Mientras literalmente todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, la ONU, la OEA, Unasur, ALBA, Mercosur, la Unión Europea e individualmente decenas de gobiernos han manifestado su rechazo y repudio al golpe de Estado producido en Honduras el domingo 28 de junio pasado, exigiendo el restablecimiento del orden democrático y del gobierno legítimo de ese país, encabezado por el liberal Manuel Zelaya, el Senado chileno acaba de aprobar un proyecto de acuerdo suscrito por los senadores Romero (RN), Letelier y Gazmuri (PS), Larraín (UDI), Muñoz Barra y Girardi (PPD), Avila (PRSD) y la senadora Alvear (DC) que va en dirección contraria.

Así, mientras muchos gobiernos han declarado su decisión de no reconocer como interlocutores válidos a los gobernantes de facto encabezados por Micheletti e incluso, como es el caso de la Unión Europea, han suspendido negociaciones comerciales con toda Centroamérica por este golpe cívico-militar, la tesis esgrimida por los senadores chilenos, la mayoría de ellos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, es que “el lamentable y grave quiebre institucional ocurrido en la República de Honduras, que derivó en un golpe de Estado contra el del Presidente en ejercicio José Manuel Zelaya Rosales” agudizó la crisis institucional en ese país.

En los últimos días se ha abierto un debate político y a través de los medios respecto del proyecto presentado por el gobierno para ampliar, en 30 dias el plazo de quienes no presentaron dentro de los plazos fiados sus rendiciones electorales o de aquellos a quienes por diversas razones se les rechazaron, buscando presentar esta iniciativa como un “perdonazo” autootorgado por los partidos políticos, para “beneficiar” a “infractores” de la ley de transparencia, límite y gasto electoral.

Sin embargo pese a que se han dedicado muchas páginas y minutos a esta polémica, su profundización ha sido escasa y se ha preferido mantener este debate sin entrar al fondo del tema.

Aunque de manera tardía, el paso adelante que representa la denominada ley de transparencia, no debe significar estancarse en la autosatisfacción y en la autocomplacencia.

Tras 20 años de interminable transición a la democracia, esta norma sólo viene a regularizar lo que los ciudadanos y el propio Estado debiera autoimponerse en cualquier estado de derecho serio y verdaderamente democrático: garantizar el acceso a la información y el derecho a saber.

No conformes con haber impuesto a la mayoría de la sociedad el lucro y la selección en educación, primero a través de la LOCE dictada en los descuentos de la dictadura y ahora, tras el famoso acuerdo de las manos tomadas con la Concertación, con la LGE que está a punto de ser aprobada definitivamente, en la derecha ahora vuelven a la carga, esta vez para cuestionar la propuesta de ajuste curricular que el Ministerio de Educación presentó al Consejo Superior de Educación.

El motivo de los cuestionamientos surgidos esta vez de algunos docentes e investigadores de las universidades Católica y Adolfo Ibáñez ligados a este sector político y el Instituto Libertad y Desarrollo, apuntan a los contenidos de Historia de Chile que contienen los libros que el Estado entrega en los colegios municipales y particulares subvencionados.

Si muchas de las frases que citaré más abajo las hubiera dicho alguien identificado con posiciones de izquierda seguramente habrían arreciado las críticas conservadoras sobre un supuesto ideologismo, belicosidad, exageración, radicalidad o, como se dice ahora para denostar las ideas, “populismo”.

Las suscribo todas, pero debo aclarar que ellas no me pertenecen, sino que forman parte de un documento emanado del simposio “El bien común global ante la escasez de recursos”, realizado por la Conferencia Episcopal Latinoamericano y del Caribe (Celam) y la Obra Episcopal para el Desarrollo de Alemania (Misereor), los días 6 y 7 de marzo pasado en El Vaticano.

El sistema previsional chileno está en una crisis severa y hoy por hoy no es capaz de cumplir con el fin que todos los chilenos y chilenas esperan, pues no es capaz de entregar pensiones dignas ni asegurarlas en el tiempo. Por eso, no podemos mirar al techo frente a la grave situación que vivimos: tenemos un sistema previsional que descansa en la industria de seguros por medio de las rentas vitalicias. El problema es que esta industria, que es la base casi exclusiva del sistema de jubilaciones AFP está en bancarrota mundial, pues la propia información financiera nos indica que el mercado de las aseguradoras está en un proceso de colapso.

El jueves 5 de marzo Financial Times informaba que la aseguradora holandesa ING ha caído nuevamente un -18,28%, con lo cual sus pérdidas acumulan -23,98% en una semana, -59,97% en un mes y -87,89% en doce meses. Sus acciones se han derrumbado desde 36 euros antes de la crisis a 2,62 euros, es decir, un -93%.

Aún cuando todavía no figuran en el listado de fuentes energéticas renovables no convencionales nacionales, las energías mareomotriz (producida por las mareas), undimotriz (generada por las olas), así como la surgida a partir de las corrientes marinas, han suscitado en el último tiempo un alto interés como potencial área de desarrollo e inversión energética nacional.

Así lo demuestran, entre otros ejemplos, el seminario efectuado por la Comisión Nacional de Energía con el apoyo de la embajada del Reino Unido en marzo de 2008 y el reciente informe de los consultores ingleses Garrad Hassan&Partners, financiado por el BID, sobre el potencial de energía marina que tiene Chile que dice que nuestro país puede llegar a ser “la Arabia Saudita” en este tipo de energía, debido a su extenso litoral y un potencial estimado de 240 mil MW, unas doce veces lo instalado actualmente en materia de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, según ha señalado la consultora Baird and Associates, con oficinas en EEUU, Canadá y Barbados.

Cada cierto tiempo, a propósito de hechos de violencia entre alumnos o hacia los profesores, de expulsiones de estudiantes embarazadas, de alegatos en defensa de aros y peinados, de retención de documentos por deudas y otras diversas situaciones, surgen voces desde los apoderados o de los propios estudiantes reclamando contra el carácter represivo, arbitrario y conservador de los reglamentos que elaboran los colegios.

Para quienes no sufren estos hechos, probablemente la reglamentación de los establecimientos educacionales sea algo secundario respecto de otros temas como la calidad de educación que se imparte, el nivel académico de los docentes, el número de alumnos por curso, la infraestructura del colegio y lo modernas que puedan ser las bibliotecas, los laboratorios de computación y los espacios destinados a las prácticas deportivas.

Si uno da una mirada a las cifras que la propia Subdere publica respecto de la ejecución de los presupuestos regionales puede ver que al 30 de septiembre de 2008 había regiones, como Tarapacá que tenía un gasto o inversión efectuada del orden del 52,6%, la de Magallanes de un 48,9%, la de Arica-Parinacota un 56,6%, la de Los Ríos un 47% y la de Bío-Bío un 59,9%.

En octubre, Tarapacá había llegado a una ejecución presupuestaria de 66,3%, es decir un 13,6% mayor al mes anterior; Magallanes había alcanzado el 51,5%, o sea un 2,6% más; Arica-Parinacota había sumado un 69,9%, un 13,3% sobre septiembre; la de Los Ríos llegó a un 57,2%, es decir un 10,2% más que el mes anterior, y la de Bío-Bío alcanzó a un 72,9%, un 12,9% más en los últimos 30 días.

El pasado miércoles 14 de enero, el Senado realizó una Sesión Especial, con el objeto de analizar el problema de la denominada “deuda histórica” con el Magisterio. Este problema se remonta a 1981, año en que tras el grave deterioro en las remuneraciones del sector público originadas por el traspaso a la Escala Única de Sueldos, se dicta el Decreto Ley Nº3551, que establecieron reajustes para todo el sector, y que en el caso de los docentes contemplaba una asignación de un 90% en las remuneraciones.

La “deuda histórica” se origina porque esta asignación, que debía pagarse de manera gradual, es interrumpida por el traspaso de los profesores al sistema municipal, no obstante se había garantizado que el pago no se vería amenazado. Según datos del Colegio de Profesores, aquellos docentes que fueron traspasados en 1981 ó 1982, solo recibieron entre un 9 y un 22.5% del 90% del sueldo base que correspondía, mientras que los traspasados en 1986 recibieron un 67.5%.