Conflicto de intereses en El Tatio

Oct. 06 , 2009

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Este lunes venció el nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. La iniciativa fue ingresada en julio de 2008 y fue votada por unanimidad por la Cámara de Diputados en mayo de este año.  Actualmente se encuentra en el segundo trámite constitucional, aprobada en general por el Senado y con más de 1100 indicaciones ingresadas hasta la semana pasada.

De acuerdo a lo señalado por el senador Pablo Longueira, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, se buscará un acuerdo político en base a tres ideas: la creación de tribunales especiales en materia medioambiental, la existencia de un servicio de parques de biodiversidad e introducir algunos cambios institucionales.

Esta iniciativa legal coincide con la crisis de los géiseres del Tatio en la Región de Antofagasta, recientemente controlada después de casi un mes. En este episodio, quedaron en evidencia graves problemas en el empoderamiento y respaldo técnico de los organismos regionales que dependen del Gobierno Central, dificultándose la evaluación de proyectos complejos.

No menos importante es el conflicto de intereses para el Estado, en su calidad de regulador del medio ambiente (Conama, Corema de Antofagasta), de emprendedor energético (Enap y Codelco) y de defensor del Estado de Chile (Consejo de Defensa del Estado). A esto se agrega la fiscalización del Senado y de la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones permanentes. También está la participación ciudadana, la que en este caso no fue escuchada.

El 9 de septiembre, la empresa Geotérmica del Norte (GDN) provocó una fumarola de más de 60 metros de altura por una perforación en uno de los pozos de reinyección en la zona de Quebrada Zoquete, en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. El proyecto estaba aprobado por resolución de la Corema de Antofagasta y contaba con el beneplácito del Ministerio de Minería, el que calificó de exitoso el proceso de licitación de las concesiones de exploración geotérmica. Entre las nueve empresas participantes se encontraba la Empresa Nacional de Geotermia, consorcio conformado por la italiana Enel (51%), Enap (44%) y Codelco (5%) y controlador de Geotérmica del Norte.

A mediados de agosto, la Comisión de Medio Ambiente del Senado había escuchado a las partes interesadas. En esa oportunidad, expusieron los ministros de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte y de Energía, Marcelo Tokman; el director del Servicio Nacional de Turismo, Oscar Santelices, los representantes de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, los ejecutivos de la Empresa Nacional de Geotermia (ENG), los dirigentes de la Comunidad Atacameña de Caspana, de la Conadi de San Pedro de Atacama y de la Asociación Turística y Medio Ambiental (ATIMA).

Ahora, después que la Corema de Antofagasta ordenó suspender las obras de perforación geotérmica en los géiseres de El Tatio, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medioambiente de la Cámara de Diputados anunció que estudiaría el controvertido proyecto, en especial los antecedentes del trabajo de prospección. A su vez, el Consejo de Defensa del Estado notificó que estudia interponer una demanda medioambiental por el daño ecológico, a solicitud del senador José Antonio Gómez. Incluso la Brigada de Delitos Medio Ambientales de la PDI realizará un informe acerca de la fuga de vapor.

La Corema de Antofagasta inició una investigación para determinar las responsabilidades en contra de la empresa proyectista. El Servicio Agrícola Ganadero de Antofagasta comenzará un proceso de sanción contra Geotérmica del Norte por daño a la flora y fauna del Tatio. El Gobierno esperará el informe del panel de expertos extranjeros para decidir la caducidad de la concesión. Un sinnúmero de nuevos actores ingresa a la controversia, desgraciadamente en forma tardía y contradiciendo que más vale prevenir que curar. Pareciera que quisieran compensar su anterior ausencia con una intensa participación reactiva y publicitada, temerosos de una evaluación ciudadana negativa.

Por otra parte, se ha producido un debate respecto a la efectividad de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMA). Cabe destacar que la de Antofagasta aprobó la prospección geotérmica en una zona de alto impacto turístico, a pesar del rechazo de muchos actores regionales (comunidades indígenas, agrupaciones y entidades de San Pedro de Atacama y Calama).

En un país que ha explicitado la necesidad de diversificar su matriz energética, ¿cómo se compatibilizarán los intereses regionales con las necesidades nacionales? Será interesante conocer las medidas, sanciones y consecuencias definitivas, una vez que terminen los efectos pirotécnicos de este ejemplo de falta de previsión. ¿Primarán las normas, los intereses o las influencias?