Licencias Médicas: Sólo se requiere voluntad para actuar

Sep. 23 , 2009

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Estos días hemos conocido como un grupo de médicos otorga licencias médicas sin justificación alguna y con pleno conocimiento que se estaba cometiendo un fraude. Las consecuencias son diversas. En primer término se genera un aumento artificial de los costos en salud, es decir, que no responden al tratamiento de patologías, sino al financiamiento de los días libres de los “beneficiarios” de dichas licencias. Este incremento alguien lo debe pagar, por lo cual, también crece el valor de los seguros de salud y el presupuesto público destinado a este ítem. En síntesis, lo pagan los trabajadores y contribuyentes.

En segundo lugar, se crea un justificado manto de sospecha sobre el conjunto de licencias médicas otorgadas por los facultativos de la salud, lo que hace que algunas legítimamente suscritas sean a veces rechazadas por las instancias pertinentes como el COMPIN, o las propias Isapres, generándose una percepción de malestar respecto del sistema. Sumados los efectos, se podría resumir en mayores precios y mayor percepción negativa.

¿Es posible controlar mejor esta situación?

En el ámbito de regulación existen muchos instrumentos formales que pueden ser aplicados debidamente a este problema. Asimismo, las tecnologías hoy disponibles permiten aumentar ostensiblemente la cantidad de información a procesar oportunamente para fiscalizar de manera adecuada esta función tan primordial, como es la apropiada aplicación de este instrumento de tratamiento médico.

El Dr. Pedro García, ex Ministro de Salud,  propuso el uso obligado en la licencia médica electrónica (LME),  sosteniendo que, además de los importantes ahorros operativos, permitiría, a través de la aplicación de diversas herramientas estadísticas, identificar a los profesionales que pudieran estar haciendo mal uso este instrumento público. Sólo le agregaría la sanción administrativa que debe acompañar todo proceso de fiscalización.

Efectivamente, la disposición de información en tiempo real, como ocurre hoy en día en muchos sistemas, facilitaría los procesos de investigación enormemente. De esta forma, un equipo de trabajo dotado con tecnología aplicada de fiscalización –el mercado hoy dispone de modelos computaciones de supervisión modernos y efectivos- podría conocer rápidamente que facultativo está emitiendo licencias “significativamente” sobre la media y, en el marco de una instancia formal, citarlo a explicar que ha ocurrido y, si el caso lo amerita, comenzar el sumario correspondiente, que debiera finalizar con la formulación de cargos y aplicación de sanciones administrativas. La combinación de factores es simple: información, fiscalización, rendición de cuentas y penalización. Adicionalmente, la acumulación de datos estadísticos facilitará estimar los factores y matrices de riesgos  y diseñar nuevas políticas de fiscalización, haciendo aún más difícil engañar al sistema.

Este modelo es relativamente simple de instalar en el regulador del sector: la Superintendencia de Salud, que además debiera tener capacidad de sancionar monetariamente a los médicos infractores y, como parte del proceso, poner los antecedentes en la justicia ordinaria. Se trataría de un procedimiento administrativo expedito que, estoy seguro, generará una fuerte disuasión al mal uso de licencias médicas, lo que finalmente beneficiará a toda la población. Solo se requiere voluntad para actuar.