Dos lecciones desde la mina: Coraje y daños punitivos

Aug. 26 , 2010

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Difícilmente olvidaremos los chilenos el 22 de agosto de 2010. La noticia de que 33 compatriotas habían sobrevivido 17 días en casi completa inanición atrapados en una mina nos conmocionó a todos y nos dejó varias lecciones de las cuales destaco 2. La primera es que con coraje, tesón y trabajo en equipo se pueden lograr tareas en el papel imposibles. La segunda lección, es que claramente en nuestro país no existen incentivos suficientes o más bien elementos disuasivos suficientes que redunden en que cosas como estas no vuelvan a suceder. Dicho de otro modo, de una parte a las empresas no les asusta suficientemente los eventos aparejados a sus incumplimientos e infracciones y por la otra, aparentemente no existe por parte del Estado un aparataje que permita una fiscalización más rigurosa y satisfactoria.

Gracias a las noticias que se tuvieron de los valerosos 33, Bohn y Kemeny se libraron de una posible condena por cuasidelito de homicidio y su panorama procesal, si bien no muy alentador, tampoco es tan oscuro como para que sirva de lección a sus pares. La cruda realidad es que en el frío mundo de los negocios, en el eterno juego de bajar los costos y maximizar los beneficios, los empresarios toman ciertos riesgos, como por ejemplo calcular la probabilidad de que exista un accidente y la eventualidad de ser multado versus el costo que significa implementar todas las medidas de seguridad que corresponden. Dependiendo del resultado, se implementan tales medidas o se asume un riesgo previamente calculado. Probablemente los dueños de la mina se inclinaron por lo segundo.

Asumiendo lo anterior entonces ¿de que manera podemos disuadir a las empresas para evitar este tipo de conductas? Una posible respuesta se encuentra en el Derecho anglosajón en la institución denominada «Punitive damages» que podría ser traducida como «Daños punitivos».
Los «Daños punitivos» pueden definirse como la penalización económica que impone el juez al causante de un daño, de cuantía extraordinaria y caracter ejemplarizante, por haber obrado de mala fe y que tiene una triple finalidad: a) Alivianar el agravio cometido al perjudcado; b) Castigar severamente al demandado por su inconducta y c) Servir de ejemplo y elemento disuasivo.

La idea que subyace es que a las empresas les resulte demasiado caro hacer trampa o ser descuidados en sus procesos.

Tomando nuestro actual sistema de responsabilidad civil, supongamos que usted revisa su estado de cuenta de la tarjeta de crédito «x» y aparece un cobro adicional de $100 mensuales por concepto de algo tan obviamente vacuo (y no contratado) como «cuenta super-segura en tu hogar». Supongamos también que todos los tarjeta-habientes son víctimas de semejante originalidad ¿cual es el riesgo para la empresa? Que usted se tome la molestia y el tiempo en iniciar un juicio en contra de la multitienda en el cual usted podrá obtener un reembolso del daño emergente (los $100 que le cobraron injustamente) el lucro cesante (lo que usted dejó de ganar producto de este cobro indebido, en este caso, los intereses de $100) y el daño moral (equivalente a la angustia que usted logre probar por la perdida de $100) además de algunas multas en beneficio fiscal. En el peor escenario, enfrentar una acción colectiva y verse forzados a devolverle los $100 a más personas, poco frente a la ganancia en dinero que representa cobrarle $100 a 500.000 tarjeta-habientes. Si incorporamos en nuestro Derecho los daños punitivos, además de sus $100, sería condenada en varios millones de pesos (los que según como se legisle, irían a parar total o parcialmente a su bolsillo) y la infracción deja de ser rentable.

¿Beneficios? Para la sociedad me parece que son innumerables. Por de pronto se crea un incentivo a mantener una sociedad más vigilante en busqueda del beneficio individual pero obteniendo también el colectivo; que cumplir con standares de calidad, seguridad y servicio deje de ser tan solo un riesgo calculado para las empresas y que exista un resarcimiento real a los afectados.
¿Problemas? Evidentemente los habría: Proliferación de demandas frívolas, inescrupulosas y autofabricadas en busca de lucro. De cualquier manera estos pueden ser reducidos fijando los rangos (en dinero) en que se puede condenar, que parte de ellos sean para el afectado y parte para beneficencia, limitando su procedencia a casos en que se vea afectado un interés colectivo, sancionar severamente a los litigantes que obren de mala fe, etc.

Lo cierto es que debemos procurar que casos como el de la mina no vuelvan a ocurrir. Las soluciones que podemos adoptar como sociedad son varias. Esta es una de ellas.

Por Alejandro Krausz Bitrán