En Chile según una medición estadística realizada en el año 2000 por el INE y el Ministerio de Salud, se constató que un 22 por ciento de los chilenos y chilenas presenta  algún grado de discapacidad o limitaciones propias de la vejez.

Esta realidad nos muestra que si bien  configuran un grupo heterogéneo, todos tienen en común, que en mayor o menor medida requieren del apoyo del Estado para vivir en igualdad de condiciones y poder desenvolverse en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales con la mayor autonomía posible.

En nuestra Constitución Política,  su artículo I, consagra que los chilenos y chilenas son libres e iguales ante la ley.  A su vez, en ella se establece que la Familia es el núcleo de nuestra sociedad.

Los anteriores preceptos consagrados en nuestra Carta Fundamental son los pilares de nuestra sociedad y nos dan la oportunidad de tener  una nueva mirada frente a la discapacidad.

Transcurridos 14 años desde  que se creó el Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis,  se hace imprescindible promover un cambio en nuestra legislación y renovar las políticas públicas en torno a la discapacidad desde una perspectiva de familia.

Esto por dos razones elementales: porque aún con la legislación existente y las modificaciones a la normativa, persisten las desigualdades y la discriminación.

Y en segundo lugar, porque es hora de entender que la discapacidad, si bien afecta a un grupo de chilenos y chilenas  que se encuentra en desventaja producto de sus limitaciones, es la sociedad  la que genera las mayores barreras y límites para que  puedan acceder planamente y en igualdad de condiciones a todos los espacios del quehacer ciudadano.

Teniendo en cuenta ambas situaciones y reconociendo que hasta ahora los poderes públicos y  las autoridades políticas han planificado sobre la base de un patrón estándar de chilenos y chilenas, sin considerar la diversidad, ni valorar las diferencia, es tiempo de cambiar  y construir un Chile para todos.