Gobierno: Demoras en plazos y conflictos de intereses

Mar. 19 , 2010

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Las entusiastas declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín respecto a la aprobación unánime del bono marzo en el Congreso, constituyeron un fuerte apoyo a la construcción de credibilidad del nuevo gobierno en su período de instalación. El economista recalcó que este proyecto era un compromiso de campaña que habían tomado muy seriamente. “El gobierno del Presidente Piñera cumple y hemos tenido el apoyo unánime de los parlamentarios", agregó el titular de dicha cartera. Por consiguiente, la iniciativa legal se convertirá en la primera ley del mandatario.

Pero además del cumplimiento de todas las promesas electorales -obviamente modificadas por las prioridades surgidas del terremoto y maremoto-, el actual gobierno se ha esmerado en matar uno de los mayores fantasmas del último período presidencial: la falta de efectividad. Comisiones ciudadanas, paneles de expertos y comités transversales realizaron durante años innumerables diagnósticos, sin que necesariamente sus conclusiones se llevaran a la práctica.

Por esta razón, para el nuevo gobierno resulta fundamental mostrar resultados inmediatos, en especial ante la urgencia de una catástrofe de tal magnitud. En consecuencia, dos días después de asumir el mando, el Presidente Piñera fijó cortos plazos a sus ministros para restablecer la normalidad en las áreas de educación, salud y vialidad.

En Educación, le estableció un plazo de 45 días a Joaquín Lavín, ministro del ramo, para normalizar el inicio del año escolar. Se trata de un área extraordinariamente sensible, ya que a pesar de los múltiples, profundos y certeros diagnósticos realizados(Ocde, Educación 2020,Cruch, etc.), fueron pocas las intervenciones realizadas a la educación pública chilena en los últimos años, y ésta todavía se encuentra al debe.

A su vez, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, deberá normalizar la atención médica en el plazo de dos meses. Para esto, será necesario recurrir a medidas especiales, como implementar hospitales modulares, de campaña, prefabricados o de emergencia, y reactivar las garantías Auge, terminando con la suspensión de beneficios decretada después del terremoto. Consultado sobre esta última medida, el titular del ramo reconoció que la situación de no cumplimiento de garantías por listas de espera Auge existía desde antes del sismo.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, deberá enfocarse en los dos primeros meses sólo en la reparación de las infraestructuras más urgentes para recuperar la conectividad del país. Esto significa reparar caminos, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos dañados. La posterior reconstrucción de la infraestructura pública dañada se estima que demorará dos años, con un costo total de 1400 millones de dólares.

Con el objetivo de mostrar resultados concretos y, a la vez, reforzar la credibilidad del nuevo gobierno, el Presidente Piñera estableció estos plazos perentorios, los que debieran ser cumplidos. Sin embargo, ante una situación tan dramática se desconocen por completo las medidas a adoptar en caso de un eventual incumplimiento. Se ignora si es una exigencia real o sólo una medida comunicacional: por tratarse de una catástrofe tan inesperada y un gabinete tan reciente, la destitución temprana de un ministro sólo causaría más daño.

Con la implementación de estas fechas categóricas, desde el comienzo el actual gobierno se propone matar uno de los mayores fantasmas del último mandato presidencial: la falta de efectividad. Es por eso que el hiperactivo mandatario se ha mostrado en diversos frentes,  que han ido desde emergencias y salidas a terreno hasta programas de televisión. Sin embargo, el establecimiento de estos plazos perentorios sólo recuerda la demora de su promesa no cumplida de vender Lan y transferir Chilevisión a una fundación. La reciente divulgación de que un fondo extranjero compraría una parte de sus acciones en la línea aérea y el anuncio del posterior remate del saldo no alcanzan a despejar las dudas acerca de la puntualidad en las fechas. ¿Qué tan exigente será el Presidente Piñera con el cumplimiento de los plazos -propios y ajenos-? 

Las múltiples y simultáneas actividades del nuevo presidente no han podido disimular una importante debilidad: los conflictos de intereses. Tanto la prensa internacional como la nacional han destacado el mal precedente que el nuevo mandatario sienta para los miembros del gabinete, muchos de los cuales tienen amplios vínculos con el mundo privado, pudiéndose convertir en el talón de Aquiles de este gobierno.

De hecho, antes de cumplirse una semana del nuevo gobierno en el poder surge el primer caso. Involucra al director de Chiledeportes, Gabriel Ruiz Tagle y al actual timonel del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls, en una fuerte polémica por el reparto de excedentes del Canal del Fútbol. El ex presidente de Blanco y Negro, junto al Presidente Piñera, son los principales accionistas de la sociedad y  confirmaron desde el principio que continuarían con la propiedad de sus acciones.

Es de esperar que ante estos conflictos de interés tan flagrantes- que han ocurrido y seguirán ocurriendo- , el Presidente Piñera también imponga plazos perentorios a sus ministros para lograr soluciones, y que esta vez, se cumplan.