoria nacional el tema de la privatización de las sanitarias y la construcción de Ralco. Y, por cierto, porque convenientemente, se guardaba silencio respecto de la opción nuclear que el actual gobierno y Frei defienden.

Sin embargo, más allá de las legítimas dudas y cuestionamientos sobre las propuestas, y más allá de la posibilidad de que Frei logre pasar a segunda vuelta y en ese hipotético escenario derrotar a Piñera, lo cierto es que la Concertación ha puesto en entredicho su cada vez más escaso apoyo en el mundo medioambiental ya no sólo por la falta de credibilidad en sus propuestas en esta materia, escasas y poco eficaces, sino también por la forma en que abordó la legislación sobre la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia Ambiental.

A estas alturas sólo está faltando ver cuánto se demora el Subsecretario del Interior Patricio Rosende en entregar los resultados electorales desfavorables a la Concertación en diciembre para ver cuánto se parece a Alberto Cardemil. Y es que desde que asumió reemplazando a su antecesor, que ahora sí compite por el cargo que recibió por secretaría, curiosamente en el mismo distrito que el subsecretario de Pinochet, ha hecho todos los anti-méritos para quedarse con el título del más duro y represivo en el cargo.

Sin embargo, como no ha sido suficiente la represión contra estudiantes, profesores  y deudores habitacionales o las descalificaciones contra la CUT, la Anef, los trabajadores de la salud municipalizada, Rosende encontró el espacio donde dar rienda suelta a sus innatas condiciones autoritarias: el territorio mapuche.

Y no se trata sólo de las más recientes denuncias que se han venido realizando por parte de comuneros, comunidades y organizaciones de la sociedad civil y que el Subsecretario del Interior ha negado con un cutis de madera que hace tiempo no se veía, a lo que ha agregado la mentirosa tesis de los niños mapuche usados como escudos humanos, plagiando la tesis israelí utilizada para justificar sus ataques a Gaza. Se trata de la represión excesiva, el uso de la fuerza y el atropello de que son víctimas los mapuche por parte del Estado representado por Carabineros, en aras de “hacer respetar el Estado de Derecho”.

Cuando vemos a una ministra de profesión asistente social cuya mayor vinculación con la educación ha sido su rol de ex presidenta de una corporación educacional y su condición de ex rectora de una universidad diciendo que no hay deuda moral ni económica con los profesores, la verdad es que uno no puede evitar ponerse por un instante en el lugar del senador Eduardo Frei y temer que luego de esa frase para el bronce diga que quiere integrarse a su comando.

Pero por suerte para el candidato de la Concertación la cercanía del fin del período y su escaso apoyo en las encuestas hace poco viable que la ministra Jiménez termine haciendo significativos “aportes a la causa” como éste desde su equipo de campaña.

Hemos pospuesto nuestras legítimas aspiraciones presidenciales, porque no estamos ajenos a los que se expresa en las calles, entre la gente y en lo que las encuestas de alguna manera reflejan: que Chile cambió, que ciertamente ya no es el mismo de hace una o dos décadas atrás. Es un país conciente de lo que se ha hecho, con el esfuerzo y la paciencia de muchos, pero que con la misma claridad sabe cuales son las cosas que están pendientes desde hace demasiado tiempo.

Durante todos estos años, desde la Cámara de Diputados y ahora desde el Senado, como antes desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, hemos puesto nuestro trabajo y nuestro compromiso a favor de los trabajadores y los derechos de las personas.

Hoy, ese trabajo y compromiso está puesto en la construcción de una nueva fuerza progresista y ciudadana, que supere a la Concertación como expresión de una voluntad de cambio que va mucho más allá de lo que ese conglomerado hoy representa. No estamos por destruir a la Concertación, fuimos parte de ella y no renegamos de nuestro pasado. Sin embargo, no hay que ser analista experto para darse cuenta de que sus autolimitaciones y la decisión político de gobernar más sobre la base de los consensos con la derecha que con la sociedad organizada, no son lo que los chilenos reclaman para este nuevo siglo. 

Siempre que se habla de Arica se habla de sus hermosas playas y sus valles, las momias de la cultura Chinchorro, la valentía de los soldados que se tomaron el Morro y el maravilloso clima que la ha constituido en “la ciudad de la eterna primavera”. Sin embargo, pareciera que hay algunos empeñados desde hace años en hacer de Arica una sombra de lo que fue durante la Junta de Adelanto y que la Ley Arica en todas sus versiones no ha podido revivir.

En 1998 se descubrió que una gran montaña gris donde jugaban los niños de las poblaciones Los Industriales, Cerro Chuño y otras era fundamentalmente plomo. La gente no sabía que esas tierras oscuras de olor penetrante, que ya estaban allí cuando se construyeron sus casas, correspondían a una internación que había hecho la empresa sueca Boliden Metal, con la activa colaboración de la “bruja” empresa chilena Promel.

Cuando cada día pareciera que comprobamos que el mundo ha perdido su capacidad de asombro y se asume como normal ver sentado frente al televisor la Guerra del Golfo, la caída de las Torres Gemelas, la invasión a Irak y el terrorismo de Estado contra los palestinos, y donde las palabras que acompañan estas imágenes -extremismo, terrorismo y crimen- se repiten en los noticieros, es bueno recordar un hecho ocurrido hace ya 64 años que cambió a la humanidad para siempre: la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945.

Ese ataque constituye el más escandaloso crimen colectivo, que fue seguido de otro, cometido por las mismas manos, tres días más tarde, en Nagasaki. Sin embargo, gracias a un eficaz sistema de propaganda, cada año se escribe y se habla mucho acerca de la tragedia que esto significó para el pueblo japonés: rostros destruidos, hemorragias, ceguera, pérdida de cabello, esterilidad, cáncer, leucemia, malformaciones en hijos y nietos de los sobrevivientes, pero nada se dice sobre los autores.

Más allá de los matices sobre las formas de perfeccionamiento que requiere nuestro sistema democrático, no hay dos lecturas respecto de la importancia que tiene en este proceso el fortalecimiento de la democracia a nivel local, territorial. En ese contexto, el rol que juegan los municipios y los ciudadanos organizados es clave. Por eso, cada 7 de agosto, desde 1998, se celebra merecidamente el día nacional del dirigente vecinal y comunitario.

Sin embargo, también existe claridad de que persisten deudas evidentes de la sociedad y del Estado con quienes son algunos de los más importantes servidores públicos: los dirigentes sociales, es decir, con aquellos que organizan y dirigen juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, grupos juveniles, talleres de mujeres o agrupaciones de allegados, entre otras.

En el pasado gobierno se patentó, ante la ocurrencia de hechos de corrupción investigados por los tribunales que afectaban a algunos funcionarios públicos, la frase “las instituciones funcionan”, que quería representar el concepto de que nadie estaba fuera del alcance y la obligación del cumplimiento de la legalidad vigente.

Pese a la reiteración de dicha frase en el tiempo, que hacía pensar en una política pública que buscaba fortalecer el Estado de Derecho, la verdad es que su validez se ha ido erosionando y relativizando en el tiempo.

Mientras literalmente todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, la ONU, la OEA, Unasur, ALBA, Mercosur, la Unión Europea e individualmente decenas de gobiernos han manifestado su rechazo y repudio al golpe de Estado producido en Honduras el domingo 28 de junio pasado, exigiendo el restablecimiento del orden democrático y del gobierno legítimo de ese país, encabezado por el liberal Manuel Zelaya, el Senado chileno acaba de aprobar un proyecto de acuerdo suscrito por los senadores Romero (RN), Letelier y Gazmuri (PS), Larraín (UDI), Muñoz Barra y Girardi (PPD), Avila (PRSD) y la senadora Alvear (DC) que va en dirección contraria.

Así, mientras muchos gobiernos han declarado su decisión de no reconocer como interlocutores válidos a los gobernantes de facto encabezados por Micheletti e incluso, como es el caso de la Unión Europea, han suspendido negociaciones comerciales con toda Centroamérica por este golpe cívico-militar, la tesis esgrimida por los senadores chilenos, la mayoría de ellos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, es que “el lamentable y grave quiebre institucional ocurrido en la República de Honduras, que derivó en un golpe de Estado contra el del Presidente en ejercicio José Manuel Zelaya Rosales” agudizó la crisis institucional en ese país.